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INFORME VÍCTIMAS CONGRESO..pdf

Published Oct 24, 2013 in Business & Management
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0 INFORME DEL SISTEMA NACIONAL DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS A LAS COMISIONES PRIMERAS DE SENADO Y CÁMARA Bogotá D.C. Marzo de 2013

1 SIGLAS AGN Archivo General de la Nación AHE Atención Humanitaria de Emergencia AEI Artefactos Explosivos Improvisados AICMA Acción Integral contra Minas Antipersonal APC Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia APP Acuerdo para la Prosperidad BANCOLDEX Banco de Comercio Exterior de Colombia CAE Centro de Atención Especializada CAIVAS Centros de Atención a Víctimas de Abuso Sexual CERES Centros Regi onales de Educación Superior CI2RT Centro Integrado de Inteligencia para la Restitución de Tierras CIAT Comité Interinstitucional de Alertas Tempranas CINAMAP Comisión Intersectorial Nacional para la Acción Integral contra Minas Antipersonal COLR Comité Operativo Local de Restitución y Formalización de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente CONPES Consejo Nacional de Política Económica y Social CTJT Comité Territorial de Justicia Transicional CUVI Centro Único Virtual de Identificaci ón DAFP Departamento Administrativo de la Función Pública DAIRM Dirección de Asuntos Indígenas, ROM y Minorías del Ministerio del Interior DDHH Derechos Humanos DIH Derecho Internacional Humanitario DNP Departamento Nacional de Planeación ENT Estudios no Técnicos EMCAP Equipos Móviles de Capacitación ERM Educación en el Riesgo de Minas ET Estudios Técnicos FOMIPYME Fondo Colombiano para la Modernización y el Desarrollo de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas FONADE Fondo Financ iero de Proyectos de Desarrollo

2 FUT Formato Único Territorial IES Instituciones de Educación Superior ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICETEX Instituto Colombiano de Crédito y Estudios Técnicos en el Exterior IGAC Instituto Geo gráfico Agustín Codazzi INCODER Instituto Colombiano de Desarrollo Rural INMLCF Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses INPEC Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario MAA Mujeres Ahorradoras en Acción MAARIV Modelo de Aten ción, Asistencia y Reparación Integral a las Víctimas MAP Minas Anti Personal MADR Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural MCIT Ministerio de Comercio, Industria y Turismo MEN Ministerio de Educación Nacional MHCP Ministerio de Hacienda y Crédito Público MUSE Municiones sin Explotar NEE Necesidades Educativas Especiales NUIP Número Único de Identificación Personal OPADI Oficina Orientación para el Discapacitado OPSR Operación Prologada de Socorro y Recuperación PAD Plan de Acción Departamental PAARI Plan de Atención, Asistencia y Reparación Integral PAICMA Programa Presidencial para la Acción Integral contra Minas Antipersonal PAM Plan de Acción Municipal PAPSIVI Programa de Atención Psicosocial y Salud Integral para las Víctimas PAT Plan de Acción Territorial PDCB Programas para el Desarrollo de Competencias Básicas PESCC Programa de Educación para la Sexualidad y Construcción de Ciudadanía PGN Presupuesto General de la Nación PMA Programa M undial de Alimentos PNARIV Plan Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas PNLE Plan Nacional de Lectura y Escritura

3 PO Plan Operativo PPDHDIH Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario PTF Plan Territorial de Formación Docente RC Riesgo de Crédito RTDAF Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente RUB Registro Único de Beneficiarios RUSICST Reporte Unificado del Sistema de Información, Coordinación y Seguimiento Territorial de la Política Pública de Víctimas del Conflicto Armado Interno RUPTA Registro Único de Predios y Territorios Abandonados RUV Registro Único de Víctimas SED Secretaría de Educación SENA Servicio Nacional de Aprendizaje SFV Subsidio Familiar d e Vivienda SISMEG Sistema de Seguimiento a Metas de Gobierno SIR Sistema de Información Registral SIPOD Sistema de Información de Población Desplazada SNA Sistema Nacional de Archivos SNDH y DIH Sistema Nacional de Derechos Humanos y Derecho Int ernacional Humanitario SNARIV Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas SNR Superintendencia de Notariado y Registro SRPA Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes TIC Tecnologías de la Información y las Comunica ciones UGRTD Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras UARIV Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas VUR Ventanilla Única de Registro

4 RESUMEN EJECUTIVO Un Sistema de atención y reparación integral coordinado y con participación de las víctimas Durante el 2012, las instancias de coordinación del Sistema Nacional para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (SNARIV) fueron escenarios de un trabajo articulado para el diseño, implementación y seguimiento de la política pública de atención y reparación integral a las vícti mas. Así, el Comité Ejecutivo, con presencia del Presidente de la República, aprobó la reglamentación de la Ley de Víctimas, dispuso la elaboración del documento CONPES, y aprobó los criterios de valoración para la inscripción de víctimas individuales y co lectivas en el Registro Único de Víctimas. Por su parte, los Subcomités Técnicos definieron sus reglas de funcionamiento y se elaboraron los planes operativos. Entre las decisiones más relevantes adoptadas en estos espacios se encuentran el diseño y apro bación de los instrumentos que permitieron orientar a las entidades territoriales en la conformación de Comités Territoriales de Justicia Transicional, la elaboración de los Planes de Acción Territorial y otros temas (planes de prevención; atención y asist encia; reubicaciones; medidas de satisfacción; medidas de rehabilitación; incorporación del enfoque diferencial; sistemas de información). Otros aspectos importantes abordados en los Subcomités fueron: criterios para determinar montos de indemnización administrativa; directrices para la implementación del enfoque psicosocial; definición de líneas de acción del Programa de Reparación Colectiva; l ínea base del Registro Único de Víctimas, entre otros. De forma paulatina, representantes de las víctimas se han incorporado a todas las instancias mencionadas, a través de un mecanismo provisional (Espacios de Interlocución Transitorios) cuya vigencia finaliza en marzo de 2013. Estos espacios, conformados por 2.248 organizaciones de víctimas y 323 organizaciones defensoras de los derechos de las víctimas, eligieron representantes al Comité Ejecutivo, sus 10 Subcomités Técnicos y otras instancias nacionales de representación, así como a los Comités Territoriales de Justicia Transicional. Se encuentra en proceso fi nal de elaboración, luego de un amplio proceso de consulta con las propias víctimas, la sociedad civil y las entidades públicas del Sistema, el Protocolo de Participación Efectiva, instrumento que permitirá a las víctimas participar en la formulación, impl ementación y seguimiento de esta política pública.

5 Acciones de la Unidad para las Víctimas: un año de avances La Unidad para las Víctimas definió, durante el 2012, un Modelo de Atención, Asistencia y Reparación Integral a las Víctimas (MAARIV), el cual permite conocer las necesidades y capacidades de cada persona, definir la oferta institucional pertinente para cada situación y hacer seguimiento al acceso efectivo a la misma. La información es consignada en un Plan de Atención, Asistencia y Reparación I ntegral (PAARI) específico para cada persona. Las principales acciones realizadas durante el 2012 para la implementación de este modelo fueron: Prevención . Se elaboraron documentos de análisis que permitieron activar una respuesta integral y coordinada pa ra prevenir la ocurrencia de hechos victimizantes, mitigar su impacto y atender oportunamente a la población víctima. Asimismo, se mantuvo la i ncidencia en escenarios interinstitucionales donde se define la política pública de prevención. A tención de emergencias humanitarias derivadas del conflicto. Se realizaron 795 actividades y misiones humanitarias (528 con enfoque de prevención y 267 de emergencia). Gestión adelantada por la Unidad para las Víctimas en el marco del CERREM MUJERES. Dentro de los m ecanismos diseñados e implementados para la aplicación de la presunción constitucional de riesgo establecida en el Auto 200 de 2007, en mujeres líderes de la población desplazada y mujeres desplazadas en situación de riesgo, el Estado estableció la creació n de un CERREM específico para la población de mujeres. En esa medida, durante 2012, se realizaron cinco sesiones. Uno de los casos más destacados es el de 15 mujeres con medidas cautelares a las cuales se les aprobó medidas de protección. Asistencia huma nitaria. Se atendieron 86.689 solicitudes de atención humanitaria de emergencia de población desplazada por un valor de $73.285 millones; el 86% de las 832.442 solicitudes de atención humanitaria de transición por un valor de $723.739 millones. También, se entregaron 10.138 solicitudes de ayuda humanitaria para hechos victimizantes diferentes al desplazamiento forzado por un valor de $11.200 millones. Asimismo, se apoyó a alcaldías con 54.010 entregas de ayuda humanitaria por valor total de $15.357 millones , de los cuales $11.119 millones (72%) correspondieron a ayuda alimentaria y $4.237 millones (28%) a ayuda no alimentaria.

6 Reparación integral individual . La Unidad para las Víctimas ha desarrollado tres acciones: Articula una ruta de reparación integral a través de la elaboración de 85.215 PAARI. De ellos, 41.318 víctimas desean recibir orientación para invertir adecuadamente la indemnización: 19.601 en vivienda, 14.242 en una iniciativa productiva, 5.135 en educac ión y 2.331 en terrenos rurales. Se identificó que 39.872 víctimas tienen necesidad de atención psicosocial y 8.552 requieren atención médica. También se definieron los criterios de priorización para el acceso gradual y progresivo a la ruta; y en conjunto con el ICBF una ruta de reparación específica para niños, niñas y adolescentes menores de edad. Entrega medidas que son de su competencia. Así, brinda, como medidas de satisfacción: a) una c arta de dignificación donde se expresa a la víctima el rechazo del Estado a lo ocurrido y su decisión de garantizar el derecho a la reparación; y b) una e strategia de recuperación emocional a nivel grupal (se ha trabajado con 586 personas durante 2012). Por otro lado, se giraron indemnizaciones a 157.013 personas con una inversión de $912.510 millones. Allí se incluyen 7.052 niños, niñas y adolescentes, para los cuales se constituyó un encargo fiduciario por $39.971 millones. En este campo se ha empezado a implementar el Programa de acompañamiento a la inversión adecuada de los recursos mediante la identificación de oferta (Universidades, ICETEX, Ministerio de Educación) y la educación financiera. Moviliza a las entidades del SNARIV para lograr el acceso de las víctimas a otras medidas de reparación. Entre los logros del 2012 se encuentran: esquemas de acompañamiento en procesos de retorno y reubicación (DPS), protocolo de exención del servicio mili tar y desacuartelamiento (Ministerio de Defensa); cumplimiento de fallos de restitución de tierras (UGRTD); piloto de restitución de empleo (Ministerio de Trabajo); línea especial de crédito para reactivar actividad económica en industria, comercio y servi cios (Bancóldex). Reparación colectiva . Se inició el proceso con 28 sujetos colectivos no étnicos (5 planes aprobados al concluir el año) y 8 sujetos colectivos étnicos. Adicionalmente, se acompañó el retorno de 132 hogares (532 personas) de la población indígena Embera Chamí a 7 territorios de los municipios de Mistrató y Pueblo Rico en el departamento de Risaralda, concertando medidas para garantizar la sostenibilidad del proceso. Por otro lado, h ay un avance positivo en el cumplimiento de órdenes y exho rtos contenidos en 4 sentencias de Justicia y Paz: Mampuján, El Iguano, Vencedores de Arauca y Fierro Flores.

7 Se cuenta, como medida de rehabilitación, con la estrategia para promover la reconstrucción de tejido omunidades. En este campo, se han definido lineamientos para actos conmemorativos y homenajes; se ha creado una Escuela de Reparaciones; se inició la celebración del Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas y se acompañaron actos de dignif icación de las víctimas en diversos lugares del país. Enfoque Diferencial y perspectiva de Género. La incorporación gradual y progresiva del enfoque diferencial en el marco de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas consolida las siguien tes líneas de intervención operativa y gestión interinstitucional: i) Definición y elaboración de lineamientos, protocolos y rutas de atención y reparación integral, procesos de retornos y reubicaciones y lineamientos para la adecuación y construcción de c entros regionales. ii) Diseño del modelo de operación de la Unidad para las Víctimas con enfoque diferencial. iii) Incorporación de variables para la caracterización diferencial de las víctimas en los términos del artículo 3° de la Ley 1448 de 2011 y Decre tos con fuerza de Ley. iv) Articulación de las órdenes de la Corte Constitucional con las medidas contenidas en el marco legal en particular: Autos 004, 005, 006, 251 y 092. v) Estrategias de divulgación y socialización del marco legal. vi) Acciones sistem áticas de medición del goce efectivo de derechos de la población víctima. Sistemas de información . Se valoraron 98.991 declaraciones de inscripción en el Registro Único de Víctimas (RUV), así como 146.155 declaraciones sin resolver provenientes de proces os anteriores (Leyes 387 y 418 de 1997 y Decreto 1290 de 2008). Se reconocieron 536.228 víctimas en el RUV. El cambio de criterios de valoración en mayo de 2012 permitió alcanzar un 86% de inclusión (65% en 2011). Por otro lado, la Red Nacional de Informac ión suscribió 951 acuerdos con entidades territoriales para el intercambio de información (83% de los municipios y 100% de los departamentos), luego de lo cual se han creado 2.936 usuarios que tienen en línea a la información de las víctimas en ámbitos com o registro, salud, educación, vivienda y proyectos productivos. Asimismo, la Unidad para las Víctimas ha realizado alianzas estratégicas con el Departamento Nacional de Estadística DANE 1 - y la Registraduría Nacional del Estado Civil. Con el DANE se busca fortalecer los procesos de medición y el rigor estadístico en sistemas de información pertinente para la Red 1 El DANE participa actualmente en el Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a Víctimas en virtud del artículo 160 numeral 31, de la Ley 1448 de 2011: " Las demás organizaciones públicas o privadas que participen en las diferentes acciones de atención y reparación en el marco de la

8 Nacional de Información del SNARIV. Por su parte, con la Registraduría, se busca garantizar el der echo que tienen las víctimas a la plena identificación. S ervicio de atención al ciudadano. S e logró atender 2.418.098 llamadas telefónicas, responder 708.605 solicitudes escritas, y tramitar 2.789.591 solicitudes presentadas por 1.946.157 personas en 85 Puntos de Atención y en jornadas de atención móvil. Además, se avanza con la construcción o adecuación de 3 Centros Regionales (con una inversión prevista de $7.278 millones) y la contratación de otros 3 (con una inversión prevista de $2.362 millones), que se sumarán al Centro Dignificar (Lucero Alto, Bogotá). Adicionalmente, hay 15 proyectos en la fase de formulación y análisis técnico del proyecto. Avances en la implementación de medidas sociales, psicosociales y económicas El Ministerio de Salud y Protección Social ha avanzado en el diseño del Programa de Atención Psicosocial y Salud Integral a Víctimas del Conflicto Armado (PAPSIVI), en la formación de 252 funcionarios que asumirán esta labor, y en la socialización del Program a con las víctimas y entidades territoriales en 18 departamentos. Mientras concluye este proceso de consulta y construcción conjunta, el Ministerio brinda atención psicosocial y atención en salud con enfoque psicosocial a las víctimas en 10 entidades depar tamentales, reportándose 1.038 planes de atención psicosocial en modalidad individual, 15 planes en modalidad familiar y 55 planes en modalidad comunitaria. El DPS desarrolló el Programa Música para la Reconciliación el cual ofreció formación artística m usical, y atención psicosocial a 14.195 niños, niñas, adolescentes y jóvenes víctimas en 32 departamentos. Incluyó a 635 víctimas en condición de discapacidad. El ICBF desarrolló medidas para la mejora de las condiciones psicológicas, sociales y económica s de niños, niñas y adolescentes víctimas del conflicto. Entre ellas se cuenta la Estrategia de Cero a Siempre (interinstitucional) mediante la que se garantizó a 223.504 niñas y niños entre 0 y 6 años de vida, víctimas de desplazamiento forzado, el acceso a salud, nutrición, educación inicial, cuidado, protección y atención integral.

9 Otros avances en la implementación de la ley por sector En el Sector de la Inclusión Social y la Reconciliación : 138.430 desplazados de 14 departamentos atendidos mediante la Operación Prolongada de Socorro y Recuperación, con una inversión de $4.000 millones. 6.005 escolares atendidos mediante Proyecto THRIVE en 7 departamentos (DPS). 27.000 mujeres desplazadas en el Programa Mujeres Ahorradoras en Acción capacitad as. 25.681 víctimas de desplazamiento caracterizadas y en proceso de formación de capacidades del Programa Trabajemos Unidos, en 43 municipios de 16 departamentos. 6.423 posibilidades de inserción laboral para población víctima de desplazamiento, de las cu ales 418 ya se encuentran en procesos de formación de capacidades, en el Programa Incentivo a la Capacitación para el Empleo. 6.000 víctimas de desplazamiento inscritas en la Fase I y 3.769 en la Fase II de la Ruta de Ingresos y Empresarismo. 1.402 proyect os elegibles en la Estrategia de Capitalización Microempresarial. $58.558 millones de inversión para la atención de la población desplazada en todos estos Programas (DPS). 362.796 familias víctimas de desplazamiento recibieron incentivos del Programa Más F amilias en Acción, por un valor de $ 219.188 millones (DPS). 17.002 familias inscritas en el Programa Familias en Su Tierra recibieron acompañamiento durante 12 meses y un incentivo socioeconómico (DPS). $3.442 millones invertidos en la reconstrucción de viviendas e infraestructura social afectada por hechos violentos (DPS). V Semana por la Memoria, en la cual se presentaron 6 informes de investigación (CMH). 17.500 niños, niñas, adolescentes y sus familias de 36 municipios beneficiados por la Estrategia Promoción de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, y Prevención de su Victimización (ICBF). 1.436 hogares recibieron recursos del Programa de alimentación en la transición en 5 ciudades (ICBF). En el Sector de Agricultura y Desarrollo Rural : 41 proyectos de vivienda de interés social rural para población desplazada, para 2.311 familias en 13 departamentos por un valor de $38.716 millones. En el caso de proyectos estratégicos se beneficiaron 1.255 familias de 20 departamentos por un valor de $ 20.938 millones (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural). 32.688 solicitudes de inscripción en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente

10 (29.087 predios, 2.368.908 Has). La implementación gradual del Registro se concentra en 69 microzonas de 12 macrozonas, donde se encuentran 5.393 solicitudes (246.317 Has reclamadas), de las cuales 1.122 están en proceso de decisión judicial. Se han producido 10 fallos que resuelven 49 casos. 14 casos de comunidades indígenas y 9 de comunidades negras focalizados para restitución de tierras, en concertación con las comunidades étnicas (UGRTD). 100% de solicitudes de inscripción en el Registro Único de Protección de Tierras y Territorios Abandonados - RUPTA ingresadas en el sistema, incluyendo las 3.761 solicitudes recibidas en 2012. Del total, 1.174 solicitudes quedaron con la inscripción de medida de protección (Incoder). Convenio Interadm inistrativo le permitirá a la UAEGRTD la consulta y el acceso a la infor mación del RUPTA en tiempo real (Incoder) Implementación de un programa de adjudicación de baldíos para la población desplazada por la violencia . (Incoder) P rocedim ientos de titulación de baldíos para la formalización de la propiedad de familias en situación de desplazamiento forzado y familias retornadas . 1.079 casos adelantados y ejecutados , de los cuales 385 familias resultaron beneficiadas con títulos de propieda d sobre 7.287 hectáreas a lo largo y ancho del territorio nacional . (Incoder) 18.909 operaciones de créditos para proyectos productivos desarrollados por población víctima por un monto de $135.708 millones (Banco Agrario de Colombia). 208 desembolsos del Programa Especial de Fomento y Desarrollo Agropecuario, con una inversión de $ 2.116 millones para la financiación de proyectos desarrollados por población víctima (Finagro). En el Sector Interior : Acompañamiento técnico para la formulación de Planes de Acción Territorial (24 gobernaciones y 406 municipios), y en la caracterización de la población víctima; la formulación de acciones, indicadores y metas; la presupuestación de programas y proyectos; y la identificación de la oferta institucional (23 gobernaciones y 641 municipios ( Ministerio del Interior). Asistencia técnica brindada a 32 departamentos y 100 municipios focalizados para la incorporación del enfoque de derecho s humanos en los Planes de Desarrollo Territoriales 2012 - 2015 (Ministerio del Interior). del Interior). 14 planes específicos de protección y atención para la población negra víctima del desplazamiento

11 forzado en 6 departamentos (Ministerio del Interior). 242 víctimas del conflicto son beneficiarias de medidas de protección. 175 víctimas fuer on atendidas a través del trámite excepcional por medio del cual les fueron asignaron medidas de protección urgentes en menos de 72 horas (UNP). En el Sector Presidencia de la República : 797 personas del sector educativo en 4 departamentos participaron en actividades de Educación en el Riesgo por Minas. Además, 9.000 personas de 14 departamentos fueron formadas en Educación en el Riesgo de Minas Antipersonal y Atención Pre hospitalaria a través de Aulas Móviles. También se capacitaron 70 líderes del pueb lo Awá que replicaron esta información a 9.747 personas de sus comunidades (Paicma). Se realizaron acciones de desminado humanitario en 6 municipios de 4 departamentos. En noviembre de de Contaminación por Minas En el Sector Defensa : Se creó y reglamentó el Centro Integrado de Inteligencia para la Restitución de Tierras (CI2RT), como instancia de coordinación y soporte en el suministro de información para los procesos de restitución de tierras (Ministerio de Defensa). 1.421 libretas m ilitares entregadas a la población víctima (Ministerio de Defensa). Conformación de la mesa técnica de amenazas liderada por la Coordinación del programa Restitución de Tierras, con participación de la Unidad de Restitución de Tierras (UAEGRTD), la Unidad Nacional de Protección(UNP), la DIJIN, DIPOL y la Unidad de Víctimas. (Policía Nacional). Construcción de un aplicativo del Sistema de Información de Restitución de Tierras (SIRTI) para administrar y gestionar la información del proceso, por parte de las unidades desconcentradas a nivel nacional (Policía Nacional). En el Sector Educación : A 962.117 personas víctimas de todas las edades se le ha brindado el servicio educativo; 847.358 de ellas entre los 5 y los 17 años. 154.380 víctimas han sido atendidas mediante Modelos Educativos Flexibles, incluyendo 17.140 adultos (Ministerio de Educación Nacional).

12 84 proyectos de infraestructura educativa en 15 entidades territoriales financiados por el Proyecto Más y Mejores Espacios Escolares , por un tota l de $44.095 millones. Asimismo, se destinaron $11.050 millones para la construcción de nueva infraestructura educativa para el pueblo Awá en 3 departamentos, $3.967 millones para la atención de 8 instituciones educativas en Jiguamandó y Curvaradó, $3.101 millones para 7 establecimientos educativos - Auto 383 (Ministerio de Educación Nacional). 2.358 nuevos créditos y subsidios de sostenimiento aprobados por un total de $3.950.206.434 (Icetex). En el Sector Trabajo : 22.000 víctimas en 15 departamentos acceden a la primera fase del Programa Rutas Integrales de Empleo Rural y Urbano para las Víctimas del Conflicto Armado. 67.531 cupos de formación titulada brindados a víctimas con discapacidad (2.103 con acceso preferencial; Sena). $365 millones para la creación de 7 empresas conformadas por 7 desplazados con recursos del Fondo Emprender (Sena). En el Sector Comercio, Industria y Turismo : 36 proyectos adjudicados por el Fondo INNpulsa Mipymes, con una cobertura de 5.051 participantes en 11 departament os y el Distrito Capital, y una inversión aproximada de $814 millones (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo). 1.650 desplazados y vulnerables recibieron apoyos a oficios artesanales en 67 municipios de 11 departamentos y 67 municipios, con una inver sión de $3.111 millones (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo). 59.840 operaciones de crédito en líneas de crédito de redescuento para atender las necesidades de financiación de empresas de población desplazada, que han supuesto desembolsos por apr oximadamente $138.000 millones (Bancóldex). En el Sector Justicia : 3.663 personas atendidas por la Unidad Móvil de Atención y Orientación a Víctimas del Conflicto Armado en sus recorridos por 33 municipios de 11 departamentos (Ministerio de Justicia y del Derechos). 2.739 solicitudes de estudios de títulos de predios rea lizadas, así como 19 Diagnósticos Registrales en zonas rurales con mayor incidencia del desplazamiento forzado y del despojo de tierras por motivo del conflicto armado (Superintendencia de Notariado y Registro).

13 11.762 personas informadas y 1.849 resolucio nes de formalización de predios rurales y urbanos registradas a través de 40 jornadas del Registro Móvil realizadas en 7 departamentos ( Superintendencia de Notariado y Registro) . 50.494 predios individuales (185.568 Has) y 88.030 predios colectivos con ano taciones registrales de protección patrimonial ( Superintendencia de Notariado y Registro) . En el Sector Vivienda : Priorización de población desplazada como beneficiarios del la política de Vivienda de Interés Social Prioritario (Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio). En el Sector Cultura : Construcción de infraestructura cultural en Putumayo. También, se apoya el diseño del proyecto del Museo de Víctimas de Mampuján, e iniciativas de memoria en Trujillo, Bojayá y Valledupar (Ministerio de Cultura). En el Sector Hacienda: Información sobre ejecución presupuestal de acciones realizadas con población desplazada y demás víctimas del conflicto en el Portal de Transparenci a Económica (Ministerio de Hacienda y Crédito Público). En el Sector de Relaciones Exteriores: 413 declaraciones de connacionales en el exterior recibidas por intermedio de Consulados, y remitidas a la Unidad para las Víctimas y a la UGRTD (Ministerio de Relaciones Exteriores). En el Sector de Estadistíca: Actualización catastral, información cartográfica y agrológica de 2.333.133 predios rurales y urbanos En el Sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones: 2.361 víctimas atendidas mediante la estrategia de alfabetización digital con formación presencial, con una inversión de $94 millones (Ministerio de Tecnologías de Información y las Comunicaciones).

14 En la Rama Judicial : Despachos de tierras donde atienden 24 jueces especializado s y 15 magistrados en funcionamiento (Consejo Superior de la Judicatura). 7.543 casos atendidos en Centros de Atención a Víctimas y representación de víctimas en 505 audiencias de incidente de reparación (Fiscalía General de la Nación). Informe presupuest al En el documento CONPES 3712 de 2011 se formuló el Plan de Financiación para la Sostenibilidad de la Ley de Víctimas, donde se costean las m edidas de asistencia; atención y reparación, además de los costos institucionales necesarios para la implementación de la Ley. En este marco, el presupuesto de inversión para la atención y reparación integral a las víctimas para la vigencia 2012 fue de $2.92 b illones. La ejecución presupuestal de los compromisos registrados, incluyendo las cuentas de funcionamiento e inversión durante 2012, alcanzó un 97%. El presupuesto de funcionamiento se comprometió en un 98%, mientras que el total del presupuesto de invers ión alcanzó un 94%. Dentro de lo anterior, la apropiación final para la política de atención a la población víctima del desplazamiento forzado ascendió a $2.62 billones, los cuales presentaron ejecución por compromisos del 95%. A nivel de inversión ($2.26 billones) la ejecución ascendió al 95% y en funcionamiento ($0.36 billones) al 83% para el cierre de la vigencia, un nivel de ejecución satisfactorio. El 56% de entidades ejecutaron la totalidad de recursos y el 33% presentaron ejecuciones superiores al 9 0%. Algunas entidades no lograron ejecutar el 100% de los recursos de inversión debido a inconvenientes presentados en procesos de contratación, dificultades en la focalización de la población desplazada y la difícil situación de orden público en algunas z onas donde se tenía programado realizar intervenciones.

15 INTRODUCCIÓN El Gobierno Nacional, en cumplimiento del artículo 202 de la Ley 1448 de 2011, entrega al Congreso de la República un informe de las acciones desarrolladas por las entidades que confor man el Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas (SNARIV), para cumplir con las atribuciones conferidas por la Ley. Una de las evidencias que se obtiene de la lectura de este informe es que, transcurrido un año del inicio de la nueva institucionalidad encargada de la implementación de la Ley, el SNARIV se encuentra posicionado como un sistema interinstitucional que moviliza a las entidades nacionales y territoriales . El mérito es grande teniendo en cuenta las condiciones en las c uales se desarrolla esta labor: con el conflicto vigente y causando aún daño y dolor en la vida de miles de personas. En tal sentido, Colombia se erige como un modelo único en el mundo de transformación profunda de sus instituciones para dar una respuesta integral a la problemática de las víctimas, introduciendo mecanismos de justicia transicional pese a que no ha cesado la confrontación interna ni las vulneraciones a los derechos de las víctimas. Como se ha dicho en otras oportunidades , la configuración y funcionamiento de este sistema significa más que un simple cambio de denominación a entidades que existían anteriormente y se ocupaban de la atención de la población desplazada ; la conformación de las nuevas entidades expresa un mensaje: la problemática de la ausencia de suficientes garantías para los derechos de las víctimas del conflicto interno es un asunto de interés prioritario para el Gobierno Nacional, y su atención ha merecido la apropiación de recursos del presupuesto público exclusivos para responder a las demandas de las víctimas. En el momento histórico que atraviesa el país, el Gobierno Nacional entiende que las acciones desarrolladas apuntan a restituir los derechos de las víctimas, y asume que ese camino es abso lutamente complementario a los esfuerzos de paz que se vienen tratando en otros escenarios. Más aún, la construcción de la paz en Colombia no será posible sin tener en cuenta a las víctimas y, por ello, toda acción que las atienda integralmente propende a escenarios de reconciliación y justicia. El presente informe recoge los avances conceptuales, las líneas estratégicas, los logros instrumentales y operativos del Sistema; información que ha sido aportada por todas las entidades del SNARIV y que se organiz a en cinco capítulos a continuación: el Capítulo I desarrolla los avances logrados en la conformación e

16 instrumentalización de las instancias de coordinación del SNARIV. En el nivel nacional presentan las acciones del Comité Ejecutivo y sus respectivos Sub comités Técnicos. En el nivel territorial se informa sobre: i) la conformación y funcionamiento de los Comités Territoriales de Justicia Transicional; ii) la incorporación de acciones orientadas a garantizar la atención, asistencia y reparación integral a las víctimas en los planes de desarrollo de las entidades territoriales; y iii) la formulación y adopción y revisión de los planes de acción territoriales. Finalmente, se incluyen las acciones efectuadas para la instauración de un sistema de participación efectiva de las víctimas en todo el proceso de implementación de la Ley. El Capitulo II presenta los avances logrados por la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas en las materias bajo su competencia y en el marco del Modelo de Atenc ión, Asistencia y Reparación integral a la Víctimas, con enfoque diferencial y perspectiva de género . En un sentido similar, el Capítulo III presenta los avances en la implementación de las medidas sociales, psicosociales y económicas a cargo del Ministeri o de Salud y Protección Social, la Unidad para las Víctimas, el Departamento para la Prosperidad Social y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. El Capítulo IV da cuenta de los avances de las entidades por sectores que conforman el SNARIV. Finalmen te, el Capítulo V presenta un análisis de la programación y ejecución presupuestal que ha hecho posible la adecuada implementación de las medidas de prevención, asistencias, atención y reparación integral descritas en el informe. El informe permite apreci ar que el Gobierno Nacional tiene aún un buen número de tareas a desarrollar y que varias de las acciones establecidas en la Ley están en proceso de cumplimiento en la vigencia de los diez años establecidos. Pese a ello, a escasos 20 meses del inicio de su vigencia, se pueden dar cuenta de importantes avances que, sin ser completos, nos ubican en la dirección correcta. Bogotá, abril de 2013

17 1. UN SISTEMA DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL COORDINADO Y CON PARTICIPACIÓN DE LAS VÍCTIMAS Las instancias de coordinación del Sistema Nacional para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (SNARIV) definidas por la Ley 1448 de 2011 y el Decreto 4800 del mismo año, impulsadas durante el año 2012 a nivel nacional y territorial, se convirtieron en los esc enarios de trabajo institucional orientados a diseñar, implementar y hacer seguimiento a la política pública de manera sectorial y articulada. Desde el Comité Ejecutivo hasta los 1.134 Comités Territoriales de Justicia Transicional (CTJT) instalados 2 se pu do verificar la movilización de un sistema orientado a la implementación de la política pública a favor de los derechos de las víctimas. Estas, por su parte, fueron incrementando su participación en el proceso a través de diversos mecanismos de interlocuci ón que permitieron incorporar su voz en la definición de las políticas. A continuación se exponen los resultados obtenidos en estas instancias de coordinación a febrero de 2013. A. Comité Ejecutivo A la fecha esta instancia sesionó en tres oportunidades, en todas ellas con la presencia del Presidente de la República. En su primera sesión, realizada el 25 de noviembre de 2011, se aprobó la reglamentación de la Ley de Víctimas (hoy Decreto 4800 de 2011 ) y la elaboración del documento CONPES ordenado por la Ley (aprobado como documento CONPES 3712 de 2011). Además, se definió la necesidad de elaborar los criterios de valoración para incluir a las víctimas en el registro. A nivel de acuerdos institucional es, bajo el principio de colaboración armónica, se acordó avanzar en alianzas con la Registraduría Nacional del Estado Civil para el intercambio de información, y con la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo para el seguimiento a la adecuación institucional requerida para la implementación de la Ley de Víctimas. En la segunda sesión, el 24 de mayo de 2012, el Comité Ejecutivo aprobó los criterios de valoración de las solicitudes de inscripción en el Registro Único de Víctimas, y se a cordó conformar una mesa técnica, con participación de diferentes entidades, en la que el análisis de casos complejos permitiera definir criterios sobre el alcance y cobertura de la ley respecto de víctimas de hechos ocasionados por grupos armados en el ma rco del conflicto armado y de aquellos que desarrollan actividades propias de la delincuencia común. 2 32 Departamentales y 1102 municipales, fecha de corte de la información: 31 de marzo de 2013

18 El 9 de enero de 2013, se realizó la tercera sesión del Comité Ejecutivo. En esta oportunidad, la Unidad para las Víctimas presentó un balance de la imple mentación de la Ley y los desafíos estratégicos a emprender en los siguientes años. Asimismo, el Comité aprobó los criterios de valoración de solicitudes de inscripción en el RUV de sujetos de reparación colectiva. En esta sesión, además de las autoridades que conforman esta instancia, participaron dos víctimas delegadas por el Espacio de Interlocución Transitorio Nacional: Angélica Bello y Débora Barros. B. Subcomités Técnicos En la etapa de alistamiento institucional se brindó asistencia técnica a las enti dades nacionales lo que permitió a los Subcomités definir su enfoque transformador, establecer y avanzar en el diseño de herramientas de planeación necesarias para el ajuste financiero, administrativo e institucional. En consecuencia, durante el 2012 los S ubcomités Técnicos establecieron reglas de funcionamiento (secretarías técnicas y reglamentos), y elaboraron herramientas de planificación (Plan Operativo Anual y agenda temática). Es necesario precisar que aun cuando se establecieron criterios comunes pa ra su funcionamiento, cada Subcomité tiene un carácter diferente centrado en las acciones que desarrolla según el marco de política, los avances en el desarrollo de las medidas y las entidades participantes. Por esta razón, a continuación se exponen los lo gros alcanzados en cada uno de ellos: a. Subcomité de Prevención, Protecci ón y Garantías de No Repetición Secretaría Técnica: Ministerio del Interior El Subcomité en 2012 sesionó en 6 oportunidades, cuatro (4) sesiones ordinarias y dos (2) sesiones extraord inarias. El Plan Operativo formulado para el 2012 definió como líneas de acción los tres momentos de la prevención: prevención temprana, prevención urgente y garantías de no repetición. En esta líneas se contemplaron acciones de asistencia técnica a los CT JT en la formulación de planes de acción en el componente de prevención y en la promoción y articulación de la ruta de la protección dispuesta por el Decreto 4912 de 2011, por medio del cual se organiza el Programa de Prevención y Protección de los derecho s a la vida, la libertad, la integridad y la seguridad de personas, grupos y comunidades del Ministerio del Interior y de la Unidad Nacional de Protección y el Decreto 1225 de 2012 que lo modifica y adiciona parcialmente, reestructurando y definiendo algun os de los conceptos y procedimientos.

19 También se definió la necesidad de articulación con otros Subcomités, especialmente en las acciones orientadas a la protección patrimonial de tierras y territorios, las cuales buscan g arantizar a las víctimas el derech o a la propiedad y usufructo de sus tierras o territorios colectivos, que se encuentren en riesgo de ser abandonados o despojados por causa del conflicto armado o que hayan sido restituidos plenamente en favor de las víctimas. A continuación se enuncian algunos avances de este Subcomité durante el 2012: Construcción de lineamientos para la articulación de planes de prevención con los Planes de Acción Territorial y de las mesas de prevención con los CTJT. Articulación de las responsabilidades en materia de protección a los derechos a la vida, libertad, integridad y seguridad personal entre la Unidad Nacional de Protección y la Secretaría Técnica del Subcomité. Articulación interinstitucional para atender casos específicos: Nordeste Antioqueño y Cauca. En lo corrido del 2013, el Subcomité se ha reunido dos veces: una primera sesión desarrollada el 20 de febrero, en la cual se preparó el plan operativo a ser presentado en la siguiente sesión, y una segunda sesión el 26 de febrero con el objetivo de presenta r, discutir y ajustar el plan operativo con los representantes de las víctimas. b. Subcomité de Atención y Asistencia Secretaría Técnica: Unidad para las Víctimas El Subcomité sesionó en siete ocasiones durante 2012, durante las cuales se construyó y aprobó un plan operativo con acciones en materia de (i) seguimiento a las metas del PNARIV, (ii) socialización de política pública en asistencia, y (iii) construcción de acuerdos de servicios entre las entidades del SNARIV. Para la implementación de este plan, el Subcomité diseñó un documento con lineamientos para orientar la acción de las entidades territoriales en materia de atención y asistencia, el cual fue remitido al Ministerio del Interior para su divulgación. Con el fin de aumentar el impacto de las inte rvenciones institucionales en zonas críticas, se definieron 27 municipios claves de acuerdo con criterios de capacidad de inversión municipal, concentración de población víctimas y demanda de oferta del Estado. Asimismo, se conformó una mesa de

20 trabajo par a construir un documento de Protocolos de Atención, Asistencia y Reparación con enfoque diferencial, dirigido a servidores públicos en general. A la fecha se ha avanzado con el capítulo de atención de este protocolo. Durante 2013 se incorporarán al Subco mité los representantes de las víctimas para poner en práctica la intervención conjunta en los municipios focalizados, desarrollar los capítulos de asistencia y reparación del Protocolo, ajustar la oferta institucional a las necesidades de las víctimas y g estionar la oferta institucional en el marco del Modelo de Atención, Asistencia y Reparación Integral que comenzó a implementar la Unidad para las Víctimas en todo el territorio nacional. c. Subcomité de Indemnización Admin istrativa Secretaría Técnica: Unid ad para las Víctimas. Durante el 2012 se desarrollaron 4 sesiones, las entidades que conforman este Subcomité trabajaron en la construcción de la propuesta de lineamientos, criterios y tablas de valoración para la determinación de la indemnización administrativa. Desarrollo de convenios y estudios preliminares con diferentes entidades y organizaciones para flexibilizar la oferta disponible en las líneas de inversión para el programa de acompañamiento. Además, se articuló con el Subcomité de Sistemas de Información para la creaci ón de un protocolo operativo único para el pago de la indemnización. En la primera sesión del 2013, a realizarse el 1 de abril, se someterá a aprobación el plan operativo para el año, en el cual se tiene previsto abordar tres importantes temas: Entrega de la indemnización a víctimas de hechos diferentes al desplazamiento forzado, lo cual incluye: i) elaboración del protocolo de entrega de la indemnización administrativa, teniendo en cuenta propuestas de bancarización, seguridad y vínculo con el p rograma de acompañamiento, ii) formulario de indemnización y manejo operativo del mismo; iii) definición de montos de indemnización; iv) protocolos de entrega de la indemnización en el marco de los decretos de comunidades étnicas, de manera articulada con el Subcomité de Enfoque Diferencial; v) protocolo de entrega de la indemnización a niños, niñas y adolescentes mediante encargo fiduciario; vi) procedimiento de revisión de indemnizaciones por parte del Comité Ejecutivo; vii) modelo operativo de aplicación de los principios de priorización para la entrega de la indemnización.

21 Entrega de la indemnización a víctimas de población desplazada, lo cual comprende: i) seguimiento al establecimiento de criterios para superación de estado de vulnerabilidad de la pobl ación desplazada; ii) modelo operativo para articular la Ruta Única de Atención, Asistencia y Reparación con la entrega de la indemnización a población desplazada que haya superado los mínimos de su condición de vulnerabilidad. Programa de acompañamiento a la inversión adecuada de los recursos, que incluye: i) convenios para la flexibilización de la oferta en las líneas de inversión del Programa; ii) diseño del Programa de Acompañamiento para niños, niñas y adolescentes, de manera articulada con el Subcomit é de Enfoque Diferencial; iii) articulación del programa de acompañamiento con los decretos de comunidades étnicas de manera articulada con el Subcomité de Enfoque Diferencial. d. Subcomité de Restituci ón de Tierras Secretaría Técnica: Unidad de Gestión de R estitución de Tierras Despojadas Durante el 2012, el Subcomité desarrolló seis sesiones y formuló lineamientos para los CTJT y elaboró criterios específicos para conceptualizar sobre las reubicaciones. En el marco de la agenda temática y aspectos prioriza dos se elaboró el convenio entre la Unidad para las Víctimas y la UGRTD, denominado Reparaciones integrales focalizadas. Adicionalmente, en el periodo se realizó un diagnóstico territorial respecto de flujo de información y se elaboró material para reporta r acciones misionales y oferta programática. Se desarrollaron documentos de orientaciones a los CTJT definiendo el alcance de las cuatro líneas específicas de la restitución. Y de competencias sobre la Protección Patrimonial de Tierras y Territorios, frent e a las directrices a las entidades territoriales. Se capacitaron a los enlaces de orientación para acceder las más de 100 líneas de crédito para pequeños empresarios de Finagro, Bancóldex y Banco Agrario. Se realizó la socialización y aportes al diseño de l programa de alivio de pasivos liderado por la Unidad de Restitución de Tierras. Durante lo transcurrido del 2013, el equipo de planeación del Subcomité ha sesionado dos veces. Dichas sesiones se llevaron a cabo el 14 y 26 de febrero de 2013, y se aborda ron las siguientes temáticas: a. Esquema funcional y operativo del Subcomité: Se propuso la conformación de grupos de trabajo orientados a cada una de las medidas de restitución: i) Medidas Financieras - liderado por Bancóldex; ii) Restitución de Tierras liderado por la UGRTD; iii) Empleo y Proyectos Productivos liderado

22 por el Ministerio de Trabajo; iv) Vivienda Urbana liderado por Ministerio de Vivienda; y v) Retornos liderado por la Unidad para las Víctimas. b. Revisión de los lineamientos del PNARI V, orientados a la restitución de tierras, vivienda, empleo y autoempleo, alivio de créditos y pasivos; con el fin de determinar las actividades para incorporar en la elaboración del Plan Operativo de 2013. El 19 de marzo se llevó a cabo la sesión del Su bcomité en la que se validó la propuesta mencionada y se acordó fortalecer el trabajo interinstitucional para el cumplimiento integral de los fallos de jueces de restitución de tierras. e. Subcomité de Medidas de Satisfacción Secretaría Técnica: Centro de Me moria Histórica Este Subcomité sesionó en seis oportunidades y a partir del plan operativo concertado para el 2012, se comprometió con la construcción de parámetros a tener en cuenta en la realización de los actos públicos de reconocimiento de hechos relacionados con viol aciones a los derechos humanos e infracciones al DIH y las solicitudes de perdón, desde el enfoque diferencial. Adicionalmente, elaboró los siguientes documentos: Criterios orientadores para la difusión y socialización de las medidas de satisfacción. Protocolo de atención para la exención en la prestación del servicio militar. Orientaciones técnicas de medidas de satisfacción dirigidas a las entidades territoriales como insumo para los PAT. En el 2013, este Subcomité realizó su primera sesión el 27 de febrero, en la que se abordaron los siguientes temas: i) lineamientos de funcionamiento; ii) aprobación del POA, iii) conformación de mesas técnicas de trabajo. f. Subcomité de Re habilitación Secretaría Técnica: Unidad para las Víctimas El Subcomité elabo ró el Plan Operativo 2012 y avanzó satisfactoriamente en un 70% del mismo; y las acciones que se encuentran pendientes de cumplimiento se reprogramaron para ser finalizadas en el 2013.

23 Entre los logros alcanzados se pueden mencionar los siguientes: Constru cción y conceptualización interinstitucional de documentos: i) Directrices del Enfoque Psicosocial, ii) Programa de Atención Psicosocial y Salud Integral a Víctimas PAPSIVI, iii) Formación del Talento Humano. Construcción de criterios para garantizar el goce efectivo del derecho a la salud y de forma diferencial, del derecho a la rehabilitación. Realización de video conferencias para la atención a víctimas con enfoque psicosocial . los desarrollos técnicos del Subcomité a la luz del modelo de Rehabilitación Integral. Orientaciones técnicas para los CTJT en las acciones relacionadas con este ámbito. Las acciones incluidas en el plan operativo 2013 se orientan a mejorar los mecanismos de seguimiento buscando que las entidades conviertan la conceptualización del año anterior en propuestas creativas para garantizar el derecho a la reh abilitación. Este plan fue presentado a la representante de las víctimas en la primera sesión de este año del Subcomité, realizada el 7 de febrero, en la cual se avanzó en la discusión y aprobación parcial de algunas de las acciones estratégicas. Entre ell as se tienen previstas las siguientes: Apoyo al proceso de construcción participativa del PAPSIVI en los espacios de participación de las víctimas y durante la implementación del protocolo de participación. Seguimiento a la implementación del PAPSIVI a través del estudio de la trazabilidad de la atención de 20 casos seleccionados. V, a los enlaces departamentales y municipales que atienden víctimas y a las mesas de víctimas. Seguimiento a la implementación de las medidas de rehabilitación y atención psicosocial derivadas de las decisiones judiciales de la CIDH, de la Corte Constituc ional y de Justicia y Paz. Acompañamiento a la incorporación de las directrices del enfoque psicosocial en los planes, programas y proyectos de las instituciones que tienen presencia en el Subcomité de Rehabilitación.

24 g. Subcomité de Reparación Colectiva Secretaría Técnica: Unidad para las Víctimas Durante el 2012 se realizaron siete sesiones y se avanzó en la formulación de las líneas de acción específicas que debe contemplar el Programa de Reparación Colectiva. Estas líneas incluyen: i) restitución de t erritorios y retorno y/o reubicación para sujetos colectivos; ii) reconocimiento y dignificación de los sujetos de reparación colectiva mediante la reconstrucción y preservación de la memoria histórica; iii) generación de empleo y autoempleo para miembros de sujetos de reparación colectiva; iv) cogestión, coordinación y priorización para el goce efectivo de derechos (mínimos vitales, derechos económicos, sociales y culturales); v) restitución de derechos de grupos sociales y políticos; vi) rehabilitación co munitaria y reconstrucción del tejido social; vii) reparación de las afectaciones ocasionadas al ambiente; y, viii) medidas transversales. Adicionalmente, se realizó la priorización de las medidas y acciones concertadas con las comunidades a partir de los Planes Pilotos de Reparación Colectiva que adelantó la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación con el fin de armonizarlas con la oferta programática con que cuentan las entidades del orden nacional, para avanzar en su inmediata implementación. E n la sesión del 26 de febrero de 2013 se informó sobre la gestión 2012 y se plantearon los retos del Subcomité para el 2013. Los temas tratados durante la sesión fueron: i) informe de gestión 2012; ii) lineamientos de planeación estratégica del 2013; y iii ) concertación de temáticas a ser incluidas en la planeación del Plan Operativo Anual 2013. En esta sesión se contó con la participación de una representante de las víctimas. h. Subcomité de Enfoque Diferencial Secretaría Técnica: Alta Consejería para la Equ idad de la Mujer Desde su instalación este Subcomité sesionó en tres oportunidades en el 2012 y ha trabajado de manera permanente en mesas de trabajo. Se generaron orientaciones técnicas de enfoque diferencial para que fueran adoptadas en cada uno de los otros subcomités y en la formulación o ajuste de los Planes de Acción Territorial. Además, se estableció un equipo de trabajo interinstitucional en el que se abordaron los diferentes enfoques diferenciales: niños, niñas y adolescentes (ICBF), comunidades i ndígenas y comunidades afrodescendientes (Ministerio del Interior), mujeres y género (Alta Consejería Presidencial para la Equidad de

25 la Mujer), y personas en situación de discapacidad (Ministerio de la Salud y Protección Social). Adicionalmente se desarr ollaron otras acciones: Acompañamiento y asistencia técnica permanente al proceso de construcción de indicadores de goce efectivo de derechos en el marco de los Autos expedidos por la Corte Constitucional en el seguimiento a la sentencia T 025, en materia de sujetos de especial protección. Articulación con la Unidad para las Víctimas en el diseño e implementación de la estrategia de seguimiento a la verificación y adopción de las recomendaciones y lineamientos sobre enfoque diferencial. Construcción del es tado del arte de lo que será la biblioteca virtual de enfoque diferencial. Asistencia técnica para la incorporación de enfoques diferenciales en la batería de indicadores de goce efectivo de derechos. Construcción del directorio de centros de investigació n u observatorios de carácter gubernamental, que realicen estudios sobre temas de enfoque diferencial. Para el 2013 se han definido de manera preliminar algunas acciones a incluir en el plan operativo: i) estrategia de seguimiento para verificar el cumpli miento de los lineamientos de enfoque diferencial al interior de los demás Subcomités Técnicos; ii) escala de Medición de la Afectación; iii) estrategia de seguimiento de la incorporación del enfoque diferencial al interior de los entes territoriales, en c oordinación con el Subcomité Nación Territorio; iv) estrategia de información, educación y comunicación dirigida a servidores públicos y a la comunidad; v) asistencia técnica en materia de enfoque diferencial en la elaboración del protocolo de participac ión para las víctimas diseñado por la ARIV; y vii) acompañamiento al proceso de construcción de indicadores de goce efectivo de derechos. i. Subcomité de Sistemas de Información Secretaría Técnica: Unidad para las Víctimas Este Subcomité sesionó en 2012 en cuatro oportunidades y se priorizaron algunos acuerdos de la Red Nacional de Información para garantizar el intercambio eficaz y eficiente de información. Se g eneraron de manera concertada lineamientos para la consecución, procesamiento y uso de la informa ción en las entidades del SNARIV. Además se logró: i) línea base del Registro Único de Víctimas, con la información de algunas

26 de las entidades participantes, la cual fue entregada a cada integrante del Subcomité; y ii) lineamientos para la inclusión temát ica de los sistemas de información en los Planes de Acción Territorial. Para el 2013, se busca fortalecer y hacer efectiva la interoperabilidad de los sistemas de información entre todas las entidades de gobierno, especialmente con la Unidad para las Víct imas de acuerdo con lo establecido en el plan nacional CONPES 3726 de 2011; igualmente, se trabaja en la calidad y completitud de la información contenida en las bases que integran el Registro Único de Víctimas. El 15 de marzo se reunió el Subcomité con el fin de trabajar la propuesta de plan operativo y recibir la actualización de la información del RUV. j. Subcomité de Nación Terr itorio Secretaría Técnica: Ministerio del Interior En el 2012 , este Subcomité sesionó en ocho oportunidades, su reto consistió en impulsar y asistir técnicamente el proceso de planeación territorial para una adecuada implementación de la Ley de Víctimas en el territorio. Este año fue clave para la coordinación Nación - Territorio, pues era el primer año de los mandatarios municipales, distritales y departamentales elegidos en octubre de 2011, lo que implicaron los procesos de planeación territorial. Esto constituyó una oportunidad para el proceso de implementación de la Ley de Víctimas, en la medida que las entidades territoriales debían incluir en su planeación las medidas necesarias para implementar la Ley en el territorio. Por esta razón, se centraron los esfuerzos en la estrategia de acompañamiento establecida en e l artículo 258 del Decreto 4800, con el objeto de fortalecer las capacidades técnicas, administrativas y presupuestales de las entidades territoriales, para cumplir con este objetivo, el subcomité incorporó el equipo interinstitucional de gobierno, consagr ado en el artículo 259 del Decreto 4800. Asimismo, y en el marco del proceso de planeación territorial, se diseñó la metodología y herramientas para orientar la construcción de los Planes de Acción Territorial en el marco de los CTJT, planes a través de los cuales las entidades territoriales pued an adoptar las medidas que permiten un adecuado proceso de implementación de la Ley de Víctimas en las entidades territoriales.

27 Entre los principales productos de este subcomité figuran: i) los mecanismos de asistencia técnica que ordena el Decreto 4800 ; ii) el fortalecimiento de la Caja de herramientas, a través de instrumentos como la guía para la formulación y ajuste del Plan de Acción Territorial (PAT); y iii) la revisión y formulación de recomendaciones a frente a los borradores de planes de desarro llo y los borradores de planes de acción territorial. El 30 de enero de 2013, se realizó una reunión de grupo técnico (Ministerio del Interior y Unidad para las Víctimas) para planear acciones y definir cronograma de reuniones para la revisión de POA (es te Subcomité elaboró el plan operativo 2012 - 2013). El 6 de marzo se reunió el Subcomité y validó el plan operativo. Se tiene prevista una segunda sesión del Subcomité con representantes de las víctimas en abril de 2013. C. Comités Territoriales de Justicia T ransicional (CTJT) Los CTJT, cuya creación se ordena en la Ley 1448 de 2011, constituyen la instancia de articulación y toma de decisiones del sistema a nivel municipal, distrital y departamental, sobre las medidas necesarias para garantizar la prevenció n, asistencia, atención y reparación integral de las víctimas en los territorios respectivos. Los CTJT son presididos por alcaldes y gobernadores en sus respectivos ámbitos. Al 31 de marzo de 2013 se cuenta con 1.102 CTJT de carácter municipal y 32 de cará cter departamental 3 . Entre las funciones atribuidas a los CTJT están: i) aprobar los Planes de Acción Territorial PAT (se cuenta 981 Planes aprobados); ii) coordinar las acciones con las entidades que conforman el SNARIV en el nivel departamental, dist rital y municipal; iii) articular la oferta institucional para garantizar los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación; así como la materialización de las garantías de no repetición; iv) coordinar las actividades en materia de incl usión e inversión social para la población vulnerable; y v) adoptar las medidas conducentes a materializar la política, planes, programas y estrategias en materia de desarme, desmovilización y reintegración. Para el 2013, el principal reto de los CTJT se rá hacer seguimiento al proceso de implementación de los PAT. Los Comités departamentales, además de sus sesiones ordinarias, deberán reunirse con participación de los alcaldes de 3 Cifra significativa si se tiene presente que en el informe del 1 de julio de 2010 del Gobierno nacional a la Corte Constitucional sobre la superación del estado de cosas inconstitucional declarado mediante la Sentencia T - 025 de 2004, se informa que en el periodo 2004 2006 se desarrollaron muy pocos Comité Territor iales de Atención al Desplazamiento Forzado y Planes Integrales Únicos y que solo en el periodo 2007 - 2010 se concentró el ejercicio en los 255 municipios priorizados.

28 su jurisdicción, con el fin de evaluar el avance del proceso de implementaci ón, así como presentar las necesidades, avances y dificultades de articulación entre entidades estatales 4 . De igual forma, deberán hacerlo los Comités municipales con el objeto de recoger los insumos para los CTJT de carácter departamental ampliados. D. Esp acios d e participación de las víctimas La participación de las víctimas es a la vez un derecho y una forma de garantizar la implementación y seguimiento de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. Derecho que es considerado como eje fundamental del diseño y ejecución de la política pública y el goce efectivo de los derechos de las víctimas. Por esto, el Decreto 4802 de 2011, por medio del cual se establece la estructura de la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, creó la Subdirección de Partici pación como parte de la Dirección de Gestión Interinstitucional, y tiene entre sus funciones, garantizar la ejecución de la Ley con la voz e incidencia de las víctimas en todo su proceso. Para tal fin y acorde con el artículo quinto del Decreto 790 de 201 2; por medio del cual se trasladan las funciones del Sistema Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada por la Violencia (SNAIPD), al Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas; y del Consejo Nacional de Atención Integra l a la Población Desplazada (CNAIPD), al Comité Ejecutivo para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, se definieron lineamientos para un mecanismo de participación transitorio y de representación de las víctimas en los espacios e instancias de t oma de decisiones respondiendo a criterios de representatividad, democracia y enfoque diferencial con una vigencia que finaliza en marzo del 2013. Del mismo modo, se garantizó la participación de las víctimas del desplazamiento forzado, respetando la auton omía de las mesas de fortalecimiento de población desplazada, facilitando su articulación al nuevo sistema de participación establecido en el Decreto 4800 y en la Ley. a. Mesas de participación y espacios de interlocución transitorios La Circular 004 de 20 12, acorde al Decreto 790 de 2012, y al Decreto 4800 de 2011, estableció la creación de Espacios de Interlocución Transitorios de Víctimas de carácter municipal, distrital, departamental y nacional. De esta forma, se eligieron representantes de las Organiz aciones de Víctimas y de Organizaciones Defensoras de Víctimas a dicho Espacio de Interlocución Transitorio Nacional, instalado el 25 de octubre de 2012 en Bogotá. 4 De acuerdo a lo dispuesto por el artículo 253 del Decreto 4800.

29 Los espacios de interlocución transitoria eligieron representantes en los Comités Territori ales de Justicia Transicional y participaron en la formulación de los Planes de Acción Territorial con los alcaldes y gobernadores. Además, se viene trabajando con ellos en la construcción del protocolo de participación definitivo, concertación que termina rá con el foro de participación efectiva de las víctimas a realizarse el 4, 5 y 6 de abril de 2013. En el proceso llevado a cabo con los Espacios de Interlocución Transitorios, se inscribieron 2.120 Organizaciones de Víctimas en municipios y departamentos del país, y 323 Organizaciones Defensoras de los Derechos de las Víctimas. Por su parte, el Espacio de Interlocución Transitorio Nacional de Participación quedó conformado por 103 representantes de las víctimas, de los cuales 46 representantes son mujeres, de los diferentes departamentos, representando enfoques diferenciales y enfoques étnicos, que equiv ale al 40% del total de las personas que componen este Espacio Nacional. De las 46 mujeres, 32 son líderes víctimas del desplazamiento forzado, equivalente a un 28.3% del total de miembros del Espacio de Interlocución transitorio Nacional. Para su conform ación se surtieron inscripciones ante las personerías municipales, las defensorías regionales y la Defensoría del Pueblo. Con corte a marzo de 2013 se cuenta con la siguiente información reportada: Tabla 1. Inscripciones ante las Personerías y Defensoría d el pueblo de OV y ODV Departamento Organización de Víctimas Organizaciones Defensoras de las Víctimas Amazonas 2 1 Antioquia 394 13 Arauca 14 2 Atlántico 128 15 Bogotá 16 24 Bolívar 183 7 Boyacá 5 5 Caldas 31 1 Caquetá 32 2 Casanare 18 4

30 Cauca 38 11 Cesar 70 16 Chocó 52 7 Córdoba 66 2 Cundinamarca 55 3 Guainía 2 1 Guaviare 1 1 Huila 42 14 La Guajira 73 22 Magdalena 136 5 Meta 37 15 Nariño 244 2 Norte de Santander 64 14 Putumayo 1 3 Quindío 61 2 Risaralda 26 13 San Andrés y Providencia 2 1 Santander 141 20 Sucre 143 23 Tolima 56 1 Valle del Cauca 108 71 Vaupés 2 1 Vichada 5 1 Total reporte a 16 de enero 2013 2248 323

31 Total reporte 31 de diciembre 2012 2120 323 b. Mesas de fortalecimiento de población en situación de desplazamiento Las mesas de fortalecimiento establecidas en el marco del Decreto 250 de 2005, participaron del Espacio de Interlocución Transitoria, y además, en el marco del seguimiento al cumplimiento de la sentencia T - 025 de 2004, y sus respectivos autos de seguimient o, continúan en el ejercicio de sus funciones hasta tanto se instalen las mesas de participación definitivas establecidas en la Ley 1448 de 2011 y el Decreto 4800 de 2011. Las mesas de fortalecimiento han recibido el apoyo y acompañamiento de la Unidad pa ra la Atención y Reparación Integral a la Víctimas, tanto desde lo logístico, como facilitando sus procesos de incidencia. En el 2012, las mesas de fortalecimiento, con apoyo de la Unidad, realizaron 32 reuniones discriminadas así: 8 reuniones de Comités T écnico de Mujeres (Bogotá, 27 de julio, 23 al 26 de agosto, 12 de septiembre, 16 al 20 de septiembre, 27 al 29 de septiembre, Montería 5 al 8 de octubre, Bogotá, 15 y 17 de noviembre y Villanueva 19 al 22 de diciembre) . 12 reuniones del Comité Coordinador y Secretaría técnica: (Bogotá 7 al 9 de junio, 25 al 28 de junio, 9 al 10 de julio, 3 al 5 de agosto, 8 de agosto, 23 al 26 de agosto, 16 al 20 de septiembre, 27 al 29 de septiembre, 5 al 8 de octubre, 22 de octubre, 15 al 17 de noviembre y 14 de diciembre de 2012. 4 talleres departamentales en las que se aborda por parte de ellos mismos como talleristas la Ley de Víctimas , la política pública de mujeres y el protocolo. (Cundinamarca 2 al 5 de agosto, Guajira 16 al 19 de noviembre, Cesar 29 de noviembre al 1 de diciembre y Quindío 14 al 17 de diciembre de 2012) . 8 reuniones internas de las organizaciones que hacen parte de la Mesa Nacional de Fortalecimiento de OPD. (OPDI 29 de julio al 1 de agosto en Bogotá, CND 10 al 11 de agosto en Bogotá, Andescol 20 al 22 de agosto en Bogotá, Afrodes 9 al 11 de octubre en Cartagena, Convergencia 10 al 12 de octubre en Cartagena, No vinculados 17 al 19 de noviembre en Santa Marta ) . Durante el mes de enero de 2013 están aprobados 4 talleres departamentales para Toli ma, Magdalena y Santander, uno adicional para el Comité de Mujeres en Antioquia. c. Protocolo de participación efectiva El Protocolo de Participación Efectiva es el instrumento que permitirá a las víctimas y sus organizaciones participar en la formulaci ón, implementación y seguimiento de la política pública de atención y reparación integral. Es el mecanismo a través del cual señalan los derechos y beneficios de la participación, así como las obligaciones de las Entidades del Sistema Nacional de Atención Integral a las Víctimas SNARIV, y entidades territoriales. Es la carta de navegación que vincula a todos los actores relevantes en el compromiso de hacer

32 efectivo el derecho a la participación de las víctimas. En cumplimiento de lo previsto en el artículo 285 de la Ley 1448 de 2011, la Unidad para la Atención y Reparación Integral a la Víctimas desarrolló en el 2012 un primer borrador, en asocio con la Fundación Social. Este proceso contó con 4 etapas: i) exploratoria con 365 víctimas en 18 departamentos en talleres reg ionales; ii) análisis de las propuestas presentadas por la Comisión de Seguimiento a la Política sobre desplazamiento forzado, la Comisión Colombiana de Juristas, Fundación Social, entre otras; iii) redacción del documento y, iv) inclusión de enfoques dife renciales en la propuesta. La propuesta borrador de protocolo incluyó los siguientes capítulos: i) el derecho a la participación, ii) condiciones y garantías, iii) la participación diferenciada, iv) los escenarios de participación, v) las responsabilidades institucionales para el funcionamiento de las mesas, y vi) las mesas de participación y su funcionamiento. Durante la fase de exploración, la Unidad con el apoyo de la Fundación Social y la OIM desarrollaron una serie de talleres regionales con víctimas, para la socialización y consulta de la tabla de contenido para desarrollar el Protocolo de Participación Efectiva. Los ejes temáticos de los talleres fueron: i) funcionamiento de las Mesas de Participación; ii) condiciones para el efectivo ejercicio del de recho a la participación ; y iii) buenas prácticas en el ejercicio de la Participación. La sistematización de las propuestas recabadas en los talleres, consistió en un proceso de clasificación de los insumos derivadas de las preguntas orientadoras compilada s en matrices dispuestas para tal efecto, a través de categorías de análisis que orientan su articulación para la construcción del Protocolo de Participación. Con el propósito de tener un material pedagógico que fuera de fácil acceso para las víctimas, se elaboraron cartillas guía de discusión del protocolo de participación, como un aporte básico de la Unidad para el proceso de consulta y deliberación de dicho instrumento en los escenarios transitorios, buscando expresar los procesos de representación tradu cidos en reglas de juego, guías, metodologías, mecanismos y escenarios con una mentalidad de reconocimiento a las particularidades y diferencias étnicas, diferenciales y territoriales, bajo la lógica de primacía del bien general y el fortalecimiento de la esfera pública, con una estrategia comunicativa, pedagógica, de exigencia de justicia, verdad, reparación y garantías de no repetición, así como de veeduría y control social. En lo corrido del 2012 y parte del 2013 se realizaron ocho talleres departamental es de diálogo alrededor del borrador de Protocolo de Participación con las Organizaciones de Víctimas, en los siguientes departamentos: Cundinamarca, Magdalena, Bolívar, Putumayo, Tolima, Guajira, Arauca y César. De esta forma, se construyeron

33 instrumentos que garantizaran la participación de las víctimas organizadas, no organizadas, lo mismo que la participación de los entes territoriales y del orden nacional. La Sistematización de todos los aportes al protocolo se viene haciendo a través de la compilació n y organización de los aportes de todos los foros regionales, de las propuestas de los órganos de control, de entidades del SNARIV, de organizaciones de la sociedad civil, de organismos internacionales de derechos humanos, de organizaciones de víctimas y de víctimas no organizadas, a quienes se habilitó un espacio de participación en la página web de la Unidad, con el fin de retroalimentar constantemente la construcción de un borrador de resolución, que será presentado para una última discusión, los días 4 , 5 y 6 de abril, del cual saldrá el texto definitivo de la resolución del protocolo de participación efectiva de las víctimas, previa presentación de las conclusiones en una plenaria donde participaran representantes de víctimas de todos los departamentos del país. Finalizada la sistematización, la Unidad formalizará mediante una Resolución el Protocolo, en donde se recogerán todas las propuestas que técnica y financieramente sean pertinentes.

34 2. ACCIONES DE LA UNIDAD PARA LAS VÍCTIMAS: UN AÑO DE AVANCES En este capítulo se describen las acciones adelantadas en atención, asistencia y reparación integral a la víctimas del conflicto armado, en cuatro bloques temáticos, la Ruta Integral de Atención, Asistencia y Reparación Indiv idual, Reparación Colectiva y Sistemas de Información, del cual hace parte el Registro Único de Víctimas y lo relacionado con Atención al Ciudadano como una suma de estrategias a través de las cuales se presta asistencia a las víctimas, se atienden sus req uerimientos y responden sus solicitudes. En el primero, la Ruta Integral de Atención, Asistencia y Reparación Individual se describe el modelo de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas (MAARIV). Allí se hace una descripción de la fase de asistencia que incluye la entrega de atención humanitaria a población desplazada y otros hechos victimizantes, el apoyo subsidiario a municipios, la asistencia funeraria, y los instrumentos referentes a la reglamentación de la atención y ayuda humanitaria. Finalmente, en materia de reparación integral se da cuenta del proceso desarrollado, los avances y retos en la impleme ntación de la ruta de reparación individual, la entrega de medidas, la implementación de la ruta de reparación integral de desplazamiento forzado, los resultados de gestión en coordinación y apoyo técnico a entidades del Sistema. En el segundo, la Reparac ión Colectiva se muestran los avances en la implementación de la ruta de reparación colectiva, descripción de las fases de vía administrativa, de comunidades étnicas y por vía judicial. También, se relacionan las medidas de rehabilitación, reparación simbó lica y medidas de satisfacción. En el tercero, los Sistemas de información , se presentan los avances en el Registro Único de Víctimas, en el proceso de valoración y el desarrollo de instrumentos de recolección. Igualmente, se da cuenta de los procesos de interoperabilidad a través de la Red Nacional de Información y de los más de 950 acuerdos de intercambio y de confidencialidad suscritos. El mejoramiento de las herramientas tecnológicas y los proyectos de fortalecimiento de sistemas de información a entid ades territoriales. Finalmente, en el cuarto punto se desarrollan las estrategias de Atención al Ciudadano . Como estrategia principal, innovadora y transformadora, se presentan los avances en los Centros de Atención para las Víctimas.

35 En el quinto punto, se expone la apropiación presupuestal con la que contó la Unidad, para el desarrollo de sus acciones misionales. A. RUTA INTEGRAL DE ATENCIÓN, ASI STENCIA Y REPARACIÓN INDIVIDUAL La Ley 1448 de 2011 ordena el diseño e implementación de esquemas de atención y asistencia a víctimas que respondan de forma efectiva a las necesidades particulares de cada persona y que faciliten en cada caso el acceso a la oferta institucional pertinente. Como respuesta a este desafío, la Unidad para las Víctimas inició en 2012 l a puesta en marcha del Modelo de Atención, Asistencia y Reparación Integral a las Víctimas (MAARIV). Este modelo permite conocer mejor las necesidades y capacidades de cada persona, actualizar sus datos básicos de caracterización, definir la oferta institu cional pertinente para cada situación y hacer seguimiento al acceso efectivo a esta oferta. Especialmente, a través de este modelo se permite a la víctima conocer su ruta en detalle, las medidas concretas a las que tiene derecho de acuerdo a su situación p articular, y conocer los alcances y límites de la oferta estatal. El MAARIV también contempla mecanismos para que cada Dirección Territorial de la Unidad para las Víctimas recopile información sobre la oferta institucional en materia de atención, asistenci a y reparación existente en cada municipio. Adicionalmente, el modelo contempla procedimientos para hacer remisiones a cada entidad y para realizar seguimiento al acceso efectivo de las víctimas a esta oferta. Gráfica 1. Modelo de Atención, Asistencia y Reparación Integral (MAARI)

36 La información recopilada mediante estas intervenciones es consignada en un Plan de Atención, Asistencia y Reparación Integral (PAARI) específico para cada hogar. Los PAARI están debidamente sistematizados, lo que permite consolidar la información a nivel nacional de forma rápida y segura. De este modo, el modelo permite a la Unidad conectar las necesidades y capacidades de cada persona con la oferta institucional pertinente del lugar donde se encuentra. Asimismo, el modelo también permite identificar vacíos en la oferta institucional, lo que posibilitará a la Unidad afinar su incidencia con las entidades competentes para que ajusten su oferta a la s necesidades de las víctimas. Para poner en marcha el MAARIV, durante 2012, la Unidad para las Víctimas diseñó los aspectos conceptuales y tecnológicos de la herramienta PAARI, adecuó sus procedimientos y protocolos internos en función de las exigencias del modelo, y contrató personal calificado para complementar a los equipos de terreno ya existentes. Prevención Información para la acción La recopilación de datos y generación de análisis sirven para identificar fuentes de riesgo de violaciones de derechos humanos e infracciones al DIH, con el fin de activar una respuesta integ ral, coordinada y eficaz para prevenir la ocurrencia de desplazamientos forzados y otros hechos victimizantes, mitigar el impacto de los mismos, y atender oportunamente a la población víctima de la violencia. Los principales resultados de esta línea en 201 2 fueron: Documentos de análisis para la prevención de violaciones a los DDHH y al DIH: se elaboraron: i) 28 informes regionales de dinámica de la violencia de desplazamiento intra - urbano en Medellín; ii) informes de dinámica de conflicto en Urabá, Bajo y Medio Putumayo, Bolívar, Meta, Cesar, Tolima, Sucre, Nariño, Bogotá, Norte de Santander, Santander, Guainía, Guaviare, Chocó, Risaralda, Huila, Arauca, La Guajira, Boyacá, Quindío, Cauca, Caldas, Amazonas, Caquetá, Valle del Cauca, el Bagre (Antioquia); iii) informe de contexto de violencia en zonas de influencia de los indígenas Wounan; iv) informes regionales para la focalización de casos de reparación colectiva en Buenaventura, T ibú, Santander y área metropolitana, Montería y La Libertad (San Onofre); v) informe anual de desplazamiento forzado 2011; vi) primer boletín de prevención y atención de emergencias de la Subdirección de Prevención y Atención de Emergencias. Documentos p ara la orientación y capacitación de personas que trabajan la política de atención y reparación

37 integral a las víctimas: Guía conceptual de infracciones al DIH y violaciones de DDHH, acciones de prevención y casos críticos de violencia. Síntesis de metodología de planes de contingencia para capacitación virtual a funcionarios públicos de la Unidad para las Víctimas. Contexto general de emergencias humanitarias y misiones humanita rias para la celebración del Día Mundial Humanitario. Desarrollo y medición del Índice de Riesgo de Victimización (IRV), herramienta de análisis cuantitativo para comparar entre los municipios del país el nivel de riesgo de ocurrencia violaciones de DDHH e infracciones al DIH, elaborada por la Unidad para las Víctimas y la Universidad Santo Tomás. Durante 2012 se efectuó la primera medición que cubre el periodo 2010 - 2012 (salvo en 8 municipios del país que no tienen medición estadística por sub - registro de información). Se socializó el IRV en 20 departamentos. El 28 de noviembre de 2012 se realizó la presentación formal de resultados del IRV con delegados de las entidades del SNARIV, representantes del Sistema de Naciones Unidas y de la academia. Incidenci a en escenarios interinstitucionales de la pol ítica pública de prevención La Unidad para las Víctimas participa en la Comisión Intersectorial de Alertas Tempanas (CIAT), el Comité de Evaluación y Recomendación de Medidas (CERREM), el Grupo de Valoración Preliminar (GVP), la Comisión Intersectorial para la Prevención del Reclutamiento, Utilización y Explotación Sexual de Niños, Niñas y Adolescentes (CIPRUNNA), el Subcomité de Prevención , Protección y Garantías de No Repetición del SNARIV, así como en los CTJT. A través de estas instancias se coordina con las entidades territoriales y las que hacen parte del SNARIV, la atención inmediata de emergencias humanitarias, tanto en un escenario de prevención, mediante los planes de contingencia (o plan de alistamiento para la atención), como en el escenario en el cual se presentan las emergencias. La participación de la Unidad para las Víctimas en estos escenarios busca: i) advertir sobre los rie sgos de violaciones a los DDHH e infracciones al DIH que puedan afectar a la población civil; ii) impulsar la adopción de acciones prevención del desplazamiento forzado y demás hechos victimizantes, así como de protección de la población civil por parte de las entidades competentes; y, iii) generar respuestas a emergencias humanitarias en escenarios de prevención urgente. A continuación se describen los principales avances de la Unidad en cada uno de estos escenarios.

38 Comisión Intersectorial de Alertas Te mpanas (CIAT). En el año 2012, el Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría del Pueblo emitió 32 Informes de Riesgo, 8 de ellos de Inminencia, y 23 Notas de Seguimiento, para los cuáles se realizó la siguiente gestión: Verificación de 24 informes de riesgo y 23 notas de seguimiento, en coordinación con las Direcciones Territoriales de la Unidad para las Víctimas. Participación en 46 sesiones ordinarias de la CIAT, en las que se evaluaron los documentos emitidos por el SAT, para valorar los niveles de amenaza, vulnerabilidad y capacidades que confluyen en los territorios y recomendar o no, la emisión de la Alerta Temprana al Ministro del Interior. Participación en 20 sesiones de seguimiento a recomendaciones coordinadas por la CIAT en las ciudades y capitales de departamentos en los cuales se han emitido varios informes e riesgo y notas de seguimiento. Respuesta a 18 requerimientos realizados por la Defensoría del Pueblo y la CIAT respecto al cumplimiento de recomendaciones solicitadas a la Unidad para las Víctimas para la disminución del riesgo de violaciones de DDHH e infracciones al DIH. Comité de Evaluación y Recomendación de Medidas (CERREM) y Grupo de Valoración Preliminar (GVP). En el marco de este comité, la Unidad para las Víctimas brinda información relacionada con la inscripción de la población en situación de desplazamiento en el RUV, participa en espacios interinstitucionales en los que se analizan casos y peticiones de protección, y articula medidas asistenciales complementarias para personas en situación de riesgo. Avances durante 2012: Capacitación a funcionarios de la UNP en dinámica del conflicto armado interno, con el propósito de contribuir en la valoración del riesgo. Participación en 92 sesiones CERREM, en los cuales se recomendaron medidas para las poblaciones estipuladas por el Decreto 4912, y en 67 GVP, en los cuales se entregó información para el análisis de casos de protección. Participación en 2 reuniones de seguimiento de medidas de las comunidades de las Cuencas de Curvaradó y Jiguamiandó y 4 reuniones de seguimiento de medidas de protección a mujeres. Asesoría en la activación de la Ruta de protección a víctimas. Gestión adelantada por la Unidad para las Víctimas en el marco del CERREM MUJERES

39 Dentro de los mecanismos diseñados e implementados para la aplicación de la presunción constitucional de riesgo establ ecida en el Auto 200 de 2007, en mujeres líderes de la población desplazada y mujeres desplazadas en situación de riesgo, el Estado estableció la creación de un CERREM específico para la población de mujeres (CERREM Mujeres). El objetivo de la creación de tal escenario es tratar los estudios de nivel de riesgo de aquellas mujeres que se encuentran en riesgo específico no solo por su condición de mujer sino por ser lideresas y representantes de mujeres desplazadas. En este escenario, no solo se encuentran la s instituciones delegadas ante el CERREM sino representantes de la población de mujeres para así conocer de primera mano información que puede ser relevante a la hora de establecer el nivel de riesgo y recomendar las medidas de protección para estas mujere s. En esa medida, durante 2012 se realizaron cinco (05) CERREM Mujeres: marzo, abril, junio, agosto y octubre. A partir de los tres primeros CERREM Mujeres se evidenció la necesidad de abordar el tema de las medidas complementarias debido al alto grado de vulnerabilidad que presenta esta población, gestión que ha venido adelantando la Unidad para las Víctimas y que llevó a que, por ejemplo, se hayan adelantado dos Reuniones de PRECERREM Mujeres para abordar no solo medidas de protección sino también medidas complementarias, así como dos Reuniones de Seguimiento de la implementación de Medidas Complementarias en la que la Unidad para las víctimas rindió información sobre la entrega de ayuda humanitaria. De igual manera, se remitieron oficios a las instituciones competentes como coordinadora del SNARIV en los componentes de salud, educación y atención psicosocia l. Dentro de los casos más destacados en el 2012 se encuentran: el caso de 15 mujeres con medidas cautelares a las cuales en el marco del CERREM Mujeres se les aprobó medidas de protección tales como esquemas de protección tipo 1, (carro particular, esco lta armado, medio de comunicación y chaleco), apoyos de reubicación y apoyos de transporte por dos salarios mínimos durante la vigencia del estudio. Por último, se viene adelantando la concertación de medidas de protección y complementarias con la organiz ación de mujeres Narrar para Vivir y el Colectivo de Mujeres al Derecho (COLEMAD) en los que la UNP y la Unidad para las víctimas vienen coordinando acciones al respecto. Dada la complejidad de las medidas complementarias, se efectuó una reunión específi ca para el caso del Colectivo Narrar para Vivir , entre la UNP y la Unidad. En dicho escenario se contextualizó el caso de Narrar para Vivir organización de mujeres de Bolívar, el cual fue analizado previamente en sesión del CERREM y frente

40 al que la UNP ya ha adelantado gestiones en materia de seguridad de acuerdo a la evaluación del riesgo. Actualmente, se realiza la evaluación haciendo estudios de riesgo individuales para poder construir un panorama de la situación del colectivo, mientras se define la met odología de análisis de riesgo colectivo. La reunión se desarrolló con la revisión de los 11 puntos expuestos por el colectivo de mujeres, el cual comprende las peticiones de las 17 mujeres que conforman el grupo de Narrar para Vivir: Sede propia en el Carmen de Bolívar. Medios de comunicación efectivos entre las 17 facilitadoras de Narra para Vivir. Medios de movilización. Seguros de Vida debido a la situación de alto riesgo. Aseguramiento en salud para las 17 mujeres y sus núcleos familiares. Acceso al sistema educativo para las mujeres y sus núcleos familiares. Apoyo psicosocial. Fondo de Urgencias. Generación de Ingresos. Campaña de Respaldo a nivel regional y nacional. Pasantías y fomento de redes de apoyo. Desde la Unidad para las víctimas se adela ntan gestiones en aspectos fundamentales como la verificación y caracterización de los 17 núcleos familiares con el objetivo de garantizar entrega oportuna de ayuda humanitaria (según el caso), el acceso al sistema educativo, aseguramiento de la salud y ac ceso efectivo a los servicios requeridos. Adicionalmente, se plantea la necesidad de contar con Atención Psicosocial dado que muchas de las mujeres no se sienten cómodas con la atención que brindan algunas personas de su territorio vinculadas a entidades del Estado, ya sea por temas de confianza, cercanía o temor a compartir sus vivencias. Con respecto asuntos relacionados con Generación de Ingresos, se propuso realizar una sesión para conocer las ideas y opiniones que el colectivo de mujeres tiene fren te a este tema. Desde la Unidad para las Víctimas se analiza si el grupo es sujeto de Reparación Colectiva, tema que revisará el área de Reparación con apoyo del Grupo de Trabajo de Mujeres y Género.

41 Finalmente, en el marco de medidas complementarias du rante el 2012, la Unidad para las víctimas recibió solicitud de 24 casos por parte de la UNP en el marco del CERREM, que se especificará mas adelante. Atención a Muj eres en el Marco del CERREM En cuanto a una ruta que promueve los derechos de los sujetos de especial protección constitucional, la Unidad para las víctimas ha dispuesto la ruta de atención a mujeres que se encuentran bajo medidas de protección, otorgadas por la Unidad Nacional de Protección. Por medio de esa ruta se han identificado la prioriz ación de medidas complementarias en asistencia otorgadas por la Unidad para las víctimas en el periodo comprendido entre enero de 2012 y enero de 2013. La ruta de atención interna para brindar atención a las mujeres es así: Gráfica 2. Ruta de atención para mujeres CERREM Es así como desde la Subdirección de Asistencia y Atención Humanitaria (SAAH) de la Unidad para las víctimas, se identifican las siguientes actividades: Direcciona y brinda respuesta a los casos de mujeres, inclu idas en el RUV, los cuales son remitidos por la Subdirección de Prevención y Atención a Emergencias quien participa en el CERREM. Con base en los requerimientos y solicitudes que se identifican en este espacio, la SAAH realiza las remisiones a las entidade s competentes y verifica la asignación de Atención Humanitaria para víctimas de desplazamiento forzado. En caso de requerirse una orientación personal o vía telefónica acerca de las Medidas de Asistencia, solicita apoyo a las Direcciones Territoriales de l a Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas para realizar la atención pertinente en términos de la Oferta Institucional. De manera que se

42 orienta a las víctimas sobre los servicios y programas ofrecidos en el territorio y se realizan las remisiones a las entidades competentes con base en las necesidades manifestadas por las víctimas. Cabe resaltar que frente al conjunto de medidas complementarias, la Subdirección responde por las Medidas de Asistencia que son de su competencia, una vez las víctimas se encuentren incluidas en el Registro. Comisión Intersectorial para la Prevención del Reclutamiento, Utilización y Explotación Sexual de Niños, Niñas y Adolescentes (CIPRUNNA): durante 2012, la Unidad para las víctimas llevó a cabo las sigu ientes acciones en el marco de este escenario: Remisión a la Secretaría Técnica de la CIPRUNNA de 10 casos de riesgo de reclutamiento, e impulso a la intervención de la CIPRUNNA en el caso del presunto reclutamiento de 12 menores de edad en Puerto Asís (Pu tumayo). Reporte de información del primer cuatrimestre de 2012 sobre las personas en situación de Participación en 19 sesiones para el seguimiento al CONPES y la formulación del Plan de Atención Urgente Putumayo. Entrega de 400 Kits alimentarios tipo D en Sur de Tolima, Meta y Vichada para la realización de Jornadas Pedagógicas, en el marco de la estrategia de prevención en vacac iones. Adicionalmente, la Unidad para las víctimas diseñó la metodología para que las alcaldías municipales elaboren sus respectivos planes de contingencia, mediante los cuales se definen procedimientos, acciones y estrategias, con recursos financieros, h umanos y físicos que guíen a las instituciones locales en la atención de una emergencia humanitaria derivada del conflicto armado. En el marco de los CTJT, la Unidad para las víctimas asesoró técnicamente y acompañó a 87 municipios en la formulación de pla nes de contingencia para la atención de emergencias humanitarias en el marco del conflicto armado (59 municipios de los asesorados estaban focalizados y los 28 restantes respondieron a las necesidades de la dinámica). También, en el ámbito local, la Unid ad para las víctimas comenzó a implementar en 2012 la Estrategia de Promoción de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, que tiene como objetivo promover la protección de los derechos de la niñez y la adolescencia, así como su reconocimiento como sujetos de derechos . Esta estrategia está inspirada en la metodología "Mambrú NO va a la guerra....este es otro cuento", desarrollada por la otrora Alta

43 Reconocimiento , en 63 municipios de 16 departamentos del país, la cual buscaba identificar los socios estratégicos, a saber: instituciones, familias, comunidad y sujetos sociales que se beneficiarán de la misma y realizar una primera lectura de los factores de riesgo, f actores protectores, vulnerabilidades y capacidades de los sitios intervenidos. En esta fase se atendieron 6.268 niños, niñas y adolescentes, 3.689 adultos y 790 funcionarios. Se identificaron los factores de riesgo y factores protectores frente a las amen azas de reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes en cada uno de los municipios focalizados. Durante el 2013 se implementará la segunda fase Sensibilización agenda pública local, en los tres anillos de protección: familia, comunidad y Estado (autoridades locales e instituciones). Esta segunda fase se focalizó en 30 municipios de 8 departamentos del país. Acciones de prevención, atención oportuna e integral y seguimi ento a emergencias humanitarias Con el fin de facilitar la adecuada atención prevención de emergencias humanitarias derivadas del conflicto armado, la Unidad para las víctimas llevó a cabo misiones humanitarias, mediante las cuales funcionarios de la entidad acuden directamente a los municipios para prestar asesoría técnica, participar en CTJT, coordinar acciones para casos puntuales, asesorar la formulación de planes de contingencia, coordinar la atención o seguimiento de emergencias humanitarias, y verificar situaciones de riesgo en las zonas donde se identifica la confluencia de factores que pueden vulnerar la seguridad y derechos de algunas comunidades. Durante 2012 se desarrollaron 795 actividades y misiones humanitarias, de las cuales 528 tuvie ron un enfoque de prevención y 267 de emergencia. De estas últimas, 94 correspondieron a la coordinación local para atender emergencias humanitarias que causaron la salida masiva de personas. Asistencia Entrega de atención hum anitaria a población desplazada Esta medida se paga en efectivo y comprende tres fases: i) inmediata, a cargo de las alcaldías entre el momento en que la víctima informa del hecho a la autoridad competente y la inclusión en el RUV; ii) de emergencia, a cargo de la Unidad para las víctimas a partir del momento en que la víctima queda incluida en el Registro Único de Víctimas y se encuentra en estado de gravedad y urgencia; y iii) de transición, aplicable a personas cuya situación de vulnerabilidad no reviste la gravedad y urgen cia de la fase de emergencia. Esta última es responsabilidad conjunta con el ICBF para el componente de alimentación y de la Unidad para las víctimas para el componente de

44 alojamiento. Durante 2012, ambas entidades acordaron que la primera asumiría ambos c omponentes mientras la segunda alistaba su operación para responder a esta obligación. Durante el 2012 se registraron 86.689 solicitudes de atención humanitaria de emergencia por un valor de $73.285.918.000; se registraron 832.442 solicitudes de atención humanitaria de transición por un valor de $723.739.412.850. En total, se interpusieron 919.131 solicitudes por un valor total de $797.025.330.850. El 100% de las solicitudes de atención humanitaria de emergencia fueron colocadas y el 86% de las solicitu des de atención humanitaria de transición. Debido al aumento en un 17% de las solicitudes frente a 2012, se solicitó una adición de recursos. A pesar de ello, el año se cerró con 118.000 solicitudes de atención humanitaria de transición pendientes de coloc ación; todas correspondientes a las rutas de menor vulnerabilidad de acuerdo con la evaluación de necesidades y capacidades que realiza la Subdirección Red Nacional de Información. A marzo de 2013 estas solicitudes ya fueron colocadas. Finalmente, de todas las solicitudes colocadas, el 87% fueron efectivamente pagadas, el 13% restantes no fueron cobradas por el beneficiario. Entrega de ayuda humanitaria para hechos victimizantes difer entes al desplazamiento forzado Durante el 2012 se entregaron 10.138 sol icitudes de ayuda humanitaria por un valor de $ 11.200.258.800. Apoyo subsidiario a municipios La Unidad para las víctimas, en desarrollo de los principios de subsidiariedad y complementariedad, apoyó a alcaldías con escasa capacidad presupuestal e insti tucional en el suministro de atención humanitaria en especie, en forma de ayuda alimentaria y no alimentaria (kits de albergue, cocina, vajilla, aseo). Estos apoyos tuvieron lugar en la inmediatez de los eventos masivos, cuando aún no se ha surtido la incl usión en el Registro Único de Víctimas. También se entregan para prevenir o mitigar fuentes del riesgo. Durante 2012 se hicieron 54.010 entregas de ayuda humanitaria por valor total de $15.357.356.620, de los cuales $11.119.722.002 (72%) correspondieron a ayuda alimentaria y $4.237.634.618 (28%) a ayuda no alimentaria. Del valor total, $8.225.346.239 (54%) fueron invertidos en intervenciones de tipo preventivo, $6.469.489.774 (42%) en atención inmediata y $662.520.607 (4%) en intervenciones relacionadas c on retornos y reubicaciones.

45 Asistencia funeraria En el marco legal vigente (Decreto 1333 de 1986, Ley 1448 de 2011 y Decreto 4800 de 2011), la inhumación de restos y la asistencia funeraria a las víctimas es responsabilidad de los entes territoriales. La Ley 1408 de 2010 asigna un carácter especial a los familiares de las víctimas de desaparición forzada que resulten identificadas, asignando a la anterior Acción Social, hoy Unidad para las víctimas, la responsabilidad de cubrir para estas personas los g astos funerarios, de desplazamiento, hospedaje y alimentación durante todo el proceso de entrega de cuerpos o restos. Durante 2012, la Unidad para las víctimas, en el marco de sus competencias, definió los lineamientos para que las entidades territoriales determinen la capacidad económica de las víctimas solicitantes de la asistencia funeraria y para hacer seguimiento a la entrega de la misma. Asimismo, respecto de la entrega de cuerpos o restos, ha acompañado estas diligencias brindando atención psicosoci al a los familiares de las víctimas de desaparición forzada. Finalmente, en relación con la reglamentación de la Ley 1408 de 2010, en coordinación con el Ministerio del Interior y la Fiscalía General de la Nación, adelanta la definición de criterios para e l suministro de la asistencia funeraria. El decreto reglamentario y el procedimiento para la entrega de dicha asistencia entrarán en vigencia durante el 2013. Reglamentación de la atención y ayuda humanitaria Las acciones anteriores fueron posibles graci as a los siguientes instrumentos: Protocolo de atención y circular operativa para la atención priorizada de solicitudes de atención humanitaria de transición en casos en donde se identifica situaciones de extrema vulnerabilidad (Resolución No. 1956 del 12 de octubre de 2012). Manual operativo de entrega de la ayuda humanitaria para las víctimas de hechos victimizantes diferentes al desplazamiento forzado (Resolución No. 2349 del 28 de diciembre de 2012). Requisitos y condiciones para brindar el apoyo subsi diario a los entes territoriales en la entrega de la ayuda humanitaria y atención humanitaria establecidas respectivamente en los artículos 47 (parágrafo 1) y 63 de la Ley 1448 de 2011 (Resolución No. 2348 del 28 de diciembre de 2012). Procesos (transitori os) para la entrega de atención humanitaria de acuerdo con la Resolución No. 3069 de 2010 (Resolución No. 2347 del 28 de diciembre de 2012).

46 Reparación integral La reparación individual se entiende como la integración de medidas de indemnización, restitución, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición. No todas las medidas de reparación integral están a cargo de la Unidad para las víctimas. La Ley 1448 de 2011 y el Decreto 4800 de 2011 establecieron competencias en diferentes sectore s del Estado. En este sentido, la labor en reparaciones de la Unidad para las víctimas se ha desarrollado a través de tres tipos de acción de distinta naturaleza: En primer lugar, articula una ruta de reparación integral que permite que cada víctima conoz ca las medidas de reparación a las que tiene derecho y pueda participar activamente en la construcción de su plan de reparación individual. Esto se hace a través de la elaboración conjunta de un Plan Individual de Atención, Asistencia y Reparación Integral (PAARI). En segundo lugar, entrega las medidas que están a cargo directamente de la Unidad para las víctimas o que caben dentro de sus competencias . En particular, la Unidad se hace cargo de la entrega de la indemnización en el marco de un programa de a compañamiento a la inversión adecuada de los recursos, entrega una medida de satisfacción consistente en una carta de reconocimiento y dignificación personalizada a cada víctima y, como medida de satisfacción desarrolla una estrategia grupal de recuperació n emocional dirigida a atender las necesidades emergentes del proceso de reparación. En tercer lugar, con base en el PAARI, la Unidad para las víctimas agencia ante las otras entidades del SNARIV el acceso de las víctimas a otras medidas de reparación. Es decir, coordina y apoya técnicamente a otras entidades del SNARIV nacional y territorial en la implementación de las medidas de reparación a su cargo. En este aparte, sobre reparación individual, se dará cuenta de estas tres actividades desarrolladas por la Unidad para las víctimas. Igualmente, se hará mención a los avances y retos en la implementación de la ruta de reparación integral a víctimas de desp lazamiento forzado.

47 Implementación de la ruta de reparación individual Esta implementación se inició en Medellín en junio de 2012, en un acto que contó con la presencia del Presidente de la República. Esta ruta implica lo siguiente: La construcción de un Plan Individual de Atención y Reparación Integral con participación de las víctimas, en el que se hace una identificación de la necesidad particular de las víctimas frente a cada medida de reparación en sus diferentes componentes, todo esto con enfoq ue psicosocial y diferencial. Entrega de una carta de dignificación personalizada a cada víctima, en la que el Estado rechaza los hechos ocurridos y manifiesta su voluntad de acompañar su proceso de reparación. Entrega de la indemnización y, en caso deci dirlo voluntariamente la víctima, su integración al Programa de Acompañamiento a la Inversión Adecuada de los Recursos de la Indemnización. En el 2012, más del 49% de las víctimas indemnizadas se han acogido a este programa. En la orientación que se realiz a se identifican los temas de interés de la víctima en cuanto a formación técnica, tecnológica o profesional universitaria; creación o fortalecimiento de empresa productiva; adquisición o mejoramiento de vivienda nueva o usada o liberación de hipoteca; o a dquisición de inmuebles rurales. En la elaboración de los PAARI, una vez se han identificado las necesidades y potencialidades de la víctima, se precisan las medidas de reparación acordes a su necesidad actual y que pueden ayudar a la transformación de s u proyecto de vida. Esta identificación posibilita una base de información para que las instituciones que hacen parte del SNARIV definan el diseño e implementación de planes, proyectos y estrategias de atención a las víctimas. Tabla 2. Medidas de reparación y entidades responsables Tipo de medida Medida específica Entidad responsable Indemnización Indemnización Unidad para las víctimas Programa de acompañamiento Unidad para las víctimas Satisfacción Carta de dignificación Unidad para las víctimas Exención del servicio militar obligatorio Ministerio de Defensa

48 Restitución Tierras UGRTD Vivienda Ministerio de Vivienda / Ministerio de Agricultura Empleo Rural y Urbano Ministerio de Trabajo Créditos y Pasivos Bancóldex , Finagro, Fondo Nacional de Garantías, Superintendencia Financiera, Entidades Territoriales Carrera Administrativa Comisión Nacional del Servicio Civil Rehabilitación Psicológica - Física (PAPSIVI) Ministerio de Salud y Protección Social Garantías de no repetición Programas de DDR Ministerio de Defensa, ACR Programas de Protección Unidad de Protección Cátedras para la no repetición Ministerio de Educación Fortalecimiento de la Fuerza Pública Gobierno Nacional Estrategia pedagógica para la acción - Escuela de Reparaciones Unidad para las víctimas Acciones de memoria para la no repetición de los hechos Centro de Memoria Histórica Derecho a la verdad y la Justicia Fiscalía General de la Nación / Rama Judicial Fortalecimiento Desminado Humanitario PAICMA Estrategia de Comunicaciones en DDHH y DIH Ministerio de Comunicaciones La Unidad para las víctimas ha construido con la participación de las víctimas un total de 85.215 PAARI. De

49 estos, se han identificado que 41.318 víctimas desean recibir orientación para invertir adecuadamente la indemnización. 19.601 desean invertir su in demnización en vivienda, 14.242 en una iniciativa productiva, 5.135 en educación y 2.331 en terrenos rurales. De otra parte, se identificó que 39.872 tienen necesidad de recibir atención psicosocial y 8.552 requieren recibir atención médica. Acceso gradu al y progresivo a la r uta y criterios de priorización El acceso a la ruta de reparación es gradual y progresivo, de acuerdo a las metas establecidas en el PNARIV. Esto quiere decir que no todas las víctimas entran simultáneamente a la ruta de reparación i ndividual 5 . Durante el 2012, fueron priorizados para el ingreso a la ruta las víctimas que habían solicitado indemnización bajo marcos normativos anteriores, particularmente en el marco del Decreto 1290 de 2008 y la Ley 418 de 1997 6 . En el marco de la ru ta, estas víctimas acceden no solo a la indemnización que ya establecía el estrecho marco normativo anterior, sino que acceden a la ruta integral desarrollada en el marco de la Ley 1448 de 2011. Para el ingreso a la ruta de reparación individual, en el 20 13 se han adoptado criterios de priorización más amplios que permiten un ingreso escalonado a otras víctimas que han sido incluidas en el RUV, aunque no hayan sido beneficiarias de una indemnización en marcos normativos anteriores. Los criterios de prioriz ación para ingreso a la ruta y que serán adoptados en 2013 son los siguientes ( el orden de enunciado no implica una escala de prioridad entre ellos) : Víctimas que hayan sido remitidas por la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Distrito Judicial para el acceso preferente a programas de reparación; o víctimas que hayan sido remitidas por los Jueces de Restitución de Tierras con la instrucción de acceso preferente a programas de reparación. Víctimas que hayan solicitado indemnización en el marco del Decreto 1290 de 2008 o de la Ley 418 de 1997. Víctimas del conflicto armado con enfermedad terminal diagnosticadas por un médico y acreditadas mediante resumen de la historia clínica, o certificado expedido por un médico adscrito a la entidad pro motora de salud a la que pertenezca la víctima. Víctimas del conflicto armado interno con discapacidad física, sensorial, intelectual, mental o múltiple. Víctimas del conflicto armado interno cuya jefatura del hogar es asumida de manera exclusiva por una mujer 5 CONPES 3726, Tabl a 3: Indicadores generales, pág. 43. Los artículos 17 y 18 de la Ley 1448 de 2011 establecen los principios de gradualidad y progresividad. 6 Esta priorización se definió de acuerdo a lo establecido en el parágrafo 1 del artículo 155 transitorio del Decre to 4800 de 2011.

50 madre de familia que tenga a cargo dos o más niños, niñas o adolescentes y cuyo puntaje en el Sisben no supere los 63 puntos (la revisión del puntaje se realizará al momento de la entrega de la indemnización). Víctimas del conflicto armado interno c uya jefatura del hogar es asumida exclusivamente por una mujer madre de familia que tenga a cargo una o más personas con discapacidad y/o enfermedad terminal. Víctimas de violencia sexual. Víctimas del conflicto armado interno mayores de 60 años y cuyo puntaje en el Sisben no supere los 63 puntos. Niños, niñas y adolescentes víctimas de reclutamiento y utilización ilícita. Víctimas que hagan parte de un sujeto de reparación colectiva que s e encuentre adelantando la ruta del Programa de Reparación Colectiva. Sujetos de reparación colectiva étnicos que cuenten con un plan integral de reparación colectiva que contemple la medida de indemnización, formulado con el acompañamiento de la Unidad pa ra las víctimas. Víctimas del conflicto armado interno que pertenezcan o tengan una orientación o identidad sexual diversa, o LGBTI (Lesbiana, Gay, Bisexual, Transexual, Transgenerista o Intersexual). Niños, niñas y adolescentes que no hayan cumplido la ma yoría de edad, especialmente quienes se encuentren en situación de orfandad o abandono, enfermedad o discapacidad de sus padres . Despliegue territorial de la Ruta de Rep aración Individual durante 2012 La implementación de la ruta de reparación se ha ven ido materializando de manera progresiva en todo el territorio nacional. A continuación un detalle de la implementación mensual de la ruta con la identificación de los departamentos y municipios a los que hemos llegado: Tabla 3. Implementación mensual de la Ruta por departamentos y municipios Mes Dirección Territorial Unidad Departamento Municipio Junio Antioquia Antioquia Medellín Agosto Valle del Cauca Valle del Cauca Tulua Cartago Palmira Buenaventura Cali

51 Septiembre Nariño Nariño Pasto Tumaco Septiembre Meta y Llanos Orientales Meta Villavicencio Granada Septiembre Magdalena Medio Magdalena Medio Barrancabermeja Puerto Berrío Septiembre Santander Santander Bucaramanga Florida Blanca Piedecuesta Girón Octubre Urabá Urabá Apartadó Turbo Octubre Norte de Santander Norte de Santander Cúcuta Ocaña Octubre Córdoba Córdoba Montería Tierra Alta Octubre Cauca Cauca Popayán Santander de Quilichao El Bordó Patía Octubre Chocó Chocó Quibdó Octubre Bolívar Bolívar Cartagena Noviembre Cesar y Guajira Cesar Valledupar Guajira Rioacha Noviembre Sucre Sucre Sincelejo Noviembre Arauca Arauca Tame Arauca Noviembre Centro Bogotá Bogotá Cundinamarca Soacha Boyacá Boyacá Tolima Tolima Noviembre Eje Cafetero Risaralda Pereira

52 Quindío Armenia Caldas Manizales Noviembre Magdalena Magdalena Santa Marta Ariguaní Noviembre Atlántico Atlántico Barranquilla Soledad Noviembre Huila y Caquetá Huila Neiva Caqueta Florencia Noviembre Putumayo Putumayo Puerto Asís Mocoa Valle de Guamez Noviembre Meta y Llanos Orientales Guaviare San José del Guaviare Guainía Inirida Vichada Puerto Carreño Vaupés Mitú Casanare Yopal Amazonas Leticia Ruta de Reparación para niños, niñas y adolescentes que no han cumplido la mayoría de edad La Unidad para las Víctimas de la mano con el ICBF ha trabajado en la construcción conjunta de la Ruta de Reparación Individual para niños, niñas y adolescentes. La ruta tiene dos entradas: los NNA que están en el ICBF y los que llegan por la Unidad para l as Víctimas. Al 15 de marzo se han elaborado 221 PAARI a niños, niñas y adolescentes. Igualmente, se han llevado a cabo en Buenaventura, Medellín y Cúcuta las Jornadas Proyectándonos, en las cuales 78 niños, niñas y adolescentes han recibido talleres de ed ucación financiera, horizonte de vida y toma de decisiones, y a su vez los defensores d familia del ICBF han efectuado un proceso de verificación de derechos.

53 Gráfica 3. Ruta de Reparación Integral para Niños, Niñas y Adolescentes Entrega de medidas a cargo de la Unidad para las Víctimas Carta de dignificación para sujetos de reparación individual Aunque esta no es una medida contemplada explícitamente en la ley, fue diseñada por la Unidad para las Víctimas como una medida de satisfacción. Se trat a de una carta personalizada, firmada por la Directora General de la entidad que manifiesta el rechazo del Estado a lo ocurrido y su decisión de garantizar el derecho a la reparación. Esta carta se entrega con un protocolo particular que haga la entrega so lemne y dignificante. Esta medida ha tenido un impacto muy positivo en las víctimas que la han recibido. Estrategia de recupe ración emocional a nivel grupal La estrategia hace parte del programa de acompañamiento a la reparación integral. Se estructura sobre la revisión del el contexto del conflicto a rmado. Busca que estas personas no sean percibidas por ellas mismas, o por quienes

54 trabajan con ellas, solo como un sujeto pasivo de la asistencia del Estado, sino como agentes activos de su reparación y de su recuperación. Las personas que hacen parte de esta estrategia son aquellas en cuyos PAARI se ha definido que requieren recuperación psicosocial. También podrán participar de esta estrategia aquellas personas o familiares que aún no han sido inscritas en el RUV o que por condición de su victimización, no fueron registrados. Las sesiones grupales son espacios en donde se hace manifiesto un sentido colaborativo por la presencia de diferentes personas en un escenario reflexivo, generativo y solidario, que a partir de esta apuesta buscará dar lugar a la re Algunos criterios considerados al momento de conformar el grupo son: ciclo vital, condiciones de género teniendo y, de manera gradual y progresiva, s e tendrá en cuenta el hecho victimizante. Los grupos están conformados por 15 participantes y se realiza 9 sesiones semanales de 2 horas de duración cada una. En el 2012 se ofreció esta estrategia a 1.869 personas y 586 acudieron al desarrollo de la mism a. Se implementaron talleres en 23 ciudades. Con ello, se ha logrado posicionar a la Unidad para las Víctimas como un espacio institucional para atención a víctimas en materia de atención psicosocial. Tabla 4. Implementación de talleres de la estrategia de recuperación emocional en 2012 Ciudad Personas convocadas Personas atendidas Asistencia Cúcuta 73 11 20% Bucaramanga 181 32 17% Puerto Berrío 59 23 38% Bogotá 73 19 26% Cali 278 92 33% Medellín 60 31 51% Buenaventura 60 28 46% Villavicencio 114 78 68%

55 Mocoa 155 16 10% Pasto 208 72 34% Barrancabermeja 31 6 19% Santa Marta 97 19 19% Manizales 32 15 46% Pereira 75 6 8% Popayán 34 0 0% Quibdó 63 25 39% Montería 112 67 59% Armenia 82 28 34% Soacha 40 6 15% Tunja 42 12 28% Total 1.869 586 31% Además, en aras de promover la transversalización del Enfoque Psicosocial, la Unidad para las Víctimas desarrolló un proceso de territorialización del enfoque, en donde capacitó a 331 funcionarios y servidores de la propia entidad 7 , quienes tienen atención directa con las víctimas, en 13 Direcciones Territoriales de las 20 existentes. Este proceso estuvo enfocado en temáticas que permiten i) el entrenamiento en la incorporación del enfoque psicosocial de la Acción sin daño; ii) el c onocimiento de las directrices del Equipo Psicosocial; y iii) la identificación de los retos de la Unidad en el territorio. Si en cualquier espacio de interacción los profesionales psicosociales identifican que alguna persona requiere atención psicológica individual o interconsulta con psiquiatría debido a un estado emocional desbordado por la presencia de los hechos victimizantes, se remiten al MSPS a través del Formato de Remisión a Víctimas para Rehabilitación, el cual fue diseñado para tal fin. 7 De los capacitados 196 fueron mujeres 135 hombres.

56 Indemnización administrativa A diciembre 2012, la Unidad para las Víctimas alcanzó a girar 157.013 indemnizaciones. Esta cantidad superó la meta establecida en el CONPES 3726 en el cual se plasmó como objetivo indemnizar a 110.380 víctimas del conflicto a rmado interno. Tabla 5. Indemnización administrativa a víctimas por departamento 2012 Departamento de giro No. de víctimas Inversión Amazonas 25 $ 110.506.500,00 Antioquia 49.252 $ 280.591.342.484,53 Arauca 3.188 $ 18.024.750.003,20 Atlántico 2.181 $ 11.478.027.323,40 Bogotá, D.C. 3.913 $ 23.327.262.354,88 Bolívar 2.481 $ 14.830.986.378,80 Boyacá 828 $ 4.759.290.591,60 Caldas 1.882 $ 11.780.206.047,20 Caquetá 5.405 $ 30.897.868.753,20 Casanare 2.067 $ 12.938.818.324,40 Cauca 8.267 $ 50.590.054.934,56 Cesar 5.922 $ 33.185.364.183,62 Chocó 1.396 $ 7.868.965.652,80 Córdoba 4.710 $ 24.786.240.884,40 Cundinamarca 1.444 $ 8.863.836.428,40 Guaviare 1.076 $ 6.697.095.815,80 Huila 3.475 $ 18.585.825.643,80 La Guajira 1.577 $ 8.925.628.991,20 Magdalena 4.292 $ 23.995.246.511,12

57 Meta 7.581 $ 43.935.322.301,56 Nariño 5.685 $ 37.020.864.404,28 Norte de Santander 5.617 $ 35.170.721.470,00 Putumayo 5.201 $ 31.708.154.521,20 Quindío 1.155 $ 6.588.364.816,80 Risaralda 3.229 $ 17.444.432.857,60 Santander 9.867 $ 55.097.675.526,60 Sucre 1.968 $ 9.857.984.398,73 Tolima 3.430 $ 20.304.369.576,76 Valle del Cauca 9.838 $ 62.753.329.420,37 Vaupés 14 $ 130.746.757,20 Vichada 47 $ 261.359.773,20 Total general 157.013 $ 912.510.643.631,14 A marzo 15 de 2013, se presenta la distribución por sexo, tanto de las indemnizaciones como de los planes individuales de reparación integral (parte del PAARI), es aproximadamente de 63% mujeres y 37% hombres. Tabla 6. Distribución por sexo de indemnizaciones y planes individuales de reparación integral Tipo Cantidad Mujeres 54181 Hombres 31034 Personas con discapacidad 1173 Afro/negro 2649 Indígena 728 Lgbti 103 Una de las dificultades que se presentaron durante el 2012 consistió en la devolución de un porcentaje de los giros de indemnización debido a que las víctimas habían cambiado su lugar de residencia, no pudieron ser contactadas para hacer efectivo el pago, o por errores en los sistemas de informació n. Para los giros no cobrados efectivamente se ha desarrollado una fuerte campaña para la reprogramación de estos giros no cobrados.

58 Encargo fiduciario p ara niños, niñas y adolescentes En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 1448 y en el Decreto 4800 de 2011, la Unidad para las Víctimas evaluó las posibilidades jurídicas para la constitución del encargo fiduciario (régimen de contratación aplicable, procedimiento, condiciones) y las posibilidades presupuestales para el pago de los gastos de constitución y administración del mismo. Sobre la base de la información obtenida se inició el proceso de contratación de una sociedad fiduciaria que concluyó con la adjudicación del encargo a la Fiduciaria Bancolombia. En consecuencia, se constituyó encargo fiduciar io a favor de 7.052 niños, niñas y adolescentes, por monto de $39.971.763.641. Para la notificación de lo anterior se realizaron en diciembre de 2012 nueve jornadas en igual número de municipios en los que se encontraban ubicados el mayor número de NNA que cumplirían la mayoría de edad en 2013. En esas jornadas se realizó un taller de educación financiera y de proyecto de vida, un taller psicosocial, además de la formulación del Plan Individual de Reparación Integral y la explicación de la entrega de su ind emnización a través del encargo fiduciario al cual podrán acceder cuando alcancen la mayoría de edad. Con estas jornadas se atendieron a 123 personas. Programa de acompañamiento a la inversión adecuada de los recursos Durante el 2012 desde el Programa de Acompañamiento a la Inversión Adecuada de Recursos, se orientaron los esfuerzos en dos sentidos: i) ampliación y flexibilización de la oferta; y ii) educación financiera para el uso adecuado de los recursos. Así, en pr imer lugar se buscó ampliar y flexibilizar la oferta en materia de inversión de recursos para las víctimas. Entre los logros obtenidos se encuentran: Convenio interadministrativo marco entre la Unidad para las Víctimas y la Asociación Colombiana de Univer sidades (ASCUN), con el propósito de intervenir en la asistencia y reparación integral a las personas víctimas, a través de acciones que vinculen a la academia (docencia, investigación y servicio social), en todas las medidas y dimensiones de la reparación integral. Acuerdo con el ICETEX para la suscripción de un convenio para generar oportunidades de inversión en educación superior y promover el acceso y permanencia de las víctimas en la misma.

59 Talleres de sensibilización en universidades públicas y privadas, realizados por la Unidad para las Víctimas y el Ministerio de Educación Nacional, para dar a conocer el alcance del programa de acompañamiento y las estrategias diferenciales de atención lideradas por este Ministerio en el nivel de educación supe rior. De otro lado, para el segundo componente (brindar herramientas a las víctimas para el uso adecuado de sus recursos a través de talleres de educación financiera), en el 2012 se realizaron acercamientos con el SENA, Fondo Nacional del Ahorro y Banca d e Oportunidades con el propósito de definir los contenidos de dichos talleres. Como resultado, se dictaron dos talleres pilotos en Bogotá y Arauca, este último en el marco del cumplimiento de la sentencia judicial (Bloque Vencedores de Arauca). Sobre el mi smo asunto, con el Banco Agrario se acordó el desarrollo de talleres de educación financiera para la vigencia 2013 dirigido específicamente a niñas, niños y adolescentes. Implementación de la ruta de reparación integral a víc timas de desplazamiento forzad o Durante el 2012, la Unidad para las Víctimas lideró un proceso de concertación interinstitucional de una ruta de reparación integral a las víctimas de desplazamiento forzado. En el esquema definido la primera medida, que permite el tránsito de un proces o de asistencia a un proceso de reparación, es la restitución de la libertad de locomoción y residencia, a través del retorno o reubicación. La reparación se da en el marco de un proceso conducente a la superación de la condición de vulnerabilidad 8 derivad o del hecho del desplazamiento y consta de diferentes medidas, entre las cuales se destaca la restitución de tierras (a cargo de la UGRTD y los jueces de restitución) 9 . El gráfico siguiente muestra el enfoque conceptual de la ruta: 8 , en desarrollo del artículo 67 y 68 de la ley 1448 de 20 11 y se encuentra en curso el proceso para realización del pilotaje. 9 En la actualidad el Gobierno Nacional adelanta un piloto de restitución administrativa en el oriente antioqueño. De acuerdo a los resultados del proceso se emprenderá una política más amplia de restitución de tierras por esta vía.

60 Gráfico 3. Enfoque conceptual de la ruta de reparación integral a víctimas de desplazamiento forzado En la actualidad se encuentran implementados algunos componentes de la ruta integral. Dentro de ella, la Unidad para las Víctimas tiene como competencias directas: i) articular la oferta a través de la formulación de PAARI; ii) focalizar hogares para atenc ión en el proceso de retornos o reubicaciones a través de su oferta directa o la prestada por el DPS a través del Programa Familias en su Tierra (FEST). Antes de entrar en los componentes de responsabilidad específica de la Unidad para las Víctimas, se ha rá una mención especial al tema de indemnización para víctimas de desplazamiento forzado. Indemnización a víc timas de desplazamiento forzado Según lo establecido en las normas, la indemnización puede darse en dinero y en especie: subsidio integral de tie rras (Incoder), permuta de predios (Incoder), adquisición y adjudicación de tierras (Incoder), subsidio de vivienda de interés social rural (Banco Agrario) y urbano (Ministerio de Vivienda y Fonvivienda). La indemnización es de 17 salarios mínimos legales mensuales y se da a través de un monto adicional, en dinero o en especie, adicional al que accedería cualquier ciudadano 10 . Así, la indemnización a víctimas de desplazamiento forzado no es una competencia principal de la Unidad para las Víctimas, lo cual se corrobora al analizar la asignación de recursos para indemnización a desplazados en el 10 Al respecto ver el reporte de cada una de estas entidades sobre el tema.

61 PNARIV (CONPES 3726). Los recursos fueron programados y asignados en modalidad de vivienda en un rubro de 6.915 billones a diez años 11 . Así, se preveía que, a través d e esta programación, los hogares desplazados recibirían 17 salarios adicionales al subsidio ordinario de vivienda que podría recibir cualquier hogar que no fuera víctima. Estos 17 salarios en especie (vivienda) constituyen la indemnización a víctimas de de splazamiento y el cierre financiero para hogares desplazados que accedieran a una vivienda. Posteriormente, con la expedición de la Ley de Vivienda, Ley 1537 de 2012, se definió que el subsidio de vivienda de interés prioritario tendría cierre financiero para cualquier hogar, aunque no fuera víctima. Por tal razón, ha sido necesario volver a realizar el ejercicio de programación presupuestal y de modalidad de entrega de la indemnización. Este proceso está en curso y pendiente de una definición interinstitu cional liderada por la Unidad para las Víctimas, en asocio con DNP y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. En todo caso, los 17 salarios a título de indemnización serán adicionales a la vivienda que reciban los hogares desplazados en desarrollo de l a Ley 1537 de 2012. Así ha sido discutido y validado en el Subcomité de indemnización administrativa 12 . Excepcionalmente, la Unidad para las Víctimas podrá entregar indemnización administrativa en el marco de un programa de acompañamiento cuando el núcleo familiar no acceda a los medios previstos en la ley, o hayan accedido parcialmente al monto de la indemnización definido para este hecho victimizante. Al momento tal modalidad no se ha activado debido a que, como se explicó, los recursos de indemnización de desplazados no fueron asignados a la Unidad para las Víctimas sino al sector vivienda. Sin embargo, excepcionalmente, y debido a acciones de tutelas interpuestas en contra de la Unidad para las Víctimas, por orden judicial la entidad ha pagado 13 indemn izaciones a hogares desplazados, usando recursos del Fondo para la Reparación de las Víctimas, fuente Presupuesto General de la Nación. En todo caso, de acuerdo a la ruta antes expuesta, la indemnización en el marco de un programa de acompañamiento o en e specie, se focalizará, en el marco de los principios de gradualidad y progresividad, a los hogares que se encuentren retornados o reubicados, hayan alcanzado condiciones de subsistencia mínima, se encuentren en procesos de superación de su condición de vul nerabilidad. De esta manera, se garantizará el 11 CONPES 3726, Tabla 1, Actualización de costos asociados a las medidas del Plan de Financiación de la Ley 1448 de 2011, línea indem nización vivienda, pág. 36. 12 De acuerdo a la Ley 1537 y su decreto reglamentario 1921 de 2012, la meta de las 100.000 viviendas con cierre financiero prio rizará a hogares víctimas de desplazamiento en mayores condiciones de vulnerabilidad. La focalizació n ha sido desarrollada por un Comité Técnico liderado por el Departamento de Prosperidad Social, con participación de la Unidad para las Víctimas, la Agencia Nacional para Superación de la Pobreza Extrema (ANSPE) y el Ministerio de Vivienda.

62 mantenimiento de la diferencia conceptual y teleológica entre asistencia y reparación, definida por la Corte Constitucional. Articulación de oferta a través de los Planes de Reparación Individual En cuanto a la primera competencia directa de la Unidad para las Víctimas en el marco de la reparación a los desplazados, esta es, la consistente en articular la oferta de las medidas de reparación, a partir de 2013 la entidad formulará los PAARI a los hogares despla zados focalizados para el proceso de retornos o reubicaciones. La reparación de las víctimas focalizadas por la UGRTD para el proceso judicial de restitución de tierras se rige por lo que se defina en la sentencia de restitución, brindando acceso complemen tario a otras medidas que no sean por la sentencia y que la ley establezca 13 . Coordinación de acciones para acceso a esquemas de acompañamiento en pr ocesos de retorno y reubicación La estrategia de retornos y reubicaciones que venía desarrollando Acción Social se ha fortalecido en el marco de una acción por la reparación integral. Se trata de una estrategia de coordinación interinstitucional orientada a brindar condiciones dignas y s eguras para aquellos colombianos que luego de haber sufrido el desplazamiento forzado a causa del conflicto armado, decidieron regresar a sus tierras voluntariamente o se establecieron en un lugar diferente al de su expulsión. La estrategia está direccio nada a la intervención integral de las comunidades retornadas o reubicadas a partir de 14 elementos del retorno la reubicación 14 , a partir de un modelo de atención gradual a todo hogar identificado y caracterizado por las entidades territoriales, en donde la atención inmediata a dichos sujetos se dirija al acceso universal de los mínimos básicos de atención en salud, educación, vivienda, alimentación, atención psicosocial, identificación, reunificación familiar y orientación ocupacional. Una vez verificado el avance en el acceso de la población retornada o reubicada a los mínimos básicos de atención y probado que gozan de la garantía de los mismos, se integrarán a la atención los elementos de tierras, servicios públicos básicos, vías y comunicaciones, seguri dad alimentaria, ingresos y trabajo y organización social. 13 La Unidad p ara las Víctimas ha firmado un Convenio con la UGRTD que permite la complementariedad de la oferta a favor de las personas qu e reciban restitución de tierras despojadas o abandonadas forzadamente. 14 Artículo 75 del Decreto 4800 del 2011.

63 La herramienta fundamental para este fin es la formulación y aprobación de planes de retorno o reubicación , instrumentos de cobertura municipal que buscan responder de manera armónica a las neces idades de sostenibilidad de procesos de retorno o reubicación. Durante el 2012 se formularon 26 planes de retorno o reubicación para los departamentos de Antioquia, Cesar, Tolima, Magdalena y Sucre. Adicionalmente, la Unidad para las Víctimas gestiona rec ursos como acciones interinstitucionales en diversos escenarios de coordinación: CTJT, Subcomités Técnicos del SNARIV, mesa de retornos liderada por el Ministerio de Defensa, entidades privadas o de cooperación internacional. La Unidad para las Víctimas t ambién focaliza y ofrece medidas de acompañamiento específico hogar por hogar 15 . Las acciones desarrolladas para la implementación de los esquemas fue la siguiente: Para los hogares retornados o reubicados de manera colectiva, el programa Familias en su Ti erra (FEST), operado por el DPS. Para este programa, la Unidad para las Víctimas focaliza a los hogares para su inclusión. FEST se inició en enero del 2012 con la vinculación de 14.594 hogares retornados o reubicados, focalizados en 54 municipios de 16 dep artamentos. Los hogares son beneficiarios de un acompañamiento comunitario durante 24 meses y la entrega de incentivos condicionados que permitan abordar los componentes de seguridad alimentaria y flujo de caja, reducción de carencias básicas habitacionale s y promoción de una idea productiva. En el proceso que se realizó en el 2012, FEST está acompañando 17.176 hogares los cuales están focalizados en 53 municipios y 15 departamentos. La Unidad para las Víctimas estructuró en el 2012 e implementará en el 20 13, otra iniciativa de esquemas especiales de acompañamiento para complementar la atención en procesos colectivos de retorno o reubicación así como en familias que en forma individual se han reubicado o retornado. En este sentido, se han definido dos modal idades de intervención. La primera de ellas denominada Proyectos Dinamizadores, cuyo objetivo es habilitar en forma rápida el adecuado funcionamiento de la infraestructura social y comunitaria para familias que integran procesos de retorno o reubicación co lectivos. La segunda, denominada Acompañamiento a Retornos y Reubicaciones Individuales, tiene como objetivo brindar atención complementaria a familias en dos componentes fundamentales: a) reducción de carencias habitacionales y b) 15 Acción Social, desde el 2009, había identificado 69.825 hogares que habían retornado sin ningún acompañamiento del Estado. Estos hogares fueron focalizados para el desarrollo de un plan en tres fases o grupos para la atención y había llevado a cabo el proceso de levantamiento o actualización de listados censales y verificación de necesidades a partir de la construcción participativa de los denominados Planes de Ret orno o Reubicación. Los 69.825 hogares se encuentran ubicados en 1.916 veredas de 227 municipios en 2 5 departamentos.

64 fortalecimiento a la gen eración de ingresos. Estos contribuyen fundamentalmente en la estabilización de las familias en los territorios al tiempo que se adelantan las gestiones para articularlos a la oferta del SNARIV. Por último, la Unidad para las Víctimas firmó convenios int eradministrativos para fortalecer la capacidad de respuesta institucional y local para la sostenibilidad de procesos de retornos y reubicaciones . Un primer convenio con la Cooperative Housing Foundation CHF (Fundación para la Vivienda Cooperativa) para la atención a 250 hogares a retornar de manera individual y ubicados actualmente en Medellín. Un segundo convenio con la Alcaldía de Medellín y el Colegio Mayor de Antioquia para el apoyo al proceso de retorno o reubicación de 195 hogares (772 indígenas Ember a que actualmente residen en Medellín) a los municipios de de vivienda, generación de ingresos y atención psicosocial a 320 familias retornadas de dicho municipio. Principales resultados en gestión en coordinación y apoyo técnico a entidades del SNARIV La Unidad para las Víctimas también asesoró técnicamente a entidades del SNARIV en aras de lograr mejores resultados como Sistema. Además de las mencionadas a lo largo de este capítulo, se destacan las siguientes: Tabla 7. Asesoría Técnica a entidades del SNARIV Medida Entidad a cargo Aportes de parte de la Unidad para las Víctimas Satisfacción. Exención del servicio militar obligatorio Ministerio de Defensa Protocolo de exención del servicio militar y desacuartelamiento : desarrollado conjuntamente con el Ministerio de Defensa. Ya se encuentra en implementación. Gracias al subcomité de medidas de satisfacción se adelantaron acciones en favor de la exención para las víctimas del pago de la libreta y las multas. Rehabilitación individual Ministerio de Salud y Protección Social Ciclo de formación virtual: desarrollado por el MSPS con el apoyo de la Unidad para las Víctimas, abordando temáticas como: graves violaciones a los DDHH e Infracciones al DIH, Ley 1448 de 2 011, PAPSIVI, atención a víctimas con enfoque psicosocial, y formación, autocuidado y misión médica. Tuvo una duración de 10 horas, distribuidas en 5 sesiones y estuvo dirigido a 169 funcionarios con competencia en la atención, asistencia y reparación inte gral a las víctimas.

65 Apoyo a l proceso de construcción participativa del PAPSIVI en los espacios de participación construidos para las víctimas y en desarrollo de la implementación del protocolo de participación. Seguimiento a la implementación del PAPSIVI a través del estudio sobre la trazabilidad de la atención en 20 casos seleccionados para la rehabilitación física, mental y la recuperación psicosocial. Elaboración y difusión del documento Directrices del Enfoque Psicosocial para la Atención, Asistencia y Reparación Integral a las Víctimas . Restitución de tierras UGRTD y Jueces de Restitución de Tierras Convenio interadministrativo con la UGRTD para articulación en registro, sistemas de información y seguimiento y fortalecimiento de articulación para el cumplimiento de fallos de restitución. Restitución de empleo Ministerio de trabajo Se realizó conjuntamente con el Ministerio del Trabajo la focalización para el piloto de restitución de empleo. Restitución de Créditos Bancóldex El 28 de febrero de 20 13, se suscribió con Bancóldex un convenio para poner a disposición de las víctimas del conflicto una línea especial de crédito a fin de reactivar la actividad económica de las víctimas en los sectores de industria, comercio y servicios exceptuando el sect or agropecuario. B. ENFOQUE DIFERENCIAL Y PERSPECTIVA DE GÉNERO En materia del enfoque diferencial se muestran los siguientes avances, los cuales son adicionales a los que se encuentran a lo largo del documento como la ruta de atención, asistencia y reparación integral para los niños y adolescentes: Elaboración del protocolo de asistencia, atención y orientación acorde con las características propias de cada grupo de enfoque diferencial, por cada hecho victimizante. Definición de lineamientos para la inclusión del enfoque diferencial en la elaboración de los planes de contingencia. Elaboración de la propuesta del Modelo de operación de la Unidad para las Víctimas con Enfoque Diferencial. Construcción de la ruta concertada para el retorno y reubica ción dirigida a los grupos étnicos, de manera

66 que la participación de las autoridades legítimas y propias sean las protagonistas y garantes para el desarrollo de estos procesos. Consolidación de la primera fase de la ruta concertada de retornos y reubicaci ones, acompañamiento y lineamientos del retorno del pueblo Embera Chamí a los resguardos indígenas ubicados en los municipios de Pueblo Rico y Mistrató (Risaralda). Acercamiento con el pueblo Embera Katío del Chocó para concertar su retorno a los resguardo s indígenas ubicados en el Alto Andágueda, en Bagadó, Chocó y con las víctimas desplazadas por la masacre de Portete (Abril de 2004) incluidas las víctimas Wayúu de Portete para iniciar el diálogo político articulado con la Autoridad propia de Portete, sus voceros y líderes, y la Unidad. Se construyeron 22 diagnósticos participativos en los departamentos Antioquia, Bolívar, Sucre, Nariño, Cesar y Cauca en el marco de la construcción de los planes específicos Atención a población a las Víctimas de Desplazami ento Forzado pertenecientes a la Comunidad Negra, Afrocolombiana, Raizales y Palenqueras en coordinación con el Ministerio del Interior. Definición de los lineamientos con enfoque diferencial para la adecuación y construcción de Centros Regionales consider ando aspectos como espacios físicos propios, personal idóneo y capacitado, traductores con manejo y reconocimiento de las comunidades étnicas potenciales para la atención y orientación. Se adelantaron acciones en el marco de la formulación del CONPES para las mujeres víctimas del conflicto armado, el cual tendrá como propósito que las mujeres víctimas gocen efectivamente de sus derechos, de tal manera que se reconozcan sus graves y partic ulares afectaciones. Esta labor se ha desarrollado con el apoyo de la Alta Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer y del Departamento Nacional de Planeación. El documento se está estructurando de acuerdo con 3 ejes problemáticos: i) la vulnerab ilidad exacerbada de las mujeres en cuanto son víctimas de graves y particulares formas de violencia en el marco del conflicto armado; ii) la discriminación que han sufrido las víctimas, distancia a las mujeres del goce efectivo de garantías legales e incr ementa la barreras para el acceso a la justicia debido a que los entornos y las prácticas socioculturales desconocen a las mujeres víctimas como sujetas de derechos; y iii) los problemas que deben enfrentar las mujeres víctimas respecto al acceso a la aten ción y reparación de sus derechos. Ajustes al FUD para la incorporación del componente diferencial en el Registro Único de Víctimas con variables individuales y colectivas de cara a la caracterización y valoración de los grupos diferenciales. Capacitación y socialización de los lineamientos de política pública con enfoque diferencial y Decretos étnicos a la Organización de Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (OPIAC), funcionarios de la

67 Fuerza Aérea Colombiana, Defensoría del Pueblo, Federación Naci onal de Personeros, Personería de Bogotá, entre otras. Capacitación a funcionarios de Registro sobre las dinámicas de daños y afectaciones por cada grupo étnico. Diseño de Indicadores de Goce Efectivo de Derechos (IGED) con enfoque diferencial para mujeres , personas mayores, personas en condición de discapacidad, niñez y juventud y avances en los indicadores para poblaciones Afrocolombiana, Raizal y Palenquera. Estrategias de divulgación y comunicaciones para la promoción de los derechos de las víctimas per tenecientes a los grupos de especial protección constitucional, como las contenidas en el documento de difusión de las medidas de atención y reparación denomi Para el caso del pueblo gitano o Rrom, la priorización se desarro lló en el marco del espacio nacional con todos los representantes, quienes bajo criterios de vulnerabilidad, exposición al riesgo y frecuencia e intensidad de hechos victimizantes sobre una comunidad o individuo lograron realizar la reparación colectiva de todo el pueblo y priorizaron para dar inicio con cuatro kumpany: Atlántico, Sucre y Córdoba (Sam pues, San Pelayo, Sahagún y Sabana larga), procesos que ya están en alistamiento con corte al diciembre 31 de 2012. Procesos articulados con la Subdirección d e participación, entidades del SNARIV y Reparación Colectiva. Retos Instrumentalización, implementación y ajuste en territorio, del Modelo de Operación de la Unidad para las Víctimas con enfoque diferencial. Culminación, publicación, implementación, seguimiento y evaluación del contenido del documento CONPES para las mujeres víctimas del conflicto armado. Puesta en marcha del Plan Integral bajo la premisa de cumplimiento de las órdenes proferidas por la Honorable Corte Constitucional, como planteamien to esencial que contribuya a la superar el estado de cosas inconstitucional. Consolidar la identificación, formulación y medición de indicadores de goce efectivo para grupos étnicos en tanto sujetos colectivos de derecho. Avanzar en la identificación, form ulación y aplicación de variables y criterios para la medición del impacto social y económico de la Ley de Víctimas a través de presupuestos diferenciales dirigidos a sujetos de especial protección constitucional y jurisprudencial.

68 C. REPARACIÓN COLECTIVA E n la implementación del Programa de Reparación Colectiva son distintas las responsabilidades de las entidades del SNARIV. La Unidad para las Víctimas es responsable del proceso de identificación, por demanda, de los sujetos de reparación colectiva, lo que hace a partir de una serie de criterios, entre los que se encuentran el grado de victimización, la vulnerabilidad socio económica, la existencia de procesos de restitución de tierras, retorno o reubicación o de un informe de memoria. También, adelanta el a cercamiento que es el contacto con el sujeto de reparación colectiva que se ha identificado y la invitación a hacer parte del programa de reparación colectiva. La Unidad es también responsable de la etapa de alistamiento, en su doble dimensión: comunitaria e institucional. En la perspectiva comunitaria se busca que el sujeto de reparación tenga absoluta claridad respecto a la Ley, los Decretos Ley, y la reparación colectiva y sus alcances. Es también el momento de establecer de común acuerdo las reglas del juego, los tiempos, los lugares de encuentro y el mecanismo de toma de decisiones. Se crea el Comité de Impulso como instancia decisoria a lo largo del proceso. En la perspectiva institucional se trata de anunciar a las entidades de los distintos niveles t erritoriales el inicio del proceso de reparación colectiva, con el propósito de integrarlas en sus procesos de planeación física y presupuestal y se sumen desde el principio para dar sentido de realidad al ejercicio. Con posterioridad al alistamiento, baj o el liderazgo de la Unidad para las Víctimas, se inician las jornadas de diagnóstico del daño. En ellas se busca establecer con claridad los hechos ocurridos, los derechos vulnerados, los patrones de victimización (si los hay), y el impacto de los hechos sobre la comunidad, la organización o el grupo. Este ejercicio es el núcleo de la reparación colectiva, aquí se sintetiza el enfoque de daño de todo el proceso, y es el fundamento para la realización del respectivo plan. En el diagnóstico del daño es impor tante la participación de las entidades del SNARIV responsables de temas que permiten precisar el diagnóstico desde las perspectivas territorial, ambiental, socioeconómica, cultural, entre otros. La formulación del plan de reparación se hace también bajo la coordinación de la Unidad para las Víctimas. En este quedan consignadas las medidas que de acuerdo con la comunidad, organización o grupo, enmiendan o resarcen el daño identificado. También se fijan las entidades responsables de la implementación de ca da medida y se hace un costeo preliminar. En esta fase se da la coordinación operativa si el sujeto adelanta un proceso de retorno o reubicación. El plan es aprobado por el Comité Territorial de Justicia Transicional. El plan de reparación contiene medidas de rehabilitación, restitución, indemnización, satisfacción y garantías de no repetición. Son medidas de responsabilidad de la Unidad para las Víctimas la rehabilitación comunitaria; la

69 indemnización de grupos étnicos; la coordinación de los procesos de r etorno o reubicación y medidas de satisfacción y garantías de no repetición que no estén a cargo de otras entidades. Las demás medidas están a cargo de las distintas entidades del SNARIV de conformidad con la competencia sectorial y territorial de cada una de ellas. La Unidad gestiona con ellas el cumplimiento del plan. Avances en la implementación de la ruta de reparación colectiva La Unidad para las Víctimas ha desarrollado las siguientes acciones de carácter general para la implementación de la ruta de reparación colectiva. CONPES 3726. Inclusión del acápite sobre reparación colectiva en el CONPES 3726 de 2012, lo que permitió precisar el alcance del Programa de Reparación Colectiva, pero sobre todo, asignar recursos específicos para su ejecución. Ide ntificación. Realización del primer ejercicio de identificación de sujetos de reparación colectiva para la implementación del Programa por oferta, a través de la consulta de ejercicios de georeferenciación de hechos victimizantes, informes e investigacione s de graves y manifiestas violaciones a los DDHH e infracciones al DIH y articulación de oferta institucional, lo que permitió dar inicio a la implementación de la ruta. Para los casos étnicos los criterios de identificación incluyeron variables como los A utos de la Corte, la existencia de medidas de protección o medidas cautelares o el riesgo de extinción. Diseño del módulo de registro de sujetos colectivos. Se diseñó la ruta de registro de sujetos de reparación colectiva, el formato único de declaración y los criterios de valoración, los cuales fueron aprobados por el Comité Ejecutivo. Herramientas metodo lógicas de la ruta. Durante 2012, la Unidad para las Víctimas definió unas metodologías para la realización de cada una de las fases. Hoy cuenta con una batería de instrumentos para la identificación, el acercamiento, el alistamiento y el diagnóstico del d año, que permitirán que durante los años sucesivos el proceso de reparación colectiva en el país, independientemente de quien lo adelante, cuente con unos mínimos comunes.

70 Reparación c olectiva por vía administrativa Se continuó trabajando los casos de reparación colectiva adelantados anteriormente por la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR), referentes a las comunidades de El Salado, El Tigre, Libertad, La Gabarra, y Buenaventura; la Asociación de Campesinos Trabajadores del Carare ATCC; y la Universidad de Córdoba. Para los casos de El Salado, Libertad, El Tigre y ATCC, se aprobaron los planes de reparación colectiva en los respectivos CTJT. Para el caso de la Universidad de Córdoba se estudió el plan de reparación en el Subcomité de Reparación Colectiva y se presentó ante el Consejo Superior Universitario el cual lo reconoció mediante el acta del 6 de febrero de 2013. Tabla 8. Casos de reparación colectiva Fase Cantidad Listado Casos en acercamiento 9 Periodistas, Unión Patriótica, defensores y defensoras de derechos humanos, movimiento sindical, Organización Femenina Popular, San Francisco, Granada, Las Palmas, comunidad Awá de Tortugaña y Telembí Casos con diagnóstico del daño formulado 7 Asociación Nacional de Mujeres Campesinas e Indígenas de Colombia ANMUCIC - , Narrar para Vivir, San Carlos, Puerto López, Pueblo Bello, La Pola, La Palizua Casos con plan formulado 4 La Gabarra, Comunidades Negras de Buenaventura, Libertad, Universidad de Córdoba Casos en Plan de Retorno 3 Comunidad Wayuú de Portete, Embera Katío del Alto Andágueda, Embera Chamí de Risaralda (Pueblo Rico y Mistrató) Casos con plan aprobado por CTJT o Unidad para las Víctimas 5 El Tigre, El Placer, Asociación de Trabajadores Campesinos del Carare ATCC - , El Salado, Kitek Kiwe de Toribío En estos casos se implementaron algunas medidas de reparación colectiva incluidas en estos planes tales como un programa de fortalecimiento o rganizativo (El Salado), actividades para la reconstrucción del tejido social

71 (Libertad y ATCC), apoyo a un proyecto productivo (El Salado) y apoyo al Festival de la Vida (La Gabarra). Adicionalmente, se gestionaron compromisos institucionales entre los cu ales se destacan: construcción de Centros de Desarrollo Infantil por parte del ICBF y la Alta Consejería para Programas Especiales (El Tigre y Libertad), implementación de las medidas relativas a memoria (El Tigre, El Salado y ATCC) y ejecución del Program a ReSa para toda la población (Libertad). Adicionalmente, la Unidad inició la implementación del Programa de Reparación Colectiva con los sujetos de reparación colectiva que se enuncian a continuación, con los siguientes avances: Asociación de Mujeres Campesinas e Indígenas del Zulia (ANMUCIC Capítulo El Zulia). Se logró la formulación del plan de reparación colectiva con participación comunitaria. Este caso es prioritario para el INCODER, entidad principal para ejecutar las medid as de reparación colectiva. Defensoras y defensores de derechos humanos. Se realizó acercamiento a la Plataforma de Derechos Humanos, la Asociación La Minga, Techo Común, Colectivo de Abogados Luis Carlos Pérez y la Ruta Pacífica de las Mujeres. El Placer (Putumayo). Se avanzó hasta la formulación del plan de reparación colectiva desde una propuesta comunitaria. Narrar para Vivir. Se formuló el diagnóstico del daño y se definieron las medidas del plan de reparación colectiva. Organización Femenina Popular (OFP). Actualmente se encuentra en fase de alistamiento; se organizarán cuatro mesas temáticas para la formulación de las medidas de reparación colectiva. Organizaciones sindicales. Se realizó el acercamiento a las centrales sindicales: Central Unitaria d e Trabajadores de Colombia (CUT), Confederación General del Trabajo (CGT) Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC), y Federación Colombiana de Educadores (Fecode). Las centrales manifestaron su voluntad de acogerse al proceso de reparación colectiva . Periodistas. Se realizó el acercamiento a través de un encuentro nacional convocado por la Unidad el 20 de septiembre de 2012 en el que participaron periodistas y familiares que han sido víctimas directas e indirectas, delegados de organizaciones profesi onales, gremiales y no gubernamentales. Adicionalmente, se realizaron encuentros regionales, en lugares que registran ataques al periodismo y en articulación con la FLIP: Cauca, Arauca, Antioquia, Córdoba y Santander (con énfasis en Barrancabermeja). Los p articipantes han manifestado su interés en la reparación colectiva así como en participar en la construcción del plan de reparación.

7 2 Unión Patriótica (UP). Se realizó acercamiento con la Corporación Reiniciar. Adicionalmente, se contribuyó a la expedición del Decreto 2096 de 2012 por medio del cual se unifica el Programa Especial de Protección Integral para dirigentes, miembros y sobrevivientes de la Unión Patriótica y el de Salud y Protección Social 14 solicitudes de atención médica y psicosocial para sobrevivientes de la UP. Para los casos de Granada, Las Palmas, La Pola, La Palizúa, Pueblo Bello, Puerto López, San Carlos y San Francisco, en el marco de la estrategia de reparaciones focalizadas territorialmente, diseñada e implementada de manera conjunta con la UGRTD, se logró el levantamiento del diagnóstico del daño (excepto para Puerto López) de cada una de las comunidades y la socialización y apropiación del programa por parte de las autoridades locales en el marco de los CTJT. Para los casos de reparación colectiva de La Pola y La Palizua, junto con el Centro de Memoria Histórica, se inició la elaboración del Libro de Memoria Histórica de estas comunidades, y para el caso de Pueblo Bello, se celebró un convenio con la Gobernación de Antioquia para la construcción de un Centro de Memoria y Educación interactivo. También se brindó apoyo para la implementación de una ruta de reparación integral para los procesos de Mam puján, el pueblo Embera, la comunidad Wayuú de Bahía Portete y la comunidad de Las Palmas (San Jacinto). Todos estos casos involucran medidas de retorno colectivo como parte de la reparación colectiva. Comunidades étnicas La Unidad para las Víctimas y el PNARIV definieron que la mitad de los casos de reparación colectiva que adelante la entidad serán de comunidades étnicas, indígenas, negras, raizales, palenqueras, afrodescendientes o gitanas. En ese marco, durante 2012 se realizó la socialización de los Decretos Ley en dichas comunidades, se establecieron criterios de identificación propios para los sujetos de reparación colectiva, se trabajó en la estructuración de un formato único de declaración propio para las comunidades étnicas, y se avanzó de la man o de la UGRTD en la definición de una metodología para caracterizar el daño, haciendo especial énfasis en aquellos que los Decretos establecen como propios y particulares de los grupos étnicos como son los relacionados con el territorio, el ambiente, la id entidad, la cultura y la discriminación racial. Durante 2012, el trabajo con sujetos étnicos se concentró en 8 casos. Se revisaron los planes de reparación de las Comunidades Negras de Buenaventura y de la Asociación de Trabajadores Campesinos del Carare, el primero

73 para garantizar la inclusión del mayor número de Consejos Comunitarios posibles y el segundo para procurar que contara con medidas diferenciales para las comunidades negras ya que se trata de un plan pluriétnico. En el mismo sentido, se trabajó con la comunidad de El Bagre en Puerto López, Antioquia, dado que de ella hacen parte personas negras, indígenas y mestizas. Se trabajó con los Nasa, Kitek Kiwe de Toribío, Cauca, quienes lograron la aprobación de su plan de reparación colectiva articulad o a su Plan de Vida, y con los Awá de Tortugaña y Telembí en el municipio de Ricaurte, Nariño, quienes presentaron una propuesta autónoma. Además, se avanzó en la formulación e implementación de los planes de retorno de las comunidades Wayuú de Portete en La Guajira, Embera Chamí de Pueblo Rico y Mistrató en Risaralda y Embera Katío del Alto Andágueda, en Chocó. En los tres casos se tiene previsto, pues así fue acordado con las comunidades, que las medidas en ellos contenidas sean complementadas con otr as medidas de reparación que se puedan desarrollar con posterioridad al retorno. Entre los días 11 al 13 de diciembre se llevó a cabo el acompañamiento al retorno de 132 hogares (532 personas) de la población indígena Embera Chamí a 7 territorios de los m unicipios de Mistrató y Pueblo Rico departamento de Risaralda. La discriminación de dicho acompañamiento fue el siguiente: Tabla 9. Retorno de la población indígena Embera Chamí Departamento Municipio Vereda Hogares Personas Risaralda 128 532 Mistrató 22 79 Chata 13 44 El Encanto 1 6 Humaca Medio 5 16 Palmita 3 13 Pueblo Rico 106 453 Dokabu 66 278

74 Itauri 13 57 Santa Rita 27 118 Total General 128 532 Para la sostenibilidad del proceso de retorno se concertó un plan con medias de carácter inmediato, mediano y largo plazo. El plan de retorno focaliza oferta de las entidades para responder a los 14 elementos del retorno, dentro del marco de un proceso de reparación integral enmarcado por el Decreto 4633 de 2011. La Unidad para las Víctimas se encuentra haciendo acompañamiento a los hogares retornados y a las comunidades receptoras a través de actividades de recreación lúdico pedagógica con aprendizaje para la repetición autónoma en territorio Embera y el reconocimiento de la ley de origen. En el componente de educación se realizaron todas las gestiones necesarias con la Secretaría de Educación de Risaralda y ya se encuentran vinculados a las escuelas y cole gios los niños y adolescentes en edad escolar. Para el componente de salud se acompañó junto con las Secretarías de Salud tanto departamental como municipal, la visita a los diferentes centros de salud, donde se levantó un diagnóstico de situación actual y necesidades, las cuales fueron enviadas al MSPS para su análisis y posterior apoyo. A través de un convenio entre el Banco Agrario y la Unidad para las Víctimas, se cuenta con un subsidio de vivienda rural de 113 viviendas, para los hogares retornados d e Pueblo Rico y Mistrató, en la primera etapa; las cuales serán fortalecidas con 90 subsidios de vivienda aportados por el Distrito de Bogotá. En una segunda etapa del convenio con el Banco Agrario se contará con 250 subsidios de vivienda rural, para las f amilias receptoras. La Unidad para las Víctimas entregó 200 Kits para mejoramiento de vivienda en tanto se cumple el auto albergue de familias receptoras a sus familias retornadas. En el componente de Generación de Ingresos y Seguridad Alimentaria la Unid ad para las Víctimas ha coordinado con el DPS, ICBF, INCODER, SENA y el Distrito de Bogotá, la intervención de programas relacionados con el tema. Inicialmente se intervendrá con un convenio entre el Distrito y las Alcaldías de Pueblo Rico y Mistrató, para apoyo a la seguridad alimentaria, con la entrega de semillas, abonos, herramientas, y peces; posteriormente, entrarán los demás programas como Familias en su Tierra, ReSA, y el apoyo del Incoder a proyectos productivos. Con el DPS se ha realizado toda la gestión para la inclusión de las familias retornadas en la inscripción del incluidas. La inscripción se realizará en el mes de abril. La Unidad para las Víctimas ha acompañado la

75 intervención que el ICBF realiza con la Unidades Móviles en los territorios de retorno. Por parte de la Unidad para las Víctimas, se han realizado entregas de Ayuda Humanitaria y Alimentaria (AHA) al total de familias retor nadas y receptoras en los meses de enero, febrero y marzo, asimismo se realizó entrega a cada una de estas familias de kits de herramientas. Por su parte, también durante el 2012, se llevó a cabo el acompañamiento institucional de la población indígena w ayuu con voluntad de retornar al territorio de Bahía Portete en el municipio de Uribia, La Guajira y a la población campesina de Las Palmas en el municipio de San Jacinto, Bolívar. Dichos retornos se llevarán a cabo en 2013. Reparación colectiva por vía j udicial El otro gran reto en materia de reparación colectiva lo constituye la articulación de las entidades del SNARIV en torno al cumplimiento de las órdenes y exhortos contenidos en las sentencias de Justicia y Paz. En este campo, la Unidad para las Ví ctimas tiene la responsabilidad de ejecutar directamente las medidas que le corresponden, y de coordinar y hacer seguimiento a la ejecución de las demás. Al finalizar 2012, el equipo de Justicia y Paz de la Unidad trabajaba 4 sentencias: Mampuján, El Igua no, Vencedores de Arauca y Fierro Flores. El balance en el cumplimiento de las órdenes y exhortos, tanto por parte de la Unidad como de las demás entidades, es positivo. En todos los casos se surtieron etapas de socialización del contenido de las sentencia s, tanto con las víctimas como con las entidades nacionales y territoriales, se promovió la bancarización de aquellas personas que iban recibir una indemnización y se abordó el tema de la seguridad, la protección y las garantías de no repetición para las c omunidades beneficiadas en las sentencias. Medidas de rehabilitación y satisfacción Estrategia de reconstrucción de La Unidad para las Víctimas diseñó una estrategia para promover la reconstrucción de tejido social como una Esta se constituye en la medida d e rehabilitación de la reparación colectiva. Para su puesta en marcha se cuenta

76 con un diseño en el que trabajan articuladamente los cuidadores históricos de la comunidad, quienes actúan como tejedores comunitarios buscando que el proceso de recuperación y reconstrucción del tejido social permita: i) la recuperación, creación o reconstrucción de prácticas sociales alrededor de la convivencia, el intercambio y la recuperación de las relaciones sociales que se vieron interrumpidas o menoscabadas a partir de l os hechos de violencia; ii) la elaboración de duelos colectivos; iii) procesos reflexivos sobre imaginarios colectivos a partir de los cuales se enquistaron prácticas de violencia; iv) procesos de pedagogía social y de formación para la protección de los d erechos humanos; y v) estrategias locales de memoria para la integración de la historia de sufrimiento con la de superación y resistencia. La estrategia fue socializada y validada por el Subcomité de Rehabilitación y por la propia Unidad para las Víctimas. En 2012, comenzó su implementación en 10 comunidades del país 16 , en las que se logró la aceptación de la comunidad y la identificación de 34 personas interesadas en actuar como tejedores comunitarios. Posteriormente, se presentó a consideración de tres comunidades más: Sitio Nuevo, Magdalena; Libertad, San Onofre y ATCC, Landázuri (la primera como respuesta a la decisión judicial de justicia y paz contra el procesado Edgar Ignacio Fierro Florez, la segunda y tercera, como parte del proceso de repar ación colectiva vía administrativa). En 2013, Entrelazando continuará su implementación en las diez comunidades con las que se empezó el proceso y además se implementará en 156 sujetos de reparación colectiva. Medidas de reparación colectiva de alcance general: Repa ración simbólica y satisfacción también del resorte directo de la entidad, tanto de aquellas contenidas en los planes de reparación como de aquellas de carácter societal (no dirigidas a una persona, hogar o sujeto de reparación colectiva en particular, sino a toda la comunidad o país). Estas tareas son principalmente las medidas de satisfacción y reparación simbólica. A continuación se enl istan los avances más significativos en este aspecto: Creación de lineamientos para actos de perdón público, actos conmemorativos, homenajes. En el marco del 16 Las comunidades son las siguientes. Departamento de Caquetá: El Timy y El Chacón (municipio de Florencia), Santuario (municipio de La Montañita), Barrio 15 de Junio (municipio de Cartagena del Chairá). Departamento de Montería: Villa de l Río (municipio de Tierralta), Villa Cleme (municipio de Montelíbano), Departamento de Antioquia: Barrio el Camello N°2 (municipio de Caucasia), Barrio Las Palmas (municipio de Taraza), Barrio Juan de la Hostia (municipio de Cáceres), Barrio Sagrado Coraz ón (municipio de El Bagre).

77 Subcomité de Medidas de Satisfacción se adelantó la construcción de lineamientos para actos conmemorativos y homenajes con el fin de ser difundidos en territorio. La Escuela de Reparaciones es la estrategia que implementa la Unidad para las Víctimas, para liderar el proceso de formación continua dirigido a entidades públicas, privadas y sociedad civil, y así contribuir con la adecuada interiorización de los derechos de las víctimas del conflicto, con el propósito de informar, sensibilizar, comprometer y formar para la intervención adecuada en la reparación integral a las víctimas del conflicto arm ado interno colombiano. Día nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas. El 9 de abril de 2012 se realizó un acto simbólico en la ciudad de Villavicencio en homenaje a las víctimas del conflicto armado. También se apoyó la convocatoria de la sesi ón plena del Congreso de la República. Plan de actos conmemorativos. Durante 2012 se acompañaron actos para la dignificación de las víctimas en todo el país, es el caso d el acto de reparación simbólica en el marco del lanzamiento de la ruta de Niños y Jóv enes de Santander y Antioquia. Igualmente, se ha acompañado el diseño del parque conmemorativo en Sincelejo. Marco general sobre medidas de satisfacción. Se desarrolló un documento marco donde se estableció el objetivo de estas medidas, el contenido y la m anera a realizarse. También se establecieron los criterios de diseño, implementación, seguimiento y evaluación, lineamientos de acciones en reparación simbólica y de acciones para víctimas de hechos anteriores a 1985. Asesoría a CTJT y a entidades territo riales en materia de medidas de satisfacción. Durante diciembre de 2012 tras la realización del documento marco de satisfacción, se diseñó una guía para la generación de acciones de reparación simbólica para ser difundido en el territorio. D. SISTEMAS DE IN FORMACIÓN R egistro Único de Víctimas (RUV) Con el fin de contar con la memoria documental de la entidad que le permita proporcionar información confiable y veraz para la atención y reparación a las víctimas, y garantizar la calidad y oportunidad de la información generada y consolidada desde la DRGI, se realizó el levantamiento y caracterización de procesos del Registro Único de Víctimas (RUV) 17 , el cual facilitó el desarrollo e implementación de un software provisional para la 17 Herramienta administrativa que soporta el procedimiento de registro de las víctimas el cual cumple únicamente el propósito de servir de herramienta técnica para la identificación de la población que ha sufrido un daño en los términos del artículo 3 de la Ley 1448 de 2011 y de sus necesidades.

78 captura, análisis y valora ción de la información de la población víctima. De igual manera, se establecieron los lineamientos para el desarrollo, implementación o adecuación de los sistemas de información y así lograr la interoperabilidad de forma segura, rápida y funcional. De acu erdo con lo estipulado en la Ley 1448 de 2011, las víctimas podrán acceder a las medidas establecidas en la Ley, para ello es necesario llevar a cabo un proceso de valoración de los hechos a fin de verificar si se encuentran dentro del marco del artículo 3 de la Ley. Para realizar este proceso, la Unidad para las Víctimas fue responsable de elaborar los criterios de valoración, los cuales constituyen los lineamientos generales para la toma de decisión frente a la inclusión o no de la solicitud en el RUV. Co mo ya se mencionó, dichos criterios fueron aprobados por el Comité Ejecutivo el 24 de mayo de 2012. Con la aprobación de los criterios se inicia la valoración. Al cierre del 2012 se alcanza un 85,6% de inclusión, resultado superior al obtenido en 2011 cua ndo el porcentaje de inclusiones estuvo en 65%. De la antigua Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional la Unidad para las Víctimas recibió como herencia un importante número de solicitudes por resolver (Leyes 387 y 418 de 1997 y Decreto 1290 de 2008), las cuales se valoraron de forma paralela a lo recibido en el marco de la Ley 1448 de 2011. Considerando tanto las declaraciones nuevas como las antiguas, la Unidad para las Víctimas valoró 245.146 declaraciones lo cual permi tió reconocer 536.228 víctimas en el RUV. Tabla 10. Solicitudes de inclusión al registro a 2012

79 Cabe una precisión sobre la tabla previa. Allí se indica que la Unidad para las Víctimas recibió 265.543 declaraciones del proceso iniciado por el Decreto 1 290 y 14.228 declaraciones recibidas en el marco de la Ley 418, todas ellas sin contar con una decisión oficial. Al concluir el 2012, la Unidad para las Víctimas logró revisar todas estas solicitudes , pero solo pudo concluir el proceso de valoración de aquellas para las cuales se contó con la documentación necesaria. Una de las tareas del primer semestre de 2013 es conseguir dicha documentación para cerrar ambos definitivamente ambos procesos. Instrumentos de recolección Dada la necesidad de ajustar e l Formato Único de Declaración (FUD) y tomando en cuenta las observaciones de diferentes entidades, se realizaron mesas de trabajo con la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, la Federación Nacional de Personeros (Fenalper) y la Pers onería de Bogotá a fin de discutir y analizar la viabilidad de dichos ajustes. De este trabajo conjunto, se generaron las temáticas sobres la cuales se rediseñó el FUD de declaraciones de individuales. Los principales cambios del formulario fueron: i) comp lementación de la información del RUV, con respecto a la identificación de las víctimas como de los hechos que les fueron victimizados, ampliando el esquema del registro de las variables correspondientes al enfoque diferencial; ii) se eliminaron las variab les relacionadas con la Georeferenciación y el cuestionamiento a las víctimas sobre la inscripción de la cédula para votar, el lugar de estudio de los niños, niñas y adolescentes, si las víctimas se encontraban inscritas en el programa de Familias en Acció n, entre otras, ya que estas variables no aportaban al proceso de valoración. Por otra parte, se construyó el FUD para colectivos. Se crearon dos instrumentos; uno para sujetos colectivos étnicos y otro para sujetos colectivos no étnicos. Para cada uno de estos se cuenta con la definición de los conceptos y contenidos. Adicionalmente, se avanzó en la discusión de los contenidos del formato de declaración para sujetos colectivos con el Ministerio Público, la Contraloría General de la Nación y la propia enti dad. También se implementó una estrategia de toma de declaración en línea, mediante un formulario electrónico que garantiza la calidad de la información capturada. El proceso de selección de los municipios y oficinas del Ministerio Público en los cuales s e aplicará la toma en línea, se realizó bajo el criterio de priorización, de acuerdo a la cantidad de declaraciones tomadas en cada una de ellas, dando como resultado 180 oficinas del Ministerio Público en 85 municipios. Para cada oficina priorizada, la Un idad para las Víctimas adquirió equipos de cómputo,

80 impresora, escáner, PAD - lápiz óptico y regulador. La entrega de estos equipos se efectuará en comodato, por lo tanto, la Unidad firmó convenios interadministrativos con la Procuraduría General de la Nació n, la Defensoría del Pueblo, la Personería de Bogotá y la Federación Nacional de Personeros (Fenalper). De igual forma, como parte de la estrategia la Unidad ha trazado un plan de capacitación para la captura y manejo del aplicativo a través de la platafor ma virtual del SENA. Convenio entre la Registraduría Nacional de Estado Civil y la Unidad para las Víctim as En 2012, la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas celebró el Convenio No. 020 del 16 de noviembre de 2012, el cual tiene p or objeto de concertar y articular esfuerzos interinstitucionales entre la Registraduría y la Unidad para las Víctimas con el fin de promover la identificación y la verificación de datos de la población victima, ejecutando las acciones necesarias para mejo rar el suministro, acceso, intercambio, verificación y calidad de la información entre las dos entidades. En el marco de este convenio en noviembre la Unidad remitió una base de 6.901.388 registros con población victima de diferentes hechos y personas con estado diferente al incluido, para ser cruzado por la Registraduría, quien nos retorno un archivo con 3,603,887 registros únicos del registro ANI (Archivo Nacional de Identificación) y 1.524.890 registros SIRC (Sistema de Información de Registro Civil) qu e mejorara la identificación de menores en el RUV, la cual fue entregada este año. Con esta información: (i) se alimenta la base de datos que utiliza la aplicación de Atención Humanitaria y Caracterización; (ii) se mejora la información del Registro Único de Víctimas, en particular en actualización de 90.951 nombres y apellidos de las víctimas, 14.089 registros que actualizan tipo y número de documento y 84.903 personas a quienes se les ha cancelado o suspendido el documento de identificación. Red Nacional de Información La Red Nacional de Información es el instrumento para garantizar la interoperabilidad de los sistemas de información de registro, atención y reparación a víctimas; así como la recopilación de la información nacional y regional sobre las violaciones de que trata el artículo 3ª de la Ley, permitiendo la identificación y el diagnóstico de las circunstancias que ocasionaron y ocasionan daño a las víctimas.

81 La Unidad para las Víctimas obtuvo el compromiso de las autoridades territoriales, as í como de las entidades del orden nacional, para involucrarse en el proceso estructural de desarrollar e implementar los métodos de intercambio e interoperabilidad de los sistemas de información, a través de la suscripción de Acuerdo de Intercambio y Confi dencialidad de la Información. La Unidad para las Víctimas ha garantizado a nivel nacional y territorial el acceso a información relevante para la atención y reparación integral a las víctimas a través de diferentes herramientas tecnológicas, con algunas entidades a través de web service 18 como método para establecer un adecuado flujo de información, en otros casos con intercambios de bases de datos o creación de acceso a las bases cuya administración corresponde a la Unidad. Asimismo, a través de la inter vención en los CTJT, la Unidad para las Víctimas ha activado el compromiso de alcaldes y gobernadores para trabajar de la mano en este campo. Así, ha ofrecido asesoría en: formulación de proyectos de fortalecimiento (San José del Guaviare, Atlántico, Cesar , Barrancabermeja, Nariño), en la conformación de los Subcomités territoriales de sistemas de información, en la acreditación masiva de población víctima para focalización y conceptos de tipo técnico sobre los avances que presenten, entre otros. En las Gob ernaciones de Chocó y Sucre, así como en los municipios de Sincelejo y Quibdó se adelanta una consultoría para asesorar a las autoridades territoriales en la elaboración de los Planes Operativos de Sistemas de Información. Se resaltan como avances la sus cripción de 951 acuerdos con entidades territoriales que permitirán el intercambio y confidencialidad de información (83% de los municipios y 100% de los departamentos). También se suscribieron acuerdos de intercambio de información con International Relie f and Development, Organización Internacional para las Migraciones y CHF International, estrategia que permite gestionar información relevante para la atención y reparación integral a las víctimas. Por otro lado, se han creado 2.936 usuarios de acceso a la herramienta tecnológica a las entidades que han solicitado este servicio. De esta forma, estos usuarios en todo el país acceden en línea a la información de las víctimas, de los cuales se identifican sectores como salud, educación, vivienda, productivo y organismos de control. 18 Consiste en construir un mecanismo de consulta en línea de la información de una entidad a otra.

82 Gráfico 4. Mejoramiento de las herr amientas tecnológicas (Vivanto) Uno de los logros en materia de sistemas de información fue iniciar el proceso de actualización de la plataforma tecnológica para la articulación de la información y la disposición de datos. De esta forma la anterior herramienta SIPOD será reemplazada por Vivanto. Esta aplicación comprende en principio los módulos de Ficha de Caracterización, Novedades, Entidades, Administración, Seguridad y Auditoria. El Módulo de Ficha de Caracterización pretende visualizar toda la información relacionada a una víctima, sus datos básicos, grupo familiar, seguridad social, los beneficios que ha recibido, vulnerabilidades, turnos y los hechos victimizantes por los cuales fue ingresada al sistema. En resumen, la ficha permite ver la hoja de vida de una víctima. 19 19 La novedad se refiere a la actualización, modificación o ampliación de la informació n del RUV correspondiente a: (i) nombres y apellidos completos; (ii) tipo y número de documento; (iii) datos de contacto (dirección de residencia , barrio o vereda, Departamento, Municipio, la dirección de correo electrónico (si aplica) y los números telefó nicos fijo y celular); (iv) discapacidad si la hay y la conoce; (v) aclaración de parentesco; (vi) cambio de jefe de hogar; ( vii) inclusión de mayores de edad; (viii) inclusión de niños, niñas y adolescentes; (ix) reunificación del hogar; (x) división gru p o familiar; (xi) conformación de grupo familiar; (xii) entrega de documentación adicional para la valoración, y (xiii) otros.

83 Proyectos de fortalecimiento de sistemas de inform ación a entidades territoriales La Unidad dispuso la experiencia técnica con la que cuenta para asesorar los proyectos de fortalecimiento que desde las entidades territoriales presentaron pa ra el fortalecimiento de los sistemas de información. Para esto, construcción metodológica de dichos proyectos y participó en la subsidiariedad de estos proyectos (departamentos de Atlántico y Guaviare). Indicador es de Goce efectivo de Derechos La Batería de Indicadores de Goce Efectivo de Derechos se constituye en un elemento fundamental del sistema de seguimiento y evaluación de la política pública para la población víctima. Los indicadores son un mecanismo que permiten orientar los objetivos de las diferentes intervenciones y direccionar las acci ones para el cumplimiento de los elementos definidos para cada derecho. La batería de indicadores permite medir la eficiencia, pertinencia y eficacia de la acción estatal con miras a resolver el cumplimiento de los derechos que debe gozar efectivamente la población víctima. A finales de 2011, una vez manifestada la voluntad y la necesidad de realizar una revisión conjunta de los indicadores de goce efectivo de derechos entre el Gobierno Nacional y la Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre Des plazamiento Forzado, se procede a adelantar un proceso de revisión conceptual y metodológica de los sistemas de medición de los indicadores de goce efectivo de derechos para la población víctima del desplazamiento forzado; especialmente, el grupo de derech os concerniente a la verdad, justicia y reparación, generación de ingresos, vida, integridad, libertad y seguridad personal, alimentación, tierras, participación y

84 enfoque diferencial. El junio de 2012, se presentó a la Corte Constitucional la primera ba tería de indicadores de goce efectivo de derechos para la población víctima del desplazamiento forzado. En ese momento, se formularon 25 indicadores de Goce o principales, 72 indicadores Complementarios y 105 indicadores Sectoriales, para un total de 202 i ndicadores asociados a 23 derechos. Posteriormente en octubre de 2012, se incluyó el derecho a la alimentación y se sumaron los indicadores formulados con enfoque diferencial para mujeres, en lo correspondiente a los derechos de Salud, Retorno, Segurida d, Restitución de Tierras y Satisfacción. Asimismo, se elaboró una propuesta de indicadores con enfoque diferencial para niños, niñas y adolescentes; personas con discapacidad y persona mayor. En febrero de 2013, el Gobierno Nacional y la Comisión de Segu imiento a la Política Pública sobre Desplazamiento Forzado remiten la propuesta final conjunta de revisión de los Indicadores de Goce Efectivo de los Derechos de la Población Víctima de Desplazamiento Forzado. La batería está compuesta por 275 Indicadores, de los cuales el 10% corresponden a goce efectivo de derechos (27 indicadores), el 26% a indicadores complementarios (71) y el 642% a indicadores sectoriales (177). La batería contempla el análisis de 22 derechos 20 y 4 enfoques diferenciales 21 . Asimismo, e s conveniente señalar que en los informes no se presentaron los indicadores para el derecho a la participación, debido a que el nuevo marco jurídico (Ley 1448 de 2011) modifica en forma sustancial los escenarios de participación y su conformación; los indi cadores de goce efectivo para sujetos colectivos étnicos pertenecientes a pueblos indígenas, Kumpanyas y comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras debido a que el proceso de formulación, visibilizó necesidades de abordaje conceptual, jurídico y metodológico para asegurar la integralidad entre los derechos étnico - territoriales de estos pueblos y comunidades, y sus derechos como víctimas individuales transversalizando con ello el enfoque diferencial conforme el artículo 13 de la Ley 1448 de 2011, el Capítulo II del Decreto Ley 4633 de 2011 y el artículo 18 del Capítulo III sobre los Principi os de l Decreto Ley 4635 de 2011; los indicadores a la justicia y la verdad los cuales están siendo consultados con el Centro de Memoria Histórica, el 20 Derechos a la subsistencia mínima, salud, educación, vivienda, generación de ingresos, retornos y reubicaciones, vida, integr id ad, libertad, seguridad, identificación, reunificación familiar, reparación integral, reparación colectiva, indemnización, restitución de tierras, pro tección y garantías de no repetición, rehabilitación, satisfacción, prevención, protección de tierras, ali mentación. 21 Mujeres, Niños, niñas y adolescentes, personas con discapacidad y persona mayor.

85 Consejo Superior de la Judicatura y la Fiscalía General de la Nación. Los indicadores de goce efectivo para los otros hechos victimizantes serán trabajados durante el segundo semestre del presente año. Al mismo tiempo que se realizaba esta revisión, se avanzó en la identificación de fuentes de información y procedimientos de recolección y manejo de la información, definiendo como herramientas útiles para el cálculo de los indicadores de medición de los I GED dos instrumentos: los registros administrativos y las encuestas. Frente al primer instrumento se estableció que de los 98 Indicadores principales y complementarios de Goce Efectivo, el cuarenta y cuatro por ciento (44%) puede ser calculados a través de registros administrativos 22 dispuestos en la Red Nacional de Información (RNI). Este instrumento de medición conlleva un trabajo de mejoramiento de la información toda vez que los registros, per se , no son creados para ser usados con fines estadísticos y por tal razón, no necesariamente cuentan con la cobertura, ni los estándares requeridos para adelantar procesos de medición. Para superar estos inconvenientes, se avanza en: (i) la gestión y coordinación interadministrativa a fin de facilitar el flujo e i ntercambio de información; y (ii) a través del Subcomité de Sistemas de Información, se están definiendo los lineamientos para la estandarización y normalización de los registros administrativos. La información que no puede ser obtenida por medio de los registros administrativos existentes, hace necesario acudir a la aplicación de encuestas; por esto, la Unidad en el 2013 trabajará en dos escenarios: (i) la Estrategia Unidos de la Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema (ANSPE); no obsta nte, la cobertura es baja en tanto el programa va dirigido a la población en extrema pobreza que no necesariamente es el universo de la población víctima del desplazamiento y (ii) un primer ejercicio como Unidad (muestra) de medición de IGED. E. ATENCION AL CIUDADANO En este literal se presentan las principales estrategias desarrolladas para hacer de la atención a los ciudadanos, en este caso, las víctimas del conflicto armado un proceso digno y transformador, a través del cual se recepcionan, se informan y se gestionan las diferentes solicitudes para la aplicación de las medidas de asistencia y reparación establecidas en la Ley 1448 de 2011. 22 12 son principales y 31 complementarios.

86 Modelo In tegral de Servicio al Ciudadano El Plan Nacional de Desarrollo 2010 - 2014 establece como uno de los objetivos principales de la política de buen servicios que provee la Administración Pública, a través de: Conformación de equipos de trabajo de servidores calificados para la atención a la ciudadanía. Diseño e implementación de infraestructura adecuada y suficiente para garantizar interacción oportuna y de calidad con los ciudadanos. Racionalización y optimización de los procedimientos de atenc ión en los diferentes canales de servicio. Nivel territorial con acceso completo y de calidad a trámites y servicios del Estado. En el presente marco, se elaboró el plan integral de servicio al ciudadano mediante el cual, los tres canales de atención fun cionan bajo un mismo esquema, tanto de personal, como de informes de manera que fluya la información. Esto implica que la información que emite un orientador en el canal presencial, es la misma que se emite en el canal telefónico o en el canal escrito, de manera que se busque el cumplimiento de las políticas y las metas pactadas, y que se reflejen directamente en la atención que se brinda por parte de los diferentes canales a las víctimas de la violencia en Colombia. Bajo el anterior escenario, durante el 2012, la Unidad para las Víctimas cambió el modelo de gestión de su servicio de atención a las víctimas. Así, pasó de un esquema en el que cada canal de atención (telefónico, escrito y presencial) era manejado por un operador diferente a otro en el que se concentraron los esquemas de atención y los flujos de información en uno solo. Esto permite ahora brindar la misma información estandarizada a través de los distintos canales mencionados. La contratación de la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. ( ETB) está permitiendo emplear diversos instrumentos tecnológicos para mejorar la información que se brinda diariamente a las víctimas en todos los procesos. Centro de contacto para la información y orientación al ciudadano CCIO El canal telefónico se ope ra a través del Centro de Contacto para la Información y Orientación al Ciudadano (CCIO), el cual inició labores directamente desde el 28 de mayo de 2012 con las siguientes líneas: 7430000 para

87 Bogotá y 018000911119 para el resto del país. Desde esa fecha y hasta concluir el 2012 se obtuvo el siguiente registro de llamadas: Tabla 11. Registro de llamadas desde 28 de mayo a 31 de diciembre de 2012 MES CAMPAÑA RECIBIDAS ATENDIDAS ABANDONADAS % ATENCIÓN % ABANDONO MAYO UARIV INBOUND 34 . 595 5 . 185 29 . 410 14 , 99% 85,01% JUNIO UARIV INBOUND 214 . 114 184.920 29.194 86,37 % 13,63% JULIO UARIV INBOUND 402 . 314 329 . 272 73 . 042 81 , 84% 18,16% AGOSTO UARIV INBOUND 375 . 629 337 . 845 37 . 784 89 , 94% 10,06% AGOSTO UARIV CHAT 384 206 178 53,65% 46,35% SEPTIEMBRE UARIV INBOUND 333 . 811 321 . 069 12 . 742 96 , 18% 3,82% SEPTIEMBRE UARIV CHAT 519 235 284 45,28% 54,72% OCTUBRE UARIV INBOUND 477 . 384 446 . 628 30 . 756 93 , 56% 6,44% OCTUBRE UARIV CHAT 1.318 846 472 64,19% 35,81% NOVIEMBRE UARIV INBOUND 466 . 989 426 . 184 40 . 805 91 , 26% 8,74% NOVIEMBRE UARIV CHAT 2.166 1.528 638 70,54% 29,46% DICIEMBRE UARIV INBOUND 620 . 751 533 . 423 87 . 328 85 , 93% 14,07% DICIEMBRE UARIV CHAT 3.307 2.113 1.194 63,89% 36,11% TOTALES 2 .933.281 2 .589.454 343.827 88,28 % 11,72% El total de llamadas atendidas corresponde al 88% del total de llamadas entrantes. Se debe anotar que el 11,72% de llamadas que no fueron atendidas se encuentra explicado por la gran afluencia de llamadas entrantes en horas determinadas del día en las cuales se supera la capacidad opera tiva del Centro de Contacto CCIO. Actualmente, el CCIO cuenta con 370 agentes de atención telefónica que brindan información en tiempo real a todas las víctimas a nivel nacional en todos los temas que contemplan la Ley 1448 de 2011. Con el fin de ampliar la cobertura a partir de febrero de 2013 se implementó el horario 7x24x365 el cual garantiza la atención las 24 horas del día los 365 días del año. Adicionalmente, este horario permite que las víctimas en el exterior puedan acceder a la información que bri nda la Unidad a través de este canal.

88 Adicionalmente, se puso a disposición de las víctimas la implementación de nuevos servicios en el Centro de Contacto como el chat, la video llamada y el fax server, con el fin de mejorar la accesibilidad de todos los ciudadanos. Además de atender las llamadas entrantes de las víctimas que solicitan información, el Centro de Contacto también cumple una función importante como es la realización de campañas de llamadas de salida ( out bound ) con el fin de informar sobr e disponibilidad de recursos por concepto de ayuda humanitaria y pago de indemnización por reparación administrativa, garantizando la entrega efectiva de los mismos. Canal Escrito - PQR - S El canal escrito consiste en la atención integral de las solicitudes, requerimientos de organismos de control, peticiones, quejas y reclamos, que presentan las víctimas, los ciudadanos y entidades del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas (SNAR IV), así como la gestión de acciones enmarcadas dentro de lo contencioso y constitucional, además de toda comunicación necesaria para cumplir con la obligación de informar y orientar a la población víctima de la violencia, dando acatamiento al ordenamient o legal del derecho fundamental de petición que tiene todo ciudadano. Durante se recibieron 776.302 solicitudes por este canal, de las cuales se respondió el 91% así: Tabla 12. Solicitudes por canal escrito a diciembre de 2012 Mes Radicado Respuesta Por contestar % respuesta % por contestar Enero 46,948 28,207 18,741 60% 40% Febrero 55,361 54,951 410 99% 1% Marzo 55,922 59,241 - 3,319 106% - 6% Abril 55,711 52,099 3,612 94% 6% Mayo 69,219 57,628 11,591 83% 17% Junio 64,945 73,754 - 8,809 114% - 14%

89 Nota. En algunos meses se incluyen cantidades y porcentajes negativos. Esto se debe a que en esos meses se contestaron un número mayor de solicitudes de las que se recibieron, lo cual es posible al considerar solicitudes que no fueron contestadas en meses anteri ores. Con el fin de mejorar el servicio, se diseñó e implementó un formulario en la página web de la entidad, www.unidadvictimas.gov.co, en donde todos los ciudadanos pueden interponer su petición, queja o reclamo vía electrónica. Las respuestas a las peticiones recibidas por este medio, se responden dentro de términos legales a la dirección de correo electrónico que el peticionario registra en la solicitud. Igualmente, para aquellos requerimientos prioritarios que realiza el Ministerio Público se est ableció el correo PQR - Procuraduria@unidadvictimas.gov.co al cual ingresan a diario peticiones a nivel nacional de casos específicos de índole prioritario, garantizando la inmediatez en la respuesta y el seguimiento de los casos especiales y situaciones de vulnerabilidad extrema que requieren trámite especial. Canal presencial Este canal corresponde a la atención presencial que brindan los orientadores en los Puntos de Atención a nivel nacional . En los municipios donde no se cuenta con Punto de Atención se realizan jornadas con el fin de acercar el Estado a la población víctima. Tal estrategia se encuentra enmarcada dentro de las estrategias de atención complementarias que establece la Ley 1448 de 2011 y el Decreto 4800 de 2011. En 2012 se recibieron y t ramitaron 2.789.591 solicitudes presentadas por 1.946.157 víctimas en los Puntos de Atención y en las jornadas de atención móvil. El 61% de las solicitudes recibidas corresponden a atención humanitaria. De las solicitudes restantes, 54.102 solicitudes fuer on remitidas a las distintas entidades del SNARIV, siendo las más frecuentes salud, identificación, Familias en Acción, educación y vivienda. Julio 61,344 63,631 - 2,287 104% - 4% Agosto 80,509 71,740 8,769 89% 11% Septiembre 66,116 67,664 - 1,548 102% - 2% Octubre 83,398 75,414 7,984 90% 10% Noviembre 67,314 65,376 1,938 97% 3% Diciembre 69,515 38,900 30,615 56% 44% Total 776,302 708,605 67,697 91% 9%

90 Actualmente, la Unidad hace presencia en 85 Puntos de Atención a nivel nacional así: Tabla 13. Puntos de Atención a nivel nacional No. DIRECCIÓN TERRITORIAL No. PUNTOS DE ATENCIÓN DIRECCIÓN PUNTO DE ATENCIÓN 1 ANTIOQUIA 1 BELENCITO CARRERA 92 # 34 D - 93 BARRIO BELENCITO 2 BELLO CALLE 50 # 50 - 78 PARQUE CENTRAL 3 CAUNCES CARRERA 6 AB # 47 A - 99 KM 1 VIA SANTA ELENA 4 PALERMO CARRERA 55 # 95 - 97 BARRIO PALERMO 5 PERSONERIA UNIDAD DE DERECHOS HUMANOS - ANTIOQUIA CARRERA 52 # 71 - 84 UNIDAD DE DERECHOS HUMANOS 6 PERSONERIA LA ALPUJARRA - ANTIOQUIA CALLE 44 NUMERO 52 - 165 EDIFICIO ALCALDIA PISO 11 PERSONERIA DE MEDELLIN 7 UNIDAD PERMANENETE DE JUSTICIA AVENIDA CARABOBO SECRETARIA DE GOBIERNO 2 PISO 8 TARAZA CARRERA 51 No 46 - 02 URBANIZACIÓN CANDILEJAS CASA DE LA JUSTICIA 9 CACERES CALLE 30 No 30 - 38 PALACIO MUNICIPAL BLOQUE 2 OFICINA 10 EL BAGRE CASA DE JUSTICIA 11 ITAGUI CARRERA 52A - No 74 - 67 BARRIO SANTAMARIA 12 CAUCASIA CASA DE JUSTICIA AVENIDA EL PAJONAL CAUCASIA ANTIOQUIA 2 ATLÁNTICO 13 BARRANQUILLA CARRERA 44 # 53 - 87 PASTORAL SOCIAL BARRIO BOSTON

91 14 SOLEDAD CARRERA 25 A # 16 - 82 BARRIO CRUZ DE MAYO SOLEDAD 3 BOLIVAR 15 CARMEN DE BOLIVAR - TIERRAS CALLE 24 # 54 21 16 CARTAGENA Barrio el Recreo calle 31ª N° 8ª - 23 4 CAQUETA/HUILA 17 FLORENCIA TERMINAL DE TRANSPORTES 2DO PISO LOCAL 202 18 CARTAGENA DEL CHAIRA UBICADO EN LAS INSTALACIONES DE LA ALCALDÍA, CALLE 4 # 3 - 24 BARRIO EL CENTRO. TELÉFONO 4318432 19 SAN VICENTE DEL CAGUÁN UBICADO EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO COMUNITARIO EN LA CALLE 4 # 4 - 65. TEL 4694757. 20 LA MONTAÑITA CARRERA 5 FRENTE AL PARQUE PRINCIPAL, OFICINA QUE QUEDA A UN LADO DE LA ALCALDÍA PRINCIPAL 21 PITALITO CALLE 6 NO 2 - 17 ESQUINA ANTIGUO COLEGIO LABOYOS TELEFONO FIJO 8360663 22 NEIVA CARRERA 2 CALLES 8 Y 9 CENTRO COMERCIAL LOS COMUNEROS, LOCAL 3010.3014 23 GARZÓN CARRERA 11 NO 7 ESQUINA BARRIO EL CENTRO CENTRO COMERCIAL PASEO DEL ROSARIO OFC 105 PISO 2 5 CAUCA 24 POPAYÁN CARRERA 6 # 9 - 27 EL EMPEDRADO 25 GUAPI Calle 2 N 5 - 73 Barrio La Esperanza 26 TIMBIQUI ALCALDIA MUNICIPAL TIMBIQUI 27 LOPEZ DE MICAY PALACIO MUNICIPAL CALLE DE LAS FLORES 6 CENTRAL 28 TUNJA CALLE 17 # 9 - 76 BARRIO CENTRO 29 IBAGUÉ CARRERA 4 ENTRE CALLE 6 Y 7 CAM BARRIO LA POLA 30 SOACHA CARRERA 8 No. 17 - 37 BARRIO LINCON 31 SUBA TRANSVERSAL 126 # 133 - 32 Barrio La Gaitana 32 SAN CRISTÓBAL AVENIDA 1 MAYO NO. 14A - 99 BARRIO SAN JOSE - ESTACIÓN RESTREPO

92 33 CADE DIGNIFICAR CIUDAD BOLIVAR CARRERA 17 F No 69 A - 32 SUR PISO 2 LUCERO BAJO 34 PUENTE ARANDA CARRERA 36 No 19 - 47 BARRIO CUNDINAMARCA 35 BOSA CALLE 37 SUR No 72L - 77 BARRIO CARVAJAL 7 CESAR/GUAJIRA 36 VALLEDUPAR CARRERA 9 N 7 - 115 BARRIO NOVALITO - DESPUES DE COCACOLA 37 CODAZZI CALLE 25 CON CRA 16 TERMINAL DE TRANSPORTES OFICINA UAO 38 AGUACHICA CARRERA 7 N0 14 - 68 FRENTE A GLORIETA 39 RIOHACHA CALLE 10 # 12 - 113 BARRIO EL CARMEN 8 CHOCÓ 40 QUIBDO COLISEO DE BOXEO VIA AL AEROPUERTO BARRIO SANTA ANA 9 CÓRDOBA 41 MONTERIA AVENIDA CIRCUNVALAR CARRERA 13 # 12 - 26 BARRIO GRANADA 42 PUERTO LIBERTADOR CARRERA 9 # 3 - 33 BARRIO AGUAS VIVIVAS ALCALDIA MUNICIPAL 43 MONTE LÍBANO PUNTO DE ATENCIÓN VICTIMAS CARRERA 6 NUMERO 15 - 23 PISO 1 44 TIERRA ALTA CARRERA 16 # 8 - 40 BARRIO EL CENTRO PERSONERIA MUNICIPAL 45 VALENCIA Calle 11 Carrera 15 Esquina Palacio Municipal 10 EJE CAFETERO 46 LA DORADA CARRERA 1ra X CALLES 13 Y 14 ANTIGUAS BODEGAS DEL FERROCARIL 47 PEREIRA CARRERA 6 # 26 - 50 CENTRO 48 MANIZALEZ CALLE 23 No 21 - 45 PISO 9 EDIFICIO BCH 49 ARMENIA CARRERA 19 A # 37 - 20 BARRIO MIRAFLORES 11 MAGDALENA 50 SANTA MARTA CALLE 34 CARRERA 16 IPC MARIA EUGENIA - BARRIO MARIA EUGENIA 12 MAGDALENA MEDIO 51 BARRANCABERMEJA CALLE 49 # 4 - 24 SECTOR COMERCIAL

93 52 SAN PABLO CARRERA 7 # 17 - 73 ALCALDIA MUNICIPAL OFICINA SALON COMUNAL 53 SANTA ROSA DEL SUR CARRERA 14 NO 10 - 13 BARRIO EL CENTRO 54 MORALES CALLE 2 BARRIO EL CENTRO PALACIO MUNICIPAL 13 META/LLANOS ORIENTALES 55 VILLAVICENCIO CARRERA 41 # 26 C - 35 BARRIO MAIZARO 7 AGOSTO 56 GRANADA CALLE 15 # 14 - 07 BARRIO CENTRO 57 SAN JOSÉ DEL GUAVIARE CARRERA 27 # 5 - 50 BARRIO 20 DE JULIO 58 YOPAL CALLE 26 A NO 31 B - 75 BARRIO MARIA MILENA FRENTE A LA CASA DE LA JUSTICIA 59 DR - CASANARE CARRERA 25 NO. 11 31 BARRIO LIBERTADOR - YOPAL CASANARE 14 NARIÑO 60 PASTO CARRERA 26 # 2 - 12 AVENIDA PANAMERICANA FRENTE A CRECE MILLAS 61 DR - NARIÑO Calle 20 No 38 - 15 Barrio Avenida los Estudiantes 62 TUMACO CIUDADELA BARRIO LOS PINOS DETRÁS DEL POLIDEPORTIVO 63 IPIALES CARRERA 7 CON CALLE 9 SECTOR EL CHORRO 64 RICAURTE Carrera 2 No 2 - 11 Barrio Parque Central 64 BARBACOAS Calle Nueva Palacio Municipal 66 EL CHARCO Alcaldía Municipal B/Bustamante Plazoleta del Parque 15 NORTE DE SANTANDER/ARAUCA 67 CUCUTA AVENIDA 3 # 4 - 25 ANTIGUA CRUZ ROJA BARRIO LATINO 68 OCAÑA CARRERA 12 # 10 - 42 PALACIO MUNICIPAL OFICINA UAO 69 ARAUCA CARRERA 18 # 15 - 42 BARRIO CRISTO REY 70 TAME CALLE 15 CON CARRERA 15 EDIFICIO ALONSO PEREZ DE GUZMAN

94 16 PUTUMAYO 71 PUERTO ASIS CALLE 10 #34 - 85 BARRIO LOS CHIPAROS FRENTE AL SALON LAS HELICONIAS 72 MOCOA ANTIGUO MATADERO BARRIO SAN AGUSTIN 73 PUERTO LEGUIZAMO CALLE 6 ENTRE CARRERA 2da Y 3ra ALCALDIA MUNICIPAL 74 VALLE DEL GUAMUEZ CALLE 7 # 5 - 11 HORMIGA PUTUMAYO. (ALCALDÍA) 75 VALLE DE SIBUNDOY CALLE 18 # 15 - 41 SIBUNDOY PUTUMAYO 17 SANTANDER 76 GIRÓN CARRERA 25 Nº 29 19 BARRIO CENTRO 77 BUCARAMANGA CALLE 41 # 13 - 08 GARCIA ROVIRA 78 PIEDECUESTA CALLE 2A # 10 - 98 BARRIO VILLA NUEVA 79 FLORIDABLANCA CARRERA 12 #12 - 28 BARRIO VILLABEL 18 SUCRE 80 SINCELEJO CARRERA 19 # 32 - 68 BARRIO EL ZUMBADO 19 URABÁ 81 APARTADO CARRERA 104 # 98 - 27 BARRIO ORTIZ 82 TURBO CARRERA 14 X CALLE 99 ANTIGUA CARCEL MUNICIPAL 83 TIERRAS DIAGONAL 100 No 105 C 14 BARRIO ORTIZ UNIDAD DE TIERRAS 20 VALLE 84 BUENAVENTURA BARRIO LA INDEPENDENCIA CARRERA 59 ENTRE CALLES 6 Y 7 ANTIGUO FUNDELPA 85 CALI CARRERA 16 N 15 - 75 BARRIO GUAYAQUIL Del total de Puntos de Atención, 21 se establecieron durante el 2012 así: Tabla 14. Puntos de atención de la Unidad por departamento y municipio establecidos en 2012 Departamento N° Municipio Antioquia 4 Caucasia, El Bagre, Cáceres, Tarazá Bolívar 1 Morales Nariño 3 Barbacoas, Ricaurte, El Charco

95 Córdoba 4 Tierralta , Puerto Libertador, Valencia, Montelibano Putumayo 2 Valle del Guamuez, Valle de Sibundoy Cauca 3 Timbiquí, López de Micay, Guapi Caldas 1 Dorada Caquetá 3 San Vicente del Caguán, Cartagena del Chaira, La Montañita A partir de diciembre de 2012 se implementó la recepción de solicitudes a través de formulario web, esto con el fin de proteger la información y mejorar la gestión las mismas. En proceso de construcción de puntos de atención, se encuentran: Tabla 15. Puntos de atención en proceso de construcción 2012 2013 PROCESO Entidad Territorial VR APORTES UARIV VR APORTES ENTIDADES TERRITORIALES VR TOTAL PROYECTOS EN CONSTRUCCION Floridablanca $ 194 , 353 , 384 $ 123,000,000 $ 317,353,384 EN FORMULACIÓN ( Los valores de referencia pueden ser ajustados, al proyecto definitivo) Urrao, Caucasia, Ocaña y Arauquita $ 1,600,946, 000 $ 1,609,946,000 $ 3,210,892,000 Centros Regionales Los Centros Regionales se crean mediante la Ley 1448 de 2011 y su Decreto reglamentario 4800 del mismo año y se constituyen en el mecanismo que permite implementar la estrategia de articulación interinstitucional de la oferta del nivel nacional y territorial que tiene como objetiv o atender, orientar, remitir, acompañar y realizar el

96 seguimiento a las víctimas. Se implementa de manera gradual en los municipios en donde concurran la mayor cantidad de víctimas, teniendo en cuenta las necesidades específicas de cada territorio, al igua l que los programas, estrategias e infraestructura existentes. Es por ello, que la Unidad para las Víctimas ha desarrollado una línea de acción que tiene como objetivo la creación de los Centros Regionales de Atención y Reparación a Víctimas, esta estrate gia contribuye a propiciar una atención integral en coordinación con las entidades que conforman el SNARIV, promueve la participación de la institucionalidad de orden intersectorial e interinstitucional. Asimismo y como complemento a la creación de los Ce ntros Regionales, se desarrolla la estrategia que se denomina Puntos de Atención y Orientación a las Víctimas, cuyo propósito es fortalecer los espacios que las Entidades Territoriales han dispuesto para que se lleve a cabo el proceso de atención a la pobl ación víctima, mejorar las condiciones locativas para prestar la atención a las víctimas de manera integral y oportuna. Para lograr brindar atención y orientación a las víctimas existe una responsabilidad compartida por una parte de proporcionar los espa cios adecuados recae sobre las administraciones municipales o departamentales, y por otro es indispensable tener en cuenta que las entidades del Gobierno deberán trabajar de manera armónica y articulada con la Unidad para el cumplimiento de los fines previ stos en la Ley 1448 de 2011. Adicionalmente, los principios de subsidiaridad y complementariedad definen que todas las medidas de atención, asistencia y reparación deben establecerse de forma solidaria y propender por la protección de los derechos de las v íctimas. En este sentido, en el 2012, la Unidad para las Víctimas, diseñó la metodología Banco de Proyectos, como herramienta para la formulación de los proyectos de creación de los Centros Regionales y Fortalecimiento de los puntos de Atención a Víctimas. Como apoyo a la Unidad para las Víctimas, el Programa de Políticas Públicas (PPP) de USAID, desarrolló una consultoría para definir los lineamientos para el montaje de los Centros Regionales, con los resultados obtenidos, para el segundo semestre de 2012 se ajustó la metodología para la formulación de los proyectos. Por lo tanto, el diseño e implementación se adaptará a las necesidades específicas de la entidad territorial, en especial frente a los programas de prevención, asistencia, atención, protección y reparación integral a las víctimas que los municipios o distritos. La articulación de la oferta en los Centros Regionales permitirá brindar asesoría, atención y orientación a todas

97 las personas víctimas desde un enfoque diferencial y de derechos, prest ar la atención y el acompañamiento psicojurídico a través de un equipo interdisciplinario, desarrollar y mantener actualizadas las rutas de atención y orientación a las víctimas, y proveer a la Red Nacional de Información los reportes que esta requiera en relación con la atención a las víctimas, de acuerdo con los lineamientos establecidos por la Unidad. A continuación se relacionan las tipologías definidas, teniendo en cuenta las particularidades territoriales en relación con la atención a las víctimas. Tipologías de Centros Regionales Los Centros Regionales como el espacio físico en el que confluyen las entidades nacionales y territoriales y deberán adaptarse a las necesidades específicas del territorio, en especial frente a la oferta institucional exi stente en el mismo. En este sentido, se definieron los siguientes criterios: i) Localización de las víctimas, ii) Características de las víctimas que demandan atención, iii) Sostenibilidad financiera de los municipios, iv) Transparencia institucional y v) Voluntad política. Una vez se realizó el cruce de las variables definidas anteriormente y teniendo en cuenta algunas consideraciones adicionales de la Unidad en términos de conveniencia estratégica, se definieron cuatro tipologías de Centros: Máxima: la que concentra mayor demanda de atención y requiere de un espacio físico máximo de 1.153 M 2 . Alta: Con un requerimiento de espacio físico máximo de 931 M 2 Media: Con un requerimiento de espacio físico máximo de 728 M 2 Baja: Con un requerimiento de espacio físico máximo de 564 M 2 Como resultado de la aplicación de los criterios, se priorizaron y clasificaron 27 municipios como se relaciona en la siguiente tabla : Tabla 16. Clasificación tipológica de municipios según ti pología de centros Tipología Máxima Tipología Alta Tipología Media Tipología Baja Apartadó, Bogotá, Cali, Medellín, Santa Marta, Barranquilla, Buenaventura, Bucaramanga, Ibagué, Montería, Arauca, Barrancabermeja,

98 Sincelejo, Valledupar y Villavicencio Cartagena, Cúcuta, Florencia, Soacha y Popayán Neiva, Quibdó y Tumaco Mocoa, Pasto, Pereira y San José del Guaviare Fuente: Lineamientos para el montaje de los Centros Regionales de Atención a Víctimas, Informe final. 2012. Preparado por AECOM International Development. Tabla 17. Avances a marzo de 2013. Centros Regionales 2012 - 2013 PROCESO ENTIDAD TERRITORIAL VR APORTES UARIV VR APORTES ENTIDADES TERRITORIALES VR TOTAL PROYECTOS EN CONSTRUCCION Medellín (Caunces, Belencito y Palermo), San Jose del Guaviare y Valledupar $ 2,315,416,238 $ 4,962,773,051 $7,278,189,289 EN CONTRATACIÓN Tame , Ipiales y El Charco $ 1,970,075,310 $ 392,088,614 $ 2,362,163,924 EN FORMULACIÓN ( Los valores de referencia pueden ser ajustados, al proyecto definitivo) Soacha, Buenaventura, Curumaní, El Molino, Aguachica , Arauca, Pasto, Policarpa, Tumaco, Barranquilla, Soledad, Quibdó, Florencia, Montería y Cúcuta $ 19,295,836,744 F. APROPIACION PRESUPUESTAL 2012 En 2012, el Sector de la Inclusión Social y la Reconciliación tuvo una asignación presupuestal de $8,8 billones que representaron el 5,3% del Presupuesto General de la Nación. Al interior de este, la Unidad para las Víctimas contó con la tercera apropiación más grande ($1,85 billones) luego del ICBF ($4,03 billones) y del DPS ($2,45 bil lones)

99 Gráfica 5. Asignación Presupuestal 2012 Entidades Sector Inclusión Social y Reconciliación (millones de pesos) Asimismo, la Unidad tuvo una ejecución presupuestal del 84,7% en pagos (93,6% en obligaciones y 94,4% en compromisos). Tabla 18. Ejecu ción Presupuestal 2012 Unidad para las Víctimas La ejecución de la Unidad durante su primer año de gestión estuvo liderada por la ejecución del Fondo de Reparación a las Víctimas (FRV) (99,8% de los Recursos Nación del Fondo se comprometieron, 99,7% se o bligaron, y 84,6% se pagaron). A través del uso de los recursos del FRV se colocaron giros bancarios a 157.014 personas víctimas por un valor de $912,522 millones de pesos, superando en un 42% la meta de la vigencia. De las 157.014 víctimas indemnizadas, 7 .052 son niños, niñas y adolescentes, a favor de los cuales la entidad constituyó un encargo fiduciario que permite que nadie pueda disponer de los recursos de su indemnización hasta ICBF $ 4.036.740 DPS $ 2.455.263 UARIV $ 1.850.536 ANSPE $247.736 Consolidación Territorial $ 212.983 Centro Memoria Histórica $ 15.276

100 el momento que cumplan la mayoría de edad, y puedan tomar sus propias dec isiones sobre los mismos. Parte de esta indemnización administrativa estuvo dirigida a 510 mujeres víctimas del delito contra la libertad e integridad sexual. Igualmente se llevó a cabo el pago por el caso Mampuján y vencedores de Arauca, beneficiando 936 víctimas, por $23.789 millones de pesos. Lo anterior conllevó a que en la vigencia 2012 se avanzara en la formulación de 51.565 planes individuales de reparación integral, en estos planes 24.994 personas expresaron su interés en el acompañamiento a la inve rsión de los recursos de indemnización. Por su parte, en inversión se comprometieron el 96,3% de los recursos, se obligó el 95,2% y se pagó el 92,2%; es de resaltar la dinámica del proyecto de prevención y atención a la población desplazada a través del cual se realizan los pagos de ayuda humanitaria de emergencia y transición y el proyecto de atención integral a las víctimas a través del cual se realizó un importante número de pagos de indemnizaciones administrativas en el marco de la Ley 418 de 1997. E ntre los principales logros de la Unidad se encuentra la colocación de 919.131 solicitudes de ayuda humanitaria durante la vigencia 2012 (Incluye rezago 2011), se entregó ayuda humanitaria inmediata (alimentaria y no alimentaria) a 32.104 hogares por más de $15 mil millones, igualmente se brindó acompañamiento a entes territoriales en 90 desplazamientos masivos. La Unidad concertadamente elaboró 8 planes de reparación colectiva, de los cuales 4 fueron aprobados (El Salado, La Gabarra, El Tigre y ATCC) y 4 cuentan con plan (Univ. de Córdoba, Libertad, Comunidades Negras de Buenaventura y ANMUCIC). Se brindó acompañamiento técnico sobre la aplicación de la Ley 1448 de 2011 y de los decretos relacionados con los grupos étnicos, Decretos 4633, 4634 y 4635 de 2011, a 1.103 entidades territoriales; Se avanzó en la gestión para la construcción, adecuación y dotación de 6 centros regionales, específicamente se firmaron convenios y realizaron desembolsos para las ciudades de Medellín (3), Valledupar, San Jo sé de Gu aviare y Floridablanca

101 3. AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS SOCIA LES, PSICOSOCIALES Y ECONÓMICAS En este aparte se presentan las acciones realizadas por las entidades que conforman el Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas, con énfasis en la implementación de las medidas psicosociales y sociales. Se iniciará por la inclusión de las medias implementadas por el Ministerio de Salud a través del Programa de Atención Psicosocial y Salud Integral a las Víctimas (PAPSIVI) , dado que es la estrategia más importante mencionada en la Ley para mejorar la condición de salud integral psicosocial, emocional y física para las víctimas. También, se incluirán acciones complementarias emprendidas por la Unidad para las Víctimas, el De partamento para la Prosperidad Social y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). 3.1. Ministerio de Salud y Protección Social Frente a la estrategia de atención en salud y atención psicosocial, el Ministerio de Salud y Protección Social conforme a lo dispuesto en la Ley 1448 de 2011 y sus Decretos reglamentarios, tiene a cargo el diseño del Programa de Atención Psicosocial y Salud Integral a Víctimas del Conflicto Armado en adelante PAPSIVI, el cual forma parte de las medidas de asistencia y reh abilitación emanadas en la presente Ley. El PAPSIVI consta de dos grandes componentes específicos: la Atención Psicosocial y la Atención Integral en Salud para las víctimas del conflicto armado; el primero se centra en el daño psicosocial; y el segundo e n la salud física y mental, en sus momentos de promoción, prevención, tratamiento y rehabilitación general. Estos componentes se articulan a través de estrategias simultáneas y transversales de coordinación con y entre los Entes Territoriales, articulación entre los sectores, construcción conjunta con la participación de todos los actores responsables de su implementación y con las víctimas y sus organizaciones, la formación del talento humano y, el seguimiento, monitoreo y retroalimentación. En el compon ente de Atención Psicosocial , el centro de atención no es la enfermedad o trastorno mental. Es el impacto en la integridad psicológica y moral, al proyecto de vida, a la vida en relación causado por las violaciones graves a los derechos humanos e infraccio nes al Derecho Internacional Humanitario. En este sentido, las acciones parten de reconocer el daño ocasionado a la(s) víctima(s), contextualizar los hechos y recuperar la memoria histórica como parte del camino a la verdad, a la justicia y a la reparación . Esto entraña un importante reto para los profesionales de la salud mental en tanto conlleva a ampliar su mirada y establecer conexiones entre el

102 sufrimiento emocional y la vulneración de los derechos. Por ello, este componente no será operado solamente p or profesionales de la salud mental. Desde este punto de vista, todo proceso psicosocial con víctimas del conflicto armado, debe comenzar por recuperar en su imaginario, la sensación de seguridad, la acción de control sobre sus propias vidas y la posibilidad de decidir sobre su futuro, el de ellos y ellas mismas, de sus familias y el de sus comunidades. Este proceso debe basarse en las diferencias generacionales, ciclo de vida, étnicas, culturales, sociales, territoriales, políticas, género, sexuales, discapacidad, y de las implicaciones que tiene acompañar los impactos derivados de los diferentes hechos victimizantes que permita a cada grupo y sus miembros la consolidación de un continuo estable de desarrollo. Para llevar a cabo este proceso, el PAPSIVI contempla dentro del componente psicos ocial, la conformación de equipos interdisciplinarios de profesionales con entrenamiento y experiencia en atención psicosocial y comunitaria con víctimas o población vulnerable (psicología, trabajo social, enfermería, sociología, antropología, promotores p sicosociales de la comunidad, líderes y lideresas locales), quienes llevan a cabo distintas acciones enmarcadas a partir de la siguiente ruta de atención psicosocial: Búsqueda activa de las víctimas en zonas geográficas dispersas, incluyendo población re tornada o reubicada (mapeo). Caracterización psicosocial: daño, sufrimiento, recursos y potencialidades. Construcción del plan de atención psicosocial individual, familiar y comunitario con las personas afectadas. Atención psicosocial individual, familia r y comunitaria por equipos interdisciplinarios según caracterización del daño. Remisión, cuando sea necesario, a otras instituciones del Sistema General de Seguridad Social en Salud u otros sectores. Registro de las actividades realizadas. Monitoreo y se guimiento. Cierre de la atención. En el componente de atención integral en salud , el centro es la operación del Sistema General de Seguridad Social en Salud , como responsable de garantizar el acceso real, con enfoque psicosocial efectivo y digno a los se rvicios requeridos para la recuperación física y mental de la población víctima del conflicto armado, lo que implica ajustar sus procedimientos para permitir el desarrollo ágil y oportuno de los mecanismos dispuestos para su atención, definiendo actores, r esponsables y procedimientos, en aras de cumplir con los lineamientos y parámetros de la Ley y de esa manera incorporar efectivamente el enfoque psicosocial y el enfoque diferencial.

103 En ese sentido, se entiende por atención integral en salud, las activid ades esenciales para satisfacer las necesidades de salud de la población víctima, administradas por las Entidades Promotoras de Salud (EPS) y prestada por Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) e incluye la totalidad de las actividades, inte rvenciones y procedimientos en sus componentes de promoción de la salud, prevención, tratamiento y rehabilitación, que permitirá a la población afectada recuperar o mejorar su integridad física, emocional y psicológica. En tal sentido, el PAPSIVI contempla la estrategia de Atención Primaria en Salud (APS) la cual se materializará mediante el Plan Decenal de Salud Pública. Esta atención integral comprende: i) la promoción y prevención; ii) la asistencia en salud; y iii) la rehabilitación en salud mental y fí sica. En el marco del PAPSIVI, la atención integral en salud debe ser brindada desde la perspectiva del enfoque psicosocial, es decir, debe actuar sobre los daños físicos, psicológicos y psiquiátricos de la víctima y su entorno familiar, de manera que se ofrezca la posibilidad de reducir los padecimientos, sufrimientos y angustias resultantes de los hechos de los que fueron víctimas y, en esa medida, contribuir a reconstruir su proyecto de vida. Asimismo, se reconoce que para el diagnóstico de los daños y la construcción de los planes de atención en salud integral a las víctimas, los impactos sobre la salud física y mental son diferentes de acuerdo a los hechos de violencia y de acuerdo a las particularidades de ciclo vital, género, orientación sexual, e tnia, situación de discapacidad, situación de vulnerabilidad, situación geográfica y otros criterios. De manera que la atención en salud a las víctimas debe adecuarse a las particularidades del daño y de la persona que lo presenta y, para el caso de la ate de manera que se les brinden tratamientos colectivos, familiares e individuales según lo que se acuerde con cada uno de ellos y después de una evaluac 23 . Desde esta perspectiva, el PAPSIVI ha diseñado una ruta de atención integral en salud que incluye: Valoración integral y diagnóstico de la situación psicosocial y de salud física y mental . Las personas víctimas serán valoradas por un el grupo de profesionales, quien establecerá un diagnóstico que indique cuál es el curso de acción y el tratamiento a seguir en cada caso particular. La atención propiamente dicha, sea ambulatoria o no. Seguimiento. El grupo de profesionales deberá hacer s eguimiento continuo al estado de salud física y metal de las víctimas. 23 Martin - Beristein, C. 2005.

104 Determinación del lugar de atención y tratamiento especializado . Se deberá tener en cuenta la cercanía con el sitio de vivienda y las necesidades de tratamiento específico que resulten de la valoración que se les haga. Es importante mencionar que la Atención Integral en Salud y la Atención Psicosocial se integran en los planes que se construyan con las víctimas, a partir de las rutas de reparación individual y colectiva, incluyendo los planes de retorno y reubicación, según la focalización geográfica que se determine y, las acciones, planes y programas de reparación integral que diseñen y ejecuten las entidades del Estado con competencias y responsabilidades frente a las víctimas y tenie ndo en cuenta los hechos victimizantes. En cuanto a Talento Humano , se cuenta con el documento preliminar de lineamientos de formación del Talento Humano, de acuerdo a lo ordenado en el artículo 169 del Decreto 4800 de 2011; el cuál se encuentra en proce so de validación con expertos nacionales e internacionales, además se ha avanzado en procesos de formación mediante diplomados en articulación con la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas y la Cooperación Internacional. Como resultad os, a la fecha tenemos la capacitación a 45 funcionarios del Sector Salud, Ministerio Publico y Gobierno, en atención psicosocial a víctimas del conflicto armado realizado en Lima, Perú y 7 funcionarios capacitados en Japón con recursos del Convenio suscri to con la Agencia Japonesa de Cooperación Internacional - JICA MSPS - Unidad para las Víctimas). Y la participación de aproximadamente 200 personas en el Diplomado en atención psicosocial a víctimas del conflicto, dirigido a servidores públicos de todos lo s sectores del orden nacional y territorial que se adelanta en convenio con la Universidad del Rosario, el Ministerio y la OIM. Para el PAPSIVI, el incorporar en su actuar el enfoque psicosocial significa la comprensión de las víctimas como sujetos de de rechos, que buscan la superación de los hechos de victimización al tener acceso a la verdad, la justicia y la reparación integral. Así, el espíritu del Programa de Atención Psicosocial y Salud Integral a Víctimas es contribuir a la vigencia y goce del dere cho a la vida, a la salud, a la igualdad, a la libertad, a la honra, a la participación y a la paz entre otros derechos fundamentales consagrados en nuestra carta constitucional y, actualizados por la voluntad política y social de reconocer los efectos y d años directos del conflicto armado interno en un amplio sector de la población. El Ministerio de Salud y Protección Social en el marco de los Espacios Transitorios para la construcción del Protocolo de Participación que viene adelantando la Unidad para l a Atención y Reparación Integral a las Víctimas, ha llevado a cabo procesos de socialización d el PAPSIVI en los territorios . En dichos espacios, se ha

105 contado con participación de las víctimas y otros actores territoriales y se han identificado barreras pa ra la atención en salud de las víctimas, así como propuestas para eliminarlas. Esto da cuenta tanto de los retos como de las dificultades que tiene el sector salud para la atención integral a las víctimas. Desde esta perspectiva, se presenta a continuación un cuadro que resume estos dos aspectos: Tabla 19. Barreras para la atención en salud a las víctimas y posibles soluciones BARRERAS SUGERENCIAS PARA ELIMINAR BARRERAS - Desconocimiento del personal de salud de la condición de las víctimas y maltrato en la atención. - No hay priorización de las víctimas con discapacidad. - Deficiente capacidad de oferta en el primer nivel, especialmente en las zonas rurales . - Demora en la asi gnación de citas . - Entrega incompleta de medicamentos de alto costo. - Pago de copagos a víctimas con régimen contributivo . - No hay pago de transporte al paciente y acompañante para practicarse exámenes - No atienden los pacientes de corregimientos y veredas op ortunamente . - La atención odontológica no se presta en corregimientos y en veredas . - Demoras en la atención por no contar con las bases de datos. - No hay rutas con el nuevo POS - No se cuenta con una veeduría capacitada - Alta rotación de funcionarios, la atención debe ser idónea y permanente. - En salud mental no se conoce oferta en los municipios ni como acceder. - No hay médicos en los municipios para los enfermos mentales. - Los centros especializados son muy pocos en el país. Los cupos en esos centros son limitados y en muchos hay que pagar la atención. - Definir un perfil del personal para la atención a victimas . - Sensibilización y capacitación a todos los funcionarios de sal ud para humanizar la atención - Fortalecer todos los hospitales con implementos e infraestructura y dotación - Farmacias con capacidad y entrega 24 horas de medicamentos a tiempo y entrega controlada en los municipios. - Incluir en el POS un recurso para tran sporte de pacientes y acompañantes cuando van a exámenes fuera del municipio. - Realizar brigadas mensuales de salud en corregimientos y atención medica constante. - Facilitar convenios de atención en las zonas limítrofes que es más cercano para la atención. - Realizar campañas de prevención en zonas mineras y aprovechamiento del tiempo libre de los jóvenes y adolescentes para prevenir la prostitución y la drogadicción. - Desarrollar atención odontológica en el campo y corregimientos . - Monitoreo permanente a la atención en salud - Fortalecer una veeduría capacitada a través de la mesa de víctimas. - Contar con la atención en salud mental en los hospitales de los municipios para enfermos mentales. - Establecer mecanismos para la entrega de los medicamentos. - Acondicio nar espacios lúdicos de atención psicosocial. - Que la atención psicosocial sea integral por su carácter reparativo y se articule a los programas de generación de ingresos

106 Tabla 20. Consolidación proceso atenció n psicosocial Equipo Territorial Municipio Grupos caracterizados # de participantes Atención Individual Atención familiar Antioquia Medellín 1 33 3 0 Apartado 6 170 0 0 Cauca Popayán 3 77 7 1 Tambo 3 99 26 1 Cesar Valledupar 3 82 1 0 Aguachica 3 109 5 0 Córdoba Montería 4 150 12 0 Tierra Alta 2 60 6 2 Choco Quibdó 3 92 2 0 Riosucio 3 120 6 0 Huila Neiva 3 78 14 4 Pitalito 3 96 9 3 Sucre Sincelejo 4 261 160 1 Palmitos 1 40 40 San Onofre 3 88 14 2 Nariño Pasto 1 22 2 0 Tumaco 4 110 3 1 Atlántico Soledad 1 35 35 Barranquilla 1 103 103 Bolívar Cartagena 2 194 194 Carmen de Bolívar 1 396 396 TOTALES 21 Municipios 55 2415 1038 15 Por otro lado, y con base en los Decretos con fuerza de Ley para Grupos Étnicos Víctimas del Conflicto Armado se han adelantado las siguientes acciones:

107 Decreto 4633/2011: en el marco de la subcomisión de salud indígena de la Mesa Permanente de Concertac ión, el Ministerio adelantó un primer ejercicio de ruta en cumplimiento de los artículos 83, 84 y 85 del Decreto 4633. El objetivo de la Ruta de atención integral en salud para la población indígena víctima y desplazada por la violencia es definir los meca nismos técnicos, administrativos y operativos de la atención integral en salud, para los actores del orden nacional y territorial del Sistema General de Seguridad Social en Salud, en orden a garantizar la prestación de servicios de salud gratuitos y con en foque diferencial. (Art. 84, Decreto - Ley 4633 de 2011). Esta ruta estará articulada al desarrollo del Sistema Indígena en Salud Propio e Intercultural (SISPI), que viene trabajando el Ministerio de Salud y Protección Social y la Subcomisión de Salud de l a Mesa Permanente de Concertación con los pueblos indígenas. Esta ruta preliminar se socializó con la subcomisión de salud indígena de la Mesa Permanente en marzo de 2012; luego en mayo de 2012 se socializó todas las competencias del Ministerio de Salud y Protección Social en el marco de la Ley 1448 de 2011 y el Decreto Reglamentario 4633 de 2011. En junio de 2012, la subcomisión de salud indígena de la Mesa Permanente presentó una propuesta de trabajo al Ministerio, en la cual se plantea que la parte oc cidental de la ruta la elabore el Ministerio y que la subcomisión elabore la parte de medicina tradicional de la misma; esta propuesta está en revisión y análisis por el Comité institucional para la salud y protección social del Ministerio. Decreto 4634/2 011 sobre Pueblo Rrom o Gitano: siguiendo lineamientos de Coordinación con el Ministerio del Interior y las kumpanias, está pendiente reunión para concertar plan de trabajo. Decreto 4635/2011: en junio de 2012, bajo el liderazgo del Ministerio del Interio r se realizó un primer espacio de socialización del Decreto Reglamentario con la comunidad de Palenque. Así mismo se estableció un cronograma de actividades con la comunidad Afro del Pacífico, particularmente en los municipios de Tumaco, La Tola y el Charc o en el departamento de Nariño, para la difusión de la Ley de Víctimas en articulación con el Auto 005 de 2009. De igual manera, y con miras a promover procesos de atención integral de las víctimas del conflicto armado, el PAPSIVI ha integrado la estrategia de coordinación y articulación Nación - Territorio e Interinstitucional . El objetivo de la estrategia de articulación es establecer un procedimiento técnico y operativo para la coordinación y la articulación en la implementación del Programa y s us acciones en el ámbito nacional municipal y departamental. En este contexto, el Ministerio realizará las acciones de coordinación pertinentes de la siguiente manera: 1. Espacios de coordinación nacional: en estos espacios se diseñan, monitorean y evalúan las políticas, los planes y los programas para la atención integral de las víctimas del conflicto armado interno, así como la asignación del presupuesto para dar cumplimiento a estas. Para efectos específicos de diseño,

108 implementación, seguimiento y monito reo del Programa de Atención Psicosocial y Salud Integral a Víctimas (PAPSIVI), este escenario al interior del Ministerio de Salud y Protección Social está conformado por el Comité Institucional para la Salud y Protección Social de las Víctimas del Conflic to Armado (Resolución 888 del 23 de abril de 2012). Este comité realizará la interlocución con el Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral para las Víctimas el Conflicto Armado Interno - SNARIV y el Sistema de Seguridad Social en Salud - SGSSS. 2. Es pacios de Coordinación Nación - Territorio 24 : el propósito fundamental de este escenario de coordinación conforme a las responsabilidades y competencias asignadas por la Ley 1448 de 2011, es establecer estrategias que faciliten la implementación del Programa de Atención Psicosocial y Salud Integral a Víctimas en el nivel territorial, a través de las Secretarías de Salud Departamentales, Municipales y Distritales. Desde los principios de subsidiaridad, concurrencia y complementariedad, el ejercicio de coordina ción Nación - Territorio se da conjuntamente en los Comités Departamentales, Municipales y Distritales de Justicia Transicional. A su vez estos Comités se articularán a los Consejos Territoriales de Seguridad Social en Salud. 3. Espacios de Coordinación Territ orial: los cuales se encuentran divididos en departamentos y municipios y/o distritos. En la esfera Departamental, las gobernaciones y las alcaldías en cabeza de sus Secretarios Departamentales y Municipales de Salud desarrollan las acciones pertinentes al PAPSIVI en los siguientes escenarios: Los Consejos Territoriales de Seguridad Social en Salud (SGSSS) 25 : estos Consejos se articulan con los Consejos de Justicia Transicional; en este espacio participarán los responsables de diseñar la política pública regional a partir de los lineamientos de la política nacional, de hacerla operativa a través de la implementación del PAPSIVI y los programas en concurrencia, complementariedad y subsidiaridad con las entidades del orden nacional. Comités Departamentales de Justicia Transicional, los cuales hacen seguimiento a los planes definidos por los Consejos Territoriales de Seguridad Social en Salud, en relación a las medidas de Rehabilitación a implementar en los Departamentos y Municipios. En la esfera Municipal y/o Distrital, son las Alcaldías Municipales en cabeza de las Direcciones de Salud las que deberán implementar, hacer seguimiento y evaluación al PAPSIVI. Para ello, los escenarios de articulación para la implementación del Programa se desarrollarán en lo s Comités de Justicia Transicional y en los Consejos de Seguridad Social en Salud Municipales. Para facilitar el proceso de articulación, las Secretarías de Salud Municipales son las encargadas de coordinar con las Entidades Promotora de Salud (EPS), las Instituciones Prestadoras de Servicios (IPS) y la Empresas Sociales 24 Articulación Nación - Territorio. Se entiende por articulación Nación - Territorio la relación estratégica entre las entidades nacionales y territoriales, con el propósito de prevenir, asistir, atender y reparar integralmente a las víctimas en los términos del artículo 3 de la Le y 1448 de 201.

109 del Estado (ESE), las acciones que garanticen la atención efectiva a las víctimas y la implementación de la ruta de atención del Programa y de las rutas de reparación. Finalmente, en rela ción con los procesos de seguimiento y monitoreo al PAPSIVI , es importante mencionar que e l Ministerio de Salud y Protección Social, cuenta con el Sistema Integral de Información de Salud y Protección Social (SISPRO), que provee información para el diseño, formulación, seguimiento y evaluación de políticas públicas de Salud y Protección Social. Con el fin de proveer la información que el sector demanda, integra información de fuentes como: Registro Individual de Prestación de Servicios (RIPS), Registro Únic o de Afiliados a la Protección Social (RUAF), Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (PILA), Registro para la localización y caracterización de personas con Discapacidad, Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud (REPS), Registro Único d e Población Desplazada, Registro de Estadísticas Vitales (EEVV - DANE), Sistema Nacional de Vigilancia en Salud Pública (SIVIGILA). La integración de esta información se realiza en la Bodega de Datos de SISPRO (Sistema de Gestión de Datos SGD), a través de l cual se dispone la información a los usuarios para que realicen consultas y generen reportes a demanda, según sus necesidades. El sistema realiza actualización periódica y permanente de la información para diferentes consultas de la población víctima del conflicto armado a nivel Nacional y Territorial. Igualmente, se está implementando el Sistema de Seguimiento y Monitoreo a la Atención en Salud de las Víctimas del Conflicto Armado . Este Sistema de Seguimiento tiene como base los Indicadores de Goce Efec tivo de Derechos para el Sector Salud, y se complementa con la tabla maestra de Indicadores de Salud y Protección Social, definida por el Ministerio. Adicionalmente, cuenta con indicadores de proceso para medir el cumplimiento de las entidades territoriale s frente a las órdenes de las Cortes. Como parte de este sistema ya se han desarrollado las siguientes herramientas: 1. Instrumento de monitoreo, seguimiento y evaluación de la atención en salud de la población víctima con enfoque diferencial. Esta estrategi a desarrolla herramientas de sistematización de registro y consolidación de la información, que permiten la comunicación, monitoreo, sistematización y evaluación de la atención en salud, para su permanente mejoramiento hacia el logro de los objetivos y el aprendizaje y buenas prácticas identificadas que sirvan de insumos a la política de atención a las personas víctimas del conflicto armado. 2. Herramienta SIGA (Analizador de RIPS Registro Individual de Prestación de Servicios): esta herramienta le permite a las Entidades Territoriales, generar más de 80 informes detallados para conocer las atenciones en salud a las víctimas. 3. Herramienta para el seguimiento a los contratos y convenios de atención a víctimas. esta herramienta facilita la generación de informa ción periódica sobre la gestión de los programas por parte del ente territorial, la detección de problemas en la gestión territorial y la adopción de las medidas correctivas correspondientes.

110 3.2. Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas Las acciones desarrolladas por la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas se encuentran referenciadas en el acápite de reparación individual y reparación colectiva del informe de la entidad. Las principales acciones desarrolladas han s ido: adelantar la secretaría técnica del subcomité de rehabilitación; elaboración, discusión y difusión de las Directrices de Atención con enfoque psicosocial; desarrollo de acciones focalizadas de atención psicosocial; territorialización del enfoque psico social a través de la capacitación de funcionarios y colaboradores de la Unidad para las Víctima a nivel territorial; puesta en marcha de la estrategia grupal de recuperación emocional dirigida a víctimas en proceso de reparación individual; y, la Estrateg ia de opera en el marco de la ruta de reparación para sujetos de reparación colectiva. 3.3. Departamento p ara la Prosperidad Social (DPS) El DPS desarrolló el Programa Música para la Reconciliación del DPS, que tiene por objeto ofrecer formación artística musical, y atención psicosocial a niños, niñas, adolescentes y jóvenes como parte de la Atención Integral a las víctimas mediante los ejes musica l y psicosocial. Durante el 2012 participaron 20.690 niños, niñas, adolescentes y jóvenes en los 32 departamentos del país, distribuidos entre sus líneas de intervención así: Preorquesta Tipo A: 11.565 niños, niñas y adolescentes. De los cuales 7.648 corr esponden a víctimas del conflicto. Preorquesta Tipo B: 8.410 niños, niñas y adolescentes. De los cuales 5.912 son víctimas. Discapacidad: 715 niños, niñas, adolescentes y jóvenes en condición de discapacidad. De los cuales 635 son víctimas. Tabla 21. Impl ementación Programa Música para la Reconciliación Tipo de Centro A B Discapacidad Total Inscritos Total Víctimas Inscritos Víctimas Inscritos Víctimas Inscritos Víctimas Amazonas 213 23 213 23 Antioquia 1279 755 680 463 132 124 2091 1342 Arauca 145 104 293 292 438 396

111 Tipo de Centro A B Discapacidad Total Inscritos Total Víctimas Inscritos Víctimas Inscritos Víctimas Inscritos Víctimas Atlántico 438 301 185 152 623 453 Bogotá, D.C. 901 554 121 108 1022 662 Bolívar 405 241 439 383 844 624 Boyacá 160 17 160 17 Caldas 241 117 241 117 Caquetá 465 359 328 264 88 83 881 706 Casanare 211 152 211 152 Cauca 361 162 361 162 Cesar 468 310 154 97 622 407 Chocó 443 297 176 165 619 462 Córdoba 529 197 329 253 858 450 Cundinamarca 583 254 160 154 743 408 Guainía 143 20 143 20 Guajira 322 304 295 274 617 578 Guaviare 366 199 366 199 Huila 607 487 148 102 755 589 Magdalena 393 176 278 268 671 444 Meta 477 274 132 120 609 394 Nariño 361 249 833 525 137 101 1331 875 Norte de Santander 686 587 489 448 1175 1035 Putumayo 313 274 1012 854 56 49 1381 1177 Quindío 219 121 219 121 Risaralda 145 116 132 113 277 229 San Andres y Providencia 167 167 Santander 554 410 153 130 64 59 771 599 Sucre 357 303 146 146 57 56 560 505 Tolima 331 256 282 57 613 313 Valle 425 327 332 284 60 55 817 666

112 Tipo de Centro A B Discapacidad Total Inscritos Total Víctimas Inscritos Víctimas Inscritos Víctimas Inscritos Víctimas Vaupés 146 18 146 18 Vichada 145 52 145 52 Total general 11565 7648 8410 5912 715 635 20690 14195 3.4. Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) A. Medidas tendientes a mejorar las condiciones psicológicas de los niños, niñas y adolescente s víctimas del conflicto armado El ICBF trabaja con la Agencia Colombiana para la Reintegración Social (ACR), buscando un mecanismo de tránsito para los niños, niñas y adolescentes desvinculados de grupos armados que egresen del Programa Especializado del ICBF y que garantice su tratamie nto como víctimas del conflicto armado, a pesar de cumplir la mayoría de edad 26 : este ejercicio, genera recomendaciones para que el proceso de tránsito de los jóvenes desvinculados que egresan del ICBF, sigan su proceso de atención y reparación ante la Unid ad Administrativa Especial de Atención y Reparación Integral a las Víctimas. Las recomendaciones a la fecha, son: (i) Garantizar la continuidad del joven desvinculado, en los programas y modalidades de atención del ICBF; (ii) la no duplicidad de tareas par a las tres entidades: ICBF, ARC y UAERIV, con el adelanto de acciones de su competencia, con un mismo enfoque reparador. Por último, (iii) recoger y tener presentes las experiencias y lecciones aprendidas con que cuenta la ACR, en materia de atención y rei ntegración social a jóvenes desvinculados de GAOML. Rehabilitación de niños, niñas y adolescentes víctimas: en el marco del proyecto de investigación sobre las consecuencias, impactos, afectaciones y daños psicosociales de los niños, niñas y adolescentes víctimas del conflicto armado, el ICBF realizó (i) capacitaciones a funcionarios y colaboradores, y (ii) recolección de información a nivel científico, tanto a nivel cualitativo como cualitativo, sobre las consecuencias y afectaciones psicosociales de los niños, niñas y adolescentes víctimas, teniendo en cuenta los principales hechos victimizantes 27 y el enfoque diferencial. Las zonas donde se trabajó el 26 Para ello, se cuenta con el apoyo de una organización de la sociedad civil, Fundación Social, con quien se viene adelantado e l desarrollo de una consultoría, desde el mes de diciembre de 2012. 27 Víctimas por Desplazamiento Forzado, Recl utamiento, afectaciones ocasionadas por minas antipersonal, munición sin explotar y artefactos

113 proyecto, corresponden a aquellas donde se encuentran concentrados los programas y modalidades de atenci ón a niños, niñas y adolescentes que han sufrido en mayor medida los daños ocasionados por la dinámica del conflicto armado, a saber: Pereira, Medellín, Cali, Manizales, Cartagena, Sincelejo, Yopal, Villavicencio, Pasto, Bucaramanga y Bogotá. Como resultad o, actualmente el ICBF cuenta con aproximaciones conceptuales y técnicas de las consecuencias y afectaciones psicosociales que sufre la población menor de 18 años en el contexto referido. B. Medidas tendientes a mejorar las condiciones sociales y económi cas de los niños, niñas y adolescente s víctimas del conflicto armado Derecho a la indemnización de los niños, niñas y adolescentes víctimas del conflicto armado, a través del encargo fiduciario: en el marco del diseño de la ruta diferencial de reparación integral para niños, niñas y adolescentes, el ICBF participó en el mes de diciembre, en el lanzamiento de 7.052 encargos fiduciarios para adolescentes priorizados en razón de encontrarse próximos a cumplir la mayoría de edad. Adicionalmente, participa activamente en la primera sesión del Comité Operativo para el Encargo Fidu ciario, instalado por la Unidad para las Víctimas, en donde se realizaron recomendaciones para salvaguardar en mejor manera, los derechos patrimoniales de los menores de 18 años. Reparación colectiva con énfasis en medidas para niños, niñas y adolescente s: el ICBF participa en el Subcomité correspondiente, velando por identificar y dar visibilidad a los niños, niñas y adolescentes, en el sujeto colectivo a intervenir, más allá de lo relativo al registro. Actualmente, se realizan acciones de trabajo conjun to con el Plan Padrino de la Presidencia de la República, con el fin de llevar a cabo la construcción de un Centro de Desarrollo Infantil (CDI) en la inspección El Tigre, ubicada en el departamento de Putumayo, medida que fue solicitada por dicha comunidad en su plan de reparación 28 . Estrategia de Cero a Siempre: de carácter interinstitucional (ICBF MEN DPS MSPS MC DNP Presidencia de la República) dirigido a niñas y niños entre los 0 y 6 años de vida, buscando promover y garantizar el desarrol lo infantil en la primera infancia asegurando el acceso a salud, nutrición, educación inicial, cuidado, protección y atención integral de esta población. Actualmente, se encuentran vinculados a esta estrategia 223.504 niñas y niños víctimas del delito de d esplazamiento forzado interno, mediante las modalidades integral (58.083), tradicional (88.149), programa DIA (73.715) y otras formas de atención (3.557). explosivos improvisados, secuestro, desaparición forzada, y orfandad como consecuencia del conflicto armado. 28 Se realizará un taller participativo los días 3, 4 y 5 de marzo de 2013, con niños y niñas, para que sean ellos quienes expresen sus necesidades frente al CDI, tanto materiales como inmateriales.

114 Principales metas Desarrollar la implementación de la política nacional de reconciliación para niños, niñas y adolescentes, con estrategias de sensibilización social orientadas a modificar en la comunidad y en los diferentes actores sociales, los imaginarios sociales que obstaculizan el proceso de integración social de quienes han formado parte de g rupos armados al margen de la ley. Fortalecer las capacidades profesionales y avanzar en la innovación metodológica y técnica para responder a las demandas diferenciadas de los niños, niñas y adolescentes en el marco de la reparación integral. Continuar con la coordinación de esfuerzos con la Unidad y demás entidades del SNARIV, para avanzar en acciones de reparación integral que reconozcan las necesidades superiores y diferenciales de los niños, niñas y adolescentes víctimas de la violencia armada en el país. Construir una estrategia de reparación colectiva que visibilice y materialice las necesidades de los niños, niñas y adolescentes de los sujetos colectivos mayormente afectados por el conflicto armado.

115 4. AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA LEY POR SECTOR En este capítulo se presentan los avances del resto de entidades que conforman el SNARIV dentro de las competencias que le establecen la Ley 1448 de 2011 y su reglamentación legal. La presentación de estos avances se ha ce por Sector. Aquellas entidades que no aparecen en este numeral es porque sus acciones y avances están desarrollados en los capítulos 2 y 3 de este informe, donde se presentan articulados en torno a la Ruta de Atención, Asistencia y Reparación Integral a la Víctimas, lo mismo que a las medidas Sociales, Psicosociales y Económicas. 4.1. SECTOR DE LA INCLUSIÓN SOCIAL Y LA RECONCILIACIÓN 4.1.1. DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL A. Operación prolongada de socorro y recuperación La OPSR 200148, es un convenio de cooperación internacional donde participan el gobierno de colombiano a través del Departamento para la Prosperidad Social, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y la Agencia Colombiana para la Cooperación Internaci onal (APC Colombia), y de Naciones Unidas, el Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas (PMA). La Operación atendió a la población con extrema vulnerabilidad, inseguridad alimentaria y nutricional afectada por el conflicto; población desplazad a; con restricción de movimiento y limitación al acceso a los alimentos; en riesgo de desplazamiento; poblaciones en procesos de retorno y/o reubicación y vulnerables en zonas de conflicto o en zonas de alta recepción de población desplazada. A través de l as modalidades de: socorro; atención escolar temporal; madres gestantes y en periodo de lactancia (MGL) y niños y niñas en riesgo (RN); recuperación; alimentos por Trabajo (APT); Alimentos por Capacitación (APC) y Entrega de Artículos No Alimentarios. Para esta Operación se concentró la atención en 14 departamentos y se brindó asistencia a la población víctima, según el siguiente detalle:

116 Tabla 22. PROYECTO OPSR 200148 Adicionalmente, se realizó una atención especial en la modalidad de escolares en alianza con Coca - Cola con el proyecto THRIVE en 7 Departamentos (Córdoba, La Guajira, Atlántico, Bolívar, Cesar, Magdalena y Sucre), según como se muestra en la siguiente tabla: Tabla 23 . PROYECTO OPSR 200 148 THRIVE PROYECTO OPSR 200148 DEPARTAMENTOS DESPLAZADOS VULNERABLES BLOQUEADOS BENEFICIARIOS Antioquia 10.352 13.750 24.102 Arauca 1.975 1.732 3.707 Caquetá 7.536 2.889 10.425 Cauca 22.298 5.144 27.442 Choco 6.099 7.780 13.879 Córdoba 7.583 39.321 46.904 Guaviare 1.674 1.725 3.399 Huila 4.108 2.234 6.342 La Guajira 1.438 1.221 2.659 Meta 6.577 1.865 8.442 Nariño 43.943 11.730 55.673 Putumayo 5.443 4.781 10.224 Tolima 3.581 8.233 11.814 Valle del Cauca 15.823 13.820 29.643 Total general 138.430 116.225 254.655 PROYECTO OPSR 200148 THRIVE DEPARTAMENTOS DESPLAZADOS VULNERABLES BLOQUEADOS BENEFICIARIOS Atlántico 554 1.544 2.098 Bolívar 880 1.391 2.271 Cesar 277 776 1.053

117 Para la vigencia 2012, en el marco de la OPSR 200148 se apropiaron y ejecutaron recursos por el orden $4.000 millones que correspondieron al rubro de desplazados. Cabe destacar que con esta contrapartida de gobierno y en el marco de esta importante alianza se busca que el PMA aporte a título de intención de recursos cerca de USD 39,770,421. B. Generación de ingresos, empleabilidad y sostenibilidad La Dirección de Inclusión Productiva y Sostenibilidad a través de sus diferentes grupos de trabajo busca mejorar las capacidades productivas de los individuos para lograr mejorar sus oportunidades de ingreso a través de empleo o autoempleo, en el cual se mantiene o reubica de acuerdo a las ci rcunstancias, teniendo en cuenta sus cualidades, conocimientos, su formación y las condiciones del mercado de trabajo, con el fin último de contribuir a que las personas logren su estabilización socioeconómica. MUJERES AHORRADORAS EN ACCIÓN (MAA): program a para el empoderamiento de la mujer a través de la instalación de capacidades socio empresariales, vinculación formal a los servicios financieros, educación para el manejo del dinero y la generación de una cultura de ahorro. Capacitación en equidad de género, microfinanzas, manejo del negocio y asociatividad. Capacitaciones y talleres de Fortalecimiento Organizacional. Bancarización. Microseguro de vida. Incentivos económicos. 33 mesas Intersectoriales departamentales y (313) mesas intersectoriales municipales. Se han inscrito 27.000 mujeres víctimas de desplazamiento forzado en el componente y se encuentran en el proceso de cierre en su intervención. Se realizaron talleres de transferencia metodológica a los equipos regional es. Córdoba 29 85 114 La Guajira 1.603 2.518 4.121 Magdalena 1.410 5.880 7.290 Sucre 1.252 3.787 5.039 Total general 6.005 15.981 21.986

118 TRABAJEMOS UNIDOS (TÚ): identificar, caracterizar y formar en competencias blandas para la empleabilidad, orientación ocupacional y remisión y acompañamiento dentro de la Ruta de Generación de Ingresos. Caracterización laboral individual e inscripción en el SNE del SENA. Formación en competencias blandas de empleabilidad. Orientación Ocupacional. Remisión a los servicios de: alfabetización, certificación, formación (técnica o en oficios semi - calificados), certificación de competencias gener ales y específicas. Y a los demás componentes de la ruta de generación de ingresos. Micro seguros de vida y transferencia monetaria. Durante el segundo periodo del 2012, se realizó una reorientación de la metodología y alcance de TÚ, y se decide compleme ntarlo con ICE, Incentivo a la Capacitación para el Empleo, componente que permite identificar alianzas público - privadas para brindar formación a la medida a los participantes; como una manera de potencializar y complementar la efectividad de la ruta de ac ceso de la generación de ingresos. Así, 25.681 víctimas de desplazamiento forzado ya fueron caracterizadas y actualmente se encuentran dentro de la ruta de atención en el proceso de formación de capacidades con presencia en 43 municipios de 16 departament os (Valle, Quindío, Nariño, Antioquia, Caldas, Risaralda, Atlántico, Bolívar, Magdalena, Cundinamarca, Tolima, Norte de Santander, Magdalena Medio, Meta y Bogotá). INCENTIVO A LA CAPACITACIÓN PARA EL EMPLEO (ICE): busca identificar la demanda de personal de la empresa privada y a través de alianzas público - privadas, generar la inserción de la población atendida facilitando el proceso de formación a la medida de la necesidad de las empresas participantes. Comprende un incentivo económico para el sostenimie nto durante el proceso de capacitación, formación del capital humano, enganche laboral y un microseguro de vida. En cuanto a la generación de oportunidades se realizaron 153 acercamientos para realizar alianzas público - privadas para identificar la demanda de personal de la empresa privada. 55 alianzas ya se encuentran firmadas y 43 están en proceso de firmas. A su ve z, se identificaron 6.423 posibilidades de inserción laboral para población

119 víctima de desplazamiento forzado. De los cuales, 418 ya se encuentran en proceso de formación de capacidades individuales y según las oportunidades identificadas para el empleo. RUTA DE INGRESOS Y EMPRESARISMO RIE I y II: busca incrementar las capacidades sociales, productivas y empresariales de la población mediante procesos de formación, asistencia técnica, financiación, acompañamiento y seguimiento a unidades productivas indi viduales o de carácter asociativo. En la Fase I de la Ruta se han inscrito 6.000 personas víctimas del desplazamiento. Los participantes se encuentran, en promedio, en el taller No 10 del ciclo de formación. Los gestores de la Ruta, actualmente, realizan las visitas domiciliarias a los participantes de RIE. A su vez, los participantes cuentan con caracterización, plan de vida y están en la actualidad en la formulación del plan de negocio. En la Fase II la Ruta cuenta con 3.769 participantes, de los cuales 654 se encuentran en proceso de capitalización y 3.115 están en etapa de acompañamiento y seguimiento a la capitalización entregada. CAPITALIZACIÓN MICROEMPRESARIAL (CM): esta estrategia busca apoyar el desarrollo de capacidades empresariales y la capitalización de organizaciones productivas y microempresas existentes a fin de contribuir a la consolidación de negocios, a la generación de autoempleo y el aumento de los ingresos para mejorar la calidad de vida de la población a través de la financiación de Activos Fijos. También se pretende mejorar la productividad en términos de cantidades producidas, optimización de recursos, reducción de costos y aumento de ingresos. Contribuir con la generación de v alor agregado y el mejoramiento del nivel de competitividad. Fortalecer el capital social empresarial y aumentar el patrimonio de las organizaciones y, finalmente, el fortalecimiento de la Asociatividad. Durante el 2012, se realizaron 80 Comités de Apoyo Local a Proyectos (CLAPS), cubriendo los 32 departamentos del país. Igualmente, se recibieron 1.935 propuestas de proyectos para capitalizar. De estos, 1.402 proyectos fueron encontrados elegibles, de acuerdo a los requisitos del componente. Asimismo, 1.00 0 proyectos se encuentran en proceso de acompañamiento para la formulación. Adicionalmente, el componente se encuentra en etapa de evaluación de los proyectos ya formulados, de los cuales) se tienen: 364 proyectos revisados en el comité de aprobación y 204 ya se encuentran aprobados para capitalizar.

120 ENFOQUE DIFERENCIAL ÉTNICO - IRACA: el objetivo es la atención integral en soberanía alimentaria, generación de ingresos y fortalecimiento comunitario a 10.000 hogares de comunidades afrocolombianas e indígenas , vulnerables y víctimas de desplazamiento forzado. Concretamente, desarrolla capacitaciones y asistencia técnica alimentaria, productiva y social, formación socio empresarial con enfoque étnico y gestión de alianzas público - privadas para la sustentabilida d de los proyectos. Hasta la fecha se ha socializado y concertado con 163 participantes en el componente que representan 38 consejos comunitarios (62 comunidades afro) y 46 resguardos (101 comunidades indígenas), en 12 departamentos: Amazonas, Antioquia, Casanare, Cauca, Cesar, Chocó, Nariño, Putumayo, Guainía, Vichada, Norte de Santander, Valle del Cauca. Adicionalmente, se ha avanzado en las caracterizaciones de las personas con avance en 7.096 procesos que terminan en marzo de 2013. La intervención en cada comunidad está programa para terminar en diciembre de 2013. SOSTENIBILIDAD: es una herramienta que busca promover la autogestión en las unidades productivas apoyadas por el Sector de la Inclusión Social y la Reconciliación para el desarrollo de sus capacidades productivas en el largo plazo, por medio del fortalecimiento asociativo, productivo y comercial. Se busca atender unidades productivas (organizaciones solidarias o microempresas) que cumplan con los siguientes requisitos: 1. Haber sido apoyada anteriormente por programas del Sector de la Inclusión Social y la Reconciliación 29 . 2. Haber cumplido con los requisitos de corresponsabilidad, exigidos por los programas que los apoyaron previamente 30 . 3. Estar comercializando un producto o servicio. 4. P ara organizaciones, estar formalizada de acuerdo con las disposiciones legales que regulan la materia. Una vez se realiza el diagnóstico de las unidades productivas y se hace una selección, se realiza la intervención en las siguientes áreas: 1. Alianzas público - privadas. 2. Fortalecimiento organizacional. 3. Asistencia técnica. 4. Apalancamiento financiero. Para hacer seguimiento a los avances en la sostenibilidad se hace un monitoreo a las unidades productivas. 29 Acá se tienen en cuenta los programas de apoyo a unidades productivas liderados por el Departamento para la Prosperidad Social (Antes Acción Social), tales como programas de desarrollo alternativo, Paz y Desarrollo, Laboratorios de Paz, Afropaz y Capitalización Micr oempresarial, entre otros. 30 Se refiere a los compromisos asumidos por los beneficiarios de lo s programas, tales como participación en las actividades del proyecto o invertir adecuadamente los recursos transferidos.

121 Adicionalmente, desde noviembre de 2012 s e inició una intervención con organizaciones productivas cacaoteras, que habían hecho parte del programa de desarrollo alternativo. Las 40 organizaciones conformaron la Red Nacional de productores de Cacao y tienen asociados 9.270 socios, viven de la produ cción del cacao, que tienen establecido en cerca de 26.000 hectáreas. A estas organizaciones se les ha brindado asistencia técnica especializada, gestión de alianzas comerciales, fortalecimiento organizacional, y asistencia en la creación de una plataforma de información. En estas organizaciones se han identificado 751 personas registradas como población víctima de la violencia. El presupuesto asignado para atender a las víctimas de desplazamiento forzado en el 2012 se distribuyó de la siguiente manera: Ta bla 23. Presupuesto asignado a víctimas de desplazamiento forzado 2012 HERRAMIENTAS PRESUPUESTO META PARTICIPANTES % METAS Mujeres Ahorradoras en Acción $ 14.400.000.000 30.000 52% Capitalización Microempresarial $ 7.000.000.000 4.600 8% Recuperación de Activos Improductivos $ 5.900.000.000 3.300 6% Incentivo a la Capacitación para el Empleo $ 4.917.853.200 3.771 7% Ruta de Ingresos y Empresarismo $ 8.558.000.000 3.035 5% Trabajemos Unidos $ 13.347.896.800 13.250 23% Observatorios $ 3.000.000.000 na Seguimiento / Sostenibilidad $ 1.434.250.000 na TOTAL $ 58.558.000.000 57.956

122 A. Programa Más Familias en Acción Más Familias en Acción es un programa establecido y regulado por la Ley 1532 de 2012, que busca contribuir a la reducción de la pobreza y la formación de capital humano a través de transferencias monetarias condicionadas, orientadas a complementar el ingreso de las familias en extrema pobreza y situación de vulnerabilidad. El programa dio inicio a su intervención en el 2000 en el marco de la primera fase que culminó en 2006, la segunda fase empezó en 2007 con la ampliación de cobertura y entrada a centros urbanos. Esta fase finalizó en el 2011. Actualmente, el programa ha dado inicio a la implementaci ón de la Tercera Fase bajo el nombre Más Familias en Acción. La Tercera Fase es en realidad un rediseño del Programa que incorpora más recursos entregados a las familias para mejorar la salud, nutrición y educación de los menores. En el rediseño se inclu yeron nuevos incentivos para los menores que cursen el grado transición en los municipios que cuenten con la oferta suficiente y primero de primaria; asimismo, se incrementaron los montos del incentivo en secundaria conforme aumenta el grado escolar, para evitar la deserción en los últimos grados. De igual manera se tuvieron en cuenta, entre otros, los siguientes aspectos: Se mantuvieron las estrategias prioritarias del programa en cuanto a la promoción de la salud de la familia, el mejoramiento de consum o de alimentos, hábitos nutricionales y el desarrollo integral de los niños y niñas menores de 7 años, la asistencia y permanencia escolar en los niveles de educación: transición, básica primaria, básica secundaria y media vocacional (de 5 a 18 años), l a g eneración de capacidades, competencias, habilidades y destrezas para el trabajo en la población graduada como bachiller (media vocacional). Se mejoró la focalización poblacional: con la que se busca garantizar mayor precisión para identificar a los beneficiarios. Esta identificación parte de los objetivos del programa y busca maximizar el impacto sobre la población seleccionada, una mayor efic iencia del gasto social y minimizar los errores de inclusión y de exclusión. Se tuvo en cuenta un enfoque regional: se lleva a cabo una diferenciación de las transferencias en cuatro categorías de municipios, definidas a partir del Índice de Pobreza Mult idimensional (IPM), con el fin de beneficiar las familias de los municipios más pobres. Esto se logra realizando pagos incrementales conforme aumenta la pobreza multidimensional de los municipios, de manera que se espera contribuir a cerrar las brechas urb ano - rural y centro - periferia que persisten en el país.

123 Los cuatro grupos de municipios definidos son los siguientes: Grupo 1, Bogotá; Grupo 2, ciudades capitales de departamento; Grupo 3, municipios con IPM inferior al 70%; Grupo 4, municipios con IPM del 70% o superior. Los tipos de incentivos del programa corresponden a salud y educación de la siguiente manera: incentivo de salud por familia independiente del número de hijos, para familias con menores de 7 años, se paga mensualmente y diferencial por zo nas. Se da un solo incentivo por familia. Incentivo de educación se paga por menor en hogares con hijos entre 5 a 18 años que cursen entre transición y 11 grado, se paga durante 10 meses del año escolar, el monto es diferencial por zonas e incremental por nivel educativo, y se dan máximo tres incentivos por familia. Las siguientes tablas ilustran los valores definidos para cada grupo de los grupos una vez se inicie el proceso de inscripción. En salud u n incentivo por familia independientemente del número de niños y diferenciado geográficamente así: Tabla 24. Valores definidos en incentivo en salud Grupo Monto Transferencia 1,2,3 $60.000 4 $70.000 En educación un incentivo por menor con un techo máximo de tres menores sin incluir transición. Tabla 25 . Valores definidos en incentivo en educación

124 Los montos transferidos a la población víctima del desplazamiento son los correspondientes al grupo 4, que constituyen los valores más altos, sin importar el municipio de residencia. incondicional, y busca el empoderamiento de los ciudadanos, capaces de tomar decisiones sobre su futuro; esta opción en el marco de la promoción social , busca un uso adecuado de los recursos entregados a las familias, las condicionalidades establecidas son: Asistencia a los controles de crecimiento y desarrollo. Asistencia al 80% de las clases mensualmente (para educación hasta grado 11). Asistencia a l 80% de las clases mensualmente para transición. Repetir máximo dos años durante la vida escolar. Se admite rezago escolar de 2 años. Máximo 3 estímulos monetarios de educación por familias (sin contar transición). En octubre de 2012, se dio inicio al p roceso masivo de inscripciones, en el cual las familias desplazadas que venían en el programa debían reinscribirse; así como se incorporan nuevas familias. Con el fin de cumplir con lo establecido en la Ley, para el inicio del proceso de inscripción a Más Familias en Acción en 2012 y para su continuación en 2013, el DPS expidió las resoluciones Nos. 01658 de 2012 y 00050 de 2013, respectivamente, por medio de las cuales se fijaron los criterios de selección de familias beneficiarias para el Programa Más Familias en Acción. Es así como las familias inscritas en el programa son aquellas familias con menores que se han presentado a las jornadas de inscripción, se les haya aplicado la encuesta SISBEN III y se encu entren por debajo de los puntos de corte establecidos por el programa. De igual manera, las familias víctimas de desplazamiento forzado con menores, que se encuentren registradas y certificadas en el Registro Único de Víctimas y las familias indígenas con menores, que se encuentren registradas en los listados censales consolidados por las autoridades indígenas. En la vigencia 2012, el Programa Familias en Acción tuvo un presupuesto inicial de $1.254.678.228.485 de los cuales ejecutó $1.253.695.339.332 pesos, llegando a un 99,92% de ejecución presupuestal. Durante el 2012, entregó incentivos por un total de $1.118 .926.883.000 pesos a 2.083.315 familias de todos los municipios de

125 Colombia. De estas familias, 362.796 familias fueron víctimas de desplazamiento forzado. En total, a las familias víctimas de desplazamiento forzado se les entregaron incentivos por un valo r de $219.188.373.000 pesos. B. Red de Seguridad Alimentaria y Nutrición ReSA ® La atención en materia de seguridad alimentaria y nutrición ofrecida por la Red de Seguridad Alimentaria y Nutrición (ReSA®) si bien no es exclusivamente para atención a poblaci ón víctima, los ejercicios de diagnóstico en territorio buscan la vinculación de aquellas familias en riesgo de seguridad alimentaria en los territorios focalizados, dentro de la cual es posible la atención de población víctima. Durante el 2012, se dio respuesta por parte de la Subdirección de Seguridad Alimentaria y Nutrición a los Autos 174 de 2011y 383 de 2010, así como a la Sentencia de Justicia y paz de Mampuján. A continuación se detallan los municipios y familias atendidas en estos casos. Tabla 26. Municipios y familias atendidas en los casos del Auto 174 de 2011y 383 de 2010, así como a la Sentencia de Justicia y paz de Mampuján Rural Urbano TOTAL FAMILIAS INVERSION FAMILIAS INVERSION FAMILIAS INVERSION AUTO 174 AWA 810 $ 360,437,537 810 $ 360,437,537 PUTUMAYO 810 $ 360,437,537 810 $ 360,437,537 PUERTO CAICEDO 182 $ 80,987,200 182 $ 80,987,200 ORITO 455 $ 202,467,999 455 $202,467,999 PUERTO ASIS 23 $ 10,234,646 23 $ 10,234,646 SAN MIGUEL 83 $ 36,933,723 83 $ 36,933,723 VALLE DEL GUAMUEZ 30 $ 13,349,538 30 $ 13,349,538 VILLAGARZON 37 $ 16,464,431 37 $ 16,464,431 AUTO 383 CONSOLIDACIÓN 1 630 $ 280,340,307 960 $ 373,753,008 1590 $ 654,093,315 ANTIOQUIA 300 $ 133,495,384 300 $133,495,384 NECHÍ 150 $ 66,747,692 150 $ 66,747,692 VALDIVIA 150 $ 66,747,692 150 $ 66,747,692

126 CORDOBA 240 $ 106,796,307 120 $ 46,719,126 360 $153,515,433 MONTELIBANO 150 $ 66,747,692 150 $ 66,747,692 TIERRALTA 90 $ 40,048,615 120 $ 46,719,126 210 $ 86,767,741 META 690 $268,634,975 690 $268,634,975 PUERTO RICO 360 $140,157,378 360 $140,157,378 SAN JUAN DE ARAMA 330 $128,477,597 330 $128,477,597 PUTUMAYO 90 $ 40,048,615 90 $ 40,048,615 PUERTO ASIS 90 $ 40,048,615 90 $ 40,048,615 VALLE DEL CAUCA 150 $ 58,398,908 150 $ 58,398,908 PRADERA 150 $ 58,398,908 150 $ 58,398,908 AUTO 383 SSAN 450 $ 200,243,076 1620 $ 630,708,201 2070 $ 830,951,277 ANTIOQUIA 120 $ 46,719,126 120 $ 46,719,126 EBÉJICO 120 $ 46,719,126 120 $ 46,719,126 BOLÍVAR 30 $ 13,349,538 120 $ 46,719,126 150 $ 60,068,664 ARENAL 30 $ 13,349,538 120 $ 46,719,126 150 $ 60,068,664 CAQUETA 180 $ 70,078,689 180 $ 70,078,689 EL DONCELLO 180 $ 70,078,689 180 $ 70,078,689 CAUCA 60 $ 26,699,077 180 $ 70,078,689 240 $ 96,777,766 PIAMONTE 60 $ 26,699,077 180 $ 70,078,689 240 $ 96,777,766 CHOCO 150 $ 66,747,692 30 $ 11,679,782 180 $ 78,427,474 BOJAYA 150 $ 66,747,692 30 $ 11,679,782 180 $ 78,427,474 CUNDINAMARCA 90 $ 35,039,345 90 $ 35,039,345 CAPARRAPI 90 $ 35,039,345 90 $ 35,039,345 HUILA 180 $ 70,078,689 180 $ 70,078,689 ALGECIRAS 180 $ 70,078,689 180 $ 70,078,689 LA GUAJIRA 210 $ 81,758,471 210 $ 81,758,471 DIBULLA 210 $ 81,758,471 210 $ 81,758,471 NARIÑO 210 $ 93,446,769 30 $ 11,679,782 240 $105,126,550 CUMBITARA 210 $ 93,446,769 30 $ 11,679,782 240 $105,126,550 PUTUMAYO 300 $116,797,815 300 $116,797,815 SIBUNDOY 300 $116,797,815 300 $116,797,815 RISARALDA 180 $ 70,078,689 180 $ 70,078,689

127 MISTRATÓ 180 $ 70,078,689 180 $ 70,078,689 SENTENCIA MAMPUJAN 180 $ 80,097,230 180 $ 70,078,689 360 $ 150,175,919 BOLÍVAR 180 $ 80,097,230 180 $ 70,078,689 360 $150,175,919 MARIA LA BAJA 90 $ 40,048,615 90 $ 35,039,345 180 $ 75,087,960 SAN JUAN NEPOMUCENO 90 $ 40,048,615 90 $ 35,039,345 180 $ 75,087,960 Total general 2070 $ 921,118,151 2760 $1,074,539,898 4830 $1,995,658,049 1: En 2012 se realizó un acuerdo de servicios con la Unidad Administrativa de Consolidación Territorial, mediante la cual el DPS a través de la Subdirección Alimentaria realizaría la atención de las familias en riesgo de seguridad alimentaria en los municipios de la Po lítica de Consolidación Territorial, en respuesta a las responsabilidades asignadas por el Auto 383 de 2010. Mediante las intervenciones que no están dirigidas exclusivamente a la atención de población víctima se ha iniciado la atención en 23 departamentos, buscando llegar a 45.294 familias. Dentro de estas intervenciones se incluyen los convenios de cofinanciación suscritos con departamentos y municipios, a través de los cuales y gracias a la cofinanciación se llegará a 15.386 familias en 75 municipios de los departamentos de Amazonas, Atlántico, Boyacá, Cauca, Córdoba, Cundinamarca y Risaralda. Una vez finalizadas las interv enciones se podrá identificar cuántas víctimas del conflicto recibieron atención en seguridad alimentaria y nutrición en estos territorios focalizados.

128 Tabla 2 7 . C. Familias en Su Tierra Durante 2012 se alcanzó a contar con 17.388 familias vinculadas al programa. Sin embargo, debido al incumplimiento de compromisos y retiros voluntarios del programa, actualmente se tienen 17.002 familias inscritas en el programa. Estas familias recibieron acompañamiento durante los 12 meses del año 31 y el pa go del incentivo socioeconómico que entrega el programa. Dentro de los productos entregados por los acompañamientos están los diagnósticos y los planes de inversión de las familias beneficiarias. De igual forma, se recibieron los censos de retornos y reubi caciones por parte de la Unidad para las Víctimas sobre los cuales se realizó a focalización para la atención del 2013, y se logró la inscripción de 6125 familias, así: 31 Con excepción de 9012 familias ubicadas en el Oriente Antioqueño y el Urabá Antioqueño y Chocoano, quienes iniciaron a recibi r su a compañamiento en agosto de 2012. Lo anterior a que el primer proceso de contratación para estas regiones se declaró desierto y fue necesario realizar una nueva convocatoria pública.

129 Tabla 28. Inscripción de familias al programa para la focalización de atención en 2013 DEPARTAMENTO HOGARES VINCULADOS ANTIOQUIA 4614 CALDAS 253 CUNDINAMARCA 349 GUAVIARE 192 RISARALDA 119 TOLIMA 598 Total general 6125 D. Reconstrucción de viviendas afectadas por hechos violentos y reconstrucción de infraestructura social afectada por hechos violentos Con el fin de promover oportunidades a través de la construcción de activos que contribuyan con la inclusión socioeconómica, la generación de empleo, la superación de la pobreza, la reconciliación de los ciudadanos y la consolidación de territorios, se presentan los siguientes avances de los proyectos proyectados para el 2012: Tabla 29 . Viviendas afectadas Hogares Beneficiarios Viviendas afectadas Hogares Beneficiarios Departamento Municipio Viviendas Afectadas Infraestructura So cial y Comunitaria Presupuesto Norte de Santander Sardinata 74 1 $ 310.798.550 San Calixto 20 1 $ 128.545.415 Cauca Argelia 6 0 $ 12.571.629 Caldono 3 6 $ 26.210.928 Corinto 33 6 $ 145.496.581 Jambaló 7 4 $ 462.256.686 Morales 15 1 $ 95.984.842 Piendamó 5 0 $ 36.495.271 Popayán 16 0 $ 66.545.310

130 Viviendas afectadas Hogares Beneficiarios Departamento Municipio Viviendas Afectadas Infraestructura So cial y Comunitaria Presupuesto Timbiquí 0 2 $ 654.877.422 Toribio 101 13 $ 5.217.898 Sucre 2 0 $ 171.852.122 El Tambo 10 4 $ 108.205.427 Timbío 2 0 $ 2.066.205 Villa Rica 31 1 $ 108.205.427 La Guajira Maicao 123 1 $ 553.615.776 Nariño Tumaco 22 0 $ 553.615.776 TOTAL 470 40 $ 3.442.561.265 Las intervenciones que están en proceso, y que corresponde principalmente a hechos ocurridos en el segundo semestre de 2012 son: Tabla 30 . Viviendas afectadas Hogares Beneficiarios 2012 Departamento Municipio No. viviendas Infraestructura comunitaria Presupuesto Estimado Antioquia Yarumal En recolección de información En recolección de información En elaboración Antioquia Sabanalarga 30 0 $ 40.000.000 Cauca Argelia En recolección de información En recolección de información En elaboración Cauca Puerto Tejada En recolección de información En recolección de información En elaboración Cauca El Tambo En recolección de información En recolección de información En elaboración Cauca Popayán En recolección de información En recolección de información En elaboración

131 Departamento Municipio No. viviendas Infraestructura comunitaria Presupuesto Estimado Cauca Corinto En recolección de información En recolección de información En elaboración Cundinamarca Bogotá En recolección de información En recolección de información En elaboración Guajira Riohacha En recolección de información En recolección de información En elaboración Huila Algeciras 11 1 $ 20.000.000 Nariño Samaniego 37 4 En elaboración Nariño Tuquerres En recolección de información En recolección de información En elaboración Nariño Sandoná En recolección de información En recolección de información En elaboración Nariño Magui Payan 28 2 $ 90.000.000 Nariño La Llanada En recolección de información En recolección de información En elaboración Nariño La Llanada En recolección de información En recolección de información En elaboración Nariño Samaniego En recolección de información En recolección de información En elaboración Nariño Los Andes Sotomayor 108 4 $ 125.000.000 Nariño Rosario En recolección de información En recolección de información En elaboración Norte de Santander El Tarra En elaboración de presupuesto En elaboración de presupuesto En elaboración Pisba Boyacá En recolección de información En recolección de información En elaboración Valle del Cauca Tuluá 1 0 $ 3.000.000 TOTAL 215 11 $ 278.000.000

132 4.2.1. CENTRO DE MEMORIA HISTÓRICA A. Programa Nacional de Derec hos Humanos y Memoria Histórica En apoyo a acciones de memoria histórica y difusión pública de medidas de satisfacción, el CMH ha acompañado conmemoraciones, homenajes y actos simbólicos para la dignificación de las víctimas, entre los que se cuentan: El Tigre, (Putumayo), El Salado, Boj ayá (10 años de la masacre) y San Carlos y la conmemoración por el etnocidio de las caucherías en La Chorrera, Amazonas. En articulación con la Unidad para las Víctimas, realiza aportes técnicos en lo relacionado con el componente de memoria histórica en la reparación colectiva, en lugares donde ha adelantado trabajos de investigación y de reconstrucción de memoria (El Salado, El Tigre y ATCC). En materia de divulgación pedagógica de investigaciones de casos emblemáticos, en el 2012 se adelantaron las si guientes actividades: Bojayá: producción y montaje de 10 piezas radiofónicas alusivas a los contenidos centrales del informe La masacre de Bojayá: la guerra sin límites (GMH, 2010), y elaboración y publicación de una cartilla destinada a los(as) maestros(as) de educación formal de la región. El Tigre: producción y montaje de 12 piezas radiofónicas en formato radioteatro alusivas a los contenidos del informe sobre la masacre de El Tigre de 1999. Remedios y Segovia: producción y montaje de un materi al digital multimedia a partir del contenido del informe Silenciar la democracia. Las masacres de Remedios y Segovia, 1982 - 1997. A través de la página web y las redes sociales, el CMH impulsó la visibilidad y socialización de iniciativas locales y regiona les con ocasión de la conmemoración del Día Nacional de la Memoria y la Solidaridad con las víctimas. capacitados en el proyecto de alfabetización web desar rollado por el Centro de Memoria Histórica. Los gestores(as) pertenecen a Pueblos Uitoto, Bora, Muinane y Okaina 32 . El CMH tiene el desafío de promover el acceso a diversos públicos, a través de narrativas y dispositivos 32 Consultar en: http://www.memoriauitoto.com .

133 comunicativos, de aquellos materia les investigativos y metodológicos producidos. En este sentido, se desarrolla una estrategia de pedagogía para que la sociedad se apropie de los resultados; para esto, se han establecido alianzas con el Ministerio de Cultura y el Ministerio de Educación Na cional. El CMH suscribió un convenio de cooperación con el Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación Colciencias y el Fondo Nacional de Financiamiento para la Ciencia, la Tecnología y la Innovación Francisco José de Caldas cuyo propó Aunar esfuerzos económicos, técnicos y administrativos que permitan implementar acciones encaminadas a promover la actividad investigativa en derechos humanos y memoria histórica ; promover la creación de capacidades locales en estos tema s; realizar actividades de apropiación social del conocimiento en las mismas temáticas; y desarrollar investigación social que permita definir los elementos generales para el plan museológico y la estrategia participativa del Museo Nacional de la Memoria Durante el 2012, el CMH diseñó e implementó una propuesta de agenda de investigaciones, conformada por las siguientes líneas principales: Causalidades , busca explicar y comprender las circunstancias del conflicto y a su vez tiene los siguientes temas pr incipales: Economía política, Sociedad política, Institucionalidad, Estado de derecho y Sociedad civil. Modalidades y actores , pretende dar cuenta de las características y condiciones particulares de los actores armados y las modalidades de la guerra. Impa ctos y daños , con esta línea el CMH quiere determinar los impactos diferenciados de la guerra en el país. Igualmente, el CMH dio inicio a los siguientes proyectos de investigación, formulados en su tarea de esclarecimiento histórico en el marco del deber de memoria del Estado: Tierras y territorio. El derecho a la justicia como garantía para la no repetición. La dinámica de la desaparición forzada y el secuestro en Colombia (1970 - 2010). Construcción de Memoria Histórica sobre el Desplazamiento Forzado en Colombia. Periodistas y medios colombianos en medio del conflicto armado.

134 El caso del exterminio la Unión Patriótica (UP). Las voces de niños, niñas y adolescentes. Historias de vida. En 2013, el CMH da inicio a los siguientes proyectos de investigación que complementan la segunda fase de los ya señalados, estos son: Buenaventura caso emblemático. Memoria de las violencias padecidas por los pueblos indígenas del Amazonas, resistencia cultural y poder pacífico transformador. Memoria desde l a arqueología forense. Resistencias desde la Fe. Los daños de la violencia en la niñez y la juventud y sus memorias de resistencias en la región del San Juan Chocó. Tierra, poder y violencia en el Valle del Cauca 1960 - 2008. Acompañamiento técnico a la inic iativa del colectivo Montes de María en el componente de investigación: Tejiendo memorias y relatos para la reparación simbólica, la vida y la convivencia en los Montes de María. Experiencias de la iglesia en medio del conflicto armado. La limpieza social en la ciudad, amenazas y asesinatos en Ciudad Bolívar, Bogotá. Toma de poblados por la insurgencia 1965 - 2012. Conflicto armado y poder local, la criminalización de la actividad política: un análisis desde las historias de vida. Conflicto armado y parainsti tucionalidad: Configuración de la Escuela en zonas de conflicto Entre el 2 y el 17 de octubre se llevó a cabo la programación académica, cultural y artística de la V Semana por la Memoria, en la cual se hizo la presentación formal de seis (6) informes de investigaciones, que incluyen enfoque diferencial y análisis territoriales del conflicto armado. El lanzamiento público nacional de las investigaciones en mención, se realizó el 2 de octubre de 2012; además, se realizaron dos (2) lanzamientos regionales. I gualmente, el logro de diez iniciativas y expresiones artísticas sobre memoria articuladas. Cuatro procesos locales y regionales de memoria visibilizados en página web y redes sociales del CMH 33 . La puesta en escena de: 4 obras de teatro, 1 33 ver www.centrodememoriahistorica.gov.co .

135 exposición foto gráfica, 3 conciertos musicales, 2 proyecciones documentales. En Bogotá se presentaron las iniciativas locales: Sinfónica Andina de NNA Huellas de Caloto; C - 15 raperos de Comuna 13; obra de teatro realizada por mujeres de El Placer; entre otras. Realizació n de 19 eventos en 5 ciudades: Bogotá, Barranquilla, Medellín, Popayán, El Placer Putumayo. Y 80 referencias en medios de comunicación en marco de VSM (14 días). Otra línea de trabajo es la inclusión del enfoque diferencial en el diseño e implementación del Programa de Derechos Humanos y Memoria Histórica. En julio de 2012 inició una Consultoría, con apoyo de ONU Mujeres y a la fecha se cuenta con un equipo de trabajo para el diseño de la estrategia de enfoque diferencial en los proyectos de investigació n de la Entidad: étnico, ciclo vital, género, discapacidad. Otra acción ejecutada por el CMH, es el plan de formación de gestores de memoria, para el desarrollo de capacidades locales. En los talleres de memoria en las regiones participan líderes de las comunidades, familiares de víctimas, víctimas y ciudadanos sen sibles e interesados en la reconstrucción y divulgación de la memoria histórica, así como funcionarios y servidores públicos de otras instituciones del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas. La metodología del plan de formación de gestores y grupos de memoria histórica se estructura a partir de la metodología construida y validada por el Grupo de Memoria Histórica en la Caja de Herramientas. Recordar y narrar el conflicto (2009), que se encuentra disponible al público en la págin a web: www.centrodememoriahistorica.gov.co . En el marco del plan de formación en mención, se realizaron cinco talleres en Arauca, Tame; Bojayá; Segovia y Remedios; Santa Cecilia y Montes de Mar ía. B. Programa Acuerdos de Contribución a la V erdad Histórica y la Reparación Durante el 2012, el Programa conformó y capacitó a su equipo e instaló las primeras 10 sedes regionales. Igualmente, celebró convenios con la ACR, la OIM y el Fondo Paz. Sensibilizó a instituciones y desmovilizados sobre el alcance del Programa y elaboró d iversos instrumentos de recolección y sistematización, manual de protocolos y procedimientos de la DAV (encuesta, Entrevistas semi - estructuradas, Glosario, Matriz, bibliografías, Contextos de estructuras de las AUC, Base de datos, recepción de anexos de lo s acuerdos). El Programa avanzó en un Sistema de Información sólido y confiable para desarrollar su misión . Es así que hoy cuenta con un canal de datos dedicado bajo criterios de agilidad, seguridad y estabilidad, avances en almacenamiento de información , gestión de procesos, carpetas individuales, para cada desmovilizado y para cada

136 contribución voluntaria, certificaciones, estado del proceso e informes. En el 2013, pretende avanzar en la implementación del sistema de información. Lograr Acuerdos por la Verdad con 6000 personas desmovilizadas. Contar con el primer Informe DAV y publicaciones DDR. Avanzar en la instalación de nuevas sedes. Difundir ampliamente información sobre el Programa y contar con el acompañamiento internacional de organismos como el ICTJ, OACNUDH, MAPP OEA. C. Recuperación, el manejo y preservación de archivos de derechos humanos en el país y la consolidac ión de centros de documentación En el proceso de diseño de la política pública en materia de archivos de derechos humanos y dere cho internacional humanitario el CMH elaboró el marco normativo y documental para la construcción de la política, acceso y reserva de los archivos de derechos humanos, así como el documento que estructura el Programa de Derechos Humanos y Memoria Histórica y que incorpora el Registro Especial de Archivos de Memoria Histórica, el Protocolo de Política Archivística en Materia de DDHH y la estrategia para la creación de Centros de Documentación y manejo de archivos en proyectos de construcción de memoria. Igu almente, apoyó técnicamente al departamento de Santander, en el marco del Convenio Interadministrativo de Cooperación No. 75 del 2012, suscrito entre la Nación Ministerio de Justicia y del Derecho y el Departamento de Santander, para la construcción de u n Centro de Memoria Regional y la validación de instrumentos archivísticos, la organización y levantamiento de inventario de archivos de la extinta CNRR Seccional Santander. También, contribuyó con insumos jurídicos para el Protocolo de atención a víctima s de violencia sexual en cumplimiento de la Sentencia sobre el Bloque Vencedores de Arauca de las AUC, incorporando los lineamientos normativos en relación del registro de hechos de violencia sexual bajo el enfoque diferencial con perspectiva de género. P or su parte, en relación con el Archivo de Derechos Humanos y el Centro de Documentación del CMH, se culminó el proyecto de organización documental de los archivos del Grupo de Memoria Histórica correspondiente a las investigaciones de casos emblemáticos y se avanzó en la articulación con el Archivo General de la Nación, hoy se cuenta con un primer documento sobre las competencias interinstitucionales en materia de archivos de DH del AGN y el CMH.

137 Con el Consejo Superior de la Judicatura se aprobó un Acta de Entendimiento entre las dos entidades; en cuanto a la línea de archivos se acordaron las líneas de trabajo y se está elaborando el cronograma y el plan de trabajo; en cuanto al tema de sensibilización a jueces y magistrados, se concertó una primera reu nión con la Escuela Judicial. El CMH gestionó y logró el apoyo del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo para adelantar un proyecto durante la vigencia 2013 dirigido a: i) plan de acción para el apoyo en la construcción de la política pública; ii ) definición de competencias e implementación de apoyos locales de iniciativas de memoria histórica; ii) revisión del marco legal y jurisprudencial relacionado con los archivos de derechos humanos. Como actividades para el diseño de la política archivísti ca en materia de derechos humanos, la construcción del Archivo de Derechos Humanos y el Registro Especial de Archivos de Memoria Histórica, y como parte de las acciones que se inscriben en el eje de apoyo a iniciativas locales de memoria, desarrollado por el CMH, se adelantaron las siguientes acciones: En Santander (Bucaramanga y Barrancabermeja) se realizaron talleres de sensibilización y coordinación de acciones a desarrollar en las vigencias 2012 y 2013, en los que participaron 17 organizaciones no gubernamentales, la Alcaldía y la Veeduría de Barranc abermeja. En Pasto se realizó un taller de sensibilización y formación sobre memoria histórica y archivos de derechos humanos, convocado por la Gobernación de Nariño, con presencia de la Alcaldía de Pasto, órganos de control y organizaciones de víctimas y de derechos humanos del departamento. Se brindó asistencia técnica al Centro de Memoria del Conflicto del Cesar para la recolección de la documentación y catalogación de iniciativas de memoria. Se llevaron a cabo tres pruebas piloto para la validación de instrumentos archivísticos y recuperación de archivos de derechos humanos y derecho internacional humanitario, en Santander, Cesar y Sucre. Se formalizó el Convenio 241 de 2012 con el Colectivo de Comunicaciones Montes de María. Se dio inicio a la interve nción de la ejecución del convenio en el mes de enero de 2013, reportándose a la fecha un avance del 20%. Revisión y ajustes a la ficha de OIM para el proyecto de fortalecimiento de instrumentos para reconstruir de acción pedagógica con la formación de gestores locales y regionales.

138 D. Diseño y Consulta Participativa para la Construcción del Museo Nac ional de la Memoria de Colombia El CMH cuenta con avances en el desarrollo del Convenio Marco con la Universidad Nacional para la gestión, diseño y construcción del Museo Nacional de la Memoria (Conformación de tres comisiones temáticas de trabajo) y se efectuaron talleres pilotos para la estrategia de pa rticipación del Museo Nacional de la Memoria: Trujillo, Jóvenes vulnerables de Buenaventura y Cali, Pasto, Florencia, Tumaco. Durante el 2012, se llevó a cabo el primer conversatorio internacional que contó con 4 invitados internacionales y 4 iniciativas nacionales. Igualmente, se efectuó un taller de capacitación nacional a líderes de organizaciones sociales y de víctimas para fortalecer iniciativas de memoria local y regional (Museología Social) con participación de cerca de 100 en representación de 60 o rganizaciones de víctimas del país. Se ha logrado la identificación y caracterización de iniciativas regionales de memoria en las diferentes regiones del país y se han definido los criterios para la creación de lugares de la memoria para brindar asistenc ia técnica a las iniciativas. En este sentido, se acompañó el evento de conmemoración de AFAVIT a la peregrinación anual y el Proyecto Museo itinerante de los Montes de María del Colectivo de comunicaciones línea 21 con cobertura en15 municipios. Actualmen te, se realiza el seguimiento al desarrollo del proyecto financiado por la República de Francia con la donación de 500 mil euros. Finalmente, se lanzó un portafolio de estímulos a iniciativas de memoria histórica, en alianza con el Ministerio de Cultura . Destinación de 180 millones de la Dirección de Museo para entregar a las iniciativas becas y premios (Suscripción de convenio con el Ministerio de Cultura No.2123/12). 4.2.3. INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR A. Construcción de la ruta de reparación in tegral diferencial p ara niños, niñas y adolescentes En el marco del trabajo conjunto que desarrolla el ICBF con la Unidad para las Víctimas, y con el propósito de articular el proceso de reparación integral y el proceso de restablecimiento de derechos se construyó la ruta operativa de reparación integral de niños, niñas y adolescentes, buscando que las acciones de atención que realiza

139 el ICBF cuenten con un enfoque reparador y contribuyan a la garantía del derecho a la reparación integral de esta población. Para determinar el funcionamiento operativo de la ruta y diseñar un protocolo para su implementación, en los meses de enero y febrero de 2013, se llevó a cabo un proyecto piloto en las ciudades de Bogotá, Medellín, Cúcuta y Buenaventura, con la participación priorizada de adolescentes que se encuentran a d portas de cumplir su mayoría de edad, y por tanto, también de recibir la indemnización administrativa que reposa en el encargo fiduciario. En ese marco, el ICBF tuvo una participación activa a través de los equipos defensoriales y Unidades Móviles y de A poyo, quienes realizaron el proceso de verificación de derechos de los participantes y determinaron los casos de los niños, niñas y adolescentes que requieren la apertura del proceso administrativo de restablecimiento de derechos de que trata la Ley 1098 d e 2011, con el acompañamiento de un defensor de familia. B. Implementación del Programa Mis Derechos Pr imero, componente de Prevención Como resultado del trabajo conjunto con las entidades del Estado comprometidas con la Prevención del Reclutamiento y Utilización de Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes por Grupos Organizados al Margen de la Ley, el ICBF ha puesto en marcha la Estrategia Promoción de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, y Prevención de su Victimización por acción de grupos ar mados al margen de la ley en respuesta al Auto de seguimiento a la Sentencia T - 025 número 251 de 2008 de la Corte Constitucional. Para el periodo de tiempo que enmarca este informe se han beneficiado 17.500 niños, niñas, adolescentes y sus familias a travé s de la intervención en 36 municipios del país. C. Política Nacional de Reconciliación p ara niños, niñas y adolescentes Actualmente, se cuenta con un documento preliminar de la política nacional de reconciliación para niños, niñas y adolescentes 34 , que se en cuentra en proceso de socialización y retroalimentación por parte de las entidades que el ICBF considera son claves para su implementación: Ministerio de Cultura, Ministerio de Justicia y del Derecho, CMH y Unidad para las Víctimas. Se espera realizar el l anzamiento oficial de la política en el mes de julio de 2013. 34 Basado en trabajo de campo con niños, niñas y adolescentes y demás actores como padres y/o adultos significativos, mi embros de la comunidad, docentes y funcionarios que hacen parte de los Comités Territoriales de Justicia Transicional, en los siguientes municipios: Buenaventura, Cali, Pueblo Bello, Villavicencio, Puerto Asís, Bogotá y Soacha. Actualmente, el proyecto pil oto se ocupa de identificar iniciativas de reconciliación para niños, niñas y adolescentes, e implementarlas.

140 D. Observatorio del Bienestar de la Niñez El objetivo de este observatorio es monitorear y analizar las dinámicas de las condiciones actuales de la niñez colombiana, sus familias y entornos, para fundamentar la toma de decisiones en materia de políticas públicas y contenidos de programa, así como movilizar el Sistema Nacional de Bienestar Familiar (SNBF), que permitan la garantía y protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Pa ra lograr dichos análisis, el ICBF estableció acuerdos de cooperación con diferentes entidades para compartir información relevante 35 , se organizó la información, y se utilizó para el monitoreo de condiciones y medición de riesgo de vulnerabilidades de niño s, niñas y adolescentes. Asimismo, se trabajó en conjunto con el SUIN (Sistema Único de Información de Infancia), encabezado por el SNBF. En el segundo semestre de 2013, se espera tener como resultado el funcionamiento de una plataforma tecnológica que fac ilite el procesamiento y análisis de la información 36 . E. Capacitación a funcionarios y colaboradores del ICBF, cuya competencia es la atención de niños, niñas y adolescentes desvin culados de GAOML En el primer trimestre de 2013 se adelanta un proyecto con apoyo de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y la Fundación Social, a efectos de fortalecer el trabajo con profesionales que están al frente del Programa Especializado de atención a niños, niñas y adolescentes desvinculados del GAOML. Este trabajo, tiene como objetivo, desarrollar habilidades y capacidades para la promoción y la construcción de proyectos de vida en la lógica de la reparación integral con la participación de la población víctima, de los equipos técnicos del ICBF y los De fensores de Familia 37 . F. Construcción de memoria histórica a través de las voces de los niños, niñas y adolescente s víctimas del conflicto armado El ICBF celebró un convenio interadministrativo de asociación con el Centro de Memoria Histórica, que comenzó 35 Departamento Administrativo Nacional de Estadística, Departamento Nacional de Planeación, Ministerio de Educación Nacional, M inisterio de Salud y Protección Social, Medicina Legal y Ciencias Forenses, Programa Presidencial para la Acción Integral Contra Minas Antiperso na, Policía Nacional, Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, Agencia Nacional para la Superación de la Pob reza Extrema. 36 No obstante, el ejercicio analítico puede corroborarse en la página web del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Observatorio , publicaciones que han colocado temas relevantes de la niñez en la agenda pública. 37 Este trabajo, tiene como herramienta, la cartilla próxima a publicarse.

141 en el segundo semestre del 2012, dirigido a realizar una investigación que permita visibilizar los impactos desproporcionados que sufren los niños, niñas y adolescentes en el marco de la violencia armada, que busca construir memoria desde su sentir. Esta i nvestigación se adelantará en las siguientes zonas: Meta (Vista Hermosa y Puerto Rico), Norte del Cauca (Jambaló, Corinto y Toribío) y Urabá Antioqueño (Necoclí, Apartadó y San Carlos). A este convenio, se articulará la política nacional de reconciliación para niños, niñas y adolescentes que diseña el ICBF con base en el artículo 187 de la Ley 1448 de 2011, con el fin de identificar e implementar iniciativas de memoria y resistencia, e iniciativas de reconciliación. G. Programa de Alimentación en la Transici ón 38 Con el fin de identificar fortalezas y debilidades para la implementación del Programa, durante el último trimestre de 2012 se realizó un piloto en las ciudades de Medellín, Caucasia, Florencia, San Andrés de Tumaco y Sincelejo, en donde se destinaron los recursos correspondientes al componente alimentario del Programa a 1.436 hogares, los cuales de manera simultánea fueron remitidos a las Unidades Móviles de su lugar de residencia, con el fin de iniciar un esquema de seguimiento al proceso. Para el 20 13, el Programa contará con 126 Unidades Móviles adicionales, con las cuales se fortalecerá el proceso de acompañamiento a los hogares desplazados que realicen solicitudes. El Programa se ejecuta actualmente por demanda, aplicando criterios de vulnerabil idad al momento de priorizar a los beneficiarios. Cabe precisar que durante el proceso de diseño e implementación del Programa por parte del ICBF la Unidad para las Víctimas ha venido suministrando el componente alimentario de la Atención Humanitaria de Transición a los hogares que lo han solicitado. Como meta se tiene di señar e implementar un sistema información para el Programa de Alimentación en la Transición, que permita obtener la información que se recoja en territorio en tiempo real, así como las d iversas modalidades de reconocimiento de la ayuda humanitaria alimentaria, lo que permitirá responder a las necesidades individuales, culturales y regionales de la población en situación de desplazamiento forzado, con especial énfasis en los niños, niñas y adolescentes. 38 Según la Ley 1448 de 2011, el ICBF debe entregar la ayuda humanitaria de transición a las víctimas del desplazamiento forzado por la violencia que estén incluidas en el Regis tro Único de Víctimas, que no cuenten con los elementos necesarios para su subsistencia mínima, previa valoración realizada por la Unidad Administrativa para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, entidad que determina el grado de vulnerabilidad del hogar objeto de atención.

142 H. G arantía de Acceso a la Justicia Dentro de los procesos situados por la Ley 975 de 2005, se han realizado acciones concretas con el cumplimiento de los siguientes fallos: (i) Sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala de Justicia y Paz, en contra de José Rubén Peña Tobón y otros: el ICBF acompaña a los niños, niñas y adolescentes víctimas del conflicto armado en los municipios de Tame y Arauca, en lo relacionado con la medida simbólica de repara ción, consistente en disculpas públicas por parte de los agresores 39 . En enero de 2013, se logró la aceptación por parte de la Magistrada de conocimiento del caso 40 de algunas de las recomendaciones de acción sin daño, a tener en cuenta para evitar posibles afectaciones a la población menor de 18 años, que se derivarían del evento público de petición de disculpas. Se acordó junto con la Unidad para las Víctimas, como fecha para el desarrollo de un taller participativo de socialización y explicación de la medi da y sus implicaciones con los niños, niñas y adolescentes afectados, los días 10, 11 y 12 de abril en los municipios de Arauca y Tame. (ii) Sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala de Justicia y Paz, en contra d e Orlando Villa Zapata 41 : En el segundo semestre de 2012, se inició la articulación con la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía General de la Nación (FGN), autorizando al ente investigador el acceso a las historias socio 39 ataque a centros educativos, se afectó el desarrollo de las actividades académicas de la región, y con ello, se propiciaron impactos negativos en la memoria de los niños, niñas y adolescentes estudiantes. En la Vereda Flor Amarillo, la Escuela San José Chaparral suspendió sus actividades por siete (7) meses con ocasión de la incursión del Bloque a la vereda el 23 de noviembre del año 2 002, que ocasionó el desplazamiento forzado de cerca de 90 f dar cumplimiento al exhorto, con el apoyo técnico del Centro de Memoria Histórica (CMH), en donde se expuso ante la Unidad pa ra las Víctimas y ante la Magistratura, unas recomendaciones especiales para el evento de petición de disculpas públicas, resaltando el principio de ac ción sin daño, especialmente en lo que atañe a la participación de los menores de 18 años en el acto de disculpas públicas, pues el evento en sí, implica un proceso reflexivo y cuidadoso, que atienda al respeto de sus intereses superiores, derivados de la Constitución Política y de más normas que les protegen de manera relevante. 40 En este caso, la no entrega a los niños, niñas y adol escentes de maletas escolares y cuadros en punto de cruz, ofrecidos por los postulados como medida de reparación simbólica. El ICBF resalta el principio de acción sin daño, especialmente en lo que atañe a la participa ción de los menores de 18 años en el ac to de disculpas públicas, pues el evento en sí, implica un proceso reflexivo y cuidadoso, que atienda al respeto de sus inter eses superiores, derivados de la Constitución Política y demás normas que les protegen de manera relevante. 41 El exhorto que invol ucra la participación del ICBF es el siguiente: "Exhortar a los delegados de la FGN, PGN, Defensoría del Pueblo, ICBF y demá s intervinieres dentro de los procesos adelantados en el marco de justicia y paz, especialmente en el caso de reclutamiento ilí cito , para que en las siguientes participaciones, se apliquen metodologías interdisciplinarias (cuantitativas y cualitativas), que permitan la adec uada documentación de los casos, identificando claramente: (i) la plena identidad de las víctimas, a través de la del reclutamiento ilíci to y de la desvinculación o desmovilización; (iii) la aplicación y presentación de peritajes psicológicos individualizados para cada joven, en los cuales se especifique la situación del antes, del durante y del después del reclutam iento ilícito; los daños, perjuicios y secuelas en la salud mental y física de los menores; (iv) la adecuada presentación de los daños y perjuicios ind ividuales y colectivos, así como de las pretensiones de reparación, verificando que las medidas solicitadas se correspondan con lo s estándares internacionales en la materia. Lo anterior, teniendo en cuenta la deficiente documentación presentada por todas las instituciones en torno a los menores pre sentados en el

143 familiares de los niños, niñas y adolescentes desvinculados de los grupos armados organizados al margen de la ley (GAOML), ubicados en los Centros Zonales de las diferentes direcciones regionales de ICBF del país, a efectos de que su análisis sirva como soporte para demostrar y visibiliza r el daño ocasionado a los menores de 18 años víctimas del reclutamiento ilícito y se tomen las medidas necesarias, que repercutan en la garantía de su derecho a la reparación integral por vía judicial. Actualmente, la FGN ha consolidado la información de 820 carpetas de las 2400 historias socio familiares de niñas, niños y adolescentes desvinculados del conflicto armado colombiano. Igualmente, se realizará un informe conjunto entre la FGN y el ICBF, con información cualitativa y cuantitativa que se deberá entregar entre abril y mayo de 2013, continuando con los procesos de (i) digitación de las historias y (ii) parametrización de la base de datos de las mismas. I. Restitución de tierras Con el fin de agi lizar los trámites administrativos y judiciales de restitución de tierras cuyo accionante o beneficiario sea niño, niña o adolescente ya sea en todo o parte, el ICBF apoyó la solicitud realizada por la UAEGTD ante el Consejo Superior de la Judicatura, para restitución de tierras cuya competencia radique en conocer casos de niños, niñas y adolescentes (accionantes en la nción de casos de menores de edad con carácter prevalente implica la intervención en varias y diversas zonas del país, y sería mucho más conveniente para esos intereses que un mismo Juez de restitución de tierras especial para la Infancia y Adolescencia pa 42 . En noviembre de 2012, se llevó a cabo una jornada para individualización y documentación de casos proclives a la restitución de tierras para niños, niñas y ado lescentes en condición de orfandad en los municipios de Aguazul, Chámeza, Maní, Recetor y Sabanalarga, departamento de Casanare. Dicha jornada, comprendió un ejercicio de memoria de la tierra con ellos y sus madres (cuando era el caso, pues todos fueron ví ctimas del homicidio o la desaparición forzada de su padre). De estos casos, 31 están en estudio, con el fin de acopiar información relevante para el proceso de restitución, y próximamente, se proferirá auto administrativo de apertura. 42 Oficio de fecha 25 de septiembre de 2012, dirigid o al Presidente del Consejo Superior de la Judicatura, Magistrado Dr. Néstor Raúl Correa Henao, suscrito por el Director de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Tierras Despojadas, Ricardo Sabogal.

144 J. Ruta de atención y reparación integral para niños, niñas y adolescentes víctimas de minas antipersonal, municiones sin explotar, artefactos explosivos improvisados o de lesiones temporales o permanentes a causa de la violencia armada Con el propósito de contribuir a la re habilitación de esta población, el ICBF realizó acciones conjuntas con el Programa Presidencial de Acción Integral contra las Minas (PAICMA), con el fin de establecer compromisos de acuerdo con las competencias institucionales, entre ellas, el componente d e educación en el riesgo, capacitando a 388 profesionales de Unidades Móviles del ICBF. A finales de 2012, se comenzó otro proceso de capacitación con 30 profesionales y 4 promotores indígenas de unidades de apoyo. Adicionalmente, el PAICMA, conformó la Me sa Interinstitucional de Trabajo por la Infancia y Adolescencia, en la que participa ICBF con los propósitos de incidir en la política pública relativa a la niñez y adolescencia, dar visibilidad a los niños, niñas y adolescentes, víctimas directas e indire ctas de MAP, MUSE y AEI a nivel nacional, departamental y municipal y garantizar la atención, asistencia, reparación e inclusión de los niños, niñas y adolescentes, en sus entornos familiar, social, educativo, recreativo, entre otros. Actualmente, se cuent a con una propuesta de modelo de ruta para atención y reparación para los niños, niñas y adolescentes víctimas de estos hechos. 4.3. SECTOR DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL 4.3.1. MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL El MADR adelanta los ajustes encaminados a la implementación del Plan de Fortalecimiento Institucional en atención a las directrices de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas; de igual manera, en desarrollo del programa de formació n y capacitación se han realizado varias jornadas de trabajo con la participación de funcionarios de las diferentes dependencias del Ministerio, esta tarea se ha adelantado con el apoyo de la Unidad para las víctimas. Este proceso, igualmente, se ha llevad o a cabo en las entidades adscritas y vinculadas al Ministerio, en particular en el Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas, el Incoder, así como en el Banco Agrario de Colombia. Igualmente, el Ministerio ha particip ado activamente en los Subcomités de Indemnización Administrativa, de Reparación Colectiva, de Restitución, de Atención Integral y en el Subcomité de Sistemas de Información, en los cuales se han definido lineamientos encaminados a promover el acceso a los diferentes programas adelantados por el Ministerio y/o sus entidades adscritas o vinculadas dirigidos a la población víctima del desplazamiento forzado.

145 En relación con el Programa de Vivienda de Interés Social Rural, para atención a las víctimas y en el marco de la Ley 1448 de 2011, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, expidió el Decreto 0900 del 2 de mayo de 2012, que modificó parcialmente los Decretos 2675 de 2005 y 1160 de 2010. Este decreto establece, entre otros aspectos, lo siguiente: La cuantía del subsidio de vivienda de interés social rural al momento de su asignación por parte del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural no podrá ser superior al ochenta por ciento (80%) del valor de la solución de vivienda, mientras que para los programas estratégicos (víctimas y restitución) y los destinados a atender población en situación de desplazamiento la cuantía podrá alcanzar hasta el 100% bien sea en la modalidad de mejoramiento y saneamiento básico o en la de construcción y adquisición de vivienda nueva. El monto del subsidio de vivienda de interés social rural para los hogares en situación de desplazamiento será de hasta 27 smmlv, cuando se trata la construcción de vivienda nueva y de hasta 18 smmlv para mejoramiento básico, mientras que para población campesina, es de 24 smmlv y 16 smmlv respectivamente. En este orden de ideas, la población víctima del desplazamiento forzado puede acceder al programa de vivienda, ya sea para vivienda nueva o mejoramiento y saneamiento básico a travé s de las siguientes modalidades : Atención a Población Desplazada: la población víctima puede tener acceso al subsidio de vivienda a través de la presentación de proyectos formulados por las entidades oferentes, tales como Gobernaciones, Alcaldías, los Cabildos, Gobernadores de los Resguardos Indígenas y los Consejos Comunitarios de las Comunidades Negras, legalmente constituidos, los recursos se asignan a los proyectos que cumplan con todos los requisitos establecidos en los términos de referencia del p rograma. Este programa tiene una cobertura nacional y se adelanta a través de convocatorias públicas. Estos proyectos deben cumplir las siguientes características: Proyectos constituidos entre cinco (5) y cien (100) soluciones de vivienda subsidiables. S e consideran beneficiarios los hogares propietarios, poseedores u ocupantes conformados por una o más personas que integren el mismo grupo familiar, que se encuentren inscritos en el Registro Único de Víctimas. Los hogares desplazados por la violencia, est arán exentos del requerimiento del SISBEN. Se podrán postular personas que hayan sido beneficiarias del Subsidio de Vivienda de Interés Social Rural, siempre y cuando, acrediten que la situación de desplazamiento por la violencia, fue posterior a la

146 adjudi cación del primer subsidio, por un concepto distinto al de desplazamiento forzado. Proyectos Estratégicos: la población víctima puede acceder al programa mediante la relación de hogares postulantes, remitida al Banco Agrario de Colombia, por parte de la U nidad de Restitución de Tierras, la Unidad de víctimas y el Incoder. Por su parte, en desarrollo del programa de vivienda de interés social rural se presentan a continuación los resultados obtenidos para el 2012, por modalidad: Atención a Población Despl azada: en la convocatoria para población desplazada se aprobaron 41 proyectos de vivienda de interés social rural, para población víctima del desplazamiento forzado, con una cobertura de 2.311 familias por un valor de $38.716 millones de pesos. La distribu ción a nivel departamental se puede observar en el cuadro siguiente: Tabla 31. Asignación subsidios 2012 Postulación Permanente (Cifras en millones) Departamento Proyectos Hogares Subsidio adjudicado Antioquia 2 187 $3.133 Arauca 2 138 $2.312 Atlántico 1 26 $436 Bolívar 5 312 $5.227 Caldas 2 131 $2.195 Cesar 5 302 $5.060 Cundimarca 1 10 $168 La Guajira 10 653 $10.491 Huila 2 67 $1.119 Magdalena 1 45 $754 Santander 2 32 $536 Sucre 7 374 $6.266 Tolima 1 34 $570 Total 41 2311 $38.716

147 Proyectos Estratégicos : en el caso de los proyectos estratégicos se beneficiaron 1.255 familias por un valor de $20.938 millones de pesos. La distribución departamental se puede observar en el cuadro siguiente: Tabla 3 2 . Asignación subsidios 2012 Postulación Permanente (Cifras en millones) Departamento Hogares Subsidio adjudicado Antioquia 320 $ 5.361 Bogotá 4 $ 67 Bolívar 168 $ 2.815 Casanare 1 $ 17 Cauca 63 $ 1.056 Chocó 61 $ 1.022 Córdoba 69 $ 1.056 Cundinamarca 18 $ 302 Guaviare 13 $ 218 Huila 26 $ 436 La Guajira 15 $ 251 Magdalena 60 $ 1.005 Meta 52 $ 871 Nariño 131 $ 2.195 Quindío 1 $ 17 Risaralda 156 $ 2.614 Sucre 13 $ 218 Tolima 70 $ 1.173 Valle del Cauca 4 $ 67 Vichada 10 $ 124 Total 1266 $ 20.983 En resumen, durante el 2012 se beneficiaron con subsidios de vivienda de interés social rural, 3.566 familias víctimas del desplazamiento forzado, con una inversión de $59.699 millones de pesos. Lo que representa un incremento, en el caso de las familias beneficiadas, de 53, 2%.

148 Para el 2013, se tiene previsto, para la atención a las víctimas del desplazamiento forzado, recursos presupuestales del orden de $78.400 millones de pesos, distribuidos de la siguiente manera: Tabla 3 3 . Recursos 2013 para atención a víctimas de desplazamiento forzado Programa Inversión Valor Millones $ Bolsa Desplazados Incoder 16.633,30 Unidad para las Víctimas 16.633,30 Unidad de Restitución 16.633,30 Postulación Permanente 28.500,00 TOTAL 78.399,90 4.3 .2. UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS A. Registro de Tierras Despojadas y Abandonas Forzosamente Al 3 de febrero de 2013, se recibieron 32.688 solicitudes, que comprenden 29.087 predios y representan 2.368.908 Has 43 . Lo anterior representó un avance con respecto al informe de agosto 10 de 2012, puesto que el número de solicitudes se incrementó en 13.585 solicitudes, 12.036 predios y 890.768 Has. Tabla 3 4 . Recursos 2013 para atención a víctimas de desplazamiento forzado 10/08/2012 03/02/2013 Avance Solicitudes 19.103 32.688 13.585 Predios 17.051 29.087 12.036 Área 1.478.140 2.368.908 890.768 Con corte a la fecha en mención, las solicitudes estaban discriminadas así: 43 Es importante aclarar que esta área correspo nde a la que es declarada por los solicitantes, pero no corresponde a área geográfica verificada efectivamente lo cual se logra en el trámite de registro.

149 Tabla 3 5 . Solicitudes discriminadas Género Titular o Tipo de persona Número de personas Participación No. de solicitudes de ingreso al registro Área (has)* Femenino 8.812 36,61% 12.152 849.524 Masculina 15.216 63,21% 20.424 1.496.981 Privado 45 0.19 112 22.403 Total general 24.073 32.688 2.368.908 *Privada: hace referencia a personas jurídicas. Tabla 36. Distribución de las solicitudes por departamento Departamento de ubicación del predio No. de solicitudes de ingreso al registro Área (has)* Participación Antioquia 5.112 233.785 15,64% Bolívar 3.250 120.971 9,94% Cesar 2.726 172.131 8,34% Tolima 2.608 86.515 7,98% Meta 2.299 615.717 7,03% Norte de Santander 1.821 92.577 5,57% Magdalena 1.807 89.087 5,53% Nariño 1.593 33.173 4,87% Putumayo 1.517 53.515 4,64% Córdoba 1.425 62.480 4,36% Sucre 1.332 52.485 4,07% Santander 1.139 66.276 3,48% Valle del Cauca 1.041 29.557 3,18% Caquetá 830 90.229 2,54% Cauca 644 16.134 1,97% Chocó 598 35.278 1,83%

150 Cundinamarca 454 15.255 1,39% Guaviare 401 41.781 1,23% Huila 342 15.346 1,05% Arauca 338 56.447 1,03% Vichada 298 183.009 0,91% Caldas 297 12.932 0,91% Casanare 229 142.375 0,70% La Guajira 223 25.131 0,68% Boyacá 155 8.424 0,47% Risaralda 61 2.149 0,19% Bogotá D.C. 51 821 0,16% Atlántico 31 5.953 0.09% Quindío 24 4.598 0,07% Vaupés 20 2.807 0,06% Guainía 12 1.193 0.04% Amazonas 10 238 0,03% Total general 32.688 2.360.908 Tabla 3 7 . Pertenencia étnica Pertenencia Étnica No. de personas No. de solicitudes de ingreso al registro Área (has)* Afrocolombiano 737 1.019 43.839 Indígena 360 548 42.953 Otro 22.972 31.117 2.282.004 Pueblo Rom 4 4 111 Total general 24.073 32.688 2.368.908 Tal y como fue reportado en el informe anterior, el proceso de implementación del Registro de Tierras Abandonadas y Despojadas Forzosamente se está llevando a cabo de manera gradual y progresiva conforme lo la situación de seguridad, la densidad histórica del despojo y la existencia de condiciones para el retorno (inc.2, art.76 Ley 1448 de 2011 y artículo 5 del Decreto 4829 de 2011).

151 Así las cosas, durante el 2012 el trabajo de la Unidad de Restitución de Tierras se concentró en las 12 macrozonas definidas previamente por el Consejo Nacional de Seguridad y que a efectos de ilustración recordamos: i) Magdalena y Cesar; ii) Montes de María; iii) Catatumbo; iv) Urabá; v) Sur de Córdoba y bajo Cauca antioqueño; vi) Magdalena Medio; vii) Resto de Antioquia; viii) Tolima; ix) Cauca y Valle; x) Sur del Meta; xi) Nariño; y xii) Putumayo. Al interior de estas macrozonas se han definido, hasta la fecha, 69 micro zonas en las que se adelantan los trámites de 5.393 solicitudes, que comprenden 246.317 hectáreas reclamadas, de las cuales, 1.122 están en proceso de decisión ju dicial y ya se han producido 10 fallos que resuelven 49 casos. Asimismo, e n noviembre de 2012, se solicitó al Ministerio de Defensa Nacional a través del Centro Integrado de Inteligencia para la Restitución de Tierras (CI2RT), los insumos de seguridad y análisis de riesgo tendientes a macro focalizar otras zonas integradas por los departamentos de Cundinamarca, Guaviare, Huila, Caquetá, Eje Cafetero (Caldas, Risaralda y Quindío) y Arauca. En diciembre de 2012, se recibió el concepto de seguridad y en sesi ón nacional del CI2RT realizada en febrero de 2013, se consideró la viabilidad de realizar la macro focalización del Eje Cafetero y Cundinamarca. Respecto a los demás departamentos, se determinó la necesidad de realizar un análisis a nivel sub regional y m unicipal, para establecer la posibilidad de macro focalizar una zona menor en dichos lugares. Actualmente, la Unidad de Restitución está a la espera de la sesión del Consejo de Seguridad Nacional, como instancia responsable de decidir nuevas macro focaliz aciones. En todo caso, se tiene p royectado a 2013 ampliar el número de oficinas territoriales a 21 con el fin de expandir la oferta institucional a nuevas áreas geográficas. P resupuesto asignado y ejecutado Mediante el Decreto 305 del 6 de febrero de 20 12, se realizó un ajuste en el Presupuesto General de la Nación en donde se contracreditaron los saldos no comprometidos en el presupuesto de gastos del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder), trasladándolos a la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas.

152 A su vez, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público realizó una distribución de sus recursos al presupuesto de gastos de funcionamiento de la UAEGRTD mediante la Resolución 461 de 2012. Estos ajustes fueron aprobados por el Consejo Directivo de la Unidad de Restitución mediante Acuerdo No. 001/12 del 27 de febrero, el cual fue refrendado por la Dirección General de Presupuesto Público Nacional el 6 de m arzo de 2012. La clasificación y participación porcentual por tipo de gastos respecto al total apropiado para 2012, fue la siguiente: Tabla 38. CONCEPTOS APORTE NACIONAL RECURSOS PROPIOS PART. % FUNCIONAMIENTO $ 29.000.000.000 $ 0 46,7% SERVICIO DEUDA $ 0 $ 0 0% INVERSIÓN $ 33.100.000.000 $ 0 53,3% TOTAL $ 62.100.000.000 $ 0 100% Fuente: Decreto 305, Resolución 461 de 2012 y reporte SIIF Ejecución. La Unidad inicialmente tuvo una apropiación en el gasto de inversión por un valor cercano a los $35.702 Implementación programa de restitución de tierras rurales a las víctimas del despojo y/o abandono de predios nacional "; $15.000 millones al proyecto "Implementación programa de proyectos productivos para beneficiarios de restitución de tierras nacional "; y $5.702 millones correspondientes al techo de donaciones. Este último rubro se reajustó a $3.100 millones una vez se monetizaron estos recursos e ingresaron al Pres upuesto General de la Nación (PGN). Luego, por efectos de tasa de cambio, el valor apropiado para cooperación finalmente fue de $2.696 millones, discriminados así: $1.599 millones correspondientes a ASDI, y $1.097 millones correspondiente a AECID. Ahora b ien, los recursos comprometidos al cierre de la vigencia 2012 alcanzaron la cifra de $43.002.273.325, equivalentes al 69,70% del total del presupuesto apropiado para la vigencia. En funcionamiento la ejecución fue del 56,68% e inversión 80,26%. En cuanto a inversión, la ejecución presupuestal alcanzó los $26.564.768.218, destacándose los siguientes proyectos: BPIN 2011011000377 Implementación Programa de Restitución de Tierras Rurales a las Víctimas del Despojo y/o Abandono de Predios Nacional con una ejec ución de $11.707.593.461, equivalente al 64,68% del total del proyecto. Igualmente, el proyecto BPIN 2012011000004 Implementación Programa de Proyectos Productivos para Beneficiarios de Restitución de Tierras Nacional con una ejecución de $14.857.174.757,

153 equivalente al 99,05% del total del proyecto, es así que en general la ejecución en el gasto de inversión de la Unidad fue del 80,26%. A continuación se presenta cuadro resumen de ejecución a diciembre 31 de 2012: Tabla 39 . Resumen de ejecución 2012 CONCEPTOS TOTAL APROPIACIÓN EJECUTADO EJECUTADO TOTAL % EJEC Comprometido Obligado Pagado FUNCIONAMIENTO $ 29.000.000.000 $ 16.437.505.107 $ 15.344.438.341 $ 14.045.250.089 56,7% INVERSIÓN $ 33.100.000.000 $ 26.564.768.218 $ 22.818.868.108 $ 15.471.035.851 80,3% TOTAL $ 62.100.000.000 $ 43.002.273.325 $ 38.163.306.449 $ 29.516.285.940 69,3% Fuente: SIIF, Secretaria General, Grupo Financiero y Oficina de Planeación URT. B. Puesta en marcha de los Jueces y Magistrados de Restitución A 30 de junio de 2012 se habían creado 22 juzgados especializados de restitución de tierras, 1 juzgado especializado de restitución de tierras itinerante y 15 despachos de magistrados de restitución de tierras. El 4 de julio del mismo año, mediante Acuerd o No. PSAA12 - 9575 de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura se creó un nuevo juzgado especializado de restitución de tierras para el circuito de Buga y mediante Acuerdo No. PSAA12 - 9785 del 20 de diciembre del 2012, se crearon 15 nuevo s juzgados especializados de restitución de tierras. Igualmente, mediante Acuerdo No. PSAA12 - 9699 del 21 de septiembre de 2012, se trasladaron dos juzgados civiles del circuito especializados en restitución de tierras del distrito judicial de Medellín al distrito judicial de Antioquia; y se reorganizaron unos Circuitos Civiles Especializados en Restitución de Tierras a petición de la Unidad, pues por competencias territoriales el Juzgado del Distrito de Medellín estaba impedido para conocer de las solicitu des de restitución de las diferentes regiones de Antioquia. Gestión para la seguridad y protección de reclamantes de restitución de tierras La restitución de tierras se adelanta en medio de una situación de conflicto y amenaza constante por parte de

154 grupos como las FARC y el ELN, así como bandas criminales, cuyo accionar incide de manera negativa en los esfuerzos de restitución. Los insumos de seguridad e identificación de riesgos suministrados a la Unidad de Restitución de Tierras por el Centro Integ rado de Inteligencia para la Restitución de Tierras (CI2RT) dan cuenta que en las zonas en que existe mayor densidad de despojo, persisten condiciones de inseguridad que impiden o limitan la micro focalización. Esta situación se registra en Catatumbo en No rte de Santander, Sur de Tolima, Sur de Meta, Putumayo, zonas de Nariño y algunas áreas del Valle del Cauca, entre otras. No obstante, es claro que el Ministerio de Defensa Nacional se encuentra empeñado en apoyar a la Unidad de Restitución de Tierras en su gestión en el territorio nacional; por esto, debe resaltarse la cooperación de dicho Ministerio y de la Fuerza Pública. Además, es evidente que el CI2RT y los Comités Operativos locales de Restitución y Formalización de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente (COLR) hacen más dinámica la coordinación entre todos los actores relacionados en el proceso interinstitucional. En este sentido, la Unidad de Restitución de Tierras convocó en 2012 la realización de noventa y dos (92) sesiones de COLR, para mantener la coordinación operacional, con el fin de facilitar el proceso de registro de tierras despojadas y abandonadas forzosamente. En materia de protección a las víctimas reclamantes de tierras, l a Unidad Nacional de Protección ha activado el trámite de emergencia y adoptado las medidas de protección pertinentes en cada caso reportado por la Unidad de Restitución de Tierras, de acuerdo con los estudios de nivel de riesgo practicados, facilitando un canal de comunicación expedito, para garantiza r la protección a las víctimas que reporten situaciones de riesgo. Acciones posrestitución Vivienda Se suscribió convenio con el Banco Agrario de Colombia para adelantar el Programa Estratégico de Vivienda Rural, orientado a contribuir a la restitución in tegral de las víctimas mediante la asignación de subsidios en condiciones especiales para vivienda nueva o mejoramiento de ella. Mediante este convenio la Unidad logró la gestión de un total de 682 subsidios VIS - Rural . Se gestionó la inclusión de un pr ograma estratégico y especial para el otorgamiento del Subsidio de Vivienda de Interés Social Rural en el Decreto 900/2012, que contempla condiciones preferentes en su asignación, al no exigir convocatoria, ni cofinanciación, ni presentación del proyecto.

155 Dentro del marco de este Decreto, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural expidió la Resolución 013 de 21 de enero de 2013 mediante la cual se asignaron recursos para atender el programa estratégico denominado Atención a Beneficiarios de la Polí tica de Restitución de Tierras que se ejecuta a través de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas Proyectos Productivos A pesar de existir una oferta relacionada con proyectos productivos, el problema real para sus potenciales beneficiarios se centraba en las escasas posibilidades de acceder a las herramientas disponibles, porque no conocían su contenido, sus requisitos y su alcance, no contaban con los recursos económicos suficientes para asumir los costos relac ionados con la preparación y la presentación de sus propuestas, emprendimientos, negocios y/o proyectos, entre otros. La alternativa de solución prevista por la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas, al problema an tes planteado, consiste en disponer de un paquete de servicios dirigidos a la población restituida, para generar acceso a la formulación y evaluación de proyectos productivos, con la asesoría de expertos para garantizar la factibilidad y la viabilidad de l os mismos. En tales eventos se aplicará un incentivo por familia que alcanzará un tope máximo de 55 smlmv, el cual se encontrará constituido por sí solo, o que podrá concurrir con recursos propios cuando las familias participantes cuenten con ellos, o ví a crédito cuando decidan tomarlos de manera voluntaria, lo anterior como esquema de cofinanciación del mismo. Durante 2012, se concertó el contenido y el alcance de las modificaciones a los documentos del proyecto: implementación programa proyectos produ ctivos para población beneficiaria de la restitución de tierras, vigencias 2012 y 2013, y las respectivas guías operativas, tanto con el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural como con el Departamento Nacional de Planeación. Lo anterior, permitió r edistribuir los recursos del mismo y orientarlos de forma tal, que fuese posible aumentar la cobertura de familias participantes, pasando de 367 a 465, en un esquema de oferta de incentivos para planes de vida productivos, sin convocatoria, ni concurso, di rigidos a aquellas familias que recuperaron sus derechos sobre la tierra; bancarizándolas, garantizando su acceso a crédito cuando así lo requieran y deseen, así como

156 facilitándoles la asistencia y el acompañamiento técnico en la formulación y el desarroll o de cada plan de vida productivo. Para tales efectos se suscribieron dos convenios a saber: el primero, de naturaleza interadministrativa, con el Banco Agrario de Colombia, por valor de $10.554.011.273, orientado a realizar el pago de los incentivos y ad elantar un programa complementario de impulso al crédito agropecuario dirigido a las familias restituidas. Y el segundo, de cooperación y asistencia técnica internacional, con la Organización Internacional para las Migraciones, por valor de $4.008.732.5000 , para brindar acompañamiento y asistencia técnica a las 465 familias focalizadas en y durante la concertación y la formulación de los planes de vida productivos. Adicionalmente, se realizó la caracterización de 110 familias y el diagnóstico de igual núme ro de fincas, lo que permitió identificar los sistemas de producción agropecuaria sostenibles y con mayor grado de éxito a ser incluidos en la concertación y formulación de sus planes de vida productivos. Al cierre de 2012, 97 familias ubicadas en jurisdi cción rural de los municipios de María La Baja en Bolívar y Chibolo en Magdalena, ya habían concertado, formulado e iniciado el desarrollo de sus planes de vida productivos; lo que en la práctica conllevó a acceder a servicios financieros y a recibir el pr imer incentivo mediante consignación en sus cuentas de ahorros de manejo conjunto, para destinarlos en las actividades incorporadas dentro del plan de vida productivo. Como consecuencia de lo anterior, 1.421 hectáreas se están recobrando socio productivame nte. En la práctica, la restitución de tierras, también contribuye a la recuperación de áreas dedicadas a labores agropecuarias. Además, se están iniciando los procesos de diagnóstico y caracterización para 265 familias, ubicadas en zona rural de los municipios de Turbo, Mutatá, San Carlos y Granada, en el departamento de Antioquia. Para 2013, en materia de proyectos productivos, l os retos son importantes, pues está previsto atender, con poco más de 19 mil millones de pesos, al menos otras 617 familias, de las más de mil que se encuentran a la espera de la restitución de derechos sobre la tierra, lo que en la práctica significará a su vez, un importante avance en términos de medidas complementarias, que contribuyen así a mejorar la incidencia de la reparación con enfoque transformador.

157 Enfoque Diferencial étnico A partir de los Decretos con fuerza de Ley 4633 y 4635 de 2011, la Un idad ha venido implementando las diferentes obligaciones en materia de restitución de derechos territoriales de comunidades étnicas que en ellos se establecen, a través de las siguientes estrategias: En primera medida, se adelantó una estrategia de focali zación de casos de restitución a partir de la elaboración de estudios de diversos casos e identificación de situaciones de despojo en territorios étnicos, los cuales fueron concertados con las comunidades étnicas (se han focalizado 14 casos de comunidades indígenas 44 y 9 de comunidades negras). Asimismo, la Unidad realizó solicitudes de medidas cautelares para cuatro casos de comunidades étnicas, sobre los cuales los jueces ordenaron lo solicitado por la Unidad en tres de esos casos. Por otro lado, la Unidad también a delantó en 2012 diversas jornadas de capacitación y socialización de los Decretos Ley, logrando capacitar 3.961 personas tanto de comunidades indígenas como de comunidades negras. La Unidad planea para 2013 iniciar las caracterizaciones de los casos focali zados. Finalmente, se continúa coordinando con las entidades competentes las diferentes labores relacionadas con el registro, la atención y la seguridad de las comunidades. Enfoque Diferencial para niños, niñas y adolescentes Durante el periodo señalado se establecieron diálogos con el ICBF y Fundación Social para documentar posibles casos de restitución de tierras de niños, niñas y adolescentes (NNA) huérfanos del Casanare. En este sentido, se adelantó una jornada especial del 5 al 9 de noviembre con ac ompañamiento de UNICEF, ICBF, Mapa - OEA, IGAC y la Universidad Nacional en los municipios de Aguazul, Maní, Sabanalarga, Chámeza y Recetor, jornada en la que se tomaron 31 solicitudes de ingreso al registro de tierras despojadas. En el marco de esta activid ad se construyó una metodología especial de cartografía social para NNA que contiene actividades pedagógicas y lúdicas propias para sus etapas vitales, y que tienen el fin de ayudarles a recordar la relación con la tierra y la construcción de los hechos de su historia de abandono forzoso. Enfoque Diferencial de Género Programa de Acceso especial para las mujeres y las niñas en la etapa 44 En el marco de la Mesa Permanente de Concertación Indígena.

158 administrativa del proceso de restitución de tierras siguiente número de mujeres, a través de varios eventos: (i) 20 de noviembre con la Mesa de Mujeres Nacional liderada por la Mapp - OEA; (ii) 2 de diciembre en Carmen de Bolívar, con 60 mujeres; (iii) 5 de diciembre en Barrancabermeja con 50 mujeres; y (iv) 11 de enero del 2013, con 60 mujeres de todo el país. El Programa se adoptó mediante Resolución del Director General No. 080 del 31 de enero de 2013, día en que fue oficializado en homenaje de la señora Yolanda Izquierdo, reconocida lideresa que falleció e n la misma fecha en el 2007. El Programa se encuentra inscrito, vía CONPES, en el Plan Nacional de Mujeres víctimas liderado por la Alta Consejería para la Equidad de la Mujer. Sistemas de Información Se ha construido un sistema web con soporte en la nu be elaborado bajos las siguientes premisas: soportar la información y las fases del proceso propio de restitución, administrar el expediente digital con la norma general de archivo, utilizar las herramientas proporcionadas por los sistemas de información g eográfica e interoperar con sistemas de información de distintas instituciones como son: Unidad para las Víctimas, Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), Superintendencia de Notariado y Registro, Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder), en tre otras. Dentro de este sistema se encuentran en producción los siguientes módulos: solicitudes de ingreso al registro, estudio de casos e inclusión en el Registro de Tierras Despojadas, entre otros. C. Puesta en marcha de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas (UAEGRTD) Con corte al 31 de diciembre de 2012 se presentan los siguientes avances en materia de institucionalidad en lo que concierne a la Unidad de Restitución: Tabla 40 . Distribución de planta y estado de nombramientos Lo anterior quiere decir que a 31 de diciembre de 2012, el 81% de los cargos se encuentran provistos y solo el 19% se encuentran vacantes.

159 Se precisa que en general se vienen presentando varias dificultades de orden técnico, v inculadas a aspectos de contratación como es la vinculación de profesionales en oficinas territoriales como Caucasia y Apartadó u otras que presentan condiciones de orden público especiales, las cuales han estado obstaculizadas por la falta de personas que cumpliendo con el perfil profesional no han accedido a trasladarse a dichas regiones. Otra, por su parte, se refiere a las dificultades que se han presentado para la contratación de expertos en topografía, toda vez que los rangos de ingresos establecidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública para los profesionales en esa área son muy bajos y no les resultan atractivos, en comparación con otros ámbitos como el del sector de hidrocarburos y/o minero en los que pueden ejercer sus actividade s. A fin de intentar dar solución a tales aspectos, en aquellos casos en que la Ley lo permite, las oficinas de la Unidad de Restitución suplieron esos vacíos de contratación de expertos, a través del auspicio de recursos provenientes de cooperación inte rnacional que han permitido contratar a tales personas, aunque de todas maneras, subsisten dificultades para ubicar personal que realice tales labores fundamentales para la restitución de tierras despojadas o abandonadas forzosamente en varias regiones del país. Adicionalmente, en desarrollo del proceso de consolidación de la Unidad de Restitución de Tierras, se están adelantando labores tendientes a implementar el Sistema Integrado de Gestión de conformidad con las normas y disposiciones legales que versa n sobre la materia, entre ellas la Ley 87 de 1993, Ley 872 de 2003, Decreto 1599 de mayo 20 de 2005, y Decreto 2913 de 2007 las cuales establecen lineamientos y modelos en materia de control interno y sistema de calidad. Asimismo, ante la enorme complejid ad de funciones y procesos a cargo de la Unidad, aspecto sin precedentes dentro de la institucionalidad colombiana, y en línea con lo expuesto, la entidad se encuentra en trámite de evaluación de sus procesos misionales y estratégicos con el propósito de a ctualizarlos o diseñar aquellos que se requieran para mejorar la efectividad de la intervención. Procesos de Contratación adelantados Para la ejecución financiera, se requirió realizar los siguientes procesos de contratación que se presenta de manera consolidada:

160 Tabla 41 . Infraestructura Frente a la puesta en marcha de la infraestructura, la Unidad adelantó todas las acciones necesarias para llevar a cabo la gestión de arrendamiento de las sedes donde la Unidad va a funcionar y no se contaba con las instalaciones físicas como tal, tanto a nivel central como nacional, teniendo a diciembre 31 de 2012, 15 sedes en funcionamiento y 7 en adecuación. 4.3.2. INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL - INCODER - . El INCODER en síntesis responde a tres competencias institucionales: 1. Ejecutar las decisiones contenidas en las providencias definitivas dictadas en procesos judiciales de restitución por parte de los Jueces de Tierras adjudicando. 2. Facilitar el intercambio o cruce de información con los jueces de tierras en cuanto sea pertinente, es d ecir, en relación con sus funciones dadas por la ley 160 de 1994, la ley 1448 de 2011 y demás normas concordantes aplicables. 3. Contribuir a la luz de sus procedimientos misionales a formas de reparación establecidas en la ley 1448 de 2011 que coinciden c on algunos de los programas institucionales del INCODER. Sus principales avances se resumen en: Organización y sistematización de los archivos históricos del INCORA e INCODER Acceso al sistema de información del INCODER en línea Acuerdo de metodologías y técnicas con la UAEGRT para facilitar y agilizar el proceso de titulación a los restituidos Coordinación permanente con la UAEGRT, para evitar duplicidades de acciones en terreno

161 Acceso al RUPTA Empleo de tecnologías de información Creación de procedimient o especial y expedito para el cumplimiento de sentencias de restitución que ordenan titulación de baldíos Traspaso de archivos y procesos del Incoder a la UAEGRT Atención y orientación conjunta a víctimas reclamantes de tierras Intervenciones en terreno c oordinadas entre INCODER y la UAEGRT A. Administración del Registro Único de Protección de Tierras y Territorios Abandonados - RUPTA . El INCODER, en su función de administración del RUPTA, en el marco de la Ley 387 de 1997 y sus Decretos reglamentarios, tiene como objetivo general atender las solicitudes de protección de predios abandonados por la violencia a fin de impedir cualquier acción de enajenación o transferencia de inmuebles, cuando tal acción se adelante en contra de la voluntad de los titulares de los derechos respectivos, tanto por la ruta de protección individual como la colectiva. Para ello, el INCODER adelanta un proceso de recepción y revisión de solicitudes y cruce de información con otras entidades relacionadas con el tema y envía los exp edientes a las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos - ORIP para que en ellas se adelanten los trámites correspondientes a la anotación de las medidas de protección. De conformidad con lo establecido en el Plan de Acción para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, para el año 2012, presentado a la UEARIV, el Instituto atendió e incorporó al sistema de RUPTA, el cien por ciento (100%) de las solicitudes de pr otección de tierras y territorios presentadas por la población víctima o en riesgo de desplazamiento forzado. A diciembre de 2012, se recibieron 3.761 solicitudes de medida de inscripción, las cuales fueron tramitadas en su totalidad ante las ORIP. Una v ez verificados los predios y realizada la evaluación por parte de las Oficinas, 1.174 solicitudes quedaron con la inscripción de medida de protección y 1.648 diciembre de 2012, las restantes 939 solicitudes aparecen aquellas de predios que se encuentran dentro de territorios colectivos de comunidades étnicas). En la Tabla 1, se detalla el número de solicitudes radicadas por departamento.

162 Tabla 42 . Solicitudes de Medida de Inscripción en RUPTA año 2012. Departamento Cantidad Amazonas 6 Antioquia 396 Arauca 101 Atlántico 11 Bogotá D.C. 3 Bolívar 165 Boyacá 27 Caldas 80 Caquetá 221 Casanare 103 Cauca 122 Cesar 149 Chocó 63 Córdoba 108 Cundinamarca 55 Guainía 11 Guaviare 187 Huila 83 La Guajira 12 Magdalena 161 Meta 481 Nariño 117 Norte Santander 170 Putumayo 263 Quindío 6 Risaralda 51 Santander 181 Sin Información 1 Sucre 34

163 Departamento Cantidad Tolima 178 Valle del Cauca 64 Vaupés 12 Vichada 139 TOTAL 3761 Con el objetivo principal de esclarecer y facilitar la comprensión en rutas, fines y efectos jurídicos del RUPTA y del Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente - RTDAF, el 22 de noviembre de 2012 se suscribió el Convenio Interadministrativo de Cooperación No. 683 de 2012, entre el INCODER y la UAEGRTD, por medio del cual el INCODER permitirá a la INCODER, la consulta y el acceso a la información del RUPTA en tiempo real; adicionalmente, las dos entidades apoyarán la realiz ación de actividades mancomunadas en procura de la protección de los derechos sobre las tierras y el territorio, y la restitución a favor de las víctimas del conflicto. 45 Para el año 2013 se tiene previsto atender el 100% de las solicitudes de protección de predios elevadas, calculada en aproximadamente 6.000 solicitudes, para lo cual se destinaron recursos por valor de $400 millones de pesos. B. Titulación de baldíos mediante trámite preferente a favor de población campesina en situación de desplazamiento f orzado En cumplimiento del artículo 19 de la ley 387 de 1997 y para contribuir a la superación del estado de cosas inconstitucional en materia de desplazamiento forzado, declarado por la Corte Constitucional en la Sentencia T - 025 de 2004, el INCODER imple mentó un programa de adjudicación de baldíos para la población desplazada por la violencia, acorde con los procedimientos y lineamientos jurídicos especiales establecidos en el Decreto 19 de enero 10 de 2012 Ley anti trámites, que modificó parcialmente l a Ley 160 de 1994, estableciendo un procedimiento especial de titulación de baldíos a favor de población desplazada. 45 Este convenio no sólo hace referenc ia al tema del RUPTA y la opción de consultar en tiempo real la información allí contenida por El Presente convenio tiene por objeto aunar esfuerzos, recursos, tecnología, capacidades, procedimientos, mecanismos, medidas administrativas y metodologías entre las partes convenientes, con el fin de facilitar que LA UNIDAD y EL INCODER cumplan con las funciones que les fueron fijadas en por la Ley 1448 de 2011 y sus , las dos Entidades asumieron múltiples compromisos en diferentes áreas, justamente para implementar el desarrollo de la Ley 1448 de 2011, entre otros temas, se destacan: asuntos étnicos, transferencia de información de las bases de datos existentes en el I NCODER al momento de suscribir el convenio, RUPTA, transferencia y administración de predios del Fondo Nacional Agrario y de la DNE, adjudicación de baldíos y cumplimiento post - fallo de restitución

164 Dicho procedimiento especial hace referencia a la adjudicación de predios baldíos a favor de personas naturales desplazadas por la violen cia haciendo las siguientes excepciones: Le permite al solicitante acreditar la ocupación del predio no inferior a cinco (5) años con la respectiva certificación del registro de declaración de abandono del predio, es decir no es obligatorio que el solicita nte (desplazado) demuestre la ocupación del predio baldío solicitado, siempre y cuando el mismo certifique el abandono del mismo. De igual manera no se le podrá exigir al solicitante del predio baldío, la explotación actual de las dos terceras partes del predio baldío solicitado en adjudicación. El solicitante deberá cumplir con los demás requisitos exigidos en el artículo 69 de la ley 160 de 1994 y en el decreto 2664 de 1994 que no estén exceptuados para los solicitantes en condición de desplazamiento. C on el objetivo de garantizar la seguridad jurídica de los derechos de la población en riesgo o en situación de desplazamiento forzado, y como medida de prevención y no repetición del despojo, el INCODER viene adelantando procedimientos de titulación de bal díos para la formalización de la propiedad de familias en situación de desplazamiento forzado y familias retornadas, especialmente en las zonas donde se presentaron hechos masivos de desplazamiento registrados con medidas de protección colectiva inscritas en el RUPTA. A la fecha se han adelantado y ejecutado hasta la decisión final 1.079 casos, de los cuales 385 familias resultaron beneficiadas con títulos de propiedad sobre 7.287 hectáreas a lo largo y ancho del territorio nacional, con prioridad en Bolíva r, Cesar, Nariño y Antioquia. De las restantes, 406 procedimientos se encuentran en diferentes etapas del proceso de titulación, siendo los más avanzados y próximos a concluir los casos de los departamentos de Antioquia, Meta y Magdalena. Durante el 2013 se proyecta adelantar 3.600 procesos adicionales de titulación de baldíos a población desplazada en Antioquia, Magdalena, Meta y Nariño, para lo cual se han destinado 2.709 millones de pesos para esta vigencia. Es de resaltar que todo el procedimiento es g ratuito para el beneficiario, y se han logrado acuerdos, convenios, y adopción de medidas especiales por parte de la Superintendencia de Notariado y Registro y de las Gobernaciones, para exonerar del pago o crear tarifas especiales bajas, para facilitar el registro y catastro de las titulaciones realizadas. C. Proyecto de Restitución Administrativa Estado colombiano ha trazado a través del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, para contribuir al

165 desarrollo sostenible, acortar las brechas de inequidad y dar cump limiento a la Ley 1448 de 2011,Ley de Víctimas 46 . E l INCODER cuenta con herramientas administrativas como: 1) Restitución material para familias retornadas: esa opción involucra la formalización a través de la titulaci ón de baldíos a población víctima que ha retornado o que se ha reubicado en predios baldíos de la nación. Así mismo, conlleva el acceso a proyectos productivos una vez se haga la titulación. (Ejemplo: proceso de titulación oriente antio queño, Tablón de Góm ez, Nariño). 2) Recuperación de tierras baldías: este proceso no constituye propiamente restitución, sino un primer paso para lograr dicho fin, implica el acopio de tierras de la Nación y se pretende adelantar a través de la realización de procedimientos agrarios de recuperación de baldíos indebidamente ocupados, clarificación de la propiedad, deslinde de tierras de la Nación, así como mediante la extinción del derecho del dominio de tierras ociosas o respecto de las que se predique incumplimiento de la fu nción ecológica de la propiedad y mediante la revocatoria directa de adjudicaciones hechas sin el cumplimiento de las normas legales y reglamentarias vigentes al momento de la adjudicación. Este componente, involucra la realización de actos administrativos , u na vez saneadas las tierras, se podrá proceder con la adjudicación de dichos baldíos a familias víctimas del conflicto, lo cual constituye el componente propiamente dicho de la restitución , pero cuya consecución no se logra sin la rec uperación de las ti erras. Debe aclararse que la concepción de este componente parte de los supuestos, según los cuales i) la apropiación de la propiedad rural es altamente irregular en Colombia, ii) que la relación de tenencia con la tierra de un alto porcentaje de la poblac ión que fue desplazada por la violencia era en calidad de poseedor, ya de predios baldíos, ya de predios ociosos iii) que una buena parte de los baldíos nacionales han sido apropiados irregularmente 47 , que 46 La política integral de tierras: restitución, formalización y procesos agrarios en Colombia 170 Preguntas y Respuestas: Minis tro de Agricultura. Ponencia Senado de la República. Mayo 15 de 2012 47 En ese sentido, según el numeral 3.3.1 del Atlas de la Dist Estado, (ver tabla 28 y 29) de los cuales 34.8 por ciento son presumiblemente predios baldíos y, en conjunto, con los predios de los municipios, departa mentos y veredas, alcanzan el 82 por ciento de los predios estatales. Esta misma distribución se replica para el área del terreno que alcanza 17,7 millones de has. Cabe anotar que se incluyen las representan pre dios en los que no se logró establecer ninguna propiedad en el momento que se realizó el levantamiento de la ficha predial. U n alto porcentaje de dichos predios son probablemente baldíos del Estado. Sin considerar las vacantes catastrales, los predios bald íos ascienden a un poco más de 12 millones de hectáreas, mientras los predios bajo propiedad de municipios, departamentos y veredas ascienden a 1.36 millones de hectáreas, mientras que otras instituciones estatales reúnen 4,252,093 has.

166 por lo que resulta de gran utilidad la realización de procedimientos agrarios, pues dichos procesos propenden por la regularización de la propiedad rural y su redistribución de acuerdo con los parámetros que señala el Artículo 63 de la Carta Política, desa rrollados por la Ley 160 de 1994. Ahora bien, en el normal desarrollo de los procesos de recuperación y acopio de tierras, se espera que concurran tanto casos en los que los predios hayan sido objeto de despojo y respecto de los mismo se necesite la recup eración para el retorno de la familia que fue despojada 48 , como aquellos casos en los que sin que concurra dicha circunstancia, puedan ser utilizados para reubicación de las familias o dotación de tierras. 3) Liberación de zonas inadjudicables, a través d e procedimientos tales como la sustracción en zonas de Ley 2ª de 1959, este componente parte del análisis según el cual existen vastos sectores del territorio nacional, que han sido afectados como zonas de reserva forestal, en donde se han adelantado proce sos de colonización que han modificado el estado de tenencia y utilización de dichas áreas. Frente a este presupuesto, el INCODER, plantea la puesta en marcha de planes de sustracción que liberen tierras aptas para la colonización y reordenamiento del terr itorio, que involucren recuperación ambiental, a través de la puesta en marcha de proyectos agroforestales. 4) Programas como los que se describen a continuación, que pueden proveer de tierras aptas para la restitución a víctimas i) Disposición de bienes del Fondo Nacional Agrario, ii) Disposición de bienes de la Dirección Nacional de Estupefacientes, iii) Compra Directa (Capítulos V y VI de la Ley 160 de 1994) iv) Procedimientos de reversión Atlas de la Di stribución de la Propiedad Rural en Colombia. 2012. Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC). 48 Ejemplo: Caso Hacienda Las Pavas, en el corregimiento de Buenos Aires, San Martín de Loba, Sur de Bolívar, caso La Porcelana, municipio de Cáceres, departam ento de Antioquia, caso Bellacruz, municipio de la Gloria, departamento del Cesar.

167 de titulación de baldíos por uso en cultivos ilícitos y v) Dema ndas de nulidad en casos de indebida concentración (Artículo 72 de la Ley 160 de 1994) Este proyecto, se centra en la recuperación de tierras, planteando como meta inicial la recuperación de un millón de hectáreas, pues considera dicho insumo como la base para el consecuente proceso de reparación a través de la entrega de elementos tales como proyectos productivos, adecuación de tierras, entre otros, como vivienda rural, dotación de servicios públicos, vías de acceso, escuelas, etc., cuya competencia compr enderá incluso la participación de Entidades que no se involucran en este proyecto, pero cuya actuación se hará necesaria una vez se culmine el proceso de recuperación y se efectúe la titulación. S e han priorizado zonas del país que podrían resultar prolíferas para la ejecución de los procedimientos administrativos. En ese sentido, e l territorio a intervenir se definió con base en el análisis de toda la zona rural del país, considerando para esto distintos los siguientes criterios: Zonas de alta afect ación del desplazamiento forzado. Las áreas con mayor desplazamiento en Colombia son zonas estratégicas para el control militar político y económico de alguno de los actores armados. Las regiones donde se da el mayor número de población expulsada son: Anti oquia, incluido el Urabá Antioqueño, el Urabá Chocoano, el sur de Bolívar, la Sierra Nevada de Santa Marta (Magdalena y Guajira), el Magdalena Medio (Santander, Antioquia, Cesar), Meta, Cesar, Valle del Cauca, Caquetá, Sucre, Tolima, Santander, el Catatumb o (Norte de Santander). 49 Actualmente por el accionar de las bandas criminales se genera un fenómeno de desplazamiento en los departamentos de: Guajira, Cesar, Norte de Santander, Arauca, Magdalena, Chocó, Tolima, Antioquia y Santander. Zonas de alta info rmalidad en la tenencia de la tierra. En Colombia se tiene una alta informalidad con la tenencia de la tierra en el sector rural, pues muchos de los ocupantes de espacios rurales no poseen un título debidamente registrado ante la oficina de Registro de Ins trumentos Públicos correspondiente. La tenencia informal de la tierra también se da porque existe población rural que realiza algún tipo de ocupación en predios definidos como baldíos y no cuentan con 49 ro del territorio nacional, abandonando su loc alidad de residencia o actividades económicas habituales, porque su vida, su integridad física, su seguridad o libertad perso nales han sido vulneradas o se encuentran directamente amenazadas, con ocasión de cualquiera de las siguientes situaciones: Conflic to armado interno, disturbios y tensiones interiores, violencia generalizada, violaciones masivas de los Derechos Humanos, infracciones al Derecho Internacional Humanitario u otras circunstancias emanada s de las situaciones anteriores que puedan alterar o En Colombia el fenómeno de desplazamiento ha estado marcado en la década de los 80 y 90 hasta el año 2006 (año en que se desm ovilizaron las AUC) caracterizado por el despojo y expulsión de población indígena, negra y campesina especialmente por los grupos guerrilleros, paramilitares y FFMM. A partir del año 2007 el fenómeno de desplazamiento se da principalmente por el resurgimiento de las denominadas bandas criminales y los grupos guerrilleros.

168 resolución de titulación o adjudicación. Esto ha genera do que la población rural que vive en esta informalidad no tenga acceso al sistema crediticio, que exista poca inversión estatal, dificultad para reconocer derechos patrimoniales e incluso bajo recaudo en impuestos prediales entre otros. Zonas de alta con centración de la propiedad rural. Según el informe de Desarrollo Humano 2011 del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en Colombia, el 52% de la gran propiedad rural está concentrada en 1,15% de la población; mientras que el resto tiene te rrenos pequeños y medianos. Este informe también señala que existen cinco factores técnicos que es necesario contemplar para entender la complejidad de los procesos que ayudan a mantener la desigual y muy alta concentración de la tenencia de la tierra en C olombia; son ellos: (a) desactualización del catastro rural, (b) poco avance en la relación catastro - registro, (c) modernización inconclusa de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, (d) seria desigualdad en los avalúos catastrales por hectárea, y (e) atrasos en información y deficiencias en su acceso. Esta desigualdad en la tenencia de la tierra se ha convertido en un obstáculo para el desarrollo humano y económico y la consolidación de la sociedad rural. Zonas de predominancia de predios proteg idos (RUPTA). El Registro Único de Predios y Territorios Abandonados por la Violencia RUPTA, es una base de datos sobre los predios y los territorios abandonados que están protegidos o en proceso de protección. Esta base de datos es responsabilidad del I NCODER y de la Superintendencia de Notariado y Registro, entidades que lo administran en cumplimiento de la Ley 387 de 1997 y los acuerdos interinstitucionales establecidos para tal fin. La recuperación material de los bienes abandonados se efectúa de dos maneras. Si el predio no ha sido invadido o despojado, simplemente el propietario, poseedor u ocupante, teniendo en cuenta que no ha perdido el derecho, puede tomar posesión de lo que le pertenece, con el apoyo que le brinde el Gobierno para el retorno. Si por el contrario, ésta fue invadida o se despojó al dueño de su bien por medio de algún acto material o jurídico ilegal, se debe acudir a las autoridades de policía o judiciales para emp render las acciones del caso y recuperarla. Zonas de operación del plan nacional de consolidación. Actualmente las zonas de focalización del PNC son: Zona Macarena y Río Caguán, Zona Pacífico (Nariño, Cauca, Buenaventura, Sur de Chocó), Zona Bajo Cauca A ntioqueño y Sur de Córdoba, Zona Sur de Tolima y

169 Sur de Valle del Cauca, Zona Montes de María, Zona Sierra Nevada de Santa Marta y Zona Oriente Antioqueño, Zona Arauca, Zona Putumayo, Zona Catatumbo y Zona Bajo Atrato. Estas zonas se caracterizan por la fu erte presencia de bandas criminales, grupos guerrilleros y áreas dedicadas a los cultivos ilícitos. Zonas con alto potencial de recuperación de tierras: áreas y calidades. En el país existen zonas o predios que son productivas y no se usan de una manera a decuada, pues estas se encuentran subutilizadas o inexplotadas, así como algunas adquiridas fraudulentamente. Según el histórico de expediente que se encuentran en trámite en el INCODER, se identificaron las zonas en donde se presentan el mayor número de c asos. Zonas/predios ocupados por uno o pocos ocupantes (donde se hallen familias pobres sin tierra/desplazadas se buscará su formalización). Zonas de concentración de casos emblemáticos que evidencien un patrón prolongado/asociado a zonas de conflicto - vi olencia o generalizados de despojo de la propiedad del estado. Zonas de reserva campesina consolidadas. Reguladas por la Ley 160 de 1994 y reglamentadas por el decreto 1777 y el acuerdo 024 de 1996, son áreas geográficas que tienen en cuenta las características ambientales, agroecológicas y socioeconómicas regionales para el ordenamiento territorial, social y cultural de la propiedad. Las ZRC tienen la finalidad de controlar la expansión inadecuada de la frontera agropecuaria; regular, limitar y ordenar la ocupación de la propiedad; y la tenencia de predios rurales. Como resultado de esta primera aproximación del territorio a diagnosticar se consideran municipios que abarcan un área superior a 47 millones de hectáreas, en los cuales se considera que existen zonas que potencialmente pueden ser incorporadas al proyecto de restitución por vía administrativa . Las regiones y departamentos identificados bajo la aplicación de los criterios señalados, abarcan municipios del Suroeste Antioqueño, Urabá Chocoano y Urabá Antioqueño, el Magdalena Medio, algunos otros municipios de Bolívar, Córdoba, Sucre, Magdalena y Cesar; la región del bajo Cauca Antioqueño; al sur algunos municipios del Putumayo; al nororiente del país, la región del Catatumbo y un poco más al sur del oriente algunos municipios de Arauca y Meta. Para el periodo 2013 2014, las zonas que se intervendrían en la primera etapa son: 1 - Urabá Chocoano y antioqueño 2 - Meta y Caquetá

170 3 - Magdalena Medio 4 - Sur Bolívar 4 - Suroeste antioqueño y orien te antioqueño Integración Interinstitucional En el análisis de la viabilidad del proyecto, se ha hecho revisión de las dificultades que ha tenido el INCODER para el desarrollo de los procedimientos cuya realización se plantea en este proyecto, así como de qué herramientas se podrían incorporar para la optimización de los resultados, que los mismos ofrecen, encontrándose que se hace indispensable la cooperación de la Superintendencia de Notariado y Registro, así como del Instituto Geográfico Agustín Codaz zi, por ser estas dos entidades administrativas las que poseen información crucial para la intervención en la propiedad rural. Por tal razón, para la ejecución del proyecto se planteó la construcción de un grupo interinstitucional, conformado por plantas d e personal temporales de las tres entidades, cuya coordinación estaría en cabeza del INCODER: 4.2.3 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA A. Programa de Vivienda de Interés Social Rural Expuesto en el numeral del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural B. Créditos y pasivos Con el propósito de promover los proyectos productivos desarrollados por población víctima del conflicto armado, el Banco financia las distintas fases del proceso de producción de bienes agropecuarios, acuícolas y de pesca, su transfor mación primaria y/o comercialización, así como el que se otorga para minería, turismo rural y ecológico, artesanías, transformación de metales y piedras preciosas, incluyendo su mercadeo.

171 Como ejecutor de las políticas de Gobierno para el sector agropecuario y de los recursos otorgados por el Gobierno Nacional para la atención de la población víctima del conflicto armado y desplazada, durante julio de 2012 y enero de 2013, se han realizado los siguientes créditos: Tabla 49 . 4.2.4 FONDO PARA EL FIN ANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO (Finagro) A. Programa Especial de Fomento y Desarrollo Agropecuario FINANCIACIÓN PROYECTOS DESARROLLADOS POR POBLACIÓN CALIFICADA COMO VÍCTIMA DEL CONFLICTO ARMADO INTERNO, DESPLAZADA O REINSERTADA, O VINCULADA A PROGRAMAS DE DESARROLLO ALTERNATIVO Finagro continúa atendiendo a la población en todo el territorio nacional con operaciones por cartera de redescuento, agropecuaria o sustitutiva con las líneas existentes, a través de los Intermediarios Financieros autorizados para tal fin, este programa cuenta con $100.0 00.000.000,oo, de saldo máximo de operaciones gestionadas por el Programa Especial. La ejecución de estos recursos entre el periodo julio 2012 y enero 2013, es la siguiente: Tabla 50 .

172 No. DESEMBOLSOS VALOR DE CREDITO (millones $) CREDITO INDIVIDUAL 207 1.515 DESPLAZADO DESPLAZADOS 1 601 TOTAL 208 2.116 Por otro lado, en materia de coordinación interinstitucional, Finagro participa activamente en los Subcomités Técnicos de Restitución e Indemnización Administrativa y continúa con el propósito firme de garantizar oportunamente los recursos para que la población víctima sea atendida con recursos de crédito, de conformidad co n las políticas establecidas para tal fin. 4.3 SECTOR INTERIOR 4.3.1 MINISTERIO DEL INTERIOR En este aparte se presentan los avances y logros alcanzados por el Ministerio del Interior, en el periodo comprendido entre junio de 2012 y enero de 2013, de acuerdo con sus competencias. La información se estructura en cinco partes: (A) Coordinación Nació n - Territorio; (B) Política pública de Prevención a la violación a los derechos humanos e infracciones al DIH Derechos Humanos; (C) Decretos Ley 4633 y 4634; y, (D) Trabajo con comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras. A. Coordinación Nac ión - Territorio Durante el segundo semestre de 2012 y lo corrido de 2013 en materia de coordinación Nación - Territorio se ha avanzado en dos procesos: i) asistencia técnica a las entidades territoriales para la formulación de los planes de acción para la prevención, atenc ión, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado; y ii) implementación del Reporte Unificado del Sistema de Información, Seguimiento y Coordinación Territorial (RUSICST). A continuación se describen las actividades realizadas y los resultados obtenidos.

173 Asistencia técnica para la formulación de l os planes de acción territorial atención, protección y reparación integral a las víctimas, los cuales deberán contar con las asignaciones presupuestales dentro de los respectivos planes de los desarrollo y deberán ceñirse a los lineamientos establecidos en el Plan Nacional para la Atenci ón y Reparación Integral a las 50 . En este sentido, el Gobierno Nacional adoptó el Decreto 1725 de 2012 el cual tenía dos objetivos: i) adoptar el Plan Nacional de Atención y Reparación Integral a las víctimas (PNARIV); y, ii) articular el proces o de planeación territorial con las disposiciones del PNARIV. Específicamente, sobre este último punto, el Decreto Territorial atendiendo los obje tivos, metas, componentes y mecanismos de seguimiento definidos en el Plan Operativos Anuales de inversión que permitan garantizar su ejecución. A sí, la asistencia técnica territorial se ha centrado en la formulación de los planes de acción territorial 51 , de tal forma que contengan los mínimos que establece la normatividad como lo son: la caracterización de las víctimas, la asignación presupuestal co rrespondiente, así como el mecanismo de seguimiento y de evaluación con metas e indicadores; y se conviertan en la ruta para la implementación de acciones que redunden en el goce efectivo de derechos. Esta asistencia es la continuación de cuatro acciones e stratégicas adelantadas por el Equipo Interinstitucional de Asistencia Técnica Territorial durante los dos últimos años, a saber: i) La asistencia técnica realizada durante el 2011 para el diseño de los Planes Integrales Únicos para atender a la población víctima del delito del desplazamiento 52 . 50 Artículo 85, Ley 1 448 de 2011. 51 El artículo 254 del Decreto 4800 de 2011 establece que el Plan de Acción Territorial es el instrumento que debe ser elaborado por los municipios, das de asistencia, atención y reparación (Decreto 4800, Artículo 254 Numeral 4 2011) . La Ley establece que el PAT debe articularse con el Plan Operativo de Sistemas de Información, las medidas de satisfacción establecidas en el Pl an Integral Único de Atención a Población Desplazada (PIU), un Plan Integral de Prevención a las violaciones de derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario y el Plan de Contingencia para atender las emergencias producidas en el mar co del conflicto armado interno. 52 Los PIU se consideraban el instrumento de planeación y coordinación de las políticas, estrategias y acciones de las entidades territoriales para la prevención del desplazamiento forzado, y para la protección y atención a las víctimas del mismo. Con el nuevo marco normativo, se estableció que estos harían parte de los PAT.

174 ii) El acompañamiento durante el primer trimestre de 2012 en la creación, instalación y reglamentación de los Comités Territoriales de Justicia Transicional, máxima instancia de coordinación territorial en el cual se adoptan los PAT. iii) El acompañamiento brindado durante el primer semestre de 2012 a municipios y departamentos en la formulación de los planes de desarrollo para que incluyera el componente de víctimas. iv) La elaboración de guías metodológicas dura nte el 2012 para la implementación de la política pública en el nivel territorial 53 . En este orden de ideas, la asistencia técnica realizada para el segundo semestre de 2012 y los dos primeros meses de 2013 consistió en: i) Revisión de los planes de desa rrollo, con el objetivo de identificar el estado del componente de víctimas en los planes de desarrollo definitivos. ii) Acompañamiento técnico para la formulación de los Planes de Acción Territorial, para lo cual se diseñaron dos tipos de jornadas de tra bajo con las entidades territoriales. En las primeras se presentaban los lineamientos metodológicos para la formulación de los PAT, se establecían compromisos y se acordaba un cronograma de trabajo para la realización de los procesos previos a la adopción de los PAT. En estas jornadas de trabajo participaron 24 gobernaciones y 406 municipios. En la siguiente gráfica se presenta el porcentaje de municipios asistidos por departamento. 53 Tales como: elementos para la Incorporación de la Atención, Asistencia y Reparación Integral a las Víctimas del Conflicto Arm ado en los Planes de D esarrollo Departamentales, Distritales y Municipales; Conformación y Funcionamiento de Comités Territoriales de Justicia Tran sicional y Guía para la Formulación; y Guía para el ajuste de los Planes de Acción Departamentales, Municipales y Distritales para la Prevención, Atención y Asistencia y Reparación Integral a las Víctimas del Conflicto Armado.

175 Porcentaje de municipios asistidos en las jornadas de trabajo para la formulación de los PAT Fuente: Tablero de control del Grupo de Apoyo a la Coordinación Territorial - Ministerio del Interior El segundo tipo de jornadas, se centró en hacer seguimiento a los compromisos y dificultades técnicas que tenían los municipios y departamentos en la caracterización de la población víctima, la formulación de acciones, indicadores y metas, la presupuestaci ón de programas y proyectos, y, la identificación de la oferta institucional. En estas jornadas de trabajo participaron 23 gobernaciones y 641 municipios. En la siguiente gráfica se muestra el porcentaje de los municipios asistidos por departamento. Porc entaje de municipios asistidos en las jornadas de trabajo de seguimiento a la formulación de los PAT Fuente: Tablero de control del Grupo de Apoyo a la Coordinación Territorial - Ministerio del Interior % PAT; Quindío; 92% % PAT; La Guajira; 87% % PAT; Putumayo; 85% % PAT; Casanare; 84% % PAT; Caldas; 74% % PAT; Valle del Cauca; 67% % PAT; Cundinamarca; 63% % PAT; Atlántico; 57% % PAT; Magdalena; 50% % PAT; Risaralda; 50% % PAT; Norte de Santander; 48% % PAT; Cesar; 44% % PAT; Córdoba; 37% % PAT; Meta; 34% % PAT; Cauca; 31% % PAT; Sucre; 31% % PAT; Chocó; 30% % PAT; Nariño; 27% % PAT; Boyacá; 21% % PAT; Santander; 18% % PAT; Tolima; 17% % PAT; Antioquía; 11% % PAT; Huila; 11% % PAT; Bolívar; 9% %; Córdoba; 96,7% %; Meta; 93,1% %; Casanare; 89,5% %; Chocó; 86,7% %; Boyacá; 82,1% %; Antioquía; 70,4% %; Vaupés; 66,7% %; Tolima; 63,8% %; La Guajira; 60,0% %; Cundinamarca; 59,5% %; Cesar; 56,0% %; Bolívar; 52,2% %; Atlántico; 52,2% %; Vichada; 50,0% %; Santander; 41,4% %; Cauca; 38,1% %; Norte de Santander; 27,5% %; Caldas; 14,8% %; Nariño; 10,9%

176 iii) Retroalimentación de los borradores de los P lanes de Acción Territorial. La metodología de las jornadas de trabajo de seguimiento a la formulación de los PAT contempló la revisión de los borradores de PAT, para lo cual se diseñó la Herramienta de Orientaciones y Recomendaciones a los borradores PAT (HORPAT). Este instrumento (diseñado en formato Excel) brindaba elementos para la formulación de los PAT (población indicativa, si era una entidad territorial priorizada en alguno de los Autos de la Honorable Corte Constitucional, recursos del Sistema Gene ral de Regalías, informes de riesgo, entre otras); y permitía determinar el nivel de desarrollo de cada uno de los procesos en los siete componentes de política pública 54 y realizar recomendaciones específicas a cada entidad territorial. iv) Valoración de los Planes de Acción Territorial definitivos. Teniendo en cuenta que el 17 de diciembre de 2012 era la fecha máxima para la adopción de los PAT, el Ministerio del Interior y la Unidad Administrativa para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas vi enen adelantando un proceso de revisión de los PAT con un doble propósito: a) identificar las falencias en el proceso de formulación de las entidades territoriales para orientar la asistencia técnica; b) formular recomendaciones a las entidades territorial es para el respectivo ajuste. Las actividades específicas que se adelantaron fueron las siguientes: Diseño de la Herramienta para la Valoración de los PAT (HEPAT). Revisión de los PAT aprobados. Con fecha de corte 14 de febrero de 2013, el Ministerio y l a Unidad han recibido 730 PAT 55 con acto administrativo, los cuales se han valorado en su totalidad. La siguiente gráfica muestra el porcentaje de PAT valorados por cada departamento. Una vez se valore la totalidad de documentos recibidos se remitirán a las entidades territoriales con el conjunto de recomendaciones para su respectivo ajuste. 54 Cuatro estructurales (prevención y protección; atención y asistencia; reparación integral y verdad y justicia) y tres transve rsales (retorno y reubicaciones; fortalecimiento institucional y participación). 55 Datos con fecha de corte 25 de febrero de 2013.

177 Porcentaje de PAT valorados Fuente: Unidad para la Atención y Reparación Integral a Víctimas . Fecha de Corte 25 de febrero. Cálculos Ministerio del Interior. Además, y de manera complementaria se ha desarrollado un proceso de acompañamiento y asistencia técnica a las entidades territoriales para la formulación, ajuste y actualización de los Planes Integrales de Prevención y Protección, como uno de los component es de los Planes de Acción Territorial. Estas acciones muestran los siguientes resultados: Treinta y dos departamentos asistidos técnicamente en Gestión Preventiva del Riesgo de violaciones a los derechos a la vida, a la libertad, a la integridad y a la seguridad personal. Dieciséis Planes de Prevención y Protección actualizados en los departamentos de: Putumayo, Antioquia, Córdoba, Risaralda, Cundinamarca, Caldas, Atlántico, Huila, Quindío, Magdalena, Guajira, Cesar, Caquetá, Guainía, Amazonas y Chocó. D ieciséis Planes de Prevención y Protección formulados en los departamentos de: Meta, Boyacá, Sucre, Vichada, Tolima, Santander, Nariño, Norte de Santander, Bolívar, Vaupés, Valle del Cauca, Guaviare, San Andrés, Casanare, Arauca y Cauca. 51 (de 58) municip ios de la estrategia de Plan Nacional de Consolidación Territorial cuentan con Plan Integral de Prevención y Protección en los siguientes municipios: Antioquia: Briceño, Valdivia, Tarazá, Caucasia, Cáceres, El Bagre, Nechi, Zaragoza, Ituango, Anorí (10). B olívar: Carmen de Bolívar y San Jacinto. Caquetá: Cartagena del Cahirá, La Montañita y San Vicente. Córdoba: Tierra Alta, Valencia, Puerto. Libertador, Montelibano y San José de Uré. Meta : La Macarena, Uribe, Puerto Rico, Mesetas, San Juan de Arama, Vistah ermosa. Nariño : Tumaco. Norte de Santander : El Tarra, San Calixto, Acarí, %PAT Valorados; Meta; 96,6% %PAT Valorados; Risaralda; 92,9% %PAT Valorados; Casanare; 89,5% %PAT Valorados; Cesar; 88,0% %PAT Valorados; Cauca; 83,3% %PAT Valorados; Magdalena; 83,3% %PAT Valorados; Nariño; 79,7% %PAT Valorados; Huila; 78,4% %PAT Valorados; Santander; 78,2% %PAT Valorados; Tolima; 74,5% %PAT Valorados; Norte de Santander; 72,5% %PAT Valorados; Arauca; 71,4% %PAT Valorados; Cundinamarca; 54,3% %PAT Valorados; Caldas; 51,9% %PAT Valorados; Chocó; 50,0% %PAT Valorados; Boyacá; 48,8% %PAT Valorados; Antioquía; 46,4% %PAT Valorados; Bolívar; 43,5% %PAT Valorados; Sucre; 23,1% %PAT Valorados; Valle del Cauca; 19,0% %PAT Valorados; San Andrés; 0,0% %PAT Valorados; Vaupés; 0,0%

178 Teorama, Tibú y El Carmen, Convención . Putumayo : Puerto Asís, San Miguel, Valle del Guamuez y Leguizamo. Sucre : Ovejas y San Onofre. Tolima : Chaparral, Rioblanco, Ataco y Planadas. V alle del Cauca : Pradera y Florida. Cauca : Caloto, Corinto, Miranda, Santander de Quilichao, Toribio. Cuatro Planes de Atención Prioritaria para los pueblos indígenas Jiw, Nukak, Jitnú y Embera Katío en los componentes de salud, asistencia y seguridad alime ntaria, protección de personas y territorios, fortalecimiento organizativo y cualificación institucional. Cuatro comunidades en procesos de restitución de tierras con Planes Integrales de Prevención y Protección: Jiguamiandó y Curbaradó (Chocó), Predio La Porcelana (Cáceres, Antioquia) y Chibolo (Magdalena). Implementación del Reporte Unificado del Sistema de Información, Seguimiento y Coordinación Territorial (RUSICST) Según lo dispuesto por el Artículo 260 del Decreto 4800 de 2011 56 , información, seguimiento y evaluación al desempeño de las entidades territoriales, en relación con la implementación de las políticas públicas y planes de acción de prevención, asistencia, atención y reparación integral a la s víctimas ( 57 . En cumplimiento de esta normatividad, desde 2011 se inició un trabajo de adecuación y formulación del RUSICST que mediría la capacidad institucional de las entidades territoriales en materia de diseño, implementación y seguimiento de la P olítica Pública de Víctimas del Conflicto Armado Interno, serviría como instrumento de divulgación de esta política y ayudaría a las alcaldías y gobernaciones en su proceso de planificación interna. Proceso de ajuste del RUSICST Este trabajo ha sido realizado en las siguientes etapas con el fin de lograr una mayor cobertura de las entidades territoriales y facilitar su diligenciamiento: Gestión para su implementación y uso en una plataforma web. Revisión y ajuste de acuerdo con la Ley 1448 de 2011, el Decreto 4800 de 2011, el Decreto 4829 de 2011 56 Por el cual se reglamenta la Ley 1448 de 2011 y se dictan otras disposiciones. 57 El ajuste a este mecanismo de seguimiento territorial debía permitir recolectar las acciones adelantadas por las entidades territorial para el restablecimiento de derechos de todos los hechos victimizantes tales como actos o atentados terroristas, amenazas, delitos contra la libertad e integridad sexual, desaparici ón forzada, homicidios, masacres, minas antipersonal, munición sin explotar, artefactos explosivos improvisados, secuestro, tortura, vinculación de menores a actividades relacionadas con grupos armados, abandono y despojo de tierras; todo s ellos ocurridos en el marco del conflicto armado interno.

179 y los Decretos Ley 4633, 4634 y 4635 . Concertación y definición de secciones del sistema en las cuales se incluyó: a) Dinámica del Conflicto Armado Interno; b) Comité Territorial de Just icia Transicional; b) Plan de Acción Territorial; c) Articulación Institucional; d) Identificación de la Oferta Institucional; e) Retorno y Reubicación; f) Participación de la Población Víctima; g) Adecuación Institucional; h) Mapa de Prioridades; y, i) Au toevaluación y Plan de Mejoramiento. Realización de reuniones interinstitucionales para la socialización de la primera propuesta y retroalimentación. Es importante señalar que en marzo de 2012 se desarrolló una reunión con la Contraloría General de la Repú blica, y en junio del mismo año con la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia, donde se evidenció la importancia de verificar las fuentes de información para el diligenciamiento. De este proceso, se deriva la elaboración de la Cartilla de Orien taciones para el diligenciamiento del RUSICST, que incluye, entre otros, el objetivo de cada etapa de la política pública, sugerencias sobre las fuentes de información para la recolección de la misma y la utilidad que tiene dicha información para la entida d territorial. Socialización y validación de una segunda propuesta del RUSICST con las Gobernaciones de Norte de Santander, Casanare, Boyacá, Antioquia y Risaralda y, las Alcaldías de Arauca y San José del Guaviare quienes realizaron nuevos aportes que fue ron incluidos en el Registro definitivo. Adecuación de la plataforma web de los cuestionarios finales de acuerdo con cada etapa de la política pública y remisión de usuarios y contraseñas a los enlaces designados por las entidades territoriales. Impleme ntación del RUSICST Víctimas (2012) Para la implementación del RUSICST, 58 para lo cual, se solicitó por corre o electrónico un oficio en el que cada alcalde y gobernador responsabilice a la persona encargada de esta función y señale sus datos de contacto. Posteriormente, durante noviembre y diciembre, el Ministerio del Interior con el apoyo de la Unidad Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas realizó un proceso de socialización y capacitación en 31 departamentos sobre esta herramienta. Durante este periodo, además de presentar la plataforma web, se entregaron las Fichas Técnicas para su dil igenciamiento, las cuales fueron diseñadas con el apoyo de la Agencia 58 Decreto 4800 de 2011, Artículo 260, Parágrafo 2.

180 de Cooperación Internacional del Japón JICA con el objetivo de facilitar la captura, recepción y diligenciamiento de la información solicitada al interior de cada entidad territorial. Debido a que la información reportada por las alcaldías, a más tardar el día 21 de diciembre de 2012, corresponde al avance en el diseño, la implementación y el seguimiento de la Política Pública de Víctimas durante todo el 2012. Tal fecha fue definida con el objetivo de articular el primer reporte del RUSICST con las acciones para la preparación y formulación del Plan de Acción Territorial 59 que deben formular las entidades territoriales para la atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado, en cumplimiento de la Ley 1448 de 2011. Es pertinente indicar, que al 15 de marzo de 2013, las entidades territoriales debieron actualizar y complementa r la información reportada, de acuerdo a la retroalimentación que se adelanta para cada alcaldía y gobernación. A más tardar en mayo de 2013, se realizará de manera conjunta con la Unidad de Atención y Reparación Integral a Víctimas el primer análisis de i nformación, teniendo en cuenta la evaluación de la capacidad institucional. A continuación se presentan unos resultados generales, que dan cuenta del número de alcaldías que reportaron o no, información al 21 de diciembre de 2012. 59 Los Planes de Acción Territoriales son el principal instrumento para la implementación de programas, acciones y estrategias d efinidas en todos los niveles de gobierno para la atención y reparación integral de la Población Víctima. El diseño e implementación de estos permite a las al caldías y gobernaciones coordinar acciones de diferentes instituciones de manera armónica; comprometer recursos fiscales, logístico s e institucionales y definir los mecanismos de seguimiento que facilitarán la evaluación y la rendición de cuentas a la ciudadanía sobre los avanc es y las dificultades de las acciones desarrolladas para la atención y reparación integral a la Población Ví ctima.

181 Fuente: Sistema de Información, Coordinación y Seguimiento Territorial RUSICST - Ministerio del Interior. Fecha de corte 21 de diciembre de 2012 B. Política Pública de Derechos Humanos El Ministerio del Interior - Dirección de Derechos Humanos - ha liderado el proceso de formulación de la Política Pública de Prevención de violaciones a los Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, mediante su inclusión en los diferentes instrum entos de planeación, ejecución y seguimiento territorial. Esto ha fortalecido las instancias de coordinación y articulación entre las entidades territoriales y nacionales a través del estímulo de espacios de interlocución. En este contexto, se han realizad o asesorías a las entidades territoriales para que incorporen DDHH en sus planes de desarrollo ya sea como un enfoque y/o componente, de acuerdo con los grados de desarrollo y la capacidad institucional de los departamentos y municipios. En este sentido Desarrollo Territoriales 2012 - la igualdad y no discriminación; y, la promoc ión de una cultura de derechos. La asistencia técnica se ha prestado a los 32 departamentos y 100 municipios focalizados, a través de visitas en campo, elaboración y entrega de insumos para las entidades territoriales, revisión y envío de recomendaciones a los documentos borradores de los planes de desarrollo, acompañamiento a diferentes actividades del 177 alcaldías sin usuario 925 alcaldías con usuario 108 alcaldías No Guardaron Información 925 alcaldías con usuario 534 alcaldías Completaron Información Mínima 925 alcaldías con usuario 817 alcaldías Guardaron Información

182 departamento con sus municipios para presentar la política de derechos humanos y las acciones estratégicas a incorporar en los planes de desarrollo. A juni o 30 de 2012 se cuenta con 32 planes de desarrollo departamentales y 100 documentos municipales, es así que se tiene un avance del 100% en la meta en esta primera fase. Esta meta de producto fue verificada en junio de 2012 una vez las entidades territorial es adoptaron sus respectivos planes de desarrollo a través de actos administrativos, para lo cual tenían plazo hasta el 30 de mayo , lo que se verificó de los documentos adoptados y remitidos a la Dirección de Derechos Humanos. Asimismo, se realizó con DNP dirigido a 500 municipios de sexta categoría y la Federación Colombiana de Municipios, orientada a capacitar e informar a los asesores encargados de apoyar la elaboración de p lanes de desarrollo, en los lineamientos y acciones prioritarias de la política de derechos humanos. Con respecto al desarrollo de procesos de capacitación para servidores públicos y organizaciones de la sociedad civil, se adelantaron contactos con univer sidades locales para explorar su interés por participar en estas temáticas y poner en marcha el proceso de formación propuesto. Además, y en conjunto con el DAFP, se remitió a las oficinas de talento humano de las gobernaciones y alcaldías una circular en la que se solicita priorizar y fomentar la formación en DDHH de sus funcionarios; y, se acordó incluir los derechos humanos en el Plan Nacional de Formación para Servidores Públicos y la realización de la guía temática y pedagógica de los contenidos establ ecidos. En el marco de escenarios de interlocución se han realizado cinco actos de reconocimiento a la labor de los defensores de derechos humanos, líderes sociales y comunales con participación del Gobierno Nacional en cabeza del Ministro del Interior, las autoridades civiles y militares de los departamentos, organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos y acompañamiento de comunidad internacional en los departamentos de Santander, Risaralda, Norte de Santander, Cesar y en la ciudad de Medellí n en la Mesa de Derechos Humanos de la Comuna 6. Es importante mencionar que se consolidó el documento de política de prevención de violaciones de DDHH e Infracciones al DIH que contiene la identificación del problema, la conceptualización y alcance de l a prevención, el diagnóstico de las causas estructurales de las violaciones de DDHH, la definición de objetivos, estrategias y líneas de acción en siete ejes temáticos: fortalecimiento Institucional; impunidad/Justicia; fortalecimiento de la cultura en DDH H en la Fuerza Pública; asuntos de tierras y territorios; garantía de DDHH en el marco de las

183 dinámicas económicas legales; combate a las dinámicas económicas, y cultura en DDHH. Para este resultado, se realizaron varios procesos de consulta con la socied ad civil, tanto con personas expertas en estas materias, desde el punto de vista académico y profesional, así como con organizaciones y líderes sociales. Finalmente, se trabajó en la profundización del eje de cultura en DDHH y se cuenta con el proyecto de Decreto mediante el cual se espera adoptar la política de prevención. Con relación con la cofinanciación de iniciativas en materia de derechos humanos la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior suscribió un Convenio con Coldeportes en a bril de 2012, el cual tiene como El proyecto fue dirigido a 882 niños, niñas y adolescentes entre los 8 y 17 años en situación de vulnerabilidad a causa del conflicto armado interno, o que se encuentren en riesgo de incursionar en alcoholismo, drogadicción o delincuencia en las comunidade s de Jiguamiandó y Curvaradó ubicadas en los municipios de Carmen del Darién y Riosucio en el departamento del Chocó y en el corregimiento de Belén de Bajirá del municipio de Mutatá del departamento de Antioquia; en el municipio de Policarpa del departamen to de Nariño, en el municipio de Leticia (cabecera municipal y Resguardo Indígena Isla de Ronda) del departamento de Amazonas y en los municipios de Tibú y Puerto Santander en el departamento de Norte de Santander. A 31 de diciembre de 2012, fueron selecc ionados 600 niños, niñas y adolescentes beneficiarios, previo consentimiento de los padres de familia. A la fecha de finalización del Convenio se formaron 794 niños, niñas y adolescentes. El proyecto fue promocionado con las entidades públicas, empresa pri vada y medios de comunicación en cada uno de los municipios; se hizo reconocimiento de los escenarios deportivos en cada uno de los municipios, y en su caso corregimientos, a intervenir; y el equipo de trabajo interinstitucional se conformó y se capacitaro n a los gestores territoriales en cada uno de los municipios. Una segunda iniciativa que se está desarrollando en convenio con la Registraduría Nacional del Estado Civil y el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, está orientada a aunar , coordinar y articular esfuerzos, recursos humanos, técnicos y logísticos para el diagnóstico y mapeo dirigido a la ubicación de cuerpos de personas desaparecidas en los municipios de Apartadó (Antioquia), Pasto (Nariño) y Valledupar (Cesar). Esta iniciativa constituye una segunda fase del proceso que estas mismas entidades iniciaron en 2010, cuya finalidad fue procesar las necrodactilias existentes en la Registraduría Nacional del Estado Civil y su posterior consulta con

184 el sistema AFIS (Autom atedFingerprintIdentificationSystem) y con el Registro Nacional de Desaparecidos que administra el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. En esta primera fase se digitalizaron, sistematizaron y cruzaron las 22.689 necrodáctilias de per sonas fallecidas no identificadas (NN) con el universo de todas las huellas de los colombianos que reposan en el Sistema Automático de Identificación de Huellas Dactilares de la Registraduría. El resultado de este proceso fue la identificación positiva de 9.968 personas (de las cuales solo 445 se encuentran reportadas como desaparecidas en el Registro Nacional de Desaparecidos). C. Decretos Ley 4633 y 4634 El Ministerio del Interior Dirección de Asuntos Indígenas ROM y Minorías (DAIRM), garantizó, coordinó y financió, de manera efectiva, el proceso de consulta previa de los proyectos de Decreto con fuerza de ley, por medio de los cuales se dictan medidas de asistencia, atención, reparación integral y de restitución de derechos territoriales a las víctimas p ertenecientes a los Pueblos y Comunidades Indígenas y el Pueblo Rrom. Tabla 50 . ORIGEN DE LOS DECRETOS LEY 4633 y 4634 de 2011. CONSULTA PREVIA RESULTADO En atención a lo estipulado en el artículo 205 de la Ley 1448 de 2011, en el cual se reviste al Presidente de la República de facultades extraordinarias para expedir decretos con fuerza de ley a fin de generar el marco legal de la política pública de atenc ión, reparación integral y de restitución de tierras de las La DAIRM, en el año 2011, constituyó una estructura temporal para la realización de la Consulta a los Pueblos Indígenas y Rrom, f rente a los Pueblos Indígenas así: 20 reuniones departamentales, 4 encuentros macro regionales, 6 reuniones con la Amazonía, 1 espacio autónomo de la Sierra Nevada de Santa Marta, 1 encuentro nacional de víctimas desplazadas y Decreto con fuerza de Ley 4633 de 2011 con expedición del 9 de diciembre de 2011.

185 víctimas pertenecientes a Pueblos y Comunidades Indígenas, Rrom. urbanas, y 1 reunión na cional de la Mesa Permanente de Concertación. Pueblo Rrom o Gitano: Comisión Nacional de Diálogo y 8 reuniones realizadas con las diferentes Kumpañy asentadas en el país. Decreto con fuerza de Ley 4634 de 2011 con expedición del 9 de diciembre de 2011. Planes Integrales de Reparación Colectiva para Comunidades Indígenas: la DAIRM promovió con la Dirección de Consulta Previa, la Dirección de Comunidades Negras del Ministerio del Interior y la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación a las Víctimas, una reunión que se llevó a cabo el 10 de septiembre de 2 012 con el ánimo de formular la operatividad del proceso de consulta previa de los Planes Integrales de Reparación Colectiva para Comunidades Indígenas. En el mismo sentido, durante noviembre y diciembre de 2012, se participó en diferentes reuniones que fa cilitaron el estudio de rutas y competencias en la formulación e implementación de los mismos. Fortalecimiento a las Instancias de Coordinación Indígena: el fortalecimiento a las instancias de Coordinación Indígena, se viene dando desde la Mesa Permanent e de Concertación (MPC) (Decreto 1397 de 1996), en aras de apoyar la definición de los diferentes temas establecidos en la Ley de Víctimas y su Decreto con fuerza de Ley 4633 de 2011 en el marco de las competencias del Ministerio del Interior. Ello permit ió que la DAIRM en coordinación con la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, y la Unidad Administrativa Especial para la Gestión de Restitución de Tierras Despojadas, apoyara la realización de la sesión de la Mesa Permanente de Concertación, llevada a cabo en Bogotá, el 14 de noviembre del 2012, donde se abordaron los temas que corresponden al avance del Decreto Ley de Víctimas 4633 de 2011.

186 Asimismo, en el marco de las competencias del Ministerio del Interio r, se tiene previsto propiciar los espacios que permitan dinamizar las actividades que conduzcan a la implementación del Decreto Ley. Divulgación de los Decretos Ley - Socialización a nivel institucional y comunitario: la DAIRM, diseñó un documento denomi sencillo los contenidos de dicho decreto, a funcionarios y en general a toda la Población Indígena. La propuesta fue entregada a las Unidades de Atención y Reparación Integ ral a las Víctimas y de Gestión de Restitución de Tierras, para su respectiva publicación. Asimismo, en coordinación con el PNUD, Programa Presidencial para Pueblos Indígenas y las Unidades: de Atención y Reparación Integral a las Víctimas y de Gestión de Restitución ABC sobre el Decreto Ley 4633 de 2011. Subcomité técnico de Enfoque Diferencial: con fundamento en la labor misional del Ministerio del Interior, se viene participando de las convocatorias del Subcomité Técnico de Enfoque Diferencial, en aras de aportar los lineamientos y recomendaciones con enfoque diferencial étnico para que hagan parte de la reorientación de la oferta institucional y p romuevan el goce efectivo de los derechos de los grupos étnicos. Articulación de las medidas de los Autos Diferenciales de seguimiento a la Sentencia T - 025 de 2004 con las medidas de protección de los decretos ley étnicos: la respuesta a los Autos difere nciales étnicos de seguimiento a la Sentencia T - 025 de 2004 dirigidos a la superación del estado de cosas inconstitucional en la Población Indígena Desplazada Auto 004 de 2009 (Programa de Garantía de Derechos de los Pueblos Indígenas y Planes de Salvaguar da) y Auto 092 de 2008 (Programa de Protección de los Derechos de las Mujeres Indígenas desplazadas y en riesgo), son articulados con las acciones impartidas en el marco del Decreto Ley 4633 de 2011, en desarrollo al principio de colaboración armónica que debe existir entre las entidades corresponsables. Articulación con entidades del nivel nacional y territorial: la DAIRM - MI en apoyo a la Dirección de Gobierno y Gestión Territorial participó en 27 talleres de fortalecimiento territorial socializando a las autoridades de los entes territoriales departamentales y municipales en la implementación del enfoque étnico diferencial en la nueva ruta de atención del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas (SNARIV) y la oferta institucional de manera armónica con los planes de desarrollo, el Plan de Acción Territorial, y los Planes Operativos Anuales, el Programa de Garantía de Derechos y los planes de salvaguarda étnica; dentro del marco de

187 la nueva Ley de Víctimas (Ley 1448 de 2011) y su De creto con fuerza de Ley 4633 de 2011 para la reglamentación de la atención a la población indígena. D. Trabajo con comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras En la articulación Nación - Territorio, se ha avanzado en la transitoriedad de las órdenes del Auto 005 de 2009 a la nueva institucionalidad, de tal manera que la construcción de los planes específicos de protección y atención para la población afrodescendie nte víctima del desplazamiento forzado, se ha desarrollado en un ejercicio de articulación con los Comité de Justicia Transicional. Así, en los CTJT de Turbo, Apartadó, Chigorodó, Mutatá, Murindó, Vigía del Fuerte y Caucasia (Antioquia); Turbaco, Carmen de Bolívar y María la Baja (Bolívar), San Onofre, Coloso, Ovejas (Sucre), Barbacoas (Nariño), Guapi (Cauca); se socializaron las órdenes del Auto y el plan de trabajo propuesto para la construcción de los Planes Específicos con el fin de sensibilizar y empod erar a los instancias territoriales de la temática. Como resultado, se acordó avanzar en el ejercicio de diagnóstico participativo con las comunidades para identificar las necesidades y problemáticas. Este espacio contó con la participación de las entida des territoriales, las cuales brindaron información y entregaron insumos conceptuales para identificar los derechos vulnerados y evidenciar las afectaciones poblacionales y territoriales, con el fin de plantear una atención integral por parte de los distin tos niveles de gobierno y materializarlos en los Planes de Acción Territorial. La Dirección de Asuntos para Comunidades Negras del Ministerio del Interior en el marco de las órdenes proferidas en el Auto 005 de 2009 en coordinación con la Mesa Interinsti tucional del Auto, desarrolló con las comunidades y consejos comunitarios, los diagnósticos participativos para la construcción de los Planes Específicos de protección y atención de la población afrodescendiente víctima del desplazamiento forzado, donde se refleja la problemática y vulneración de los derechos fundamentales de dicha población y como respuesta institucional de gobierno se consolidó la oferta de programas sociales. Se construyeron catorce documentos de planes específicos de protección y aten ción para la población víctima del desplazamiento forzado de los siguientes territorios: Turbo, Apartadó, Chigorodó, Mutatá, Murindó, Vigía del Fuerte y Caucasia (Antioquia); San Basilio de Palenque, Turbaco, María la Baja, Carmen de Bolívar y Macayepo (Bo lívar); San Onofre, Coloso, Chinulito, Pijiguay y Chengue (Sucre); Barbacoas (Nariño); La Jagua de Ibirico

188 (Cesar); San José de Uré (Córdoba). Se tiene proyectado la construcción colectiva y participativa de los Planes Específicos de: Bogotá; Soacha; Car tagena; Quibdó; Cali; Buenaventura; Guapi, Timbiqui, López de Miquay, Buenos Aires y Suárez (Cauca); La Tola, El Charco, Mahguí Payán, Iscuande y Tumaco (Nariño). Es importante resaltar que desde mediados de 2012, la Dirección de Asuntos para Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras (DACN) hace parte del Subcomité de enfoque diferencial, donde se trabajó, entre otros, en el ajuste de la batería de Indicadores de Goce Efectivo de Derechos (IGED). 4.3.2 UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN Garantizar la vida, la seguridad, la integridad y la libertad de las personas, connota por parte de las instituciones del Estado una participación activa y eficaz a través de la creación de mecanismos estructurados e integrados a favor de las poblaciones v ulnerables que permitan su acceso a la justicia, a la verdad, a la reparación y a las garantías de no repetición. En concordancia a lo señalado en repetidas oportunidades por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los Estados son los principales res ponsables de la promoción y protección de los derechos humanos y deben velar por evitar que sus transgresiones no se vuelvan a repetir en tiempo de paz o de guerra - por lo cual, la articulación entre las instituciones, el gobierno, la sociedad civil y las víctimas, entraña uno de los aspecto esenciales para reconciliación y construcción de la paz. Con la expedición del Decreto Ley 4065 de 2011, y la creación de la Unidad Nacional de Protección (UNP), se estableció como objetivo principal articular, coor dinar y ejecutar la prestación del servicio de protección a aquellas personas que determine el Gobierno Nacional, que por virtud de sus actividades y condiciones o en razón al ejercicio de un cargo público, se encuentren en situación de riesgo extraordinar io o extremo de sufrir daños contra su vida, integridad, libertad y seguridad personal . Lo anterior, como resultado del esfuerzo conjunto entre el Gobierno Nacional y la sociedad civil, para enfrentar las consecuencias de la situación de violencia, contra grupos poblacionales específicos. Desde su inicio, el Programa de Protección de la UNP fue contemplado con un carácter especial, dirigido a

189 poblaciones con vulnerabilidades significativas con el fin de otorgar herramientas materiales, contemplando su enfo que diferencial, encaminadas a salvaguardar su vida y su integridad. El numeral 9 del artículo 6 del Decreto e infracciones al Derecho Internaci onal Humanitario, incluyendo dirigentes, líderes, representantes de organizaciones de población desplazada o de reclamantes de tierras en situación de riesgo extraordinario o Gobierno Nacional se comprometió con las víctimas del conflicto armado interno a atacar las brechas existentes de injusticia e inequidad social, y a atender sus necesidades de atención, reparación integral y protección. En este orden de ideas, se procede rá a mencionar los avances en materia de ejecución y cumplimiento de la Ley 1448 de 2011 adelantados por esta Entidad en el marco del Plan Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas en cuatro ejes estratégicos, así: A. Creación del Grupos Especial para la atención a las víctimas del conflicto armado interno Con el fin de dar mayor celeridad a la recepción, análisis, tratamiento y seguimiento de los casos relacionados con víctimas del conflicto armado interno allegados a la UNP, se crearon dos grupos especiales para la atención de dicha población. El primero enfocado en los líderes y reclamantes en procesos de Restitución de Tierras, víctimas de despojo, abandono forzado y amenazas en contra de su vida e integridad; para lo cual se establecieron canales directos de interlocución con la Unidad de Restitución de Tierras en aras de dar un tratamiento integral y oportuno a la población en comento, así como también para el intercambio de información significativa que se recole cta en cada uno de los casos. El segundo enfocado en la atención y seguimiento de las solicitudes de protección de las víctimas del conflicto armado interno en términos de la Ley 1448 del año 2011. El Grupo de Atención a las Víctimas (GAV), tiene a su vez interlocución directa con la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas para atención de dicha población, especialmente aquellos casos que son objeto de especial atención teniendo en cuenta la presunción constitucional de riesgo que opera a su favor. Es de resaltar que los mencionados grupos especiales están conformados por personal capacitado en derechos humanos, atención a las víctimas del conflicto armado interno y enfoque diferencial, brindando un trato humanitario y especializado a los solicitantes de nuestro Programa de Protección.

190 B. Solicitudes de protección y Evaluación de Riesgo Entre junio de 2012 y el 31 de enero de 2013, se han efectuado 406 solicitudes de protección a la UNP provenientes de víctimas del conflicto armado interno , de las cuales 161 corresponden a solicitudes efectuadas por víctimas de desplazamiento forzado. De igual forma, se han efectuado 245 solicitudes de protección por parte de personas que se encuentran participando en procesos de restitución de tierras, d e las cuales 71 corresponden a solicitudes de mujeres titulares en procesos de reclamación de tierras. Es de mencionar, que el grueso de las solicitudes de protección corresponden a población originaria de los departamentos de Antioquia, Chocó, Bolívar y C ésar, respectivamente. Actualmente, 242 víctimas del conflicto armado interno, que realizaron sus respectivas solicitudes de vinculación a este programa entre junio de 2012 y enero de 2013, son beneficiarias de medidas de protección en virtud de la ponder ación de su nivel de riesgo. C. Sobre el nuevo procedimiento de trámites de emergencia Con relación a la facultad excepcional que obra en cabeza del Director General de la Unidad, atribuida por el artículo 11 del Decreto Ley 4065 de 2011, numerales 7 y 8 y el artículo 9 del Decreto 4912 de 2011, respecto a la adopción de medidas urgentes y provisionales de protección, sin necesidad de una evaluación de riesgo y contemplando un enfoque diferencial a favor de los usuarios del programa que tengan un riesgo in minente y excepcional, además de aquellos de los que sea predicable la presunción constitucional de riesgo en razón a su condición de víctimas del desplazamiento forzado, esta Entidad conformó un grupo profesionales que desarrollan sus labores atendiendo a las especificidades y complejidades que connotan los casos de personas, grupos y comunidades con necesidades especiales de protección, derivadas de su situación de riesgo y vulnerabilidad. En este sentido, el artículo 9 del Decreto 4912 establece los pa rámetros para la realización de una valoración inicial del riesgo, a partir de la cual se recomienda la adopción de las respectivas medidas provisionales, en tanto el riesgo alegado sea inminente y excepcional, así como en el caso que sea aplicable la prec itada presunción constitucional. De esta forma, se hace palpable que la normativa mencionada establece dos ámbitos de acción bajos los cuales se desarrollan los trámites de emergencia, el primero frente a todos los grupos poblacionales objeto del programa de protección, en tanto tengan un riesgo inminente y excepcional requisito sine qua non

191 para proceder de conformidad , contemplando un enfoque diferencial, y el segundo frente a la población desplazada incluidas víctimas en los términos del artículo 3 de la Ley 1448 de 2011, que intervengan en procesos de restitución de tierras, en el caso que se cumplan los requisitos establecidos en el artículo 41 del Decreto 4912 y en el Auto 200 de 2007, a fin de activar a su favor la presunción constitucional. Este a nálisis efectuado por los profesionales asesores, a su vez debe ser adelantado teniendo en cuenta un enfoque diferencial, concepto desarrollado por la Corte Constitucional en diversos autos y sentencias, y que constituye una materialización del derecho a l a igualdad reconocido en el artículo 13 de la Carta Política. Es de resaltar, que al momento de evaluar casos en los que se evidencie que el beneficiario tiene particularidades respecto a su inclinación sexual y de género, edad, o discapacidad, entre otros , se debe tener en cuenta sus características especiales al momento de las respectivas verificaciones y al recomendar y adoptar medidas de protección. Así las cosas, para la temporalidad establecida para el presente informe, 175 víctimas del conflicto armado interno fueron atendidas a través del trámite excepcional por medio del cual les fueron asignadas medidas de protección urgentes en menos de 72 horas. De las precitadas solicitudes, 113 corresponden a líderes, lideresas y reclamantes en procesos de restitución de tierras. D. Espacios de participación Teniendo en cuenta la importancia de generar espacios de participación, por medio de los cuales las víctimas del conflicto y sus representantes puedan ser parte activa de los procesos diseñados para otorgar medidas de protección y del seguimiento a las mis mas, en coordinación con la Unidad de Víctimas, la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior y la sociedad civil, se encuentra en proceso de creación y aprobación de un Comité de Evaluación de Riesgo y Recomendación de Medidas (CERREM) espe cial para el análisis de casos de las víctimas de la violencia en nuestro país. Lo anterior, resaltando que es el marco de dicho Comité se valida la ponderación de los Estudios de Riesgos efectuados por el Grupo de Valoración Preliminar (GVP) y se recomi endan las medidas de protección a las que haya lugar, por lo cual los insumos y apreciaciones que se pueden suministrar de cada uno de los casos por parte de los líderes de la población en comento, constituyen un elemento invaluable tanto para la aplicació n de un enfoque diferencial en las medidas otorgadas, como para complementar la apreciación de contexto y riesgo percibida durante el desarrollo del estudio técnico de nivel de riesgo.

192 E. Capacitación de funcionarios De acuerdo a lo establecido en el artí las entidades a cargo de los Programas de Protección, diseñarán e implementarán una estrategia de capacitaciones, dirigido a sus servidores públicos que participan en los programas de protección. Se deberá capacitar sobre los derechos a las víctimas, derechos de las mujeres, implementación de un enfoque diferencial, rutas de atención en violencia de género n diplomado en perspectivas de género y derechos de las mujeres, en el que participará la sociedad civil, estudiantes universitarios y entidades estatales, a desarrollarse el próximo mes. Entre las principales metas de dicho diplomado se encuentra la capacitación de 50 funcionarios de la UNP encargados de realizar los Estudios de Riesgo a los solicitantes de medidas de protección, efectuando verificaciones in situ de cada uno de los casos, así como la entrevista personal a los solicitantes. De igual forma, asistirán miembros de los Grupos Especial encargados de la atención y seguimiento a los casos relacionados con las víctimas del conflicto armado interno. 4.4 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 4.4.1 PR OGRAMA PRESIDENCIAL DE DERECHOS HUMANOS Y DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO A. Sistema Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario La articulación del Sistema Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario (en adelan te, SNDH y DIH) con el Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas (SNARIV), se realiza a través de asistencia técnica en la formulación y coordinación de políticas públicas, estrategias y acciones gubernamentales en el Subcomité de p revención, protección y garantías de no repetición, Subcomité de Sistemas de Información y Subcomité de Reparación. Y se ha avanzado en la definición de acciones estratégicas de articulación entre los subsistemas del SNDH y DIH y los subcomités del SNARIV.

193 La política en DDHH y DIH requiere de la participación ciudadana para su construcción, con este fin se realizó un acuerdo tripartito (Estado, Comunidad Internacional y Organizaciones de la Sociedad Civil) con la finalidad de realizar foros departamental es de DDHH y DIH que permitieran contar con insumos para el diseño de la misma. A la fecha y desde agosto de 2011 se han realizado 25 foros departamentales y en diciembre de 2012 la Conferencia Nacional de DDHH y DIH. Se ha contado con la participación de 14.000 personas y 9.000 OSC. Desde agosto 2012, el SNDH y DIH realizó foros departamentales para la construcción de la política pública de Derechos Humanos y DIH en Antioquia, Magdalena, Vaupés, Arauca, Córdoba, Chocó, Casanare, Santander, Cesar, Bolívar , Guaviare, Amazonas, Nariño y Cundinamarca, y la realización de la Conferencia Nacional de Derechos Humanos y DIH. En 2013 se surtirán los foros restantes hasta completar los 32 departamentos y en Bogotá. El Sistema Nacional de DDHH y DIH posee un mecanismo de coordinación Nación - Territorio (N - T), el cual busca hacer interactuar a las instancias territoriales (creadas por Ministerio del Interior) con la Nación para que la política pública de DDHH y DIH refleje las características propias de cada reg ión, departamento o municipio y se pueda tener una respuesta del Estado ante posibles vulneraciones de derechos de una manera más efectiva y oportuna. La coordinación del mecanismo N - T está a cargo del Ministerio del Interior y del Programa Presidencial. A la fecha se han creado 21 instancias territoriales de DDHH, que cuentan con planes de trabajo, los cuales replican las prioridades y líneas de acción de los subsistemas del SNDH - DIH y atienden las necesidades del territorio. Dichas instancias pretenden co mplementar el trabajo realizado en los Comités de Justicia Transicional y articular acciones. Del proyecto de inversión del PPDH 2012 se contó con un presupuesto de $2.675.007.000 para la implementación del SNDH - DIH de los cuales se comprometieron $2.528. 000.000. Lo que equivale a un 94,5%. Adicionalmente, en el marco del proceso de construcción participativa de la política pública, en los foros departamentales de DDHH y DIH se han instalado varias mesas de trabajo, una de ellas es la relacionada con los derechos de las víctimas del conflicto armado. La Unidad para las Víctimas ha sido una de las entidades que desde el inicio del proceso ha acompañado su desarrollo y evolución. En los foros departamentales se instaló una mesa de trabajo sobre los derechos de las víctimas del conflicto armado, en este espacio se discutieron temas relacionados con:

194 Derecho de las víctimas a la verdad (verdad judicial, verdad histórica y memoria). Derecho de las víctimas al acceso a la justicia y recurso judicial efectivo. De recho de las víctimas a la reparación integral. Derecho de las víctimas a la restitución de tierras. Derecho de las víctimas a la prevención del desplazamiento forzado. En materia de articulación, uno de los principales referentes en la implementación del Sistema Nacional de DDHH y DIH es el SNARIV, es por ello que la secretaria técnica a cargo del PPDH hace presencia en los diferentes subcomités del SNARIV y la Oficina de DDHH de la Unidad de Víctimas hace lo propio en los subsistemas del SNDH - DIH, con pa rticipación permanente en los Grupos Técnicos. De igual forma, se ha convocado de manera permanente a la Dirección de la Unidad de Víctimas en las Comisiones Intersectoriales de DDHH y DIH, entendida esta instancia como la encargada de la decisión política en asuntos propios de política nacional de DDHH y DIH. Es importante destacar que los foros departamentales de DDHH y DIH han permitido vincular al proceso participativo de política pública a 9.000 Organizaciones Sociales de base, con las cuales se preten de hace un trabajo de empoderamiento comunitario y generación de capacidades, que permitan su participación plena en las instancias locales o departamentales de discusión política, entre otras. B. Red Nacional de Observatorios de DDHH - DIH Con el objetivo d e crear la Red Nacional de Observatorios de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, y promover la articulación entre observatorios institucionales y sociales de carácter oficial existentes a nivel nacional y territorial 60 , así como alimentar y complementar la información que coadyuve a la identificación de hechos victimizantes, y facilite el registro y proceso de reparación integral a las víctimas del conflicto armado, el PPDDHH y DIH, junto al Ministerio del Interior y la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, inició, en abril de 2012, un ejercicio conjunto de elaboración de una propuesta de encuesta con el fin de realizar el censo de observatorios de carácter local y nacional que puedan responder con el propósito estipulado en el Decreto 4800 de 2011. Con posterioridad a la construcción de dicha encuesta, se elaboró un aplicativo web para facilitar su diligenciamiento desde las regiones. En junio de 2012 se hizo el envío de l 60 Los cuales a su vez harían parte de la Red Nacional de Información y del Sistema Nacional de información en DDHH y DIH (en ad elante, SNI)

195 nacional. A la primera semana de diciembre de 2012, se recibieron 312 respuestas (27% de la participac ión) en medio físico, por correo electrónico y través del aplicativo web que se construyó para la recepción y tabulación de de Encuesta para la identificación de Observatorios, construcción del censo de observatorios de carácter municipal por departamento, se hace un breve análisis de c ada una de las preguntas realizadas y se expresan algunas lecciones aprendidas en el proceso. Adicionalmente, durante el segundo semestre de 2012, por solicitud de las gobernaciones de los departamentos de Nariño, Arauca, y la ciudad de Medellín, se hici eron jornadas de capacitación en los observatorios en temas relacionados con la conformación o consolidación de este instrumento y su articulación con la red nacional de observatorios. Las actividades anteriormente mencionadas le permiten al Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH avanzar en la implementación de la Ley 1448 de 2011, en los relacionado con recopilar, elaborar y actualizar el mapa de riesgo de comunidades, municipios, organizaciones de víctimas, organizaciones para l a reclamación de tierras, organizaciones de mujeres y grupos étnicos afectados por el conflicto armado interno y la acción de grupos armados organizados al margen de la ley. En cuanto al Observatorio del PPDDHH y DIH ha venido impulsando la articulación c on entidades y Observatorios del orden nacional, con el objetivo de consolidar y articular el trabajo de las diferentes entidades para el fortalecimiento del Sistema Nacional de Información de DDHH y DIH y de la red nacional de observatorios de DDHH y DIH. Entre octubre y noviembre de 2012, se realizaron reuniones bilaterales con los Observatorios del Programa de Acción Integral contra las Minas Antipersonal, Colombia Joven, la Secretaría de Reclutamiento Forzado, y la Alta Consejería para la Equidad de la Mujer. En diciembre, los observatorios del Programa Presidencial para la Acción Integral contra Minas Antipersonal (PAICMA), el observatorio de la Secretaría técnica de la Comisión Intersectorial para la prevención del reclutamiento y utilización de niño s, niñas y adolescentes por grupos organizados al margen de la ley y de Colombia Joven, entregaron la encuesta preparada con fin de establecer tipos de información y tecnologías utilizadas para su almacenamiento y procesamiento. Esta encuesta fue insumo pa ra la elaboración del documento de Arquitectura básica del Sistema Nacional de Información. Como resultado de esta gestión se encontró que dos

196 de los observatorios presidenciales están en proceso de utilizar la plataforma tecnológica IDH, diseñada por el P rograma Presidencial de DH y DIH y cuya administración está a cargo de Sistemas del DAPRE. Adicionalmente, la información que se recibió de las encuestas entregadas a los observatorios citados en diciembre, sirvió como insumo para la redacción de la primera versión del documento de diseño del Sistema Nacional de Información, el cual se complementa con una consultoría especializada contratada por el PPDH para dicho asunto. C. Asistencia técnica PLANEDH Con el objetivo de contribuir al componente de pol ítica y garantías de no repetición de la Ley 1448 de 2011, el Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derechos Internacional Humanitario tiene como una de sus principales funciones promover una cultura en derechos humanos, la cual a su vez se refleja e n el Sistema Nacional de DDHH y DIH dentro del subsistema de ciudadanía, cultura y educación en DDHH y DIH. ual busca integrar el interés del subsistema por hacer posible una mejor comprensión de las dinámicas sociales y culturales relacionadas con el ejercicio y garantía de los derechos humanos en Colombia, así como la promoción de prácticas institucionales y s ociales que aporten a su ejercicio y respeto, a través de la realización de un ejercicio con herramientas de la innovación social para aportar a la construcción de sociedad, ciudadanos y tejido social, permitiendo que los derechos humanos salgan a la calle , y entren a la cotidianidad; ya que el goce efectivo de los derechos humanos depende no solo de la garantía que el Estado debe realizar sobre ellos, sino que involucra también el cumplimiento de deberes por parte de cada uno de los individuos que integran la comunidad. De esta manera, se realizó una capacitación de 12 módulos a funcionarios públicos del sector comercio, donde uno de los módulos que se trabajó fue el de atención y reparación a víctimas. D. Asistencia técnica en Asuntos Internacionales El Ex amen Periódico Universal es un mecanismo de evaluación y monitoreo, diseñado por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas para examinar la situación de derechos humanos de todos los países miembros de esta organización internacional. En 2008, Colo mbia presentó por primera vez de manera voluntaria

197 su informe y desde entonces ha realizado por decisión propia 7 informes de seguimiento a los compromisos voluntarios y recomendaciones aceptadas. En cumplimiento al mandato establecido para los Estados d e presentar cada cuatro años el Examen Periódico Universal, Colombia nuevamente envió en enero de 2013 su Informe Estado - Nación, construido a partir de los lineamientos establecidos por el Consejo de Derechos Humanos. Asimismo, acompañando al Informe, uno de los anexos corresponde a la séptima matriz de seguimiento a los compromisos y recomendaciones aceptadas por el Estado. El informe, la séptima matriz de seguimiento y los otros anexos son el fruto de un esfuerzo conjunto y coordinado entre el Grupo Perma nente de Trabajo, encabezado por el Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH, el Ministerio del Interior y el Ministerio de Relaciones Exteriores, con la colaboración de más de 40 entidades del nivel central y territorial. Estos documentos refleja n el cumplimiento de las obligaciones internacionales y el esfuerzo del actual gobierno por garantizar los derechos humanos de toda la población, renovando el compromiso con el respeto y garantía de los derechos humanos para que, de esta manera, el diagnós tico realizado en este informe redunde positivamente en la situación de derechos humanos del país. Teniendo en cuenta que algunas de las recomendaciones y compromisos voluntarios aceptados por Colombia versan sobre los siguientes temas: i) Consolidar una política de atención integral a las víctimas y sus familiares; ii) Adelantar el Programa Nacional de Reparaciones; iii) Fortalecer la difusión de los derechos de las víctimas y adoptar medidas mediante las cuales se impulsen las actividades que viene real izando la CNRR; iv) Aplicar la política de reparaciones a la población desplazada; v) Continuar con los esfuerzos para cumplir los compromisos, tal como se describe en el párrafo 67 del informe nacional en lo que respecta a la protección de las personas de splazadas; vi) Garantizar los derechos de las mujeres afectadas por la violencia de los grupos armados al margen de la ley; vii) Aplicar la perspectiva de género en las políticas de atención a víctimas y sensibilizar funcionarios al respecto, entre otros; el Informe Estado - Nación y sus anexos enviados por Colombia al Consejo de Derechos Humanos, en el marco del Examen Periódico Universal, dan muestra de las reformas institucionales y las decisiones adoptadas por el Gobierno para reparar y atender a las víct imas del conflicto y para prevenir que estas situaciones sigan ocurriendo. Estas medidas, como la aprobación de la Ley de Víctimas, la creación de una nueva institucionalidad como la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, entidad encargada de

198 coordinar el Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas (SNARIV) y las actividades que se han venido ejecutando, que tienen como fin lograr la reparación integral, en sus distintos componentes de r estitución, indemnización, rehabilitación, medidas de satisfacción y garantías de no repetición, responden claramente a algunos de los compromisos asumidos por Colombia en el marco del Examen Periódico Universal, y es así como en este segundo Ciclo de info rmes ha sido informado al Consejo de Derechos Humanos, lo cual será presentado en abril próximo a través de los delegados del Gobierno que se desplazarán a la sede de dicho organismo a sustentar el informe como parte del proceso determinado por el Consejo. E. Asistencia técnica en Lucha Contra la Impunidad La estrategia de lucha contra la impunidad consiste en establecer y coordinar programas, estrategias y acciones para impulsar y fortalecer la capacidad del Estado colombiano para investigación, juzgamiento, sanción, protección y reparación frente a violaciones de derechos humanos e infracciones al DIH. Esto implica la articulación interinstitucional para garantizar la atención y protección integral a víctimas de violaciones a los derechos humanos e infracciones al DIH, para garantizar su derecho al acceso a la justicia, el avance de las investigaciones y dar respuesta efectiva a las víctimas. Se ha adelantado el impulso de casos por violencia sexual contra mujeres y niñas en Bolívar (a partir de recomendaciones CIAT) y Tumaco; impulso de casos contra población LGBTI en Barranquilla y Santiago de Cali; capacitación especializada a operadores judiciales en Magdalena, Meta, Valle del Cauca y Bogotá. En lo restante del año se tienen previstas capacita ciones en Antioquia, Córdoba, Casanare, Norte de Santander y Huila, con cobertura más amplia que la departamental. La estrategia tiene enfoque diferencial y territorial, que genera insumos para la política integral de DDHH y DIH. En relación con la protec ción a las lideresas víctimas del conflicto armado y las defensoras de derechos humanos, el PPDDHH y DIH ha exhortado a las entidades competentes en promover y garantizar el ejercicio de sus derechos y avanzar en esfuerzos concretos que respondan a la noci ón integral de protección, en el cual se fortalezcan medidas complementarias de atención y acompañamiento psicosocial. Adicionalmente, el PPDDHH y DIH desarrolló metodologías específicas dirigidas a las comunidades LGBTI y las mujeres víctimas de violencia sexual para garantizar el derecho de acceso a la justicia, estas acciones se implementan mediante comités de impulso d e casos territoriales, en donde se articulan las entidades del sector

199 justicia y se generan procesos de fortalecimiento institucional a nivel local. F. Asistencia Técnica Comisión Intersectorial para la Prevención del Reclutamiento, Utilización y Violencia S exual contra Niños, Niñas y Adolescentes por Grupos Armados Ilegales y Grupos Delictivos Organizados La Comisión intersectorial para la prevención de reclutamiento, la utilización y la violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes por grupos armado s ilegales y grupos delictivos organizados, fue creada mediante el Decreto 4690 de 2007, modificado luego por el Decreto 0552 de 2012, en virtud del cual se le asignó competencia respecto de la violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes en el marc o del conflicto armado y se estableció la Secretaría Técnica en cabeza de la Directora del Programa Presidencial de Derechos Humanos. La Secretaría Técnica actúa como instancia de articulación y dinamización de la Comisión Intersectorial y, por lo tanto, de las 23 entidades que hacen parte de ella. Adicionalmente, la Secretaría presta asistencia técnica a los entes territoriales a partir de los asesores regionales y nacionales con los que cuenta, a través de diversas acciones como el acompañamiento en los Comités de Justicia Transicional. Igualmente, el Observatorio de la Secretaría Técnica, en concurso con las entidades parte de la Comisión, elaboró una priorización municipal para el 2013 que pretende contribuir al direccionamiento de la oferta institucio nal con miras a prevenir el reclutamiento, la utilización y la violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes. La Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas de la Violencia como parte de la Comisión Intersectorial, considerando las estra tegias de política contenidas en el CONPES 3673, se articula al desarrollo de los lineamientos de prevención y asistencia integral a las víctimas en el marco del SNARIV. Para 2013 se han priorizado 85 municipios en 20 departamentos con el propósito de enfo car la acción de las 23 entidades que componen la Comisión Intersectorial en la adopción de medidas en favor de la prevención del reclutamiento, la utilización y la violencia sexual contra niños niñas y adolescentes por grupos armados organizados al margen de la ley y grupos delictivos.

200 4.4.2 PROGRAMA PRESIDENCIAL PARA LA ACCIÓN INTEGRAL CONTRA MINAS ANTIPERSONAL (PAICMA) A. Fortalecimiento de los entornos protectores de los niños, niñas y adolescentes a través de los programas del ICBF Esta actividad se desar rolló con el objetivo de capacitar en prevención y atención a comunidades vulnerables, dirigida a los profesionales de los diferentes programas que trabajan con entornos protectores de niños, niñas y adolescentes, y arrojó como resultado, que se sensibiliz arán a nivel nacional a todos los profesionales de las unidades móviles, en temas de Educación en el Riesgo de Minas Antipersonal. Dichos talleres deberán replicarse año a año. Por el otro, se adelantaron talleres de educación y capacitación en ERM con la s unidades móviles, la estrategia UNAFA, los profesionales de prevención del reclutamiento, las Unidades de Apoyo y las Defensorías de Familia Móviles en los departamentos priorizados por afectación por minas antipersonal y municiones sin explotar: Cauca, Nariño y Valle del Cauca . B. Inclusión de la Educación en el Riesgo por Minas en el ámbito educativo Este proyecto tiene como objetivo específico diseñar e implementar un proceso de formación a los equipos de calidad de las Secretarías de Educación, docentes directivos, y docentes de los departamentos priorizados por el PAICMA para la transversalización d el tema de ERM en las instituciones educativas focalizadas como entornos protectores de la infancia. Actividades Capacitar y sensibilizar a equipos de calidad, directivos docentes y docentes en Educación por el Riesgo de Minas (ERM). Validar con estos mismos el modelo de inclusión de la ERM en la escuela. Capacitar a los equipos de calidad de las Secretarías de Educación, y ejecutar acciones dirigidas a la comunidad educativa. Acompañar a las instituciones educativas en el diseño de la incorporación de la ERM en los planes

201 escolares para la gestión de riesgo s y en los planes de acompañamiento de las Secretarías de Educación. Transversalizar la ERM, desde el desarrollo de competencias ciudadanas. Construcción de proyectos de aula según grado escolar . Lo s principales avances del programa consisten en el trabajo a nivel territorial con las Secretarías de Educación. En la actualidad, se adelantan acciones tendientes a realizar un trabajo conjunto con el Ministerio de Educación, como entidad rectora de la Po lítica, en las 94 entidades territoriales (secretarías de educación certificadas por el Ministerio de Educación). En total se ha sensibilizado en ERM a 7 9 7 personas del sector educativo, entre los que se encuentran profesionales de las Secretarías de Educa ción Departamental y Secretarías de Educación Municipal, directivos docentes y docentes , padres y madres de familia y representantes ante los consejos de estudiantes, consejo académico y consejos directivos de la Instituciones Educativas focalizadas por el proyecto en los tres departamentos. Tabla 51 . SED/SEM Comunidad educativa sensibilizada en ERM (Consejo Padres/Madres de Familia. Consejo de Estudiantes. Consejo Académico/Consejo Directivo) TUMACO 320 TOLIMA 240 NARIÑO 210 CHOCÓ 27 TOTAL 797 C. Aulas Móviles SENA Esta actividad tiene como fin último capacitar a las comunidades (que incluye maestros, líderes comunitarios, padres de familia) en soporte vital básico: primeros auxilios y primer respondiente. Las aulas son ambientes de aprendizaje que hacen parte del Pr ograma de Modernización Tecnológica que adelanta el SENA a nivel nacional, diseñadas como espacios de simulación que apoyan los procesos de formación de Educación para la Reducción del Riesgo por MAP y MUSE, respondiendo a la realidad de las comunidades af ectadas y fortaleciendo la capacidad de respuesta institucional. Estos ambientes móviles responden a las demandas de formación del recurso

202 humano de cada región. Se trata de talleres de capacitación (cursos cortos de ERM y Atención al lesionado por artefa cto explosivo) de 40 horas cada uno. Esta es una actividad constante en la Educación en el Riesgo de Minas (ERM). Por tanto, se continúa avanzando en la capacitación a actores relevantes a nivel territorial, tales como comunidad, autoridades locales, personal asistencial en salud, entre otros. En 2012 se logró formar en Educación en el Riesgo de Minas Antipersonal y Atención Pre hospitalaria a más de 9.000 personas en los departamentos de: Cauca, Huila, Valle del Cauca, Nariño, Antioquia, Norte de Sant ander, Chocó, Córdoba, Bolívar, Caquetá, Guajira, Cesar, Meta y Guaviare. D. Proceso de consulta previa para la construcción de proyectos de prevención en el riesgo de minas con los pueblos Awá (Nariño y Putumayo) y Embera Katío (Córdoba) Teniendo en cuent a las órdenes emitidas por el Auto 004 de 2009 y la grave situación de afectación de las comunidades por la presencia de MAP - AEI - MUSE en sus territorios, durante 2011 y 2012 el PAICMA adelantó consultas previas con los pueblos indígenas Awá (de Nariño y Pu tumayo) y Embera Katío del Alto Sinú y el Alto San Jorge (Córdoba) para determinar el objeto, las actividades y los alcances de los proyectos para su atención. Para el caso de los procesos de concertación con las Organizaciones del Pueblo Awá de Nariño y P utumayo (ACIPAP, UNIPA, CAMAWARI y los Resguardos Independientes de El SANDE y MAGÜÍ), entre los meses de agosto y diciembre de 2012, se llevaron a cabo todas las actividades de capacitación y multiplicación de las capacitaciones a las comunidades focaliza das, logrando las siguientes coberturas: Con cada organización del Pueblo Awá, se capacitaron líderes de la siguiente manera: UNIPA CAMAWARI ACIPAP SANDE MAGÜI 34 20 10 4 2 Estos líderes capacitados, realizaron réplicas de las capacitaciones, llegando a las siguientes coberturas: MAGÜI EL SANDE CAMAWARI UNIPA ACIPAP TOTAL 400 647 1800 2800 4100 9747

203 Con los Resguardos Embera Katío del Alto Sinú y el Alto San Jorge, a finales de 2012 e inicios de 2013, se llevó a cabo el proceso de concertación para las definiciones técnicas, operativas, metodológicas y financieras, para llevar a cabo el proyecto de prevención, así como el fortaleci miento de las capacidades organizativas de los dos Resguardos. Para esto se incorporaron las temáticas de capacitación en Jurisdicción Especial Indígena y Gobierno Propio. Se espera capacitar a 50 líderes de estos dos Resguardos (20 del Alto San Jorge y 3 0 del Alto Sinú), con el propósito de estos líderes capacitados realicen réplicas en sus comunidades, llegando a las siguientes coberturas: Alto Sinú a 2.250 personas de su comunidad; el Alto San Jorge espera llegar a 800 personas de su comunidad. El PAIC MA resalta el valioso esfuerzo de consulta previa con las comunidades indígenas y el proceso participativo de construcción del proyecto. E. Parques Nacionales Naturales Esta actividad tiene por objeto desarrollar acciones de educación en el riesgo de minas con enfoque de gestión del riesgo y de Soporte Vital Básico en conjunto con Parques Nacionales Naturales en las áreas priorizadas del sistema. Concretamente, busca sensibilizar en comportamientos seguros y soporte Vital Básico a funcionarios, contratistas , líderes locales y comunidades indígenas (atendiendo el Auto 004) que habitan zonas de influencia y diseñar e imprimir materiales pedagógicos ajustados a las dinámicas del sistema de PNN con enfoque diferencial y enfoque ambiental. Durante 2012 se capacit ó a 320 personas en 23 Parques Nacionales Naturales. F. Desminado humanitario Con el fin de definir los objetivos del Desminado Humanitario en el corto plazo, se realizaron coordinaciones con el Ministerio de Defensa Nacional, el Ministerio de Agricultura y la Unidad Administrativa Especial de Atención y Reparación Integral a las Víctimas, para alinear la política del Desminado Humanitario con lo dispuesto en la Ley 1448 de 2011. De esta forma, se ha generado un listado de 100 municipios que agrupan el 60% de las solicitudes de restitución de tierras despojadas en el país, planes de retorno de la población desplazada, para analizar la viabilidad de realizar en ellos acciones de Desminado Humanitario que faciliten la ejecución de la política pública de maner a

204 articulada a nivel nación - gobernación - municipio. De este listado, fueron presentados a la CINAMAP 19 municipios, concentrados en tres regiones del país (Montes de María, Oriente Antioqueño y Santander), en los cuales se priorizarán las actividades de De sminado Humanitario. De estos municipios, 6 están asignados al el Batallón de Ingenieros No. 60 de Desminado nel Vicente de Chucurí en Santander; Samaná en Caldas; Zambrano en Bolívar. Adicionalmente, la Instancia Interinstitucional de Desminado Humanitario p rocedió con la revisión y fortalecimiento de los Estándares Nacionales de Desminado Humanitario definidos en el Decreto 3750 de 2011, sobre los cuales recomendó su adopción al Ministerio de Defensa Nacional, quien emitió la resolución No. 6696 de octubre d e 2012 con este propósito. Dicha adopción, por parte del Gobierno Nacional, permitió dar inicio al proceso de acreditación de organizaciones de Desminado humanitario. A enero de 2013, cuatro organizaciones no gubernamentales expertas en la realización de operaciones de Desminado Humanitario han iniciado el proceso de acreditación. Solo una de ellas, recibió por parte del Ministerio de Defensa el certificado de aprobación de la Fase 1 del proceso de acreditación el 13 de noviembre de 2012 y obtuvo el aval d e la CINAMAP (Fase 2) el 28 de noviembre de 2012. La Organización se encuentra surtiendo el proceso de evaluación de capacidad operacional (Fase 3). Las otras tres organizaciones remitieron la solicitud de acreditación al PAICMA y se encuentran revisando la documentación suministrada con el fin de cumplir con los requisitos estipulados para el proceso de acreditación. Por otra parte, el 29 de noviembre de 2012, el municipio de El Dorado del departamento del Meta fue declarado Restitución adelante la revisión de las soli citudes de restitución en el municipio. Finalmente, el Programa Presidencial ha participado activamente en el Subcomité Técnico de Prevención, Protección y Garantías de no Repetición, en donde ha hecho visibles las características específicas de la

205 afect ación por minas antipersonal y municiones sin explotar. G. Seguimiento y Monitoreo al Acceso a Derechos por parte de las Víctimas de MAP, MUSE y AEI Desde el Componente de Asistencia Integral a las Víctimas (AIV), s e ha brindado orientación y asesoría al 1 00% de las víctimas reportadas frente al acceso a sus derechos. Es de anotar, que se trata de víctimas directas e indirectas (quien sufre el accidente como sus familias), así como entidades que requieren orientación, como es el caso de las aseguradoras de riesgos profesionales, empresas temporales y hospitales. Se ha trabajado conjuntamente con el Componente de Gestión de Información del PAICMA, a fin de desarrollar un aplicativo para el correcto seguimiento y monitoreo de las víctimas de MAP, MUSE y AEI. Se resalta que el Sistema de Gestión de Información del PAICMA (IMSMA, por sus siglas en inglés) ya que el Sistema solo cuenta con el Registro de las Víctimas. Por tanto, se está trabajando para incluir una categoría de seguimiento y monitoreo . Se han identificado barreras de acceso en la asistencia y atención de las víctimas de MAP, MUSE y AEI, que contribuyen con el establecimiento de acciones para la superación de las mismas. Tal es el caso de los recobros que personas naturales o jurídicas deben hac er ante el FOSYGA frente a un accidente. En este sentido, se ha adelantado reuniones conjuntas que buscan agilidad en el desembolso de los recursos. El proceso se encuentra en curso. Por otro lado, en lo que atañe a los departamentos que han surtido con é xito el proceso de descentralización descrito anteriormente, se encuentran Nariño, Tolima, Cauca y Putumayo. Los Departamentos de Caquetá, Santander, Norte de Santander y Chocó han iniciado el proceso y se encuentran en la Fase de preparación. Las fases es tablecidas para el desarrollo de este trabajo son: a) Concertación, b) Preparación, c) Diseño, d) Validación, y e) Implementación. El Programa Presidencial no tiene la función de brindar directamente asistencia a las víctimas de minas antipersonal y municiones sin explotar. Se trata, en cambio, de coordinar el acceso a la Ruta de Atención orientada al ejercicio efectivo de los derechos en articulación con las entidades públicas u organismos no gubernamentales o privados con responsabilidad y competenc ia en la materia.

206 Fortalecimiento Institucional: con respecto a lo que compete a las medidas de asistencia (Ayuda Humanitaria, Salud, Educación, Asistencia Funeraria, Identificación), y a la rehabilitación y las indemnizaciones administrativas, se ha veni do implementando la línea estratégica de fortalecimiento institucional, cuyo objetivo principal es establecer estrategias y mecanismos que permitan optimizar los procesos para hacer efectivo y oportuno el cumplimiento de la Ruta de Asistencia Integral a la s víctimas de MAP y MUSE [...]. De manera articulada con la Unidad para la atención y reparación a las v íctimas el PAICMA - AIV h a desarrollado acciones tendientes a crear estrategias de seguimiento a las acciones posteriores de capacitación en Ruta de Atención. Se busca que las autoridades locales (alcaldes, personeros, personal asistencial en salud) conozcan a profundidad los cont enidos y responsabilidades que trae la Ley 1448 de 2011. Para ello, se han desarrollado ejercicios conjuntos en Arauca, Huila, Cauca y Cundinamarca. Mediante la coordinación interinstitucional se propende por la articulación de esfuerzos desde las compete ncias de los diferentes actores en las diversas instancias sectoriales e identifica líderes víctimas para potencializar su participación en escenarios de discusión y toma de decisión. Se ha establecido una comunicación efectiva entre el PAICMA y las organi zaciones y organismos nacionales e internacionales que adelantan acciones en materia de AIV, así como la identificación de puntos de articulación y posibilidades de trabajo conjunto. El PAICMA convocó y creó la Mesa Interinstitucional de Trabajo por la I nfancia y la Adolescencia (este nombre se encuentra en consideración por parte de los participantes), la cual funciona como un espacio donde entidades públicas, organismos no gubernamentales e internacionales con competencia en la materia, trabajan mancomu nadamente por el bienestar de los niños, niñas y adolescentes víctimas de MAP, MUSE y AEI. Dentro de las distintas acciones que realizará la Mesa, en la actualidad se adelanta la construcción de una Ruta de Atención Diferencial para los niños, niñas y adol escentes (NNA), la cual parte de los lineamientos de Gobierno, en los cuales la participación, articulación y coordinación con las entidades con competencias en la garantía de los derechos de la niñez de nuestro país, es de vital importancia a la hora de d iseñar, construir e implementar mecanismos que busquen el mejoramiento de la calidad de vida de esta población. En el mismo orden, se han adelantado acciones de manera interinstitucional para la construcción de otras dos Rutas de Atención Diferencial para víctimas de MAP, MUSE y AEI, tales como: a) Ruta de Atención Diferencial para el Pueblo Indígena Awá, y, b) Ruta de Atención para Erradicadores de Cultivos Ilícitos (en coordinación con el Programa de Cultivos Ilícitos). Es de anotar, que este tipo de ini ciativas están siendo desarrolladas de manera

207 participativa y en línea con lo establecido en la Ley 1448 de 2011, en la cual se establece la importancia de involucrar a las víctimas en todas las acciones que les competan. En lo que atañe a la identificaci ón de líderes víctimas para potencializar su participación en escenarios de discusión y toma de decisión, se coordinó junto con la Unidad Administrativa para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (Subdirección de Participación), la elección de l a Representante Nacional de las Víctimas de MAP, MUSE y AEI. A partir de ello, el PAICMA - AIV, ha brindado acompañamiento continuo durante su participación en distintos escenarios. Por mencionar un ejemplo, el PAICMA acompañó a la Representante en el víctimas, y en el cual la Representante tuvo un espacio de ponencia. Por su parte, se ha continuado participando de los subcomités establecido con ocasión a la implementación y puesta en marcha de la Ley 1448 de 2011, a saber: Asistencia y Atención; Rehabilitación; Enfoque Diferencial; Indemnizaciones; Prevención, Protección y Garantías de no Repetición; Restitución y Sistemas de Información. Por mencionar tan solo un ejemplo, en el periodo comprendido para este informe, el Subcomité de Rehabilitación trabajó en los siguientes documentos, con el apoyo y participación del PAICMA - AIV: Desde la Unidad de Atención y Reparación Integral se diseñaron y estructuraron las directrices del enfoque para la reconstrucción del tejido socia l de las comunidades afectadas en el marco del conflicto armado. En lo corrido del 2013, el Subcomité trabaja en la formulación, concertación y validación del POA para el año en curso, así como en hacer partícipes de las sesiones del Subcomité de los repre sentantes de las víctimas de los diferentes hechos victimizantes, quienes tienen una labor fundamental en dicho espacio, dentro de las cuales se encuentra Ermencia Alvear, representante de las Víctimas de Minas Antipersonal. Finalmente, el PAICMA presenta el consolidado a corte enero de 2013, de su presupuesto:

208 Tab la 52 . Ejecución Presupuestal 2012 (Consolidado a 31 de enero de 2013) ACTIVIDAD FICHA EBI APROPIACIÓN COMPROMISOS Coordinar de manera efectiva la Acción Integral contra Minas Antipersonal (AICMA) a nivel nacional y territorial, con el propósito de orientar intervenciones oportunas y sostenibles 1.759.492.572,75 1.672.437.292,93 Fortalecer la capacidad institucional para contener la contaminación y desminar el territorio con Mi nas Antipersonal y Municiones sin Explotar. 429.252.670,00 307.366.966,00 Generar las capacidades en las comunidades para gestionar adecuadamente el riesgo por minas antipersonal. 1.351.531.360,00 1.346.861.734,00 Apoyar a la capacidad del estado para garantizar que las víctimas de minas antipersonal y municiones sin explotar surtan exitosamente el proceso de reparación, rehabilitación física y psicológica e inclusión socioeconómica. 443.024.559,00 438.986.479,00 Gastos de viaje 315.819.122,25 271.941. 319,00 Tiquetes 320.000.000,00 244.445.875,00 TOTAL 4.619.120.284,00 4.282.039.665,93 PORCENTAJE 100% 93% Tabla 53 . Avance presupuestal presentado en el SPI VIGENCIA APROPIACIÓN VIGENTE COMPROMISOS OBLIGACIÓN PAGO 2012 $4.619.120.284,00 $ 4.282.039.665,93 $ 4.155.960.387,93 $ 4.149.146.333,43

209 4.5 SECTOR DEFENSA 4.5.1 MINISTERIO DEFENSA A. Restitución de Tierras El Ministerio de Defensa Nacional emitió las Directivas 03 y 031 de 2012, a través de las cuales da lineamientos a la Fuerza Pública para cumplir a cabalidad con los compromisos adquiridos por el Sector Defensa en el proceso de Restitución de Tierras, a través de la Ley 1448 de 2011. El seguimiento a la implementación de dichas D irectivas las hace, tanto a nivel central, como regional, la Dirección de Seguridad Pública y de Infraestructura del MDN. Desde esta Dirección ha implementado las siguientes acciones: Proceso de diseño e implementación del denominado Observatorio para la Restitución de Tierras, cuyo principal objetivo es el de fortalecer y documentar este proceso en el sector de la Defensa. Para el año 2013, se macrofocalizaron con base en la informaci ón suministrada por el CI2RT, dos zonas más para empezar el tema de Restitución de Tierras: Cundinamarca y Eje Cafetero. El paso a seguir en dichas zonas, es que sean adoptadas en el Consejo Nacional de Seguridad y empezar la coordinación con la Fuerza Púb lica en términos operacionales, el protocolo para iniciar lo antes posible el proceso de Restitución de Tierras. Identificación de otras zonas que parcialmente pueden llegar a ser objeto de Restitución de Tierras, tales como Huila, Caquetá, Guaviare. En di chas zonas, el paso a seguir es reunirse con las unidades policiales y militares, regionales y locales, para establecer con claridad las áreas que por condiciones de seguridad pueden comenzar a ser restituidas. Diseño e implementación del Plan de Choque d e Restitución de Tierras por vía administrativa en el Oriente Antioqueño (San Carlos, San Francisco, Granada, San Rafael y Cocorná). Para tal efecto, el Ministerio de Defensa lideró un trabajo conjunto entre Policía y Ejército (Brigada 4) para determinar l as condiciones de seguridad de las respectivas veredas, con el fin de priorizar aquellas por las que se debe iniciar este proceso. Ese insumo ya fue entregado formalmente a Presidencia. Se está trabajando conjuntamente con la Unidad de Restitución de Tierr as, el PAICMA y el Ministerio de Defensa (Policía, Ejército, BIDES) para articular las políticas y acciones en el terreno de los programas de Restitución de Tierras y Desminado Humanitario.

210 B. Actuación y avances del Centro Integrado de Inteligencia para la Restitución de Tierras (CI2RT) Dando cumplimiento a la Ley 1448 de 2011, al Decreto 4.829 de 2011 y la directiva ministerial 003 del 250112, se creó y reglamentó el Centro Integrado de Inteligencia para la Restitución de Tierras (CI2RT), siendo esta una instancia de coordinación y soporte en el suministro de información. La actuación del mecanismo está conformada por los organismos de inteligencia de las Fuerzas militares y la Policía Nacional así: Comando General de las Fuerzas Militares Dirección de I nteligencia del Ejército Nacional Dirección de Inteligencia de la fuerza Aérea Colombiana Inteligencia Naval Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional Siendo designada la secretaría ejecutiva del mecanismo a la Dirección de Inteligencia Policial. Despliegue regional: en cumplimiento a la directiva ministerial 003 del 25 de enero de 2012, donde describe una conformación del mecanismo en dos niveles (central y regional), se realizó el despliegue del mecanismo en el territorio nacional creando siete s ecretarías regionales y treinta y seis seccionales, asignando las secretarías ejecutivas de estas a las Regionales y Seccionales de Inteligencia Policial. Gestión del mecanismo: desde la entada en vigencia de la Ley 1448 de 2011, el mecanismo ha realizado 281 sesiones (28 de nivel central 253 de nivel regional), con el fin de asesorar la toma de decisiones y proveer información sobre las zonas donde se proyecta el desarrollo de la Ley 1448 de 2011, así: 23 Lanzamiento e Instalación del Mecanismo 39 Hech os de violencia y amenazas 49 Microfocalización 93 Situación de seguridad 77 Socialización y actualización jurídica Con los insumos en materia de información, mediante diagnósticos de seguridad de las zonas proyectadas para el avance del proceso, con el aval del Consejo de Seguridad, se conformaron doce macrozonas de las cuales se

211 priorizaron cuatro para focalizar traba jos de microfocalización y despliegue operativo por parte de la Fuerza Pública para la consolidación de zonas de seguridad ciudadana que permitan el normal desarrollo de la Ley. El CI2RT construyó el mapa de prevención y seguridad para la restitución de t ierras, siendo esta una herramienta para la asesoría y valoración de los 1.103 municipios donde se proyecta adelantar el proceso de restitución de tierras, a partir de la ponderación y el intercambio de información (cerca de 35.000 datos) a partir de quinc e variables: 1. Lugar donde se desarrollará la restitución de tierras 2. Homicidios contra participantes del proceso de restitución de tierras 3. Amenazas en contra de reclamantes de tierras 4. Alertas tempranas 5. Presencia FARC 6. Presencia ELN 7. Prese ncia BACRIM 8. Acciones FARC 9. Acciones ELN 10. Acciones BACRIM 11. Zonas de cultivos ilícitos 12. Planes armados 13. Tasa de homicidios 14. Desplazamiento grupos armados a partir de la promulgación de la Ley 15. Explotación ilícita de yacimientos mineros La última actualización del mapa de prevención y seguridad del proceso de restitución de tierras (Versión 5 del 01 de diciembre de 2012), arrojó los siguientes resultados: Extraordinario: 44 municipios. Alto: 239 municipios. Medio: 229 municipios. Bajo: 318 municipios. Indeterminado: 273 municipios.

212 El 19 y 20 de marzo de 2013 se realizó la primera cumbre de analistas del Centro Integrado de inteligencia a nivel nacional, con la asistencia de 53 analistas de las secretarías ejecutivas del mecanismo del nivel regional y seccional. Al evento, asistieron como ponentes funcionarios del Ministerio de Defensa Nacional, Ministerio de Agricultura mediante la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras, Procurador delegado para la restituc ión de tierras, Consejo Superior de la Judicatura, Unidad para la Atención y Reparación a las Víctimas, Instituto Colombiano de Desarrollo Rural y la Dirección de Carabineros y Seguridad Rural. A partir de los diagnósticos de seguridad, los COLR1 adelant an 64 procesos de microfocalización en 50 municipios, sobre los cuales se adelanta un total de 5.393 solicitudes con un aproximado de reclamación de 246.317 hectáreas. Tabla 54 . Municipios en los que se adelantan solicitudes de reclamación N° Departamento Municipios Procesos adelantados Sol i citudes adelantadas 1 Antioquia Apartadó 2 37 2 Granada 1 76 3 Mutatá 1 44 4 San Carlos 3 219 5 Bolívar El Carmen de Bolívar 2 472 6 María La Baja 1 88 7 San Jacinto 1 15 8 San Juan de Nepomuceno 1 20 9 Cesa r Agustín Codazzi 1 87 10 E l Copey 1 259 11 San Alberto 2 197 12 San Diego 1 50 13 Valledupar 1 102

213 14 Córdoba Montería 2 239 15 Valencia 1 417 16 Magdalena Chibolo 2 51 17 Ciénaga 1 96 18 Plato 1 12 19 Sabanas de San Ángel 1 50 20 Meta Acacias 2 15 21 Cabuyaro 1 30 22 Cumaral 1 11 23 Puerto Gaitán 3 122 24 Restrepo 1 9 25 Villavicencio 1 7 26 Nariño Buesaco 1 39 27 Pasto 1 168 28 Tangua 1 87 29 Norte de Santander Pamplonita 1 56 30 Cúcuta 1 56 31 El Zulia 1 56 32 La Esperanza 1 44 33 Los Patios 1 3 34 Tibú 2 386 35 Villa del Rosario 1 10 36 Putumayo San Miguel 1 24 37 Valle del Guamuez 1 119 38 Villa Garzón 1 24 39 Santander Rionegro 1 69 40 Sabana de Torres 1 202

214 41 Sucre Coloso 1 86 42 Morroa 3 212 43 Ovejas 1 52 44 Tolima Ataco 2 263 45 Valle de San Juan 1 52 46 Valle del Cauca Bolívar 1 56 47 Cali 1 18 48 Riofrío 1 37 49 Trujillo 1 120 50 Tuluá 1 58 TOTAL 64 5.022 C. Libretas Militares Durante el periodo comprendido entre el 1 de julio de 2012 y el 31 de enero de 2013 por parte de la Dirección de Reclutamiento y Control Reservas del Ejército, se han entregado a la población víctima un total de 1.421 libretas militares. D. Resultados Operacionales D esde la perspectiva misional de la Fuerza Pública y dando cumplimiento a las responsabilidades atribuidas en la Carta Política y directrices entre las que se cuenta la Política Integral de Seguridad y Defensa para la Prosperidad y la Política Integral de D erechos Humanos, se destaca la disminución de la ocurrencia de varios hechos victimizantes, así como el incremento en la neutralización de miembros de diferentes organizaciones al margen de la ley según se muestra en el siguiente cuadro comparativo: Tabla 55 . Comparativo 2010 2011 de ocurrencia de hechos victimizantes y neutralización de miembros de organizaciones al margen de la ley Jun - 2010 a Dic - 2011 Jun - 2011 a Dic - 2012

215 Homicidio Común 25.339 24.407 Homicidio Colectivo (víctimas) 286 255 Secuestro 479 469 Secuestro Extorsivo 319 298 Secuestro Simple 160 171 Delitos Sexuales 11.559 14.128 Miembros de Grupos Armados al Margen de la Ley Neutralizados 6.454 7.011 Miembros de Grupos Armados al Margen de la Ley Capturados 2.983 4.422 Miembros de Grupos Armados al Margen de la Ley Muertos en Combate 636 636 Miembros de Bandas Criminales Neutralizados 5.787 6.723 Miembros de Bandas Criminales Capturados 5.722 6.659 4.5.2 POLICIA NACIONAL. AVANCES Nombramiento como Coordinador del programa al señor Coronel HÉCTOR REINALDO TRIVIÑO REYES, 42 Comandantes Operativos de las Metropolitanas y Departamentos de Policía al igual de 8 funcionarios de las Direcciones Operativas, para un total de 51 oficiales. Se nombraron los señores Coma ndantes Operativos de Seguridad Ciudadana de los Departamentos de Policía y Metropolitanas para esta actividad, como responsables del Programa Restitución de Tierras de cada unidad, a fin de definir la actuación policial para la Restitución de Tierras dent ro del proceso de microfocalización geográfica en el marco de los Comité Operativos Locales de Restitución. Designación de seis (06) Señores Subtenientes, quienes han realizado las coordinaciones en los departamentos de Urabá, Cesar, Tolima, Norte de San tander, Meta y Sucre para el desarrollo de las actividades del proceso de restitución de tierras en las unidades. APERTURA OFICINAS Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD: Se realizó acompañamiento con una participación activa en la inauguración de las Oficinas de Atención al Público de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas (UAEGRTD), en las ciudades de Bogotá, Montería, Ibagué, Medellín, Valledupar, Villavicencio, Sincelejo, Carmen de Bolívar, Barrancabermeja, Mocoa, Cali , Cúcuta, Cartagena, Santa Marta, Pasto y Apartadó con un total de 17 oficinas abiertas para la atención al público, coordinando la seguridad en horas de atención al público y rondas policiales durante la noche y fines de semana.

216 COMITÉS OPERATIVOS LOCAL ES DE RESTITUCIÓN (COLR): En el marco del Decreto 599 del 21 - 03 - 2012, se ha delegado a los Comandantes de Departamento de Policía para que orienten al Director territorial de la unidad de restitución de tierras realizando hasta la fecha 57 reuniones en el marco del desarrollo de los Comités Operativos locales de Restitución y Formalización de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente - COLR. BOLETÍN INFORMATIVO SEMANAL: Para consulta y actualización del mando institucional donde se registran las princ ipales actividades sobre el comportamiento del proceso de restitución, consolidando hasta la fecha un total de 23 reportes. APORTES A LA DIRECTIVA MINISTERIAL 031: Participación en la construcción de la directiva No. 031 Permanente de fecha 25 - 09 - 12 del Ministerio de Defensa Nacional, aportando el formato de coordinación interinstitucional para la planeación y ejecución de las acciones de microfocalización, quedando como antecedente para el registro de la memoria histórica de la actuación. CONFORMACIÓN DE LA MESA TÉCNICA DE AMENAZAS: Liderada por la Coordinación del programa Restitución de Tierras DICAR, donde participan la Unidad de Restitución de Tierras (UAEGRTD), la Unidad Nacional de Protección(UNP), la DIJIN, DIPOL y la Unidad de Víctimas. DISE ÑO DE BITÁCORA: Donde se consolida toda la información que gravita alrededor del tema de restitución de tierras, permitiendo realizar un control por macrozona y Departamentos donde se registran procesos de restitución de tierras. APLICATIVO SIRTI: Con ap oyo de la Oficina de Telemática de la Policía Nacional se construyó el aplicativo del Sistema de Información de Restitución de Tierras (SIRTI) para la administración y gestión de la información del proceso, por parte de las unidades desconcentradas a nivel país con la asignación de usuarios a la Dirección de Seguridad Ciudadana (DISEC), la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (DIJIN), la Dirección de Inteligencia Policial (DIPOL) y la Dirección de Carabineros y Seguridad Rural (DICAR).

217 DIFUSIÓN DE LA LEY 1.448 DEL 10 DE JUNIO DE 2011 (CAPACITACIÓN) CAPACITACIÓN LEY 1.448 DEL 10 DE JUNIO DE 2011, EN LAS 8 REGIONALES DE POLICÍA : Se organizó y apoyó capacitación en la Ley 1.448, ponentes del Ministerio de Defensa Nacional en coordinación con los Ministerios de Justicia, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, la Unidad Nacional de Protección del Ministerio del Interior y la Secretaría Ejecutiva del Centro Integrado de Inteligencia para la Restitución de Tierras, dirigida al personal de la fuerza pública a nivel nacional desde el 12/07/12 hasta el 08/08/12; y que incluyó especialmente la participación de los comandantes Operativos y de Seguridad Ciudadana, Jefes de las oficinas de Derechos Humanos y oficinas de Atención al Ciudadano d e la Policía Nacional en las diferentes jurisdicciones de Policía. CAPACITACIÓN JUECES : En coordinación con la Dirección de Protección y Servicios Especializados se capacitaron a los Jueces, Procuradores Especializados en Restitución de Tierras y a los f uncionarios de la Unidad Administrativa de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente a nivel país; en medidas de seguridad personal y autoprotección. CAPACITACIÓN ESPOL : Se adelantan capacitaciones en la Escuela de Estudios Superiores de Policía, sobre la ley 1.448 del 10 de Junio de 2011 y la Estrategia Institucional para la Restitución de Tierras, dirigido a todo el personal de oficiales que adelantan curso para ascenso. VIDEO CONFERENCIAS : Con una periodicidad de 15 dí as, se vienen adelantado videoconferencias a nivel país, para un total de 15 hasta la fecha donde se tratan temas relacionados con los protocolos de actuación para la atención del proceso de restitución de tierras, orientadas a los Comandantes de Departame nto y demás personal de profesionales en servicio de Policía comprometidos con el proceso. PUBLICIDAD : Diseño de un banner, un Sky line, una valla, pendones y camisetas alusivas a la estrategia.

218 AVANCES EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS DE RESTITUCIÓN Existen cinco (5) demandas con fallos de restitución que beneficiaron un total de 42 familias ubicadas en áreas de los municipios de Tibú (Norte de Santander) con 1 fallo, Ataco (Tolima ) con 1 fallo y corregimiento de Mampujan municipio de María la Baja (Bolívar) con 3 fallo, asimismo, se han definido 59 microzonas en las cuales se adelantan los trámites de 4.601 solicitudes que comprenden 189.672 hectáreas reclamadas de las cuales 1.114 están en proceso de decisión judicial. RESULTADOS

219 DESPLIEGUE SECRETARÍA EJECUTIVA CI2RT : Una (01) nivel central y 44 a nivel regional en cumplimiento a lo dispuesto mediante Directiva Ministerial 03 del 25/01/12 para un total de 45. Se desvirtuó a nivel nacional por los Centros Integrados de Inteligencia para la Restitución de Tierras de nivel Por solicitud del Ministerio de Defensa Nacional se realizó el cruce de información de 100 municipios propuestos por el PAICMA y la UAEGRTD, para iniciar procesos de desminado humanitario. Esta propuesta se cruzó con la matriz del mapa de prevención y seguridad del CI2RT, arrojando los siguientes resultados: Catorce (14) municipios en nivel de atención extraordinario. Cuarenta y dos (42) municipios en nivel de atención alto. Veinticuatro (24) municipios en nivel de atención medio. Veinte (20) municipios en nivel de atención bajo. DESPLIEGUE OPERACIONAL: Por inte rmedio de la Dirección de Carabineros y Seguridad Rural, se articularon las acciones de los diferentes grupos Operativos, que componen el ESMOR (Escuadrón Móvil para la Restitución de Tierras), en el departamento del magdalena así: El Escuadrón móvil de carabineros, el grupo de Carabineros Montados y el Escuadrón Motorizado, grupos asignados por la Dirección de Carabineros de Seguridad Rural en ese departamento han realizado actividades entre las que se destacan puestos de control diurno y nocturno, patru llajes a pie y visita a fincas, patrullajes montados, patrullajes motorizados, de igual manera se han realizado actividades lúdico recreativas con los estudiantes, población de niños, niñas y adolecente, a través del grupo de infancia y adolescencia con ca mpañas sobre derechos sexuales y reproductivos, tratando el tema de la explotación sexual comercial infantil, en búsqueda de erradicar esta problemática, desarrollando actividades deportivas y talleres de prevención del consumo de sustancias psicoactivas. CONSTRUCCIÓN DE LOS MODELOS DE ACTUACIÓN POLICIAL Para tal fin se definieron dos modelos de actuación (básico y complementario), conformados por un componente procedimental y un componente tecnológico. A la fecha, se han implementado los modelos en 30 municipios

220 teniendo en cuenta el cumplimiento de los i ndicadores de la estrategia para el año 2012, según lo propuesto por esta Dirección. MODELO BÁSICO: Se atenderá el proceso con las capacidades propias de la institución policial y se reaccionará con los componentes de inteligencia e investigación criminal y el ESMOR ante una alerta de inteligencia del CI2RT. MODELO COMPLEMENTARIO: Se ate nderá el proceso en forma coordinada con las Fuerzas Militares acorde a lo dispuesto por la Directiva Ministerial 031 de 2012, la intervención de las Direcciones del nivel central con los componentes de Inteligencia, Investigación Criminal y del Escuadrón Móvil para la Restitución de Tierras (ESMOR) actuando como apoyo y soporte al desarrollo del proceso de Restitución de Tierras. DIPLOMADO CONTEXTUALIZACION DE LA LEY DE VICTIMAS DESDE EL ENFOQUE DEL SISTEMA UNIVERSAL E INTERAMERICANO DE DERECHOS HUMANOS: Se adelantó por parte de la Dirección Nacional de Escuelas un diplomado virtual en temáticas como Derechos Humanos, Derecho Internacional Humanitario y la ley 1448, contando con la participación de personal a nivel país de las unidades desconcentrada. D IRECTIVA OPERATIVA PERMANENTE No 002 del 25 - 10 - 12 ¨Actuación Institucional en el marco de la implementación del proceso de restitución de tierras¨, para articular capacidades y desarrollar la estrategia de restitución de tierras con tareas definidas. El aboración de una presentación en FLASH, con el fin de dar difusión a la estrategia institucional para la restitución de tierras, donde explica de la mejor manera el despliegue de los componentes al igual que la funcionalidad de la estrategia dentro de los parámetros establecidos en la ley 1.448 de victimas y de restitución de tierras.

221 RESULTADOS CONTRA LA CADENA CRIMINAL QUE AFECTA EL PROCESO DE RESTITUCIÓN Capturas por acciones contra reclamantes y/o beneficiarios

222 PUBLICACIÓN DE LOS DELINCUENTES MÁS BUSCADOS POR SU AFECTACIÓN AL PROCESO DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS Como resultado de las labores judicial se han capturado a: 1. GERARDO ANTONIO SANGUINO FRANCO 2. CIRO MELQUICEDEC HENAO 3. DIEGO ALFONSO HERNANDEZ BANQUET 4. AUGUSTO FRANCISCO CASTRO PACHECO 4.6 SECTOR EDUCACIÓN 4.6.1 MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL A. Modelos Educativos Flexibles De acuerdo con la base de datos de Registro Ú nico de Víctimas (RUV) envidada por el Subcomité de Sistemas de Información, para el 2012, se ha logrado garantizar la prestación del servicio educativo a 962.117 61 personas víctimas del conflicto armado interno de todas las edades, de los cuales 847.358 se encuentran entre los 5 y los 17 años. Los Modelos Educativos Flexibles se han convertido en una respuesta clave para la atención educativa de la población víctima del conflicto armado, facilitando a los niños, niñas y adolescentes que han tenido que 61 Información preliminar. Fuente: Cruce SIMAT corte de matrícula de octubre 31 de 2012 y Línea base del Reg istro Único de Víctimas (RUV) construida en el marco del Subcomité Técnico Nacional de Sistemas de Información.

223 abandonar la escuela, una alternativa pertinente y diferencial, que les permite reintegrarse a sus estudios y recibir los apoyos adicionales. La siguiente tabla señala la matrícula de esta población atendida a través de modelos educativos flexibles en 2012 . Tabla 56 . Matrícula en Modelos Educativos Flexibles Indicador 2012* Población víctima entre 5 y 17 años atendida mediante modelos educativos flexibles. 154.380 Fuente: *Información preliminar. Cruce SIMAT corte de matrícula a octubre 30 de 2012 y Línea base del Registro Único de Víctimas RUV, construida en el marco del Subcomité Técnico de Sistemas de Información. En cuanto a la atención educativa de la población adulta en todos los ciclos, se atendieron para el año 2012 los siguientes benefici arios: Tabla 57 . Número de población víctima beneficiada Indicador 62 2012* Población adulta víctima - Ciclo 1 563 Población adulta víctima - Ciclos 2 al 6 16.577 Población adulta víctima - Todos los Ciclos 17.140 Fuente: *Información preliminar. Cruce SIMAT corte de matrícula a octubre 31 de 2012 y Línea base del Registro Único de Víctimas (RUV), construida en el marco del Subcomité Técnico Nacional de Sistemas de Información. A continuación, se relaciona la población víctima entre 5 a 17 años, a tendida con el Modelo Educativo Flexible por entidad territorial certificada en el año 2012: 62 El Ciclo 1 corresponde a los ciclos lectivos regulares de educación básica con los grados primero, segundo y tercero, conform e a lo estableci do en el Decreto 3011 de 1997.

224 Tabla 58 . Focalización Modelos Educativos Flexibles Departamento Población beneficiaria ANTIOQUIA 41.447 MEDELLÍN 637 BELLO 192 ENVIGADO 10 ITAGÜÍ 29 TURBO 364 ATLÁNTICO 149 SOLEDAD 43 BOGOTÁ 741 BOLÍVAR 4.373 MAGANGUÉ 28 BOYACÁ 1.287 TUNJA 1 DUITAMA 73 SOGAMOSO 49 CALDAS 4.540 MANIZALES 284 CAQUETÁ 7.028 FLORENCIA 1.559 CAUCA 7.606 POPAYÁN 77 CESAR 5.180 VALLEDUPAR 496 CÓRDOBA 7.167 MONTERÍA 236 LORICA 25 SAHAGÚN 21 CUNDINAMARCA 1.751

225 Departamento Población beneficiaria FUSAGASUGA 137 GIRARDOT 28 SOACHA 88 CHOCÓ 1.946 HUILA 7.032 NEIVA 278 LA GUAJIRA 868 MAICAO 322 MAGDALENA 3.530 CIÉNAGA 92 META 5.822 VILLAVICENCIO 419 NARIÑO 11.593 PASTO 241 TUMACO 2.925 NORTE SANTANDER 6.374 CUCUTA 371 QUINDIO 890 ARMENIA 111 RISARALDA 1.412 PEREIRA 211 DOSQUEBRADAS 135 SANTANDER 3.259 BUCARAMANGA 162 BARRANCABERMEJA 455 FLORIDABLANCA 98 GIRÓN 13 SUCRE 2.568 SINCELEJO 246 TOLIMA 7.562

226 Departamento Población beneficiaria IBAGUE 1.077 VALLE 2.777 CALI 434 BUENAVENTURA 1.032 BUGA 259 CARTAGO 33 PALMIRA 64 TULUA 622 ARAUCA 2.434 CASANARE 612 PUTUMAYO 8.108 AMAZONAS 45 GUAINÍA 1.054 GUAVIARE 1.724 VAUPES 9 VICHADA 344 MALAMBO 16 QUIBDÓ 812 PITALITO 1.259 RIOHACHA 829 URIBIA 56 IPIALES 242 PIEDECUESTA 146 JAMUNDÍ 287 YOPAL 187 BARRANQUILLA 310 CARTAGENA 348 SANTA MARTA 722 RIONEGRO 145 APARTADÓ 1.057

227 Departamento Población beneficiaria SABANETA 10 FACATATIVÁ 22 MOSQUERA 7 CHÍA 4 ZIPAQUIRÁ 9 TOTAL 171.677 Fuente: *Información preliminar. Cruce SIMAT corte de matrícula a octubre septiembre 30 de 2012 y Línea base del Registro Único de Víctimas (RUV), construida en el marco del Subcomité Técnico Nacional de Sistemas de Información. B. Más y Mejores Espacios Escolares En desarrollo de este proyecto, infraestructura educativa del Ministerio de Educación Nacional con recursos de Ley 21 de 1982 para atención a población vulnerable, en la cual se contemplan respuesta a Sentencias, Autos de la Corte Constitucional, Zona de Consolidación, entre otros; se invirtió durante el 2012 un total de $ 44.095 millones, para adelantar 84 proyectos en 15 entidades territoriales. Para el 2013, el Ministerio de Educación Nacional realizará una inversión aproximada de $22.500 millones para adelantar 40 proyectos en 12 entidades, entre los que se pueden destacar tres temas importantes: En el marco del Auto 174 de 2011 y los compromisos establecidos en el Plan Provisional Urgente de Reacción y Contingencia para el Pueblo Awá, se adelantan acciones orientadas a garantizar la atención educativa a esta población, entre las que se resaltan: la destinación durante el 2012 de $11.050 millones para la construcción de n ueva infraestructura educativa para las entidades territoriales certificadas de Nariño, Tumaco y Putumayo en 18 establecimientos y el mejoramiento de 12 sedes educativas y 2 internados que beneficiarán a la comunidad Awá. A la fecha más del 60% de estas ob ras se encuentran en ejecución y otras en ajustes de diseño para dar inicio a la construcción ( tabla sobre Establecimientos Educativos Priorizados Auto 174). En el marco del Auto 045 para las poblaciones de Curvaradó y Jiguamandó en el departamento del C hocó, se están atendiendo 8 instituciones educativas, 4 para cada región, y la inversión estimada es de $ 3.967 millones. Actualmente, las obras fueron contratadas y los diseños se encuentran aprobados, pero problemas de orden público no han permitido dar inicio a su ejecución.

228 Dentro de los exhortos de la Sentencia de Mampuján, se tiene definido un proyecto de infraestructura educativa en el municipio de San Juan de Nepomuceno, el cual se inició en el mes de febrero 2013, en el Marco del Convenio con IOM. E n el marco del Auto 383 , en el departamento de Cauca, Caquetá, Huila, Cesar y Bolívar se está n interviniendo 7 establecimientos educativos por un valor aproximado de $3.101 millones ( tabla sobre Establecimientos Educativos Priorizados Auto 383). del Presupuesto General de la Naci ón ( tabla sobre Proyecto de construcción, dotación y concesión educativa). Para el 2013, se tiene previsto dentro de las obligaciones frente a los Autos de la Corte Constitucional, acciones del programa que propendan por la atención educativa con calidad, a las comunidades indígenas: Para el retorno de la comunidad Embera Katío (en Bogotá) a la zona de Bagadó (departamento del Chocó) se tiene previsto intervenir 4 sedes educativas por un valor aproximado de $4.000 millones. Dentro de los exhortos de la Se ntencia de Mampuján, se tiene previsto intervenir 2 sedes adicionales , una en el municipio de San Juan de Nepomuceno y la otra en María la Baja, por un valor aproximado de $1.300 millones, a la fecha se está trabajando en los temas de titulación y lotes pa ra desarrollar estos dos proyectos. Para el Auto 174 para atención al pueblo Awá se tiene proyectado invertir la suma de $ 5.600 para la construcción de 9 sedes y obras de mejoramiento para las 3 entidades territoriales. Se tiene proyectado para el Auto 04 5, invertir la suma de $ 2.200 millones para la construcción de 4 sedes educativas. Para la comunidad Wiwa de los departamentos de La Guajira y Cesar, intervenir 6 sedes por valor aproximado de $2.300 millones. En el municipio de Morales, Cauca para la com unidad indígena de ese municipio, bajo el marco de la restitución de cultivos con el Ministerio del Interior, se intervendrán 3 sedes por valor aproximado de $ 1.800 millones. Para el Auto 382 de la comunidad Hitnú y Macaguán (Departamento de Arauca), inte rvenir 2 sedes por valor aproximado de $ 1.000 millones. Para el Auto 173 de la comunidad Jiw y Nukäk (Departamento de Meta y Guaviare), intervenir 2 sedes por valor aproximado de $ 1.000 millones.

229 Para la comunidad Wayúu en la Alta Guajira, intervenir 1 s ede por un valor aproximado de $2.800 millones. Para la comunidad Pijaos (Departamento de Caquetá), intervenir 1 sede por valor aproximado de $500 millones. Adicionalmente, se tiene proyectado invertir de acuerdo a solicitud al Auto 045 , la suma de $2.200 millones para la construcción de 4 sedes educativas (tabla sobre Establecimientos Educativos Priorizados Auto 045). Lo anterior, con una proyección de inversión de $5.529 millones para atender a las víctimas mediante las siguientes acciones: Atención c on estrategias flexibles y pertinentes, acorde con sus necesidades, fortaleciendo la canasta. Alfabetizar a Jóvenes y Adultos Iletrados víctimas de la violencia. Formación a docentes. Fortalecimiento de la capacidad de gestión de las SE y la comunidad educativa para la atención y asistencia a las víctimas especialmente en Educación en Riesgo de Minas Antipersonal (ERM). Tabla 59 . Establecimientos Educativos Priorizados Auto 174 Establecimientos Educativos Priorizados ETC Nariño Auto 174 Municipio Establecimiento Educativo Sede Educativa Alcance estimado del proyecto Descripción / Programa Observaciones Resguardo indígena Ñambi Piedra Verde C.E. Piedra Verde C.E. piedra Verde Estudios, diseños y construcción de 1 Aula, 1 Batería sanitaria, 1 Comedor y Dotación. Auto 174 La sede se encuentra en la etapa de construcción con un avance del 100%. Resguardo Indígena Tortugaña Telembies C.E. Telembies C.E. Telembies Estudios, diseños y construcción de 2 Aulas, 1 Batería sanitaria, 1 Comedor y Dotac ión. Auto 174 Se inició la etapa de diseños el 20 de noviembre de 2012. Actualmente se ajustan observaciones menores en diseños finales y se revisa presupuestos. Se estima iniciar obra a finales de febrero. Resguardo Indígena Gran C.E. Técnica Agroambiental Bilingüe C.E. Técnica Agroambiental Bilingüe Estudios, diseños y construcción de 2 Aulas, Auto 174 La sede se encuentra terminada al 100% y por

230 Sábalo Awá. IETABA Awá. 1 Batería sanitaria y Dotación. inaugurar del MEN. Resguardo Indígena Palmar Imbi Medio I.E. Camawari C.E. Técnica Agroambiental Bilingüe Awá. Estudios, diseños y construcción de 2 Aulas, 1 Batería sanitaria y Dotación. Auto 174 La sede se encuentra terminada al 100% y por inaugurar del MEN. Resguardo I ndígena Milagroso Cuaiquer C.E. Cuaiquer Cuaiquer Estudios, diseños y construcción de 2 Aulas, 1 Batería sanitaria y Dotación. Auto 174 La sede se encuentra terminada al 100% y por inaugurar del MEN. Cabildo Indígena Edén Cartagena C.E. Nuevo Amanecer. AWA CEN AWA C.E. Nuevo Amanecer. Estudios, diseños y construcción de 4 Aulas, 1 Batería sanitaria, 1 Comedor y Dotación. Auto 174 Se inició la etapa de diseños el 20 de noviembre de 2012. Actualmente se ajustan observaciones menores en diseños finales y se revisa presupuestos. Se estima iniciar obra a finales de febrero. Resguardo Indígena Guelmambi Caraño C.E. Guelmambi Caraño C.E. Guelmambi Caraño Mejoramiento de Infraestructura Auto 174 Ya se adjudicó la licitación, el contratista se encuentra haciendo las visitas correspondientes para dar inicio a las obras de mantenimiento. Resguardo Indígena Saude Guiguay C.E. Peña Blanca Saunde C.E. Peña Blanca Saunde Mejoramiento de Infraestructura Auto 174 Ya se adjudicó la licitación, el contratista se encuentra haciendo las visitas correspondientes para dar inicio a las obras de mantenimiento

231 Resguardo Indígena Integrado Milagroso C.E. Cuesbi Montaña C.E. Cuesbi Montaña Mejoramiento de Infraestructura Auto 174 Ya se adjudicó la licitación, el contratista se encuentra haciendo las visitas correspondientes para dar inicio a las obras de mantenimiento Resguardo Indígena Vegas Chaui Chimbuza C.E. Chagui C.E. Chagui Mejoramiento de Infraestructura Auto 174 Ya se adjudicó la licitación, el contratista se encuent ra haciendo las visitas correspondientes para dar inicio a las obras de mantenimiento Establecimientos Educativos Priorizados ETC Tumaco Auto 174 Establecimiento Educativo Sede Educativa Alcance estimado del proyecto Descripción / Programa Observaciones I.E. Pianulpi I.E. Pianulpi Estudios, diseños y construcción de 3 Aulas, 1 Batería sanitaria, 1 Comedor y Dotación. Auto 174 Se inició la etapa de diseños el 20 de noviembre de 2012. Actualmente se ajustan observaciones menores en diseños fi nales y se revisa presupuestos. Se estima iniciar obra a finales de febrero. I.E. Inda Zabaleta I.E. Inda Zabaleta Estudios, diseños y construcción de 2 Aulas, 1 Batería sanitaria, 1 Biblioteca y Dotación. Auto 174 Se inició la etapa de diseños el 20 de noviembre de 2012. Actualmente se ajustan observaciones menores en diseños finales y se revisa presupuestos. Se estima iniciar obra a finales de febrero. I.E. Calvi I.E. Calvi Estudios, diseños y construcción de 1 Aula, 1 Batería sanitaria, 1 Comedor y D otación. Auto 174 Se inició la etapa de diseños el 20 de noviembre de 2012. Actualmente se ajustan observaciones menores en diseños finales y se revisa

232 presupuestos. Se estima iniciar obra a finales de febrero. I.E. Hojal I.E. Hojal Estudios, diseños y construcción de 2 Aulas, 1 Batería sanitaria, 1 Comedor y Dotación. Auto 174 Se inició la etapa de diseños el 20 de noviembre de 2012. Actualmente se ajustan observaciones menores en diseños finales y se revisa presupuestos. Se estima iniciar obra a finale s de febrero. C.E. Quejuambi I.E. Santa Rosita Estudios, diseños y construcción de 2 Aulas, 1 Batería sanitaria, 1 Comedor, 1 Biblioteca y Dotación. Auto 174 Se inició la etapa de diseños el 20 de noviembre de 2012. Actualmente se ajustan observaciones menores en diseños finales y se revisa presupuestos. Se estima iniciar obra a finales de febrero. I.E. El Verde. I.E. El Verde. Estudios, diseños y construcción de 1 Aula, 1 Batería sanitaria, 1 Comedor, 1 Biblioteca y Dotación. Auto 174 Se inició la etapa de diseños el 20 de noviembre de 2012. Actualmente se ajustan observaciones menores en diseños finales y se revisa presupuestos. Se estima iniciar obra a finales de febrero. C.E. Pulgante Campo Alegre I.E. Bajo Pulgante Estudios, diseños y construcc ión de 2 Aulas, 1 Batería sanitaria, 1 Comedor y Dotación. Auto 174 Se inició fase de diseños y actividades preliminares de diseños. Se prevé inicio de obra finales de febrero. C.E. Quejuambi I.E. Chinguirito Mira Estudios, diseños y construcción de 2 Aulas, 1 Batería sanitaria, 1 Comedor y Dotación. Auto 174 Se inició fase de diseños y actividades preliminares de diseños. Se prevé inicio de obra finales de febrero. C.E. Quejuambi C.E. Quejuambi Estudios, diseños y construcción de 3 Aulas, 1 Batería sanitaria, 1 Comedor y Dotación. Auto 174 Se inició fase de diseños y actividades preliminares de diseños. Se prevé inicio de obra finales de febrero. C.E. La Brava C.E. La Brava Estudios, diseños y construcción de 1 Aula, 1 Batería sanitaria, 1 Comedor y Auto 174 Se inició fase de diseños y actividades preliminares de diseños. Se prevé

233 Dotación. inicio de obra finales de febrero. C.E. Inda Zabaleta C.E. Inda Zabaleta Mejoramiento de Infraestructura Internado Auto 174 OIM atiende IE (Ver Arriba), No contempla la atención del Internado. ERM Indígena La Feliciana ERM Indígena La Feliciana Estudios, diseños y construcción de 2 Aulas, 1 Batería sanitaria, 1 Comedor y Dotación. Auto 174 Se inició fase de diseños y actividades preliminares de diseños. Se p revé inicio de obra finales de febrero. C.E. Piguambi Palangala C.E. Piguambi Palangala Estudios, diseños y construcción de 2 Aulas, 1 Batería sanitaria, 1 Comedor y Dotación. Auto 174 Se inició fase de diseños y actividades preliminares de diseños. Se pr evé inicio de obra finales de febrero. Nota: En al caso de los internados, el recurso es únicamente para mantenimiento de los mismos, no para construcción nueva. Establecimientos Educativos Priorizados ETC Putumayo Auto 174 Municipio Establecimiento Educativo Sede Educativa Alcance estimado del proyecto Descripción / Programa Observaciones Orito Resguardo Caicedonia La Rivera La Rivera Estudios, diseños y construcción de 2 Aulas, 1 Batería sanitaria y Dotación. Auto 174 La sede se encuentra en la etapa de construcción con un avance del 100%. Villa Garzón - Resguardo Indígena Playa Larga Playa Larga Playa Larga Estudios, diseños y construcción de 1 Aula, 1 Batería sanitaria, 1 Comedor y Dotación. Auto 174 La sede se encuentra en la etapa de constr ucción con un avance del 100%. Orito - Resguardo Agua Blanca Agua Blanca Agua Blanca Estudios, diseños y construcción de 1 Aula, 1 Batería sanitaria, 1 Comedor y Dotación Auto 174 La sede se encuentra en la etapa de construcción con un avance del 100%. Orito - Resguardo Alto temblón Alto Temblón Alto Temblón Estudios, diseños y construcción de 2 Aulas, 1 Batería sanitaria y Dotación. Auto 174 La sede se encuentra en la etapa de construcción con un avance del 100%.

234 Orito Resguardo Cañaveral Mira flores Cañaveral Cañaveral Mira Flores Estudios, diseños y construcción de 1 Aula, 1 Batería sanitaria y Dotación. Auto 174 La sede se encuentra en la etapa de construcción con un avance del 100%. Valle del Gamuez Alto Comboy Alto Comboy Estudios, diseños y co nstrucción de 1 Aula, 1 Batería sanitaria, 1 Comedor y Dotación. Auto 174 Se inició fase de diseños y actividades preliminares de diseños. Se prevé inicio de obra finales de febrero. Orito Resguardo El Espigo. El Espingo El Espingo Estudios, diseños y construcción de 1 Aula, 1 Batería sanitaria, 1 Comedor y Dotación. Auto 174 Se inició fase de diseños y actividades preliminares de diseños. Se prevé inicio de obra finales de febrero. Orito Resguardo Selva Verde. Selva Verde Selva Verde Estudios, diseños y construcción de 1 Aula, 1 Batería sanitaria, 1 Comedor y Dotación. Auto 174 Se inició fase de diseños y actividades preliminares de diseños. Se prevé inicio de obra finales de febrero. Orito. Resguardo Baja Bellavista Cuaiquer Awá Cuaiquer Awá Estudios , diseños y construcción de 1 Aula, 1 Batería sanitaria, 1 Comedor y Dotación. Auto 174 Se inició fase de diseños y actividades preliminares de diseños. Se prevé inicio de obra finales de febrero. Orito Resguardo Cañaveral Mira flores Cañaveral Cañaveral Mira Flores Mejoramiento de Infraestructura Auto 174 Se inició fase de diseños y actividades preliminares de diseños. Se prevé inicio de obra finales de febrero. Establecimientos Educativos e Internados Priorizados ETC Putumayo Auto 174

235 Municipio Esta blecimiento Educativo Sede Educativa Alcance estimado del proyecto Descripción / Programa Observaciones Puerto Leguízamo Resguardo. El Refugio. Centro Etno Indígena El Refugio. Centro Etno Indígena El Refugio. Estudios, diseños y construcción de 1 Aula, 1 Batería sanitaria, 1 Comedor, 1 Biblioteca, 2 laboratorios, 1 Modulo Internado y Dotación. Auto 174 Se inició fase de diseños y actividades preliminares de diseños. Se prevé inicio de obra finales de febrero. Orito, Resguardo Tesalia I.E.R. Tesalia I.E.R. Tesalia Estudios, diseños y construcción de 1 Comedor, 1 Biblioteca, 2 laboratorios, 1 Modulo Internado y Dotación. Auto 174 Se inició fase de diseños y actividades preliminares de diseños. Se prevé inicio de obra finales de febrero. Nota: En al caso de los internados, la construcción de los mismos, se determinó de acuerdo a los recursos que se contaba en el convenio d e OIM, evaluando las necesidades y presupuestos de la construcción y mejoramiento de las sedes. Tabla 60 . Establecimientos Educati vos Priorizados Auto 383 Dpto. Municipio Institución Educativa Alcance Estimado del Proyecto Descripción / Programa Observaciones Bolívar Norosí I.E. Norosí. Estudios, ajustes al diseño, construcción, interventoría y dotación de cinco (5) aulas, y un (1) laboratorio. Auto 383 Se finalizó la etapa de estudios y ajustes a los diseños, se realizó la socialización a la comunidad, fecha de inicio de las obras 25 de febrero Caquetá San Vicente del Caguán IE Guillermo Ríos Estudios, ajustes al diseño, construcción, interventoría y dotación de tres (3) aulas y una (1) batería sanitaria Auto 383 Se encuentra en fase de ajustes menores de diseños y revisión de presupuesto. Se radicaron documentos para expedición de licencia de construcción. Se estima inici o de obra para el 11 de febrero de 2013. Cauca Balboa I.E. Vasco Núñez De Balboa - Sede Principal Estudios, ajustes al diseño, construcción, interventoría y dotación de tres (3) aulas y una Auto 383 En etapa de estudios y ajustes a diseños. Se iniciará obra el día 11 de febrero

236 Dpto. Municipio Institución Educativa Alcance Estimado del Proyecto Descripción / Programa Observaciones (1) batería sanitaria. Cesar Agustín Codazzi I.E. Antonio Galo Lafaurie Celedón Sede Principal Estudios, ajustes al diseño, construcción, interventoría y dotación de dos (2) aulas, y una (1) batería sanitaria. Auto 383 Se inicia obra con descapote, replanteo, excavación de zapatas y vigas de cimentación. Fecha de inicio de obra 14 de enero Huila Isnos IE Salen Estudios, ajustes al diseño, construcción, interventoría y dotación de dos (2) aulas, y una (1) batería sanitaria. Auto 383 Se encuentra en fase de ajustes menores de diseños y revisión de presupuesto. Se radicaron documentos para expedición de licencia de construcción. Se estima inicio de obra para el 11 de febrero de 2013. Huila Isnos IE Bordones Estudios, ajustes al diseño, construcción, interventoría y dotación de un (1) aula, y un (1) restaurante escolar. Auto 383 Se encuentra en fase de ajustes menores de diseños y revisión de presupuesto. Se radicaron documentos para expedición de licencia de construcción. Se esti ma inicio de obra para el 04 de febrero de 2013. Huila Isnos IE Mortiño Estudios, ajustes al diseño, construcción, interventoría y dotación de cinco (5) aulas, y un (1) laboratorio. Auto 383 Se encuentra en fase de ajustes menores de diseños y revisión de presupuesto. Se radicaron documentos para expedición de licencia de construcción. Se estima inicio de obra para el 04 de febrero de 2013. Nota: En al caso de los internados, la construcción de los mismos, se determinó de acuerdo a los recursos que se contaba en el convenio de OIM, evaluando las necesidades y presupuestos de la construcción y mejoramiento de las sedes.

237 Tabla 61 . Proyecto de construcción, dotación y concesión educativa Estado de las infraestructuras - Resumen general Estado Entidad Territorial y sector Número de instituciones educativas Construidas Bucaramanga ( Los Colorados), Cali (Potrero Grande, Isaías Duaste - doble); Cartagena (Flor del Campo, Vía Perimetral y Rosedal); Pereira (Tokio, Ciudadela del Café y Samaria); Barranquilla (20 de Julio, Lipaya y Cayenas - doble);Turbo (Granja Experimental); Valledupar (Francisco de Paula Santander); Montería (Los Araújos, Vereda Tropical y Los Colores); Santa Marta (Bureche, Vía Minca y La Paz); Florencia ( Hacienda El Puerto), Girón (Ciudadela Nuevo Girón); Ibagué (La Ceibita y Mirador de Ambalá); Cúcuta (Torcoroma III, Valles del Rodeo y El Progreso). Soacha (El Altico y San Mateo Centro Cívico); Soledad (Villa Estadio y Gran Abastos); Popayán (Matamoros); Villavicencio (La Reliquia y Ciudad Porfia). 36 Construcciones que se terminarán en el 2013 Floridablanca (Río Frío); Barrancabermeja (Antiguo IDEMA); Galapa (Mundo Feliz); Tumaco (La Ciudadela); Cartagena (Nelson Mandela); Valledupar (La Nevada y Chiriquí) y Villavicencio (San Antonio). 8 Suspendidas Buenaventura (infraestructura doble en San Antonio); Sincelejo (En reemplazo de Malambo (Mundo Feliz)). 3 Total 47 Fecha de corte: Febrero de 2013. Tabla 62 . Establecimientos Educativos Priorizados ETC Chocó Auto 045 Municipio Establecimiento Educativo Alcance Estimado del Proyecto Descripción / Programa Observaciones Carmen del Darién - Curvaradó C.E. Pueblo Nuevo - sede E.R.M. Pueblo Nuevo sede principal. Estudios, ajustes a diseño, construcción, interventoría y dotación de dos (2) aulas y una (1) batería sanitaria. Auto 045 de 2011 Visita de socialización realizada en la semana del 7 al 12 de enero d e 2013. Obras se encuentran suspendidas temporalmente por paro armado en el departamento.

238 Municipio Establecimiento Educativo Alcance Estimado del Proyecto Descripción / Programa Observaciones Carmen del Darién - Jiguamandó C.E. Pueblo Nuevo - sede Escuela Santafé de Churima Estudios, ajustes a diseño, construcción, interventoría y dotación de un (1) aula y una (1) batería sanitaria. Auto 045 de 2011 Visita de socialización realizada en la semana del 7 al 12 de enero de 2013. Obras se encuentran suspendidas temporalmente por paro armado en el departamento. Carmen del Darién - Curvaradó C.E. Pueblo Nuevo - Sede Escuela Nueva Esperanza Estudios, ajustes a diseño, construcción, interventoría y dotación de dos (2) aulas y una (1) batería sanitaria. Auto 045 de 2011 Visita de socialización realizada en la semana del 7 al 12 de enero de 2013. Obras se encuentran suspendidas temporalmente por paro armado en el departamento. Carmen del Darién - Curvaradó C.E. Pueblo nuevo - sede escuela rural mixta santa rosa del limón Estudios, ajustes a diseño, construcción, interventoría y dotación de un (1) aula y una (1) batería sanitaria. Auto 045 de 2011 Visita de socialización realizada en la semana del 7 al 12 de enero de 2013. Obras se encuentran suspendidas temporalmente por paro armado en el departamento. Carmen del Darién - Jiguamandó I.E. Agropecuario Heraclio Lara Arroyo de Curvaradó - Sede Escuela Rural Mixta Brisas Del Chocó Estudios, ajustes a diseño, construcción, interventoría y dotación de dos (2) aulas y una (1) batería sanitaria. Auto 045 de 2011 Visita de socialización realiz ada en la semana del 7 al 12 de enero de 2013. El contratista de obra se encuentra adelantando actividades de excavaciones para vigas de cimentación y zapatas e hincado de pilotes para cimentación profunda. Carmen del Darién - Jiguamandó I.E. Agropecuario Heraclio Lara Arroyo de Curvaradó - Sede Escuela Rural Mixta Curvaradó Estudios, ajustes a diseño, construcción, interventoría y dotación de tres (3) aulas y una (1) batería sanitaria. Auto 045 de 2011 Visita de socialización realizada e n la semana del 7 al 12 de enero de 2013. El contratista de obra se encuentra adelantando actividades de excavaciones para vigas de cimentación y zapatas e hincado de pilotes para cimentación profunda. Carmen del Darién - Curvaradó I.E. Agropecuario Heraclio Lara Arroyo de Curvaradó - Sede Escuela Rural Mixta El Guamo Estudios, ajustes a diseño, construcción, interventoría y dotación de dos (2) aulas y una (1) batería sanitaria. Auto 045 de 2011 Visita de socialización realizada en l a semana del 7 al 12 de enero de 2013. El contratista de obra se encuentra adelantando actividades de excavaciones para vigas de cimentación y zapatas e hincado de pilotes para cimentación profunda.

239 Municipio Establecimiento Educativo Alcance Estimado del Proyecto Descripción / Programa Observaciones Carmen del Darién - Jiguamandó I.E. Agropecuario Heraclio Lara Arroyo de Curvaradó - Sede Escuela Rural Mixta Domingodó. Estudios, ajustes a diseño, construcción, interventoría y dotación de cuatro (4) aulas y una (1) batería sanitaria. Auto 045 de 2011 Visita de socialización realizada en la semana del 7 al 12 de enero de 2013. El contratista de obra se encuentra adelantando actividades de excavaciones para vigas de cimentación y zapatas e hincado de pilotes para cimentación profunda. C. Programa para la Educación para la Sexualidad y Construcción de Ciudadanía (PESCC) El PESCC continúa con su proceso de asistencia técnica a las secretarías de educación para la promoción del ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos en la poblac ión de las comunidades de los establecimientos educativos, ampliando su implementación de 71 a 86 secretarías de educación. En el marco del CONPES Social 147 para la prevención del embarazo en adolescentes, durante 2012 el MEN construyó, junto con el Minis terio de Actualmente, los módulos se encue ntran en el proceso final de validación para ser incorporados en la plataforma virtual del SENA e iniciar el respectivo curso, para lo cual se está adelantando la convocatoria en coordinación con las secretarías de educación y facilitar la participación en este diplomado de 6.500 docentes. D. Programa de Educación para el Ejercicio de los Derechos Humanos Eduderechos En el 2012, el Programa Eduderechos participó de la gestión para la incorporación del Plan Nacional de Educación en Derechos Humanos (PLANED H) al Sistema Nacional de Derechos Humanos y DIH el cual permitirá que el PLANEDH se constituya en política pública. En articulación con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), se adelantó el programa y s u posicionamiento en las agendas educativas locales en ocho secretarías de educación: Meta, Santander, Bucaramanga, Chocó, Quibdó, Valle del Cauca, Pasto y Nariño. Esta alianza permitió la incorporación del Programa Eduderechos en 125 instituciones educati vas. Para 2013 se proyecta continuar con esta alianza para ampliar la cobertura del Programa Eduderechos en 8 nuevas secretarías de educación.

240 Actualmente, se encuentra en proceso de construcción una ruta articulada entre el Ministerio de Educación Nacional y el Centro de Memoria Histórica para fortalecer los procesos de formación de docentes y agentes educativas en el marco de la Ley de Víctimas. Esta ruta ya inicia una primera implementación en los departamentos de Arauca y Chocó. E. Alimentación Esc olar Para el 2013, el ICBF proyectó atender 4.073.708 cupos con el Programa de Alimentación Escolar. Adicionalmente, mediante CONPES 159 de 2013 se prevé asignar $124.830 millones correspondientes a la distribución de once doceavas para alimentación esco lar, con destino a todos los municipios del país. Asimismo, mediante Resolución No. 16841 de 2012 el Ministerio de Educación Nacional asignó $78 mil millones para cofinanciar el Programa de Alimentación Escolar de las entidades territoriales beneficiaria s con regalías directas, y mediante la Resolución No. 1081 de 2013 estableció las reglas para el giro y aplicación de los recursos de cofinanciación del programa de las entidades territoriales mencionadas. F. Plan Nacional de Lectura y Escritura (PNLE) En 2013 se están beneficiando cerca 12.565 sedes educativas adicionales con la entrega de 13.500 colecciones que entregará el Plan Nacional de Lectura con recursos del Ministerio de Educación Nacional, de 21 Entidades Territoriales que han aportado recursos de Cofinanciación y de Ecopetrol que se unirá a esta iniciativa beneficiando a 535 sedes educativas. El Plan durante el cuatrienio 2011 - 2014 llegará a 12.000 establecimientos educativos y 5.000 sedes educativas en todo el país, con participación de 35.000 educadores cuyas acciones beneficiarán a cerca de 7 millones de niños, niñas y jóvenes de educación preescolar, básica y media. Específicamente en la atención de población en condición de desplazamiento y teniendo en cuenta el cruce realizado entre el Sis tema Oficial de Atención a Población desplazada (SIPOD) de 2011 y el Sistema Oficial de Matrícula SIMAT con corte a diciembre de 2012, el PNLE entregará 15.317 colecciones semilla en 15.171 sedes educativas entre 2011 y 2014, en donde se benefician aproxi madamente 600 mil estudiantes en situación de desplazamiento.

241 G. Atención Educativa a Grupos Étnicos En el 2012, se logró la formulación, diseño e implementación de 53 procesos con los pueblos indígenas. Además, en el cumplimiento de los Autos Diferencial es, los componentes educación con pueblos Hitnú - Makaguan: realizar el ajuste a los PEC de los pueblos Makaguán, Sikuani y Betoy; el diseño del modelo educativo para los pueblos Hitnú, Makaguán, y Sikuani y el diagnóstico consolidado para validación comuni taria. Con el Pueblo Awá, se realizó el diseño de los modelos educativos propios, comunitarios e interculturales con las organizaciones UNIPA, CAMAWARI y ACIPA. Se inició el proceso de acompañamiento directo al pueblo Nükak para la construcción de la ruta pedagógica, mediante la participación directa de sus representantes, con el fin de avanzar en la fundamentación del Modelo Educativo liderado por sesenta y un (61) miembros del pueblo Nükak, debidamente seleccionados median te Wayari Munu y Mühave Munu), que conforman el pueblo Nükak, lograron establecer acuerdos para la atención diferenciada, a partir de los cuales se logró estructurar la metodología de trabajo para la construcción de la ruta pedagógica como un primer momento en el acompañamiento institucional. Adiciona lmente, se realizaron diez talleres de formación pedagógica en el marco de la socialización de la Cátedra de Estudio Afrocolombiana desde el enfoque histórico cultural de derechos fundamentales y colectivos de la población Afrocolombiana, Negra y Palenquer a. H. Programa para el Desarrollo de Competencias Básicas (PDCB) El Programa PDCB ha avanzado en la construcción de documentos conceptuales, metodológicos, pedagógicos y operativos que se requieren para la implementación de las acciones de atención a víctimas y memoria histórica con el fin de promover el desarrollo de c ompetencias científicas sociales y ciudadanas en los estudiantes. En este sentido, se han elaborado versiones preliminares de los siguientes documentos: 1) Lineamientos para las entidades territoriales con el fin de implementar la Ley de Víctimas; 2) Propu estas de articulación de esfuerzos institucionales en el sector educativo a nivel central y regional.

242 En relación con material pedagógico, se cuenta con versiones de los siguientes documentos: 3) Rutas de acompañamiento a prácticas educativas a través de la reconstrucción de la memoria histórica; 4) Cartilla pedagógica y metodológica dirigida a docentes sobre reconstrucción de memoria histórica en el ámbito escolar; 5) Estructura y contenidos para un módulo virtual dirigido a docentes sobre reconstrucción de memoria histórica en el ámbito escolar. Se ha contemplado que estos contenidos hagan parte de los procesos de formación bimodal dirigido a directivos docentes y docentes y de asistencia técnica para el fortalecimiento de la gestión territorial, proces os que se consolidarán durante el 2013 en un esfuerzo conjunto entre el programa de Competencias Básicas, Formación Docente (Dirección de Calidad) y el Grupo de Atención a Población Vulnerable (Dirección de Cobertura y Equidad). Adicionalmente, se espera Portal Educativo Colombia Aprende, durante el primer semestre de 2013. Desde agosto de 2012, la Subdirección de Fomento de Competencias de la Dirección de Calidad ha abord ado el tema de Memoria Histórica en el ámbito escolar a través del trabajo conjunto entre los Programas de Desarrollo de Competencias Básicas, el Programa EduDerechos (Educación para el Ejercicio de los Derechos Humanos) del Ministerio de Educación Naciona l, y el Centro de Memoria Histórica (CMH) quienes han desarrollado las siguientes actividades: Concertación metodológica entre el Centro de Memoria Histórica y los Programas de Desarrollo de Competencias Básicas y EduDerechos (MEN), con el fin de dar resp uesta al artículo 145 de la Ley 1448 de 2011 sobre Acciones en Materia de Memoria Histórica. Asistencia Técnica a la Secretaría de Educación de Arauca para dar cumplimiento a los exhortos 20 y 21 de la Sentencia Bloque Vencedores de Arauca. Sobre formació n docente en derechos humanos, los equipos técnicos MEN y CMH acuerdan la necesidad de propiciar estrategias de formación docente que garanticen que las metodologías de reconstrucción de la memoria y de las narrativas en las aulas sean replicadas en forma pertinente en las prácticas de aula e incidan en los aprendizajes de los estudiantes. En este sentido se realiza un primer t aller dirigido a docentes (Los días 24 y 25 de octubre, en Tame).

243 En este taller, en el que asistieron 17 docentes de 14 instituci ones educativas, se avanzó en una primera definición de la Caja de Herramientas para Maestras y Maestros , construida con aportes de los mismos docentes. Se trata de reconocer las herramientas metodológicas y didácticas así como experiencias significativas de los docentes, que aporten a la reconstrucción de la memoria histórica en sus comunidades. I. Fortalecimiento de la gestión de la calidad educativa en las secretarías de educación certificadas y en los establecimientos educativos Como parte de la Política de Calidad, la Subdirección de Fomento de Competencias trabaja en el fortalecimiento de las competencias de rectores y directores rurales, para una excelente gestión de la jornada escolar de los estudiantes y de la jornada laboral de los docentes, a travé s del ajuste normativo; y en el fortalecimiento de competencias básicas de los estudiantes a través de la implementación de la Jornada Escolar Extendida. En tal sentido, el Ministerio de Educación Nacional expidió la Directiva 012 de 2012 en la cual se hac en precisiones sobre el manejo de la jornada laboral de los docentes y escolar de los estudiantes, buscando fortalecer la apropiación de las competencias, básicas y ciudadanas a través de una mejor optimización del tiempo de aprendizaje de los niños, niñas y adolescentes. De la misma manera se ha brindado una mejor orientación a las secretarias de educación para la elaboración de los calendarios académicos a través de la Circular 032 de 2012. Por otra parte, se están construyendo los lineamientos de la Jor nada Escolar extendida, los cuales buscan que los estudiantes permanezcan más tiempo en las instituciones educativas en función del fortalecimiento de las competencias básicas en áreas como matemáticas, ciencias, lenguaje y bilingüismo, a través de metodol ogías didácticas innovadoras, reduciendo los índices de repitencia, exposición a factores de riesgo y mejorando los niveles de desempeño en áreas que tradicionalmente han sido críticas en los estudiantes. Las Secretarías de Educación de Sucre, Buenaventura , Montería, Manizales, Mosquera, Chía, Risaralda, Villavicencio y Boyacá, adelantaron acciones para iniciar en sus instituciones educativas oficiales la Jornada Escolar Extendida. J. Cualificación y Evaluación de Modelos Educativos Flexibles En este momento se cuenta con los informes de evaluación de los modelos educativos flexibles Círculos de Aprendizaje , Grupos Juveniles Creativos , Formación para la Reintegración y Pacicultor . A partir de este insumo es posible iniciar la segunda fase de la cualificación, que corresponde a la definición de la malla curricular y el plan de obra, y la tercera, que se refiere a la escritura de los materiales. El Modelo Educativo Flexible

244 Aceleración del Aprendizaje ya está cualificado. K. Programa Nacional de Formación de Educa dores Mediante la prestación del servicio de asistencia técnica (por demanda) a las secretarías de educación, se ha adelantado un proceso de acompañamiento in situ para la formulación, seguimiento y evaluación de los Planes Territoriales de Formación Doce nte en las entidades territoriales de: Amazonas, Apartadó, Arauca, Nariño, Quibdó, Choco, Medellín y Sabaneta. Proceso en el que ha planteado la caracterización de los docentes de la región, involucrando criterios de análisis que incluyen la atención a pob lación en condiciones de vulnerabilidad, afectados por la violencia, o con necesidades educativas especiales, en el marco de una educación inclusiva. El Ministerio cuenta con un documento de lineamientos de formación docente para la atención a población e n condición de vulnerabilidad, que complementa la guía de Formulación del Plan Territorial de Formación Docente y se convierte en instrumento de consulta para que las secretarias de educación planteen programas de formación pertinentes a los educadores que atienden población vulnerable. Todos los programas mencionados orientan sus acciones a través de asistencia técnica a las secretarías de educación y el acompañamiento a establecimientos educativos. Estas acciones apuntan a la formación de la ciudadanía a partir de la difusión y ejercicio de los derechos humanos, la búsqueda de la calidad educativa en el marco del derecho a la educación y la restitución de los derechos de las poblaciones afectadas por la violencia. Por ello, las acciones de los programas , aunque no realizan una focalización de atención a grupos de población, sí desarrollan acciones a partir de focalización geográfica (entidades territoriales certificadas que corresponden a las secretarías de educación y a municipios y establecimientos edu cativos con problemáticas específicas y de acuerdo a la demanda de asistencia técnica). En particular, en el segundo semestre de 2012, las acciones conjuntas de los programas de Competencias Básicas y Educación para el Ejercicio para los Derechos Humanos estuvieron dirigidas a: Secretaría de Educación de Chocó : el Programa Eduderechos continuó con la formación a docentes de las 20 instituciones educativas focalizadas en el departamento. En 2013 y después de la aprobación del proyecto "Educa el derecho" presentado por la Secretaría de Educación del Chocó al Fondo Concursable

245 BID, el Pro grama Eduderechos realizará el seguimiento y asistencia técnica para la expansión del Programa en la totalidad de las Instituciones Educativas de los municipios de Carmen del Darién, Bojayá, Bagadó y Lloró. Esta propuesta se plantea en el marco de las comu nidades que retornan a sus territorios (Art. 66, Retornos y reubicaciones de la Ley 1448 de 2011). Actualmente el Programa Eduderechos se encuentra gestionando una alianza con USAID para fortalecer el proceso de incorporación del Programa en el Departament o del Chocó en los municipios focalizados en la implementación de Ley de Víctimas que integrará el trabajo desarrollado con el Centro de Memoria Histórica. Secretaría de Educación de Arauca: se realizó un proceso de acompañamiento y asistencia técnica desd e el Programa para el Desarrollo de Competencias Básicas y la expansión del programa de EduDerechos en una primera etapa para la construcción conjunta de la Caja de Herramientas para Maestras y Maestros con el Centro de Memoria Histórica, en el marco del c umplimiento de la Sentencia del Tribunal de Bogotá sobre el Bloque Vencedores de Arauca y el art. 145 de la Ley 1448 de 2011, (Acciones en materia de Memoria Histórica). En febrero de 2013 se realizaron sesiones de trabajo con la Secretaría de Educación pa ra la gestión de recursos que permitan la sostenibilidad de los procesos iniciados en 2012 (i) Fortalecimiento institucional, (ii) Formación de docentes y (iii) Gestión de alianzas intersectoriales. Además, se proyecta un segundo encuentro de formación de docentes el cual permitirá desarrollar los ejes conceptuales de Derechos Humanos y Memoria Histórica. Entidades territoriales certificadas: por sugerencia del Ministerio de Educación Nacional las 94 secretarías de educación deben formular, en sus Planes Te rritoriales de Formación Docente, la necesidad de formación de los educadores de la región en atención a población víctima de la violencia, con Necesidades Educativas Especiales NEE - y en general, en condición de vulnerabilidad, bajo un enfoque de inclusi ón educativa. Esto conlleva a que cada secretaría caracterice a sus educadores, identificando los que atienden población en condición de vulnerabilidad y desde allí, se planteen planes y programas de formación pertinentes a estas necesidades. La definición de las acciones de formación recibe acompañamiento del Comité Territorial de Capacitación. A partir de los procesos de asistencia técnica realizados con las SE de Amazonas, Apartadó, Arauca, Nariño, Quibdó, Chocó, Medellín y Sabaneta se direcciona la incorporación a sus Planes Territoriales de Formación de Docentes del análisis de la necesidad de formación de docentes de tal forma que incluyan criterios para la atención a población en condición de vulnerabilidad, afectados por la violencia o con necesi dades educativas especiales.

246 Presupuesto de los programas En 2012 los Programas Transversales no asignaron presupuesto para la ejecución en los municipios focalizados de la Ley de Víctimas debido al vencimiento del Convenio MEN UNFPA. El Programa Eduder echos realizó acciones en el departamento del Chocó a través de la alianza con la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos OACNUDH , y en Arauca en la alianza con el Centro de Memoria Histórica y el Programa para el Desarr ollo de Competencias Básicas del Ministerio de Educación Nacional. El Programa para el Desarrollo de Competencias Básicas destinó $73.867.807 para la elaboración de los documentos de lineamientos y material pedagógico para la reconstrucción de memoria histórica en el ámbito escolar, así como para la asistencia técnica en la Secretaría de Educación de Arauca. El Programa Nacional de Formación de Educadores cuenta con un documento de lineamientos de formación docente para la atención a población en condi ción de vulnerabilidad, que complementa la Guía de Formulación del Plan Territorial de Formación Docente y se convierte en instrumento de consulta para que las secretarias de educación planteen programas de formación pertinentes a los educadores que atiend en población vulnerable. En Modelos Educativos Flexibles, se realizaron dos contratos con firmas privadas para la evaluación de diez MEF, entre los que se hallan tres para la atención educativa a poblaciones afectadas por la violencia: Círculos de Aprendiz aje, Grupos Juveniles Creativos y Formación para la Reintegración. En promedio se destinaron $150 millones para la evaluación de cada uno de estos modelos, para una inversión total de $450 millones. La evaluación del modelo Bachillerato Pacicultor fue real izada por el equipo de profesionales de la Subdirección de Referentes y Evaluación de la Calidad del MEN. Adicionalmente, en el marco del proyecto de Formación para la Ciudadanía que adelanta el Ministerio de Educación Nacional, y como aporte a las accione s que demanda la implementación de la recién aprobada Ley que crea el Sistema Nacional de Convivencia Escolar para todas las entidades territoriales, se abrió en octubre de 2012 la convocatoria de proyectos para el desarrollo de Competencias Ciudadanas y e l ejercicio de los Derechos Humanos. Con el fin de desarrollar actividades que promuevan la convivencia escolar, la participación y la democracia, la educación para la sexualidad y el ejercicio de los derechos humanos en los establecimientos educativos, el Ministerio gestionó recursos con el BID y firmó el contrato de préstamo 2709OC - CO para financiar propuestas que beneficien a 60 Secretarías de Educación y 50 Escuelas Normales Superiores durante tres años.

247 Gracias a la asistencia técnica y a la partic ipación en la convocatoria de estas instituciones se alcanzó en el 2013, el 95% de la meta establecida a tres años. En total 55 Secretarías de Educación y 72 Escuelas Normales Superiores recibirán recursos por cerca de $11.440 millones a partir de este año y hasta el 2015, a través de convenios que se firmarán con cada una de ellas. Tabla 64. DATOS CONVOCATORIA CRÉDITO BID TOTAL PROYECTOS Total Recursos Financiados MINISTERIO Total Contrapartida ENTIDADES Secretarías de educación 55 $ 9.390.257.669 $ 7.851.911.364 Escuelas Normales Superiores 72 $ 2.195.934.502 $ 878.970.002 L. Programa para la transformación de la calidad educativa, Todos a Aprender. El Programa de Transformación de la Calidad Educativa (PTCE) se enmarca en las metas del Plan Nacional de Desarrollo, presentado en la Ley 1450 de junio del 2011, cuyo objetivo entre 2011 y 2014, es el de mejorar las condiciones de aprendizaje en los estab lecimientos educativos focalizados, evidenciado en el mejoramiento de las competencias básicas de los estudiantes matriculados entre transición y quinto grado. Así mismo, lograr que más del 25% de los estudiantes de estos establecimientos educativos ascien da de nivel, al menos en las áreas de Lenguaje y Matemáticas, en la prueba SABER 3 y 5 (aplicación en el 2014). Lo anterior implica indudablemente mejorar las prácticas de aula que movilizan los aprendizajes de los estudiantes, para lo cual se cuenta con 100 formadores que capacitan a 3000 tutores, que a su vez realizan formación situada con más de 60.000 docentes d el todo el país, impactando a 2.365.000 estudiantes pertenecientes a 4.328 establecimientos educativos (EE) que se encuentran ubicados en contextos con las condiciones más críticas. El total de inversión durante el año 2012 fue de 207 mil millones de pesos . En cuanto a material educativo durante el año 2012 se entregaron alrededor de 9 millones de libros, cifra que se duplicará durante el año 2013.

248 M. Ampliación y Fortalecimiento de la regionalización y flexibilidad de la oferta de educación superior para las víctimas. Objetivo General : Generar oportunidades de acceso a educación superior de calidad en las distintas regiones del país atendiendo las particularidades de los diferentes grupos poblacionales y regiones del país. Objetivo Específico: Atención a población víctima Resultados esperados: 1. Financiación a estudiantes víctimas. Durante el 2012, el Viceministerio de Educación Superior trabajó en la constitución del Fondo de Reparación para el Acceso, la Permanencia y la Graduación de Población Víc tima en Educación Superior con el objetivo de implementar durante vigencia fiscal 2013. Se apropiaron para tal fin recursos por $33.484 millones de pesos. El Fondo contará con tres líneas de subsidio; la primera para pago de matrícula, la segunda de subsid io de sostenimiento y la tercera, la línea de permanencia que apoyará la creación de estrategias diferenciales y preferenciales en las instituciones de educación superior con un enfoque reparador para la población víctima. Esta iniciativa dará cobertura a 1.200 estudiantes víctimas se atenderán a través del Fondo de Reparación para el Acceso, la Permanencia y la Graduación de Población Víctima en Educación Superior en la vigencia 2013 E l Fondo de Reparación para el Acceso, la Permanencia y la Graduación d e Población Víctima en Educación Superior aplica a todo el territorio nacional 2. Apoyo en la implementación de estrategias para la inclusión de la población víctima en educación superior. El ministerio de Educación desarrolló la socialización del Decreto 4800 de 2011 a través de oficio enviado a las 286 Instituciones de Educaciones de Educación Superior. Igualmente, ofreció asistencia técnica a más de 100 Instituciones de Educación Superior para la implementación del Decreto 4800 de 2011. Objetivo Específico: Movilización de la demanda hacia la educación superior

249 Resultado esperado: Encuentros que convoquen a bachilleres y estudiantes de media de la población víctima para promover estrategias de acceso, permanencia y graduación en la educación superior Encuentros de Movilización de la Demanda hacia la Educación Superior para población víctima en Tumaco, San José del Guaviare y Bogotá Mesas de trabajo de educación superior con orga nizaciones de población víctima en Cúcuta y Cartagena (Mampujan, las Brisas, San Cayetano, María la Baja y El Salado), Objetivo específico: Cumplimiento de exhortos de educación superior de las Sentencias de Mampujan y El Iguano. Resultado esperado Mampujan: Creación CERES María la Baja El 24 de octubre de 2012, la Institución Tecnológica Colegio Mayor de Bolívar, la Gobernación del Departamento de Bolívar, la Alcaldía Municipal de María la Baja, la Secretaría de Educación del Departamento de Boliva r, la Secretaría de Educación de María la Baja, la Caja de Compensación Familiar de Cartagena - Comfamiliar - y la Universidad de Cartagena; conformaron la Alianza CERES María la Baja. En el mes de noviembre se inició el trabajo participativo con las organiz aciones de población víctima de Cartagena, Mampujan, María la Baja, San Cayetano, San Juan de Nepomuceno y Las Brisas para dar a conocer la estrategia CERES. Resultado esperado El Iguano : Formulación de estrategias diferenciales de atención en la Universi dad Francisco de Paula Santander. El Consejo Superior Universitario según consta en Acta N°09 de 2012 considero pertinente beneficiar a los estudiantes nombrados en el exhorto N°15 con exoneración del 50% del valor de la matrícula, recomendaron conceder b ecas trabajo y que los estudiantes adelanten los trámites para gozar del servicio de restaurante. Objetivo específico: Fortalecimiento de la educación técnica profesional y tecnológica

250 Resultado esperado: Estimular la demanda por formación técnica y tec nológica, y apoyar la creación y fortalecimiento de programas de este nivel de formación, acordes a las necesidades y dinámicas sociales y económicas de las regiones ERIOR TÉCNICA PROFESIONAL Y TECNOLÓGICA EN EL MARCO DE LA REPARACIÓN Y LA Identificar acciones e incentivos para la reparación de las víctimas de la violencia a partir de los procesos de acceso, permanencia y graduación en la educación superior técnica profesional y tecnológica. Caracterizar los niveles de educación superior técnica profesional y tecnológica como alternativa para la reparación a las víctimas del conflicto armado. Orientar el desarrollo de acciones diferenciales e incluyentes para la población víctima del conflicto armado en la educación superior técnica profes ional y tecnológica. Igualmente, se desarrollaron lineamientos de Política de Educación Superior Inclusiva, que incluyen lineamientos para la inclusión de víctimas del conflicto armado. a. Alcance: constituyen en un referente para la atención a la diversidad en la educación superior en tres aspectos fundamentales: i. Apoyo y orientación para el desarrollo de políticas institucionales para la inclusión educativa en la s IES colombianas. ii. Articulación de acciones al interior del Ministerio de Educación Nacional y con entidades del sector, del nivel intersectorial y con actores sociales involucrados. iii. Identificación de incentivos y de restricciones para una efectiv a inclusión al sistema de educación superior. b. Actores y Roles : La definición de los Lineamientos de Política implicó la vinculación de diferentes actores del sector, así como la participación de la sociedad civil organizada con quienes se adelantó un proc eso de concertación y diálogo permanente. Para la implementación de estos lineamientos se requiere

251 de la participación activa de quienes aportaron a su construcción, que en términos de sus competencias y responsabilidades, son fundamentales para garantizar condiciones de éxito al proceso. Tabla 65. A ctores involucrados y su rol dentro del proceso de aplicación de los lineamientos: ACTOR ROL Instituciones de Educación Superior - IES Definición y diseño de políticas institucionales con enfoque diferencial, Oferta académica pertinente, y Desarrollo de estrategias, programas y procesos de investigación para la atención a la diversidad. Instancias para el Aseguramiento de la Calidad - CNA, CONACES e ICFES Incorporación de criterios de inclusión educativa, Accesibilidad en el sistema de aseguramiento de la calidad y pruebas SABER. Entidades asesoras para la formulación de políticas poblacionales e Instancias asesoras y de concertación de políticas poblacionales Difusión y acompañamiento en el proceso de implementación de los Lineamientos de Política, Retroalimentación permanente de las acciones implementadas para las adaptaciones requeridas de acuerdo con la normatividad vigente y las particularidades de cada población. Entidades del Sector (ICETEX, INSOR, INCI, COLCIENCIAS) Definición de líneas y estrategias de apoyo, y Asesorí a para la implementación de los Lineamientos de Política. Entidades Territoriales Constitución de Alianzas con actores del orden nacional, local y regional, y Articulación de acciones para la atención a la diversidad en la educación superior. Tabla 66. Principales factores que limitan el acceso, la permanencia y la graduación de la Población Víctima: LIMITANTE ESTRATEGIA ACCESO La presencia del Estado es insuficiente lo que conlleva a la imposibilidad de acceso a los servicios que presta Carencia de desarrollo institucional a nivel local y Fomentar la participación de los gobiernos locales y las IES en la suscripción de convenios para el acceso preferencial de la población en la educación superior

2 52 regional para atender necesidades básicas Dadas las condiciones de extrema pobreza, esta población tiene dificultad para acceder a créditos bancarios y para encontrar deudores solidarios Fomentar, a través del ICETEX, la creación de nuevas líneas de financiación y fortalecer las existentes en los niveles de pregrado y posgrado, tales como fondos especiales para gastos complementarios y fondos de garantías. La población víctima está asentada en zonas de difícil acceso y de alto riesgo (rurales dispersas o urbano marginales) Fomentar la creación de Centros Regionales de Educación Superior - CERES - en las zonas de asentamiento de la población o fortalecimiento a los existentes. Dada las condiciones de esta población, se hallan en situación de discriminación y estigmatización Fomentar la eliminación de estereotipos y estigmas sobre la población víctima entre los miembros de la comunidad educativa a través de p rocesos de sensibilización en las IES. Por las dinámicas de la población quienes acceden a la Educación Superior presentan problemas de adaptación así como de seguridad alimentaria Promover estrategias de apoyo educativo que permitan el acompañamiento sistemático de estudiantes víctimas, considerando sus particularidades en el proceso de integración social a través de las dependencias de bienestar, en el marco de la autonomía univers itaria. Promover en las IES programas de bienestar universitario que incluyan alimentación, así como la creación de subsidios de sostenimiento. Quienes logran culminar la educación media presentan falencias en sus competencias que les permitan ingresar a la Educación Superior Fortalecer los procesos de Articulación de la Educación Media con la Educación Superior que involucren a la población y que facilite el acceso Fomentar en las IES procesos de flexibilización en el ingreso y nivelación de estudiant es víctimas que ingresan a la educación superior. La población víctima no accede a información mínima que oriente la posibilidad de acceder a la Educación Superior Promover estrategias de movilización de la demanda hacia la educación superior dirigidas a la población víctima, que promuevan la reconstrucción del proyecto de vida y permitan la correspondencia entre su elección de formación y sus iniciativas de generación de ingresos, en coordinación interinstitucional (SENA, Departamento Administrativo par a la Prosperidad Social, ICBF, Unidad Administrativa Especial para la Atención y reparación Integral a las Víctimas entre otros). Promover espacios de encuentro con las organizaciones de población víctima con el fin de socializar los mecanismos y estrateg ias que permiten a esta población acceder a la educación superior. Deficiencias académicas desde la educación media en competencias básicas Promover la realización de un semestre cero de nivelación o preuniversitario que permita reducir la brecha en las competencias requeridas por la población, para el desarrollo de carreras técnicas, tecnológicas o profesionales universitarias.

253 Condición de mujer cabeza de familia, en estado de desprotección social y económica por causa de la violencia, el abandono o la viudez Priorizar a esta población en el otorgamiento créditos para el ingreso y subsidios de sostenimiento En el marco de la autonomía universitaria, promover estrategias de apoyo que permitan el acompañamiento sistemático de mujeres víctimas, considerando sus p articularidades en el proceso de integración al sistema educativo, a través de las dependencias de bienestar PERMANENCIA El sistema de Educación Superior no genera mecanismos integrales para desarrollar o incrementar los saberes de la población Impulsa r entre las IES la creación y/o fortalecimiento de programas de orientación y preparación para el ingreso que contemplen aptitudes vocacionales e intereses personales de estudiantes víctimas, enfocados no solo a la fundamentación académica, sino también a la adaptación a la vida universitaria. Promover en las IES el desarrollo de acciones de atención psicosocial en los programas de bienestar universitario Limitaciones para el acceso a los mecanismos de justicia para la protección de derechos como factores de seguridad y predominio de factores de riesgo Informar a las IES sobre las dificultades de seguridad de la población y promover mecanismos de acompañam iento permanente Condiciones socioeconómicas adversas Fomentar la creación de subsidios de sostenimiento en asocio con las entidades territoriales, ICETEX, Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, Unidad Administrativa Especial para la At ención y Reparación Integral a las Víctimas y el Ministerio de Educación nacional. GRADUACIÓN Deserción por necesidades económicas, como la dificultad de la población para cumplir con algunos requisitos de grado (costos) En el marco de la autonomía universitaria, promover la flexibilización en los pagos de derechos de grado de la población. Escaso seguimiento por parte de los gobiernos locales y otras instituciones públicas y privadas a la vinculación laboral Fomentar la participación del sector productivo, los gobiernos locales y las IES en la suscripción de convenios para la permanencia de la población en la educación superior y su inserción en el mercado laboral. Hacer seguimiento a graduados/as víctimas a través d el Observatorio laboral Restricciones que afronta la población para acceder al mercado laboral por

254 estigmatización o estereotipos para la Educación. Carencia de procesos prioritarios y diferenciales para el acceso de la población al mercado laboral Debilidad institucional de los municipios receptores para formular e implementar instrumentos de inserción al mercado laboral PERTINENCIA No hay adaptación de los programas a las realidades de la población Fomentar en las IES el desarrollo de cátedras, cursos de contexto, electivas, sobre la dinámica del conflicto armado y el desplazamiento en el país N. Reparación Colectiva para la Universidad de Córdoba. Dentro el marco del Programa Institucional de Repar ación Colectiva (PIRC), formulada por la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (la CNRR Ley 795 de 2005), fueron seleccionados ocho (8) experiencias pilotos para poder desarrollar un proceso teniendo como criterio la diversidad de las experie ncias de violencia y nutrir la política de reparación colectiva. La CNRR otorgó especial atención a la Universidad de Córdoba por ser la primera experiencia piloto de reparación colectiva aplicada a una institución de educación superior, tal como quedó p lasmado en el PIRC, documento entregado al señor Vicepresidente de la República en evento especial en el mes de agosto de 2011. En el ejercicio realizado entre la CNRR y los estamento universitarios se identificaron 18 daños ocasionados por los actores a rmados a la comunidad universitaria, daños como la perdida de legitimidad institucional, el asesinato secuestro, amenazas, desplazamiento forzado, estigmatización, persecución política entre otros; los cuales son sujeto de reparación colectiva. A partir de los hallazgos se definieron en el plan de reparación colectiva 15 acciones de reparación los cuales giran alrededor de: creación de una comisión veedora; autonomía institucional, libre pensamiento y libertad de catedra y expresión; desarrollo misional y calidad académica; autonomía universitaria; estigmatización, legitimidad; derechos laborales; afectación de pensionados; convenciones colectivas; movimiento estudiantil; derecho a la vida; impunidad; organizaciones sindicales; salud; y vida universitaria.

255 Al interior de la universidad se constituyó un Comité de Reparación constituido por los diferentes estamentos y el Consejo Superior, este comité ha tenido altibajos en su trabajo debido diferencias entre los actores, sin embargo en la actualidad vine reu niéndose y desarrollando acciones. Durante 2012 el Ministerio de Educación propició reuniones del Consejo Superior Universitario, máximo órgano de dirección y gobierno de la Universidad, donde se abrió el debate sobre los puntos de reparación, se retomó por el Comité de Reparación el Plan Reparación Colectiva con el propósito de definir y establecer las rutas de las acciones de reparación contempladas en dicho documento. Se realizó una bitácora de posibles instituciones nacionales e internacionales que p odían acompañar el proceso de reparación. De las instituciones contactadas se concretó al Centro Mundial de Investigación y Capacitación en la Solución de Conflicto, Centro afiliado a la Universidad para la paz de las Naciones Unidas. Existe actualmente un contacto abierto con el Instituto de Altos Estudios Europeos para hacer parte de la REDIUNIPAZ y trabajar temas que puedan ser afines para las dos instituciones, principalmente, temas referentes a derechos humanos y gestión local. En febrero de 2013 el Pl an fue acogido por el Consejo Superior Universitario. 4.6.2 INSTITUTO COLOMBIANO DE CRÉDITO Y ESTUDIOS EN EL EXTERIOR - ICTEX - . A. Otorgamiento de créditos Consiste en la adjudicación de créditos educativos a los estudiantes identificados como víctimas y que cumplan con los requisitos establecidos por el ICETEX. B. Gestión de recursos para otorgar subsidios a la población victima en el 2013 Son las acciones desarrolladas ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Departamento Nacional de Planeación y Ministerio de Educación Nacional, para que le sean asignados al ICETEX los recursos necesarios para asignar subsidios de sostenimiento, subsidios del 25% del valor del crédito por graduación, condonaciones del 100% del valor del crédito por excelencia acad émica medida por el resultado de las pruebas de Estado Saber Pro, así como para financiar el subsidio a la tasa de interés.

256 El ICETEX durante la vigencia 2011 aprobó para población desplazada 2.090 nuevos créditos y subsidios de sostenimiento de $630.000 semestrales que se incrementan en el IPC anualmente. Entre Enero y Diciembre de 2012, se aprobaron 2.358 nuevos créditos y subsidios de sostenimiento de $653.499. Los créditos asignados durante el 2011 representaron una inversión de $3.042.856.496 y los s ubsidios de $907.349.938, para un total de $3.950.206.434. Tabla 67. D istribución regional de los créditos y subsidios adjudicados y las inversiones correspondientes. La inversión realizada en la vigencia 2012 ascendió a $3.443.897.513 para el tema de créditos educativos y a $1.320.511.117 para subsidios de sostenimiento, para un total de $4.764.408.629.

257 Tabla 68. D istribución regional de los créditos y subsidios adjudicados y las inversiones correspondientes realizadas en 2012. C. Otras acciones relevantes que la entidad ha desarrollado La población objetivo enmarcada dentro de la Ley, puede acceder a partir de 2011 a créditos educativos con tasa de interés real 0% que pertenezcan a los estratos 1, 2 y 3, tanto en época de estudios como en amorti zación, además de subsidios de sostenimiento. De otro lado la población beneficiaria de créditos educativos puede acceder a subsidios por el 25% del valor del crédito por graduación siempre y cuando cumplan con los puntajes establecidos por la metodología SISBEN III, de acuerdo con la disponibilidad o la apropiación asignada de recursos por parte de la Nación.

258 Adicionalmente, se les otorgará una condonación del 100% del valor del crédito si obtienen resultados sobresalientes en las pruebas de estado Saber Pro, de acuerdo con la disponibilidad o la apropiación asignada de recursos por parte de la Nación. Los estudiantes además al culminar sus estudios e inicien la amortización de su crédito, pueden optar por dos esquemas para el pago de las cuotas del mismo , la primera es el modelo tradicional de cuotas fijas por un periodo de tiempo que para el caso de los créditos de largo plazo puede llegar hasta 10 años. La segunda es el nuevo modelo de cuota escalonada, en el cual el estudiante inicia con una cuota que como máximo sea del 20% del ingreso proyectado a recibir como nuevo profesional. El ICETEX implementó en la página web como parte del formulario de solicitud un nuevo campo de identificación del solicitante donde se registra la información de las personas que manifiestan ser víctimas y el hecho victimizante que los afecta. Se ha venido trabajando en conjunto con la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, para realizar las validaciones necesarias de la información reportada por los so licitantes para determinar su condición de víctimas, haciendo los cruces respectivos de información de las bases de datos. Adicionalmente, se ha venido trabajado con las 38 entidades territoriales que presentaron proyectos de apoyo presupuestal a consider ación del ICETEX, a las cuales se les presentó la oferta de productos y servicios que tiene la entidad a través de la constitución de convenios de Alianza Estratégica en los que la entidad territorial aporta una parte del apoyo financiero y el ICETEX aport a otra parte y además asigna subsidios para el sostenimiento de estudiantes que acrediten la condición de víctimas. De esta manera, se ha logrado la firma de 4 convenios con el Departamento del Amazonas y los Municipios de Sonsón, Yondó y Funza.

259 4.7 SECTOR S ALUD 4.7.1 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL La información reportada por el Ministerio de Salud corresponde al Programa de Atención Psicosocial y Salud Integral a Víctimas del Conflicto Armado en adelante PAPSIVI, el cual forma parte de las medidas de asistencia y rehabilitación emanadas en la presente Ley. Por esta razón sus avances son señalados en el capítulo 3, sobre avances en la implementación de medidas psicosociales. 4.8 SECTOR TRABAJO. 4.8.1 MINISTERIO DE TRABAJO. A. Programa de Rutas Integrales de Empleo Rural y Urbano para las Víctimas del Conflicto Armado. De conformidad con las funciones establecidas en el artículo 130 de la Ley 1448 de 2011 y los artículos 66 y siguientes del Decreto Reglamentario 4800 del mismo año, el Ministerio del Trabajo diseñó el Programa de Rutas Integrales de Empleo Rural y Urbano para las Víctimas del Conflicto Armado durante el primer semestre de 2012. El programa tiene como objetivo principal apoyar el auto sostenimiento de todas las víctimas en edad de trabajar (hombres entre 18 y 60 años y mujeres entre 18 y 55 años) restituyendo sus capacidades para el empleo y autoempleo a través de programas diferenciales de formación para el trabajo, enganche laboral y emprendimiento. Este objet ivo principal se divide, a su vez, en dos objetivos específicos. Por un lado, el Ministerio pretende armonizar la oferta del Estado a nivel central y local en programas de formación para el trabajo, enganche y emprendimiento con las verdaderas necesidades de las víctimas. Por otro lado, el Programa busca enrutar o dirigir a cada víctima al programa de formación, enganche o emprendimiento que más se adecue a su perfil socio laboral individual y al perfil productivo del territorio donde habita o desea habitar . Los recursos previstos para la ejecución del programa fueron solicitados a la Mesa Técnica de

260 Apoyo a proyectos de generación de ingresos de entidades que atiendan a población pobre extrema y/o desplazada a El 30 de agosto de 2012, el Ministerio recibió la suma de $5.000.000.000 de pesos para la ejecución del programa. Dichos recursos fueron comprometidos, en su totalidad, en la celebración de un acuerdo de participación con el Programa de la s Naciones Unidas para el Desarrollo - PNUD - (Acuerdo 212 del 09 de octubre de 2012), quien fungirá como operador de la fase inicial del Programa de Rutas Integrales. De acuerdo con el principio de gradualidad incorporado en el artículo 18 de la Ley 1448 d e 2011, la política de generación de empleo para las víctimas debe desarrollarse de manera escalonada o gradual en respuesta a las limitaciones de tiempo, espacio y recursos inherentes a este tipo de proyectos 63 . Por esta razón, el Programa de Rutas Integra les, como la principal línea de acción dentro dicha política pública, se encuentra dividido en varias fases. Durante la primera de estas, que empezó a ser ejecutada el 20 de octubre de 2012 y que culminará el 30 de septiembre de 2013, se contempla un traba jo con 16,000 víctimas ubicadas en 44 municipios rurales y 6,000 víctimas ubicadas en cuatro ciudades capitales, para un total de 22,000 víctimas en 15 departamentos. En resumen, durante la primera fase del programa el Ministerio del Trabajo se compromet ió a realizar las siguientes acciones principales con el ánimo de apoyar el autosostenimiento de las víctimas del conflicto armado de acuerdo con sus competencias legales y reglamentarias: 1. Construcción de una herramienta única para obtener el perfil productivo de los territorios rurales que habitan las víctimas de la violencia. 2. Construcción de un instrumento único para caracterizar y obtener el perfil laboral de las víctimas de la violencia en atención a sus condiciones especiales o diferenciales tant o en el sector rural como en el urbano. 3. Levantamiento del perfil productivo de 44 municipios rurales. 4. Caracterización socio laboral de 22,000 víctimas ubicadas en cuatro ciudades capitales y en 20 municipios rurales. 5. Cruce y análisis de la información re cogida para determinar los ajustes que requiere la oferta nacional y local en programas de formación para el trabajo, enganche laboral y emprendimiento, así como los nuevos programas que se deben crear para responder a las 63 Colombia, Congreso de la República. Ley 1448 de 2011, artículo 18

261 verdaderas necesidades de las víc timas. 6. Enrutamiento de las víctimas caracterizadas al programa que mejor se adecue a su perfil socio laboral individual y al perfil productivo de su territorio. Respecto del primer y segundo compromiso, el Ministerio del Trabajo ya cuenta con el instrum ento único para levantar los perfiles productivos de los territorios donde se encuentran asentadas las víctimas y una versión muy avanzada del instrumento para extraer sus perfiles socio laborales. Este último se encuentra en una etapa de ajuste y aprobaci ón por parte del Gobierno Nacional a raíz del trabajo que viene adelantando al respecto el Departamento Nacional de Planeación. El propósito de estos ajustes será el de crear un instrumento único que recoja los esfuerzos que han hecho todas las entidades d el Estado al respecto. Respecto del tercer y cuarto compromiso, se han adelantado las siguientes labores: i) selección de las ciudades y municipios donde se llevará a cabo el levantamiento de los perfiles socio laborales de las víctimas y el perfil productivo del territorio; ii) definición del universo de víctimas a caracterizar, y iii) acercamiento con las autoridades territoriales. Atendiendo al exhorto segundo del Auto 383 de 2010 de la Corte Constitucional, a las solicitudes instauradas por los Gobiernos Locales y a la cons ecuente evaluación y valoración de dichas solicitudes, el Ministerio del Trabajo seleccionó las ciudades de Bogotá, Cali, Medellín y Villavicencio para el desarrollo de la primera fase del programa. Así mismo, seleccionó los siguientes municipios: El Bagre , Turbo, San Francisco y Cocorna en Antioquia; Tame, Arauca, Puerto Rondón, Cravo Norte y Saravena en Arauca; San José de Fragua en Caquetá; Villanueva en Casanare; Guapi, Piamonte y Silvia en el Cauca; Bahía Solano, Bajo Baudó, Condoto y Unión Panamerican a en Chocó; Montería en Córdoba; Puerto Rico, San Juan de Arama y Puerto López en el Meta; El Tarra, Hacarí, San Cayetano, Sardinata, Teorama, Tibú y Villa del Rosario en Norte de Santander; Puerto Asís y Santiago en Putumayo; Balboa, Pereira, Santa Rosa d e Cabal y Santuario en Risaralda; Barbosa y Charalá en Santander; Alvarado, Lérida y Villa Hermosa en el Tolima; Cartago, Restrepo, Rio Frío y Buenaventura en el Valle del Cauca. Este grupo de 44 municipios y 4 ciudades capitales se ha dividido en dos. At endiendo nuevamente al principio de gradualidad incorporado en el artículo 18 de la Ley 1448 de 2011 y a las limitaciones presupuestales del Ministerio, se decidió levantar únicamente el perfil productivo de los 44

262 municipios y realizar jornadas de caracte rización socio laboral en las cuatro ciudades y en 20 de los 44 municipios. Los 20 municipios seleccionados para llevar a cabo las jornadas de caracterización socio laboral de las víctimas del conflicto armado, fueron los siguientes: El Bagre, San Francis co, Cocorná y Turbo en Antioquia; Tame, Arauca, Puerto Rondón, Cravo Norte y Saravena en Arauca; Piamonte y Silvia en el Cauca; Montería en Córdoba; Puerto Rico y Puerto López en el Meta; Sardinata y Teorama en Norte de Santander; y Cartago, Restrepo, Riof río y Buenaventura en el Valle del Cauca. Los criterios utilizados para seleccionar estos municipios fueron los siguientes: i) número de población víctima detectada de acuerdo con el Registro Único de Víctimas (RUV), ii) Acuerdos para la Prosperidad Social celebrados por el Ministerio del Trabajo, iii) acuerdos realizados con los gobiernos locales en el marco de las mesas de seguridad y convivencia sostenidas en la Presidencia de la República, iv) trabajo adelantado por el Ministerio del Trabajo y el PNUD e n dichos territorios, y v) priorización hecha por la UARIV en relación con los procesos de reparación individual, reparación colectiva, retornos y reubicaciones programadas para el 2013. Finalmente, el Ministerio ya ha identificado a las víctimas que va a caracterizar con la ayuda de la UARIV y del Registro Nacional de Información recurriendo a dos bases de datos: 1. El Registro Único de Víctimas. 2. Víctimas a las que se les ha construido un Plan Integral de Reparación Individual (PIRI). Así mismo, ha est ablecido contacto con la gran mayoría de los gobiernos locales. Con estos ha iniciado un proceso de intercambio de información con el ánimo de adelantar todo el trabajo posible para dar inicio próximamente a las labores en campo y a las jornadas de caracte rización de las víctimas. De esta manera, el Ministerio ha recibido a la fecha instrumentos de caracterización utilizados por los gobiernos locales, bases de datos propias de las alcaldías, documentos con información útil para construir el perfil productiv o del territorio, entre otros. La etapa de acercamiento terminará el 15 de marzo del año en curso, las jornadas de caracterización arrancarán formalmente el 30 de abril y el levantamiento de los perfiles productivos iniciará el 15 de marzo. Una vez termin en las dos últimas actividades el 31 de agosto de 2013, el Ministerio procederá a hacer el cruce de información respectivo con el ánimo de emitir las recomendaciones de política pública, llevar a cabo el proceso de enrutamiento y crear el sistema de seguim iento. De esta manera, la primera fase del programa de Rutas Integrales se cerrará el 30 de septiembre de 2013; fecha en la que se darán a conocer todos los resultados.

263 B. Ruta de Reparación Colectiva a Grupos Sindicales En relación con los grupos sindicale s y sin perjuicio de las reparaciones individuales a las que haya lugar, el Ministerio del Trabajo conformó durante el segundo semestre de 2012 una mesa de trabajo con las centrales sindicales (CUT, CGT y CTC) y la Escuela Nacional Sindical bajo la direcci ón de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV) para llevar a cabo el proceso de reparación colectiva a estos grupos. Esto con la idea de permitir la activa participación de los sindicatos en la definición del proceso de repar ación del que van a ser objeto para así asegurar su idoneidad y efectividad. De esta forma, durante una primera reunión entre el Ministerio, la UARIV y las Centrales Sindicales, se les puso de presente a estos últimos la intención del Gobierno Nacional de repararlos por las violaciones sufridas. Posteriormente, el lunes 10 de septiembre de 2012 se recibieron las propuestas iniciales de las centrales sindicales en relación a cómo consideran que deben ser reparados en términos colectivos. Allí se hizo énfas is en la importancia de fortalecer el movimiento sindical, en la eliminación de los prejuicios en contra del sindicalismo y en el papel central de construir memoria sobre los ataques sufridos con el ánimo de reparar y evitar nuevos atentados contras dichos grupos. Finalmente, la mesa de trabajo se reunió en diversas ocasiones con el ánimo de establecer la metodología de trabajo para llevar a cabo el proceso de reparación. El Ministerio del Trabajo ha participado en el proceso de construcción del Encuentro Nacional del Movimiento Sindical, que tendrá lugar los días 11 y 12 de abril de 2013 en la ciudad de Bogotá D.C., en el marco del proceso de definición de la reparación colectiva a las organizaciones sindicales y sindicatos que está promoviendo la Unidad N acional para la Reparación Integral de las Víctimas. Dicho espacio, tiene por objeto presentar un panorama general sobre la reparación colectiva y abrir los espacios de discusión en torno a este tema, recogiendo las experiencias y puntos cardinales que ori entarán el desarrollo de una política de reparación colectiva. Así mismo, el Ministerio del Trabajo está iniciando el acercamiento con las Centrales Obreras con el objeto de concertar y diseñar una campaña de nivel nacional de reivindicación al movimien to sindical. En la primera reunión, programada para el mes de marzo del año en curso, el Ministerio busca presentar la iniciativa a las Centrales y escuchar sus expectativas y puntos claves para el desarrollo de la campaña.

264 C. Fortalecimiento Institucional. Con el ánimo de ejecutar satisfactoriamente el Programa de Rutas Integrales de Empleo Rural y Urbano a las Víctimas de la Violencia, así como la Ruta de Reparación Colectiva a Grupos Sindicales, el Ministerio construyó y puso en ejecución un plan de Forta lecimiento Institucional con la colaboración de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas. Teniendo en cuenta que el reto de reparar a las víctimas en algunas oportunidades puede superar la capacidad instalada en las entidades que deb en asumir esta responsabilidad, el Ministerio del Trabajo consideró necesario desarrollar acciones simultáneas que, de una parte, garantizaran la pertinencia, oportunidad y calidad de las Rutas Integrales de Empleo Rural y Urbano y, de otra, contribuyeran a fortalecer la capacidad de gestión de la entidad procurando la adopción y el mejoramiento continuo de los procesos, procedimientos, operaciones y actuaciones específicas en torno a dicha política. Igualmente, se busca la racionalización en la administrac ión de la información y de los recursos. Esto para garantizar el cumplimiento de las metas y objetivos propuestos por el Gobierno nacional que fueron suscritos por el Ministerio del Trabajo. 4.8.2 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA - A través del Proyecto de Capacitación para Personas en Situación de Desplazamiento para Mejorar sus Niveles de Empleabilidad a Nivel Nacional, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, viene asignado desde el año 2007, recursos a los Centros de formación Profesional para la ate nción de las víctimas del desplazamiento forzado. A continuación se presenta el presupuesto asignado y ejecutado año 2012 y asignado para el año 2013. Tabla 69. P resupuesto asignado y ejecutado año 2012 y asignado para el año 2013 AÑO PRESUPUESTO ASIGN ADO (COP Millones) RECURSOS Ejecutados (COP Millones) 2012 31.537 29.844 2013 32.483 Fuente: Dirección de Planeación y Direccionamiento Corporativo No obstante, el SENA para ampliar la cobertura en atención para la población víctima del desplazamiento atiende a través de otros programas que se presentan a continuación con la

265 inversión realizada para el año 2012. Es importante aclarar que en la inversi ón total que asciende a la suma $113.038 millones de pesos se encuentran incluidos los recursos específicos por $29.884 millones de pesos para la atención de esta población. Tabla 70. PROGRAMAS DE ATENCIÓN 2012 Inversión Vigencia 2012 Millones de pesos COP Cupos Atendidos CENTROS DE FORMACIÓN $ 109.640 752.105 CONVENIOS DE AMPLIACIÓN DE COBERTURA $ 3.391 ALTA ESPECIALIZACIÓN $ 7 TOTAL INVERSION $ 113.038 Con el fin de socializar los compromisos institucionales en el marco de la Ley 1448 de 2011 y su Decreto Reglamentario 4800 de 2011, el SENA ha venido realizando diferentes acciones emitiendo circulares, videoconferencias y visita a las regionales donde se encuentran las víctimas. Es así que ha expedido las circulares 3 - 2012 - 0001 23 del 26 de marzo de 2012 sobre lineamientos para la atención de las poblaciones vulnerables y víctimas del desplazamiento y 3 - 2012 - 000138 del 29 de marzo de 2012 sobre lineamientos para dar cumplimiento al Decreto 4800 de 2011 (se define la destinación h asta el 20% de la Formación Titulada para la Población Víctima). A través de videoconferencias realizadas el 17 y 25 de abril, el 22 de agosto, el 25 y 29 de octubre de 2012, hizo seguimiento a los indicadores de gestión para la atención a víctimas, acces o preferencial a la formación titulada, se socializaron los lineamientos para la atención de la población vulnerable y víctima del desplazamiento, se hizo seguimiento al acceso preferencial de la población víctima, divulgación y aclaración de dudas de conv ocatoria del Fondo Emprender y se socializaron los lineamientos de cierre de año para el proyecto Capacitación Población Desplazada por la Violencia y Red Unidos Desplazados. También se realizó un proceso de formación a Servidores Públicos en Atención a Ví ctimas con enfoque psicosocial. A. Participación en las Instancias de Coordinación del nivel nacional: Subcomités Técnicos . De acuerdo con su misión la entidad forma parte de los subcomités de Atención y Asistencia, de

266 Restitución, de indemnización Admini strativa y del Subcomité de Sistemas de Información. En el marco del Subcomité de Indemnización Administrativa la entidad participó durante el año 2012, en las jornadas convocadas por la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas del C onflicto Armado, apoyando en el desarrollo del módulo de Educación en Proyecto de vida y herramientas financieras, dirigido a las víctimas del conflicto armado, que en cumplimiento de las sentencias administrativas y judiciales serán beneficiarios de repar ación económica por causa de diferentes hechos victimizantes. A continuación, enunciamos los contenidos y las responsabilidades de cada entidad en la ejecución del taller, así como las ciudades donde se desarrollaron. Tabla 71. C ontenidos y las responsabilidades de cada entidad en la ejecución del taller, SESIÓN TIPO DE ACTIVIDAD DESARROLLADOR TIEMPO ESTIMADO 1. PRESENTACIÓN. Actividad de Introducción UNIDAD DE VÍCTIMAS 30 MINUTOS 2. ACTIVIDAD: PROYECTO DE VIDA. Sensibilización Reflexión SENA 30 MINUTOS 3. HERRAMIENTAS DE EDUCACIÓN FINANCIERA Desarrollo Teórico Práctico de contenidos. SENA DOS HORAS 4. RETROALIMENTACIÓN Y EVALUACIÓN. Cierre SENA - UNIDAD DE VICTIMAS 15 MINUTOS FECHA DE LA SESIÓN CIUDAD NUMERO DE ASISTENTES 28 DE NOVIEMBRE BOGOTA 10 12 3 DE DICIEMBRE TAME 36 5 DE DICIEMBRE ARAUCA 83 ARAUCA 37

267 B. Comités de Justicia Transicional. Durante el año 2012 en el marco de los Comités de Justicia Transicional el SENA viene participando en la construcción de los Planes de Acción, comprometiendo y concertando la oferta institucional y programas de formación acordes a sus necesidades y requeri mientos para brindar atención integral a la población víctima, mediante acciones de orientación ocupacional, formación para el trabajo, intermediación laboral, asesoría y acompañamiento para el emprendimiento. C. Acceso Preferencial a la Formación Titulada El SENA para dar cumplimiento al artículo 130 de la Ley de Victimas, mediante la cual estableció que el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA dará prioridad y facilidad para el acceso de jóvenes y adultos víctimas a los programa de formación y capacitació n técnica. Para el cumplimiento de este compromiso la Dirección General ha establecido en principio el siguiente lineamiento que constituye la ruta de atención y orientación con enfoque diferencial para atender a la población víctima del conflicto armado. Destinar hasta un 20% de la oferta educativa de formación titulada para atender a los aprendices caracterizados como población víctima. Esta Directriz ha permitido garantizar el ingreso de este colectivo poblacional a programas de formación titulada cumpl iendo únicamente con los niveles de escolaridad requeridos para cada nivel de formación, permitiendo la calificación técnica de estas personas para incidir en sus niveles de inserción laboral y empleabilidad. Al mes de diciembre de 2012, se brindaron 67.5 31 cupos de formación titulada a este colectivo poblacional, de los cuales 2.103 ingresaron con el acceso preferencial otorgado en la directriz mencionada. A enero de 2013 se convocaron a matrícula 1.664 aprendices. Incentivos para la Permanencia en la Formación Titulada: El artículo 96 del Decreto Reglamentario 4800 de la Ley de Víctimas establece al SENA promover la permanencia de la población víctima en los programas de Formación Titulada, para tal efecto, además d e las convocatorias realizadas en los años 2011 y 2012, donde se benefició a este colectivo poblacional, el SENA tiene previsto realizar en el primer semestre del año 2013 una convocatoria por valor de $15.665 millones de pesos, donde se beneficiaran a 5.8 82 jóvenes caracterizados como población

268 vulnerable, entre ellos víctimas del conflicto armado. El valor otorgado a los aprendices durante el proceso formativo corresponde al 50% del salario mínimo mensual legal vigente (SMMLV). Estos recursos permitirán evitar la deserción de jóvenes víctimas del conflicto armado por problemas económicos, garantizándose de esta manera la permanencia de esta población en los procesos formativos. D. Flexibilización para el Apoyo al Emprendimiento. Con el objeto de consolida r la cadena de valor de formación para la generación de ingresos (empleo y/o emprendimiento) la entidad modificó a través del acuerdo 007 de 2011 los requisitos para acceder al Fondo Emprender, cuyo objeto es incentivar y facilitar la generación y creación de empresas a través de convocatorias otorgando capital semilla a los proyectos aprobados. Estableciendo como beneficiarios a los egresados del programa de formación SENA para población en situación de desplazamiento por la violencia, que hayan completado 90 horas del proceso de formación y cuyo título haya sido obtenido dentro de los últimos 60 meses. A partir del 7 de octubre de 2011, fecha en la que se suscribe el acuerdo y con corte a diciembre de 2012, en la Convocatoria Nacional Nº 19 se han aprobado $365.3 millones de pesos para la creación de 7 empresas conformadas por 7 desplazados con recursos del Fondo Emprender, se tiene previsto continuar con la convocatoria abierta hasta el agotamiento de los recursos, para que las víctimas con el acom pañamiento y asesoría de las Unidades de Emprendimiento SENA y externas como universidades e incubadoras, continúen participando presentando proyectos al Fondo Emprender. Por parte del Consejo Directivo Nacional del SENA en el año 2012, se aprobó la apert ura de una Convocatoria exclusiva para la Población Víctima del Desplazamiento por la violencia por valor de $2.000.000.000, la cual se encuentra abierta con 4 cierres parciales durante 2013. Al primer cierre, que se efectuó en el mes de enero de 2013, se presentaron dos proyectos por un monto de recursos de $94.1 millones de pesos, los cuales se encuentran en la actualidad en proceso de evaluación. E. Participación en el Programa de Acompañamiento para la Inversión de los Recursos El SENA participó en la j ornada de atención integral de sensibilización con la población víctima

269 beneficiarios de la sentencia de Mampuján con las entidades del SNARIV. La jornada se realizó del 6 al 11 de Agosto de 2012, en los municipios de Cartagena, María la Baja - corregimien to de Mampuján en la finca La Consolata, San Juan Nepomuceno - corregimiento de San Cayetano y casco urbano, las entidades participantes además del SENA, estuvieron la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Victimas, ICBF, Organizaciones Solidarias, Policía Nacional, Colombia Responde, Banco Agrario, Sembrando Paz. Los temas abordados fueron taller proyecto de vida y Emprendimiento a cargo del SENA, Educación Financiera por Banco Agrario y auto cuidado por la Policía Nacional. La jornada contó con la participación de 712 personas, con las que se concertaron acciones de formación complementaria relacionadas con los proyectos que van a implementar, las cuales fueron programadas a través de los centros de formación del SENA Regional Bolívar, de otra pa rte se logró identificar 15 ideas de negocios, que están siendo fortalecidas por los gestores de la unidad de emprendimiento de la regional, para ser presentadas al Fondo Emprender o a otras fuentes de financiación. F. Alianzas estratégicas para la Atención de la Población Víctima. El SENA para ampliar la cobertura de atención y atender con enfoque diferencial a la población víctima de la violencia o con mayor índice de Vulnerabilidad, viene promoviendo alianzas estratégicas para brindar acciones integrales a esta población que le permitan mejorar su calidad de vida y niveles de empleabilidad a través de la formación, es así como en las Regionales de Magdalena, Norte de Santander y Nariño, se viene adelantando un trabajo articulado con el Consejo Noruego para Refugiados en Colombia. Por lo anterior el Consejo Noruego para Refugiados apoya en algunos casos con insumos para la formación, elementos de cómputo, materiales de trabajo; así como auxilios de transporte por sesión de capacitación atendida, Uniformes y refrigerios en algunos casos. A continuación se presenta el avance en la atención.

270 Tabla 72. Población objeto y cobertura geografica Beneficiarios Cobertura Geográfica Mujeres Hombres 550 Jóvenes víctimas de desplazamiento forzado y en alta situación de vulnerabilidad, entre los 18 y 26 años de edad. 70% jóvenes en situación de desplazamiento. 30% son población joven en situación de vulnerabilidad . 170 Ocaña 300 Santa Marta 80 Tumaco. 64% 36% Tabla 73. Acciones desarrolladas con corte a Diciembre de 2012: Ciudades NIVEL DE FORMACIÓN NOMBRE DEL CURSO CANTIDAD HOMBRES CANTIDAD MUJERES TOTAL Ocaña y Santa marta complementaria informática 55 151 206 Ocaña auxiliar confección 0 21 21 Santa Marta tecnológica gestión empresarial 1 22 23 Santa Marta Técnica soldadura 4 0 1 TOTAL 60 194 254 G. Participación en los Procesos de Retornos y Reubicaciones . El SENA conjuntamente con la Fundación Semana viene acompañando el retorno de la comunidad al corregimiento El Salado del municipio del Carmen de Bolívar, con el fin de crear sinergias en el proceso de intervención; brindando acciones de orientación ocupac ional y asesoría empresarial, lo cual permitió la identificación 6 unidades productivas del sector de confecciones. Para fortalecer estas unidades, se les brindó a los 22 aprendices formación complementaria en el área de confecciones; igualmente los asesor es de emprendimiento vienen realizando asistencia técnica que garantice la sostenibilidad de las unidades productivas. De otra parte se implementaron programas de formación en soldadura y panadería utilizando ambientes de aprendizajes brindados por la

271 comu nidad. Para apoyar los procesos de retornos y reubicaciones contemplados en el artículo 66 de la Ley 1448 de 2011, conjuntamente con el Ministerio del Interior, la Unidad de Victima, DPS, ICBF y demás entidades que integran el SNARIV, el SENA viene articu lándose a nivel nacional y territorial las estrategias de atención que permita garantizar el retorno de estas poblaciones, en este orden de ideas la entidad viene acompañando los siguientes procesos de retornos: Retornos y Reubicaciones Indígenas con enfoque diferencial: Para la población víctima de los pueblos Embera katio, embera Chami y Wayuu en el mes de Diciembre de 2012, el SENA participó de manera activa en el retorno de los 600 indígenas de la etnia Embera Chamí a las comunidades de Gito - dokabú , Itauri y Santa Rita en Pueblo Rico Risaralda, en el marco de este proceso y a partir de las concertaciones realizadas con los representantes y autoridades, la entidad acompañará a estas familias con acciones de formación y emprendimiento, orientadas al m ejoramiento de la calidad de vida, teniendo en cuenta aspectos como su cultura, raíces y costumbres. Para ello, el SENA en articulación con el Ministerio de Salud formará a la comunidad en los siguientes programas: Promotoría Indígena en salud, Sistemas de Producción Agropecuaria, como Huertas caseras, unidades productivas, y manejo de abonos orgánicos articulados con la estrategia de seguridad alimentaria, como también Autoconstrucción de vivienda en articulación con el DPS y la Unidad de Víctima. El inici o de estas formaciones está programado para el mes de Marzo de 2013, una vez se realice la misión de verificación en compañía de otras entidades, donde se permita identificar el perfil de la comunidad para las formaciones y las características del contexto . Un aspecto importante del acompañamiento de la entidad, es que se pretende que las personas capacitadas sean multiplicadores en cada una de sus comunidades. Estas experiencias también se implementarán con las comunidades Embera Katio del Alto Andagueda Chocó y Bahía Portete Uribía - Guajira, una vez se den los retornos. En el caso emblemático de retorno y reubicación de la familia Salabarria, el SENA atendió a los miembros de esta familia, presentándoles la oferta de atención en la jornada interinstituc ional la cual contó con la presencia de los siguientes integrantes de la familia: Dagoberto Manuel Salabarria Moreno, D amaris de Jesús Salabarria Moreno, Maritza del Carmen Salabarria Moreno, Luz Marina Salabarria Moreno, Anauris Rosa Salabarria Moreno, Edward Dario Salabarria Moreno, Sandra

272 Paola Salabarria, Iris Luna, Margarita Aviles, Jader Dario Salabarria Moreno, José Salabarria, Rocio del Carmen Salabarria Moreno, Yin Jamer Salabarria Moreno, Yonairo Salabarria Moreno, Raúl Manuel Salabarri a Moreno, José Andrés Salabarria Moreno . La jornada inició con la orientación ocupacional de todos los participantes, dando como resultado el interés por parte de algunos integrantes de la familia en las siguientes formaciones culinaria, salud ocupacional , electricidad, las cuales se desarrollaron en el año 2012 . H. Orientación Ocupacional y Formación. El Artículo 96 del Decreto 4800 de 2011, establece que el SENA deberá implementar una ruta de atención y orientación con enfoque diferencial para la identifi cación, capacidades, habilidades y aptitudes de la población víctima que facilite su proceso de formación y capacitación. Para ello el SENA a través de los Centros de los Servicios Públicos de Empleo sigue desarrollando con la población víctima talleres de orientación ocupacional con enfoque diferencial, lo cual permite la identificación de las capacidades, habilidades y aptitudes de esta población para remitirlo a una oferta pertinente, que le permita mejorar sus niveles de empleabilidad e inserción labora l, en el año 2012 se orientaron 133.599 personas víctimas del desplazamiento. I. Programa de generación de Empleo Rural y Urbano. Aprendizaje SENA y la Unidad para la Atención y Reparación Integral a Victimas diseñarán el Programa de Generación de Empleo Rural y Urbano. Para dar cumplimiento a este artículo se viene participando en las reuniones convocadas por el Ministerio de Trabajo con la participación del De partamento Nacional de Planeación, la Unidad de Atención y Reparación Integral a Victimas, para el desarrollo de las fases estipuladas en la Ley que se deben contemplar en el diseño del programa de generación de Empleo Rural y Urbano. Dentro de ellas, se c oncibe la unificación de instrumentos de caracterización, la elaboración del diagnóstico socio laboral y del perfil productivo, la planificación estratégica de metas físicas y financieras, el establecimiento de metas comunes dentro de las diferentes entida des responsables de su implementación, y la articulación con el sector privado.

273 No obstante el SENA, mientras se culminan las fases descritas anteriormente viene desarrollando acciones encaminadas para incidir en la empleabilidad del sector rural y urbano , a través de programas como el de Jóvenes Rurales Emprendedores cuyo objetivo es capacitar en áreas estrategias y de alto desempeño ocupacional a jóvenes del sector rural, mediante acciones de formación y el desarrollo de proyectos productivos. En el año 2012 se atendieron 48.838 aprendices. De otra parte para el sector urbano, el SENA viene desarrollando a nivel nacional ferias de Empleo y Emprendimiento donde a través de estos espacios se convoca a la población desempleada y vulnerable entre ellas las ví ctimas y al sector privado, con el fin de promocionar las vacantes ofrecidas por las empresas y desarrollar procesos de intermediación laboral que apunten a la colocación de esta población. En el año 2012 se colocaron 5.289 personas. 4.9 SECTOR COMERCIO, INDU STRIA Y TURISMO. 4.9.1 MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y COMERCIO. A. Atención y Asistencia de la Población Víctima de la Violencia. Teniendo en cuenta el marco normativo de atención y reparación integral a las víctimas, así como los pronunciamientos de la Máximo Tribunal Constitucional en el seguimiento a la Sentencia T - 025 de 2004, el Ministerio fortaleció el grupo de trabajo que fue creado en el año 2010, para lo cual expidió la Resolución No. 3334 de 2012, cuyo objetivo es promover en el Sector Comercio, Industria y Turismo, el diseño, la flexibilización y estructuración de la oferta programática del Sector Comercio, Industria y Turismo, encaminada a la generación de ingresos que contribuya al restablecimiento socioeconómico, entre otros grupos poblaciona les, de la población víctima de la violencia. Aunado a lo anterior, se cuenta con un equipo de trabajo, dentro del cual hay dos profesionales contratados para apoyar y desarrollar aspectos de ésta política dentro del Ministerio, así mismo con profesionale s de enlace en sus entidades adscritas y vinculadas que tienen competencia en la materia. Por otra parte, durante el año 2012 se identificó la necesidad de fortalecer la capacidad institucional para la atención integral a las víctimas de la violencia para lo cual se diseñó específicamente el Plan

274 Estratégico Sectorial de Gestión Administrativa PESGA de la Entidad y las demás entidades del sector donde participan Bancóldex , Artesanías de Colombia, Fondo Nacional de Garantías, y la Superintendencia de Ind ustria y Comercio, de esta manera se institucionaliza y consolida el tema al interior del MinCIT Así mismo, la Entidad formuló el año anterior una propuesta de restructuración de su planta de dentro de sus funciones se establecieron las ejercidas por el mencionado Grupo de Trabajo creado mediante la Resolución No. 3334 de 2012. B. Flexibilización y Diseño de la Oferta Institucional. 1. Atención de la población desplazada - Fondo para la Modernización e Innovación de las Micros, Pequeñas y Medianas Empresas 2011 y 2012: De acuerdo con las competencias del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, como parte del SNARIV, y contribuyendo con la Ruta Integral de Atención para la población víctima del desplazamiento forzado por la violencia, en el ámbito urbano y conforme se dió a conocer el año anterior al Congreso de la República sobre los avances en la implementación y ejecución de la Ley 1448 de 2011 y sus decr etos reglamentarios, ha venido realizando un proceso de flexibilización y ajuste de la oferta, suprimiéndose así el Fomipyme, creando en su lugar el Fondo de Modernización e Innovación para las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (INNpulsa Mipymes). 64 In iciada la operación del Fondo, su Consejo Asesor en la sesión No. 01 celebrada los días 17 y 28 de noviembre de 2011 aprobó los lineamientos para la convocatoria dirigida al fortalecimiento empresarial de la población desplazada, la cual se dio apertura el 26 de diciembre de 2011, con los siguientes componentes: a) Servicios de Desarrollo Empresarial, mediante capacitación y asistencia técnica. b) Acompañamiento psicosocial. c) Formación en educación financiera, a través de capacitación en temas como: ahor ro, manejo de deuda, negociaciones financieras, microseguros, elaboración del presupuesto y servicios financieros 64 Artículo 44 de la Ley 1450 de 2011.

275 formales, entre otros, y d) Formalización Empresarial. Frente a la destinación y ejecución de recursos, se contó con un presupuesto acumulado para la atención de la población en condición de desplazamiento por valor de DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS PESOS ($16.441.866.600), suma de las vigencias del año 2011 y 2012; específicamente la del 2012 correspondió a ONCE MIL DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS ($11.200.000.000) Resultado de esta convocatoria, se aprobaron y adjudicaron 36 proyectos con una cobertura de población de 5051 participantes y cobertura regional en Departamentos de: Valle del Cauca, Atlántico, Cauca, Bolívar, Meta, Sucre, Tolima, Quindío, Santander, Risaralda, Bogotá DC y Norte de Santander, en donde se destaca la atención en Municipios de reubicación y retorno como los de Montes de Maria (Bolívar - Sucre), Santander de Qu ilichao, Caloto, Guachené y Villa Rica (Norte del Departamento del Cauca); igualmente en las principales ciudades con alto índice de presión de población desplazada (Cali, Cartagena, Sincelejo, Medellín y Bogotá). Hicieron parte de las acciones de apoyo, el desarrollo de talleres de capacitación dirigidos a posibles entidades operadoras en los principales municipios del País, en alianza con alcaldías y Cámaras de Comercio, con el fin de facilitar e incentivar la presentación exitosa de las propuestas e inc rementar las capacidades locales en la formulación y trámite de las mismas. Es importante señalar que estos procesos de atención, incluyen esquemas de atención diferencial, a nivel de género, etnicidad y pertinencia de acuerdo a las dinámicas productivas de las regiones. En el marco de esta convocatoria, dentro de la destinación presupuestal antes señalada, hubo una destinación específica para atención a población afrocolombiana. Es decir de las dos vigencias se destinaron 814 millones aproximadamente. O ferta nueva y su presupuesto adicional: En atención a la bolsa de recursos de $100.000.000.000 que dispuso el Presidente de la República, en respuesta al Auto 219 de 2011 emitido por la Honorable Corte Constitucional para la flexibilización o creación de p rogramas de Generación de Ingresos dirigidos a la atención de la PVDFPV y en pobreza extrema (Red Unidos) y junto con las

276 audiencias públicas convocadas en dicha providencia, el Sector Comercio Industria y Turismo a través de este Ministerio diseñó y prese ntó cinco nuevos proyectos dirigidos a la atención de estas poblaciones, en el subcomponente de generación de ingresos. A continuación se describen los programas creados, el estado actual y el modelo de atención, para la Población Víctima del Desplazamiento forzado por la violencia - PVDFPV: - Objetivo: Promover el creci miento y fortalecimiento de las micro y pequeñas empresas (Mype) de Metodología: 1. Diseño, impresión y publicación de material de promoción y divulgación del programa. 2. Capacitación para participar en el evento. 3. Participación en los eventos 4. Rueda de proyectos Responsabilidad Social Empresarial 5. Seguimiento. Recursos solicitados: $600 MILLONES. Ejecutado. - DESARROLLO EMPRESARIAL UBICADO EN EL DISTRITO DE AGUABLANCA DE Empresarial y la empleabilidad, ubicado en Centro Comunitario Marroquín 1 en la comuna 14 del

277 fortalecer las capacidades empresariales de la población víctima de la violencia y pobre za extrema. Metodología: Se fundamenta en el modelo Small Business Development Centers - SBDCs (Centros para el desarrollo de la pequeña empresa) creados en los años 70's para brindar apoyo a la creación de nuevas empresas, y brindar servicios de consultorí a, asesoría, capacitación e información a las MIPYMES existentes, y de esta manera contribuir a incrementar su competitividad y dinamismo. Este programa se realiza prioritariamente en forma conjunta entre los gobiernos federales y locales, y las universida des El modelo de los SBDCs ha sido adaptado en otros países latinoamericanos como México, Salvador y Panamá con el apoyo de organizaciones como USAID, BID, OEA y otras fundaciones interesadas en estas temáticas. Estas adaptaciones han contado con la coope ración del SBDC de la Universidad de Texas en San Antonio. sí mismo, se realizó con base en las experiencias tomadas de los Centros de Desarrollo empresariales de Medellín y Cartagena, con apoyo de estudio de universidad del Valle e ICESI. Se espera con e ste proyecto, además de generar toda una capacidad instalada, capacitar, formar y/o asesorar en temas de desarrollo empresarial y acompañamiento psicosocial a 1.000 personas así como promover la generación de 300 empleos. Recursos solicitados: $1.000 Millones. En ejecución. Cultura del Ahorro y facilitar el Acceso a Servicios Financieros para apoyar las actividades productivas de las f Objetivo: Conformación de 2.500 Grupos de Ahorro y Crédito Local con 40.000 participantes en su mayoría de Red Unidos para promover la bancarización, fomentar la cultura del ahorro y facilitar el acceso a servicios financieros como el crédito y el ahorro para fomentar la acumulación de capital y el fortalecimiento de sus unidades productivas. Metodología: Los Grupos de Ahorro y Crédito, son asociaciones o grupos autogestionados e independientes de entre quince (15) y diecinueve (19) miembros, que se organizan de forma

278 voluntaria y ahorran dinero por medio de la compra de acciones, en reuniones quincenales. Recursos solicitados: $4.967 Millones Para el cumplimiento de este proyecto, se celebró el Conven io de Cooperación No. 179 de 2012 entre el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y Bancóldex S. A., como administrador del cooperación y asistencia entre las pa rtes, con la finalidad de apoyar la implementación de estrategias para la promoción de la cultura del ahorro y el crédito y el acceso a servicios financieros artesano de la población desplazada y vulnerable de los Departamentos de Bolívar, Caldas, Cundinamarca, Huila, La DE COLOMBIA. Metodología: 1. Realizar acercamiento con las autoridades locales de los municipios e instituciones relevantes, 2. Elaboración de líneas de base de la población a intervenir 3. Se desarrollará un taller de inducción a los asesores del Proyecto, 4. Se desarrollará un taller de formación de asesores en Diseño para la Artesanía, 5. Se realizarán acciones de seguimiento y evaluación, 6. Se realizará la entrega de maquinaria y equipo, herramientas menores, utensilios básicos, materia prima e insumos. Resultados: En este proyecto participaron 1.650 beneficiarios en 11 Departamentos y 67 municipios. Los oficios artesanales de mayor desarrollo corresponden a la Tejeduría, Cestería, Joyería, Bisutería, Marroquinería. Así mismo, se realizó el diseño de 720 líneas de producto y se destaca la participación en la Feria Expoartesanías 2012, feria en la que se obtuvieron ventas por valor de $118.745.409 para los beneficiarios del proyecto. Recursos solicitados: $3.111.134.158. El presupuesto de éste proyecto fue apropiado y

279 ejecutado por Artesanías de Colombia. Adicionalmente y con recursos de la Dirección de Mipymes del MinCIT, la entidad celebró y ejecutó el siguiente programa dirigido, dirigido a la capacitación y apoyo en la formulación de proyectos de la población vícti ma de la violencia, entre otros grupos poblacionales: Convenio No 135 de 2012 suscrito entre el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y la Universidad Nacional de Colombia, con recursos de la Dirección de Mipymes. El objeto del Contrato Interadmin istrativo No. 135 de 2012 suscrito con la Universidad Nacional de Colombia, fue: apoyo a grupos poblacionales específicos, para la identificación y estructuración de proyectos, que La primera etapa se llevó a cabo durante todo el mes de octubre de 2012 con una duración de 4 horas, la cual tuvo como propósito motivar a los asistentes para identificar y plantear proyectos de emprendimiento, innovación o fortalecimiento, requisito sine quanon para la participación de la segunda fase. Durante el mes de Noviembre y los primeros días de Diciembre de 2012, se culminó la segunda fase de capacitación en donde se explica los procesos para identificar y evaluar ideas de negocio, así como para l a innovación y fortalecimiento de empresas existentes y capacitar en la estructuración de los proyectos identificados con una duración de 8 horas. La tercera fase, correspondiente a las tutorías para la estructuración de proyectos, recibieron una tutoría presencial de 3 horas personalizadas la cual se realizó durante el mes de diciembre de 2012 y se tienen identificados proyectos de emprendimiento, fortalecimiento e innovación, los cuales pueden ser presentados por los participantes de este programa a las diferentes fuentes de financiación (Nacional y Regional públicas y privadas) identificadas por la entidad contratista y suministrada a los beneficiarios de la capacitación. La ejecución de este Convenio permitió realizar un ejercicio de articulación con instituciones públicas y privadas de las 39 entidades territoriales en donde tuvo presencia el Programa, permitiendo generar sinergias alrededor de la oferta del MinCIT; es así, que la Universidad

280 Nacional de Colombia realizó 49 talleres de motivación F ase I en diferentes municipios del país, en los cuales se contó con una asistencia total de 2092 personas. En cuanto a las acción de articulación entre la nación y el territorio, en el marco de la Orden 2 del Auto 383 de 2010 proferido por la H. Corte Constitucional, se va a realizar plan de choque al seguimiento de algunas propuestas presentadas por las entida des territoriales para conocer el estado de los proyectos y brindar asistencia técnica para la atención de la PVDFPV, teniendo en cuenta los principios de concurrencia y subsidiariedad. El Ministerio de manera conjunta con el Fondo de Modernización e Inn ovación para las Mipymes, realizó talleres informativos y ejercicios pedagógicos a Nivel Nacional para la convocatoria de población desplazada, que se abrió el 26 de diciembre de 2011. Lo anterior teniendo en cuenta la competencia que les asiste a las enti dades territoriales de atender a la población víctima de la violencia que se encuentra ubicada en su jurisdicción, así como la posibilidad del Fondo de recibir recursos de contrapartida por parte de aquellas. 4.9.2 BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA - BANCO LDEX - . Teniendo en cuenta su naturaleza jurídica de sociedad de economía mixta, organizada como establecimiento bancario, así como su objeto social como entidad crediticia de redescuento, en materia de víctimas del conflicto armado interno y personas desp lazadas, dispone de líneas de crédito de redescuento para atender las necesidades de financiación de las empresas de este tipo de población, de acuerdo con la información que se relaciona más adelante. Así mismo, vale mencionar que de acuerdo con lo establ ecido en el artículo 279 del Decreto Ley 663 de 1993, Bancóldex no entrega beneficios, sino que desembolsa créditos de redescuento en condiciones financieras favorables a empresas de la población desplazada y empresas de la población víctima del conflicto armado interno; previa aprobación del crédito por parte de un intermediario financiero con cupo en Bancóldex. Con base en lo anterior, los siguientes son los productos financieros que ofrece Bancóldex para la población víctima del conflicto armado interno y para la población en desplazamiento: L ínea especial de crédito de redescuento para atender la financiación de proyectos productivos en el desarrollo de empresas de menor tamaño, por parte de la población

281 desplazada o vulnerable afectada por la violencia , para financiar actividades de transformación industrial y artesanal, comercio y servicios. Esta línea de crédito se mantiene vigente desde el año 2003 y las condiciones y términos que deben cumplirse, así como para acceder a la financiación se encuentran consignadas en la Circular Externa N° 10 de 2003, expedida por Bancóldex . Bancóldex y la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral de las Víctimas, durante el año 2012, adelantaron la negociación de un convenio interadminist rativo de cooperación y cofinanciación para la creación de una línea de crédito de redescuento para las empresas de personas naturales ó jurídicas de la población víctima, de todos los sectores económicos, exceptuando el sector agropecuario. Lo anterior, e n desarrollo de la Ley 418 de 1997, prorrogada por la 548 de 1999 y prorrogada y modificada por las Leyes 782 de 2002, 1106 de 2006 y 1421 de 2010, en concordancia con la Ley 1448 de 2011, reglamentada por el Decreto 4800 de 2011. Este Convenio fue perfecc ionado en agosto de 2012, lo que permitió la implementación de la línea de crédito de redescuento, que se mantuvo vigente hasta el 31 de diciembre de 2012, por solicitud de la Unidad. En lo corrido de 2013, Bancóldex y la Unidad Administrativa Especial p ara la Atención y Reparación Integral a las Víctimas adelantan la negociación del convenio interadministrativo para la creación de la línea de crédito de redescuento, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 129 de la Ley 1448 de 2011 y el artículo 142 del Decreto reglamentario 4800 de 2011. Una vez se perfeccione dicho convenio, se implementará la línea de crédito y su vigencia será hasta el 29 de noviembre de 2013, de acuerdo con solicitud de la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparac ión Integral a las Víctimas. Para el 2012, en coordinación con la Unidad para las Víctimas, se realizaron capacitaciones a los enlaces de reparación de Bogotá y Valle del Cauca, sobre la oferta de Bancóldex para las empresas de la población víctima y las empresas de la población desplazada. Igualmente, se capacitó a los funcionarios del Centro de Remisiones de la Unidad de Víctimas de Bogotá, a la fuerza comercial de Bancóldex, a los funcionarios de la línea Multicontacto de Bancóldex y se realizó la respectiva divulgación de la línea de crédito a los intermediarios financieros con cupo en Bancóldex.

282 Con la totalidad de líneas de crédito del portafolio de Bancóldex, se han realizado desembolsos por aproxima damente ciento treinta y ocho mil millones de pesos ($138.000.000.000), en 59.840 operaciones de crédito. Esta información es posible obtenerla efectuando un cruce entre la información del Registro Único de Víctimas, con corte a febrero de 2012, y la base de datos de desembolsos Bancóldex, con corte a noviembre de 2012. 4.10 SECTOR JUSTICIA. 4.10.1 MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO. A. Centros de Memoria Histórica. El objetivo general es la implementación y puesta en marcha de cuatro Centros de Memoria Histórica regionales a través de la firma de convenios interinstitucionales con las Gobernaciones del Cesar, Florencia y Santander y con la Fundación Semana con el obj etivo de posicionar y enaltecer el tema de la memoria histórica de las víctimas del conflicto armado interno. En el mes de diciembre de 2012 se inauguró el primero de estos Centros en la ciudad de Valledupar el cual no sólo cuenta con toda la infraestruc tura y dotación necesaria, sino que también con un equipo de trabajo que desarrolla investigaciones actualmente sobre la masacre en Santa Cecilia, Cesar. En Florencia ya existe la infraestructura para proceder a la dotación del Centro y la Gobernación está trabajando con la población víctima para su sensibilización en cuanto al tema de memoria histórica y para determinar y promover iniciativas en este aspecto. En el caso de la Fundación Semana, teniendo en cuenta las labores que ha venido desarrollando en e l Salado, se está adelantando el proyecto de dotación y contenidos para el Centro de Memoria de manera mancomunada con la población. Frente al objetivo de articular estos Centros de Memoria Histórica regionales con el Centro de Memoria Histórica del nive l nacional, el Ministerio de Justicia y del Derecho está apoyando técnicamente el diseño de los planes del CMH frente a la intervención a nivel territorial y lo ha acompañado y apoyado en actividades en los respectivos territorios.

283 B. Sistema de informació n interinstitucional de Justicia y Paz. El objetivo general de esta medida es fortalecer los espacios y mecanismos de coordinación interinstitucional en todo el país para fortalecer el sector de Justicia y Paz. En desarrollo de este objetivo se propuso co ntar con un repositorio único de información para el uso de todas las entidades parte del sistema en torno al procedimiento especial de que trata la Ley 975 de 2005 y otras normas en materia de justicia transicional. A la fecha, este sistema se encuentra funcionando en 19 departamentos en las regionales de la Defensoría del Pueblo, en la Fiscalía General de la Nación, en el Programa de Protección a Víctimas y Testigos de Justicia y Paz, en el Fondo de Reparación a Víctimas y se está en trámite para la firm a de los convenios de uso e intercambio de información con la Alta Consejería para la Paz y la Alta Consejería para la Reintegración. La potencial población beneficiada de esta herramienta aumentó de 352.000 a 415.000 (aprox.) víctimas registradas en el p roceso de Justicia y Paz, y los funcionarios de las 7 entidades que participan en el proceso: Fiscalía General de la Nación, Superintendencia de Notariado y Registro, Procuraduría General de la Nación, Ministerio de Justicia y del Derecho, Defensoría del P ueblo, Consejo Superior de la Judicatura y el Fondo de Reparación a Víctimas. Para este sistema se asignaron 4.357.941.008 de pesos, de los cuales 1.365.084.880 de pesos ientes a la inversión destinada para el 2012, las cuales se encuentran ejecutadas en su totalidad; y 2.4775.000 de pesos para el año 2013, que se encuentra en proceso de ejecución. Relacionadas con esta medida, el Ministerio de Justicia y del Derecho ha realizado igualmente 30 capacitaciones, adicionales a las 15 ya reportadas, sobre el uso del Sistema, al personal de las entidades beneficiarias. C. Medida de Satisfacción: Informe artículo 196 ley 1448 de 2011. La Dirección de Justicia Transicional emprend ió la tarea de unificar información sobre los integrantes de los grupos guerrilleros desmovilizados durante la década de los noventas por medio

284 de acuerdos y pactos de paz con los gobiernos correspondientes. Así las cosas, la dirección inició la labor de b uscar la respectiva información oficiando una solicitud a la Fiscalía General de la Nación, a la Agencia Colombiana para la Reintegración, al Consejo Superior de la Judicatura y a la Registraduría Nacional del Estado Civil. Una vez atenida la solicitud realizada, fue posible depurar una base de datos con los nombres de los 9.732 integrantes de los siguientes grupos subversivos: Corriente de Renovación Socialista, ELN, EPL, FARC, Frente Francisco Garnica, M - 19, Milicias Populares, MIR - COAR, Partido Revolu cionario de los Trabajadores y el Quintín Lame. Con la información obtenida, la Dirección pudo identificar los grupos al margen de la ley a los cuales pertenecieron estas personas que se beneficiaron en los años 90, así como se consolidaron los beneficios jurídicos, se identificó la totalidad de los desmovilizados de cada uno de los grupos, si éstos solicitaron o no los beneficios, si a la fecha están fallecidos y si se trató de menores de edad al momento de la desmovilización. Existe además información so bre las personas que hoy están cumpliendo condenas y quienes por tanto, tienen suspendidos sus derechos políticos. La Dirección de Justicia Transicional está elaborando actualmente un informe final atendiendo a lo establecido por el artículo 196 de la Ley 1448 de 2011, el cual será presentado al Comité Ejecutivo del SNARIV cuando este así lo disponga. D. Unidad Móvil de Atención y Orientación a Víctimas del Conflicto. Llevando la atención a los lugares más remotos Se diseñó y puso en marcha de la mano con la Defensoría del Pueblo y con el auspicio en su primera etapa de la Unión Europea y en la actualidad con apoyo de Chemonics - USAID, la Unidad Móvil de Atención y Orientación a Víctimas del Conflicto Armado. Con esta estrategia se brinda atención, infor mación y orientación psicojurídica a las víctimas que no cuenta con los medios, ni con la facilidad para acercarse a un Punto de Atención o a un Centro Regional de Atención y Reparación, con lo que se pretende facilitar el acceso y cualificar el ejercicio de los derechos a la verdad, la justicia y la reparación integral.

285 Esta Unidad Móvil, permite transportar personal, equipos tecnológicos y materiales, para llegar a varios municipios de Colombia que han sido priorizados de acuerdo al número de víctimas y a la necesidad específica por parte de las personerías de obtener un apoyo para dar respuesta oportuna a las solicitudes de declaración y asesoría legal. Inició su recorrido en el departamento de Cundinamarca el 17 de Agosto de 2012, a partir de esta fecha , ha recorrido 33 municipios de 11 departamentos, atendiendo aproximadamente a un total de 3.663 personas y tomando un aproximado de 1.300 declaraciones, adicional a lo anterior, se tiene programado recorrer 100 municipios de 17 departamentos en el periodo comprendido entre marzo del 2013 a agosto del 2014. Los procesos que se realizan en la Unidad Móvil son: Toma de declaración: las víctimas pueden realizar su declaración ante el Ministerio Público, con el fin de que una vez valorada su solicitud por pa rte de la Unidad de Atención y Reparación a Víctimas puedan ser incluidas en el Registro Único de Víctimas. Orientación psicojurídica individual y asesoría legal: el personal de la Defensoría del Pueblo brinda asesoría para la elaboración de recursos como acciones de tutela, derechos de petición o de reposición. Charla Informativa y / u Orientación Individual: Las víctimas del conflicto armado que asistan a las jornadas de la Unidad, tienen toda la orientación relacionada con la Ley de Víctimas y Restitució n de Tierras, la cual es brindada por parte del Ministerio de Justicia y del Derecho, incluyendo temas como: derechos y rutas para acceder a los mismos. Información: La Unidad de Atención y Reparación a Víctimas suministra información a los asistentes sobr e turnos de ayuda humanitaria, programación de ayuda humanitaria, inclusión de núcleo, aclaración de núcleo, actualización de datos y documentos y estado de declaraciones.

286 Tabla 75. Departamentos y municipios recorridos 2012 - 2013 E. Diplomado para seiscientos servidores públicos. Con el fin de capacitar a servidores públicos responsables de la atención de víctimas y dejar instalada una red de formadores que multipliquen los conocimientos adquiridos al interior de cada una de las instituciones , se está desarrollando un diplomado, que hace parte del Proyecto de la

287 Unión Europea y el Gobierno Colombiano para el Fortalecimiento del Estado en Atención a Víctimas FORVIC, cuyas entidades beneficiarias son la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía General de la Nación y el Ministerio de Justicia y del Derecho. Para el desarrollo del diplomado fue contratada la Universidad San Buenaventura, pero previo a esta contratación se adelantó una consultoría con el Dr. Germán Vallejo, la cual se realizó en 14 ciuda des del país (Apartadó, Arauca, Barranquilla, Barrancabermeja, Bogotá D.C, Bucaramanga, Cali, Cúcuta, Medellín, Montería, Pasto, Santa Marta, Valledupar y Villavicencio), logrando identificar las necesidades de formación de funcionarios del Estado responsa bles de la atención de víctimas, así como la metodología que debería llevarse a cabo y quienes serían los beneficiarios de la misma. En el diplomado se capacitan seiscientos (600) servidores públicos del estado colombiano responsables de la atención de ví ctimas, pero esto no para solo en la capacitación en sí, ya que se pretende dejar instalada una red de formadores que multipliquen los conocimientos adquiridos al interior de cada una de las instituciones. Durante las sesiones del diplomado están presente s en un mismo espacio, funcionarios de la Fiscalía, la Defensoría, las Entidades Territoriales, el ICBF y el SENA, lo que permitirá generar mejores efectos en cuanto articulación y futuras sinergias, así como asegurar un efecto positivo en cuanto a la aten ción e información que se le brinda a las víctimas del conflicto armado. El programa de capacitación está dividido en cinco módulos: 1) Introductorio Sociológico, 2) Jurídico, 3) Psicológico, 4) Territorio y Conflicto, y 5) Técnico operativo; los módulos h an sido elaborados por autores especializados en cada uno de los temas y supervisado su contenido por las entidades beneficiarias . Las clases empezaron la primera semana de febrero y tendrá una duración de ocho (8) meses, equivalentes a 180 horas, requerir á por parte de los participantes una dedicación diaria, a través de la plataforma virtual dispuesta para estos propósitos y un fin de semana al mes (jueves, viernes y sábado). Las sesiones presenciales se desarrollarán en las ciudades de Armenia, Valledupar, Villavicencio, Barranquilla, Bucaramanga, Cali, Medellín, Montería, Pasto y cuatro grupos en Bogotá. Para la inscripción al mismo, se convocaron alrededor de 252 entidades territoriales (departamentos y municipios), así como a las regionales de l ICBF y el SENA. Producto de lo anterior, se recibieron más 213 inscripciones dentro de las cuales entre otros están participando alcaldes, secretarios de gobierno y enlaces municipales.

288 4.10.2 SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO. A. Protección, Prevención de Despojo y de repetición mediante la formalización de la propiedad. Los principales avances de la Superintendencia de Notariado y Registro se encuentran en la a decuación de la legislación registral y en el impulso a la estrategia del Registro Móvil. El 1° octubre de 2012 se expidió la Ley 1579 de 2012, por medio del cual se actualizan, modernizan y complementan las normas aplicables al registro de instrumentos públicos, y se dota de la capacidad de gestión y operación institucional para actuar en todo el territorio nacional, asegurando que con ello el servicio público registral atienda de forma eficaz y oportuna a toda la población. Dentro de las medidas específicas del nuevo Estatuto Registral se encuentra la correspondiente a la prestación del servic io público registral bajo nuevos conceptos y ampliación de competencias territoriales y funciones de las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos, todas ellas tendientes a implementar los mecanismos jurídicos y tecnológicos para dar cumplimiento a las políticas Nacionales sobre la prevención del despojo de los predios, la protección, la restitución y la formalización de los mismos. Mediante la implementación del Servicio de Registro Móvil, la Superintendencia de Notariado y Registro ha adecuado y com plementado el servicio registral que presta en las 192 oficinas de Registro de Instrumentos Públicos - ORIPS, ampliando su cobertura territorial y haciendo presencia con otras instituciones competentes y con funciones sobre protección, restitución y formal ización de la propiedad, prestando sus servicios a la población víctima del desplazamiento forzado y del despojo, así como a la población que no ha legalizado su propiedad. El servicio del Registro Móvil tiene por objeto adecuar, fortalecer y modernizar de forma integral el servicio registral, así como ampliar la presencia territorial en todo el país. Los objetivos y funciones del Registro Móvil se consagraron en el nuevo Est atuto Registral (Ley 1579 de 2.012) siendo los principales los siguientes: 1) Formalización de los títulos de propiedad sobre la tierra; 2) Proteger jurídicamente los derechos de la propiedad; 3) Facilitar y optimizar el acceso al servicio registral de la población vulnerable, contribuyendo con las políticas nacionales de protección, restitución y formalización de tierra; 4) Fortalecer y apoyar la coordinación y articulación con las otras

289 instituciones que participan en la ejecución de las políticas de prot ección, restitución y formalización de tierras, contribuyendo a que sean más eficaces mediante su presencia en el territorio nacional. Dentro de las instituciones que participan en las actividades que se adelantan a través del Registro Móvil se encuentra n el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, el Ministerio de Vivienda, la Unidad Administrativa Especial para la Restitución de Tierras Despojadas, el INCODER, el IGAC, entre otras. B. Fortalecimiento Institucional y Organizativo. Con el objeto de at ender de forma efectiva las funciones y responsabilidades asignadas por la Ley 1448 de 2011 a la Superintendencia de Notariado y Registro, se identificaron importantes proyectos y programas de inversión para la adecuación y el fortalecimiento institucional , dentro de su estructura interna, algunos de los cuales han venido implementándose desde 2.010 y otras se encuentran en la fase de formulación. La Superintendencia de Notariado y Registro ha incorporado estos programas y proyectos en sus Planes de Acció n, diseñando e incorporando las actividades a partir de sus diferentes áreas misionales y de apoyo orientadas a este fin, los cuales se desarrollan de forma general y transversal en toda la institución, además de los asignados de forma específica a la Dele gada de Protección, Restitución y Formalización. Entre los principales objetivos y líneas de acción adoptadas tendientes al fortalecimiento Institucional y Organizativo de la Superintendencia de Notariado y Registro se encuentran las sigui